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Manifiesto por una economía con fines humanos

Celebrado en Porto Alegre a fines de enero, el primer Foro Social Mundial afirmó que es posible otro mundo, pacífico y solidario. A los principios de una economía fundada en la rentabilidad del capital financiero, es preciso oponer criterios de inversión e intercambio fundados en los imperativos de desarrollo de individuos y sociedades.

Frente a la celebración anual del capital y del dinero, que una vez más acaban de acoger las montañas suizas, se levanta ahora el Foro mundial de hombres y mujeres de todo el mundo reunido en Porto Alegre. Este primer encuentro ha demostrado que a la fría lógica del aparato económico no solamente responde el imperativo de la generosidad sino también la lógica, viva y no menos rigurosa, que inspiran los imperativos de la finalidad humana. La economía -actividad de transformación de la naturaleza destinada a satisfacer las necesidades de los hombres- sólo tiene sentido, por definición, en relación con esta finalidad. Cuando el medio se convierte en fin y el fin en medio, cuando los seres humanos están al servicio del dinero y no el dinero al servicio de los seres humanos, la racionalidad se vuelve sinrazón y el mundo se hunde en el absurdo.

Por eso, mientras que a lo largo de medio siglo el producto mundial se multiplicó por 9, aumentaron las desigualdades entre los pueblos y, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ochenta países disminuyó el producto por habitante. La máquina, que debería aliviar al ser humano de sus trabajos, engendra en las naciones más ricas -e incluso en los períodos de "recuperación" económica- desigualdad, miseria y exclusión social. La carrera productivista a que están sometidas las empresas agota la naturaleza, aumenta las deducciones y los rechazos y descompone los grandes mecanismos reguladores de la biosfera. La vida humana, en su totalidad, se convierte en objeto de mercantilización y -nuevo criterio de racionalidad- la lifetime value expresa el valor de la persona en función de las compras que es susceptible de realizar durante toda la duración de su existencia. Si la eficacia se define como lo "que produce el efecto que se espera" 1 ¿qué sentido puede tener en economía?

A los principios de una economía basada en la rentabilidad del capital financiero hay que oponer criterios de inversión y de cambio basados en los imperativos de la finalidad humana.

A las supuestas ventajas comparativas naturales, debe oponerse la necesidad de tener en cuenta la desigualdad de condiciones en que los seres humanos producen. Las ventajas comparativas son la consecuencia de una mano de obra abundante o de la localización de algunos recursos, y benefician solamente a las transnacionales que los controlan, no a las regiones del mundo que los poseen. En todos los sectores, los precios de costo de los productos procedentes de sistemas con fuerte intensidad de capital están fuera del alcance de los sistemas productivos que se basan esencialmente en el trabajo. El criterio de competitividad-precio condena a la desaparición a poblaciones enteras. Si ese es el objetivo, hay que decirlo. Si no, hay que corregir las desigualdades naturales de las condiciones de producción mediante un tratamiento económico que beneficie a los más desfavorecidos.

A la llamada cláusula de la nación más favorecida 2, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe oponerse el derecho de los pueblos a organizarse libremente en amplias comunidades solidarias, según modalidades destinadas a evitar cualquier tipo de dominación de los más poderosos sobre los más débiles; el derecho a protegerse mediante barreras de preferencia comunitaria y el de controlar los movimientos de capitales cuyos brutales flujos y reflujos -como en Asia oriental en 1997- desorganizan las economías reales y hunden a los pueblos en la miseria.

Contra la llamada "cláusula de tratamiento nacional" 3, reivindicamos el derecho de las naciones a proteger sus actividades vitales, a valorar como les parezca su territorio y, prioritariamente, a preservar o construir su autosuficiencia alimentaria contra la devastadora invasión de las agriculturas industrializadas. Nos negamos a que los valores sociales, las culturas y todo lo que configura la identidad de los pueblos, se reduzca a la simple dimensión de valores mercantiles.

Frente al imperio de la rentabilidad mercantil, proclamamos la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, la utilidad social y el interés general. La rentabilidad de las actividades relacionadas con ellos no es esencialmente monetaria y a corto plazo: es de naturaleza social y se manifiesta a través de efectos indirectos a largo plazo sobre el desarrollo de la colectividad. Así ocurrió en el siglo XIX con el ferrocarril; así es hoy -o debería ser- con el campo de lo nuclear, las biotecnologías, etc. Entre esas actividades, algunas que son cruciales para el futuro de la colectividad o conciernen a los derechos fundamentales de la persona (salud, educación, seguridad, infraestructuras, actividades bancarias o financieras), no deberían estar subordinadas a los criterios de los intereses mercantiles y al lucro.

Corresponde a los poderes públicos si no asumirlas todas, sí al menos controlar su ejercicio y desarrollo. Las fusiones, adquisiciones y concentraciones capaces de poner en manos de intereses particulares poderes que a veces son superiores a los de los Estados, deben ser rigurosamente limitadas, e incluso desmanteladas. Nos parece que esta debe ser la competencia del sector público.

Existen otras actividades cuya rentabilidad es igualmente social y a largo plazo, y no debe colocarse el destino colectivo en manos de algunas potencias privadas. Es así porque esencialmente cultivan relaciones de proximidad generadoras de ciudadanía (sistemas de intercambios locales, redes de intercambios recíprocos y de saberes, vida asociativa local, etc.), o porque su objetivo primoridal no es el lucro, y porque el poder es compartido por el conjunto de sus miembros: asociaciones, cooperativas, mutuales, sistemas financieros alternativos y solidarios. En todos estos casos, el poder público debe favorecer el libre surgimiento de la creatividad individual. Tiene la responsabilidad de apoyarlo en nombre, y dentro de los límites, de su productividad social. Este es el campo de la economía social y solidaria 4. No se trata, por tanto, de la defensa de algunas "excepciones" -la cultural, por ejemplo- lo que significaría reconocer a la regla mercantil el estatuto de norma, sino de las funciones que debe asumir una sociedad en sus diferentes niveles de organización. 

Primacía de lo político 

Al imperio exclusivo de la racionalidad individual, sin ninguna otra participación, deben oponerse los principios de la economía "plural". Así como en la naturaleza el paso de la molécula a la célula y luego el de ésta al órgano y al sistema (respiratorio, circulatorio, digestivo), se traduce en la aparición de nuevas funciones y nuevas lógicas, afirmamos que cada paso de lo individual a los diferentes niveles de lo social va acompañado de un cambio de lógica: la racionalidad a la que deben someterse la construcción y la gestión de un bien colectivo -embalse o vía de comunicación, por ejemplo- depende de una forma de cálculo diferente de la aplicable a un bien individual, de equipamiento doméstico por ejemplo. Dado que cada uno de los niveles es igualmente constitutivo del todo, no solamente no negamos sino que por el contrario afirmamos la existencia legítima de una racionalidad individual mercantil. Lo que sí rechazamos radicalmente es que la realidad económica quede reducida a esta única lógica y que lo social se defina como una suma de racionalidades individuales.

De ahí, las orientaciones de una acción política destinada a reubicar la economía en su lugar, al servicio de la comunidad humana, en la que encuentra todo su sentido y su dignidad.

En primer lugar, garantizar la supremacía de los valores socio-culturales sobre los valores mercantiles. En efecto, los primeros representan aquello por lo cual una persona da sentido a su existencia y la sitúa por encima de ella misma. La comprometen en su concepción del mundo más allá de lo refutable y lo demostrable. De ahí la supremacía natural de la función política -que encarna el proyecto social resultante de la libre confrontación de sistemas y valores socio-culturales- sobre la función económica, que se sitúa simplemente en el nivel de los medios a poner en práctica para realizar el proyecto colectivo. El hecho de que los valores se sitúen fuera del campo de lo refutable y lo demostrable entraña el respeto por su pluralidad, que es el fundamento mismo de la democracia.

Desde el punto de vista práctico, esto significaría que, lejos de constituir la ley suprema a la que deben plegarse todas las otras, los acuerdos comerciales deben -en contra de las pretensiones de la OMC- estar subordinados al respeto a las convenciones internacionales relativas a los derechos individuales y sociales de la persona, lo mismo que a los del medio ambiente (especialmente la declaración de Río, la Agenda 21 5 y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente), las directivas de Naciones Unidas relativas a la protección del consumidor y el conjunto de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A continuación, someter los poderes económicos y financieros a la autoridad del poder político. Las desviaciones de la especulación, por ejemplo, reclaman la puesta en marcha del impuesto Tobin, o de otros medios que pretendan el mismo resultado; la organización de un nuevo sistema monetario y financiero internacional y el control de los movimientos de capitales en el mundo. Mientras el poder internacional de las finanzas y las transnacionales sólo tenga enfrente a los gobiernos nacionales, estos últimos, lejos de ser árbitros, continuarán siendo juguetes que las potencias económicas manipularán a su antojo. Sólo la concertación de los gobiernos, impuesta por la voluntad de los pueblos, podrá elevar el poder político al nivel planetario de las fuerzas que tiene obligación de yugular.

No se puede seguir tolerando el extraordinario vuelco por el cual quienes reivindican la apertura de fronteras a los asaltos de su rapacidad, han conseguido convertirse en los caballeros de una mundialización "feliz", calificando de "antimundialistas" 6 a quienes combaten contra sus intentos de confiscar el planeta. A la Internacional del Dinero, debe oponerse un nuevo internacionalismo, dirigido a la reagrupación de la comunidad humana y con un triple imperativo de solidaridad:

a) solidaridad entre los pueblos del mundo, mediante la anulación de la deuda pública de los países pobres, el refuerzo de la ayuda internacional en su favor y la reestructuración de las instituciones internacionales en torno a una Organización Mundial del Desarrollo Social (OMDS). Esta organización, constituida democráticamente, estaría habilitada para negociar -en nombre de los pueblos y con ellos- "contratos" que garantizaran el desarrollo de todos, respetando los derechos humanos fundamentales y la protección de la naturaleza;

b) solidaridad de los seres humanos en el seno de cada nación o comunidad de naciones, mediante una reducción del tiempo de trabajo que permitiera dar un empleo a todos y mediante nuevas modalidades de reparto de la renta que garantizaran a todos su parte de una riqueza cuya producción es, cada vez más, el fruto de una obra colectiva;

c) solidaridad de los seres humanos a través de las generaciones, mediante la puesta en práctica de políticas de protección de la naturaleza -bien común de la humanidad- y de desarrollo sustentable, que permitieran a las generaciones presentes satisfacer sus necesidades lo mejor posible sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Lo que los gobiernos, actuando de forma dispersa, no pueden o no quieren hacer está a punto de empezar a conseguirlo la movilización de los pueblos. Las mismas tecnologías de lo inmaterial que han favorecido la mundialización del capital permiten la concertación permanente y la movilización de movimientos ciudadanos en el mundo. Ayer fue el fracaso del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI); el fiasco de la OMC en Seattle; el cierre de los mercados europeos a los organismos genéticamente modificados (OGM); la retirada de la patente llamada Terminator por la firma Monsanto; Millau, Praga, Niza. Y he aquí que estas movilizaciones esporádicas se transforman en una fuerza de proposición permanente con la que deberán contar los poderosos 7.

  1. Definición del diccionario Robert.
  2. La cláusula de nación más favorecida obliga a cualquier miembro de la OMC a hacer extensible, inmediata e incondicionalmente, a todos los miembros una ventaja que estuviera dispuesto a conceder a uno de ellos.
  3. La cláusula del trato nacional, otro principio fundamental de la OMC, obliga a un país miembro a tratar de la misma manera los productos nacionales y extranjeros.
  4. Jean-Loup Motchane, "La economía social y solidaria. ¿Coartada o alternartiva al liberalismo?", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, febrero de 2000
  5. Adoptada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Rio en 1992, la Agenda 21 establecía los objetivos a alcanzar y los medios a poner en práctica durante el período 1992-2000 en materia de desarrollo sustentable. Pero las medidas propuestas no eran obligatorias y su aplicación quedó librada a la discrecionaliad de los Estados.
  6. Sobre el uso del término "anti-mundialista", adjudicado al Frente Nacional francés (de extrema derecha), por algunas personalidades deseosas de desacreditar a quienes se oponen a la mundialización liberal, léase la nota 10 del artículo de Bernard Cassen, "Ladran, Sancho...", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, enero de 2001.
  7. Ignacio Ramonet, "Porto Alegre", "Le Monde diplomatique", ed. Cono Sur, enero de 2001.

 

Autor/es René Passet
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 20 - Febrero 2001
Temas Economía., Política., Relaciones internacionales, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Nueva Economía, Política internacional
Países Brasil, Suiza