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Las lecciones políticas del asbesto

El asbesto es uno de los mayores asesinos en la historia industrial. Por inhalar fibras de este mineral millones de personas a lo largo del mundo desarrollaron enfermedades pulmonares. Cada año mueren unas cien mil personas a causa de las tóxicas fibras, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hoy surge la interrogante cómo fue posible que casi por un siglo se permitiera el empleo de un mineral que, desde 1924, se sabía que tenía consecuencias letales si sus partículas eran aspiradas.

En Chile hubo que esperar hasta el año 2001 para que fuese prohibido su empleo en planchas de cemento para tejados y balatas de freno. En todo caso el país tiene la distinción de ser el primero, en América Latina, en proteger los pulmones de sus ciudadanos de las microscópicas fibras.

La primera lección de la trágica huella de muertes provocada por el asbesto es la necesidad de la estricta y rigurosa aplicación del principio precautorio. Esto significa que el peso de la prueba sobre la peligrosidad de un producto recae sobre quien  lo emplea y no sobre la víctima. Quien desee emplear materiales nuevos debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que no son nocivos. No es aceptable que mueran miles para después probar que un producto es tóxico.

El asbesto, especialmente el azul, fue utilizado en revestimientos de túneles, paneles de edificios, para aislar calderas en industrias y buques, así como en piezas como las balatas sometidas a gran fricción donde se producen elevadas temperaturas. Los industriales argumentaron que el mineral poseía características únicas. Asbesto en griego significa que no arde, por lo tanto constituye un excelente cortafuego, además de ser barato y liviano. Por eso se le empleó para aislar calderas que podían recalentarse. Fue en la limpieza de las calderas de un buque de guerra que el actor norteamericano Steve McQueen, que servía en la infantería de marina, se presume contrajo la asbestosis que le causó la muerte.

La segunda lección es que los gobiernos y las autoridades de salud, en particular, fueron laxos en aplicar el principio precautorio. A su vez los tribunales, presionados por las grandes corporaciones y con la complicidad tácita de gobiernos, tardaron demasiado en sancionar a las empresas responsables. Es un caso similar al de las empresas tabacaleras. Aún hoy no existe una prueba última y definitiva de como el tabaco causa el cáncer. Lo que está a la vista es la evidencia estadística. Es verdad que una persona puede fumar toda la vida sin desarrollar cáncer. Lo mismo ocurre con el asbesto. No todos los que aspiran sus fibras enferman. Hay factores genéticos e individuales que hacen a unos más proclives que otros a padecer de ciertos males. Pero en este caso las estadísticas no mienten: los que no han estado en contacto con el asbesto no padecen de asbestosis, y lo que han estado próximos al mineral sí suelen sufrir las consecuencias. Las empresas que lo utilizaban, recurrieron a baterías de abogados y médicos que ponían en duda los efectos del mineral. Exigían la prueba definitiva y absoluta que el asbesto era el causante del mal. Esto no era fácil pues las propias instituciones médicas, como las mutuales de seguridad, camuflaban el mal. Todo trabajador que padecía de problemas pulmonares era sometido a un examen en que la primera causa diagnosticada, si fumaba, era que el daño provenía del tabaquismo o la exposición a otras fibras o polvos que abundan en los procesos industriales. Para detectar la asbestosis se requieren exámenes complejos y especializados que no fueron administrados con la prontitud y masividad necesaria. 

En algunos países donde  las autoridades de salud son estrictas, como en Canadá, el asbesto fue promovido por razones de política doméstica. Las principales minas de asbesto se encuentran en Québec y esta provincia consiguió, con un efectivo lobby, que el conjunto del país respaldase sus esfuerzos exportadores del mineral. Ello a sabiendas que en América Latina no existían condiciones para lo que denominaban el "uso seguro" del mineral. Incluso cuando Chile había resuelto eliminar el asbesto de todos los procesos industriales, el gobierno canadiense hizo gestiones de último minuto para revertir la medida.

Así, con características propias, en cada lugar se fraguaron alianzas, de hecho, entre industriales y burocracias estatales -ministerios de salud y tribunales- que dejaron en la desprotección a los trabajadores cuyo deber era proteger. Dicho sea de paso también, a la larga, la experiencia fue dura para los industriales. Con el correr de los años fueron despejadas las dudas sobre la culpabilidad del asbesto, entonces los tribunales en Europa y Estados Unidos comenzaron a exigir fuertes indemnizaciones para las víctimas. Ello llevó a la quiebra a muchas empresas y otras buscan pagar las sumas exigidas por las cortes.

El caso chileno

En Chile una de las primeras organizaciones en encender las luces de alarma fue el Instituto de Ecología Política (IEP). En 1996 ante la agitación de los activistas verdes el ministerio de la Vivienda constituyó una mesa de trabajo en que participó la Cámara Chilena de la Construcción, universidades, el Colegio Médico, de Arquitectos y el IEP. Quedaron excluidas las víctimas, sindicatos de la construcción y el ministerio de Salud. En las reuniones no se debatió sobre la peligrosidad del asbesto pues existía cierta unanimidad sobre ello. La reticencia empresarial giraba en torno al encarecimiento de sus productos si debían prescindir del mineral. Manuel Baquedano, director del IEP, señala que está fue una de las campañas más duras libradas por el ecologismo nacional. También fue la más exitosa.

En el país el foco del daño giró alrededor de las actividades de Industrias Pizarreño que empleó el asbesto para la producción de las planchas homónimas utilizadas para techumbres. Más de un centenar de trabajadores y familiares han muerto a causa del asbesto, según lo consigna la Agrupación Chilena de Víctimas del Asbesto, que agrupa a medio millar de personas. El mal en Chile no fue tan extenso como en otros países pues casi no fue empleado el altamente letal asbesto azul.

Hay muchas historias no narradas del sufrimiento de las víctimas y sus lentas agonías. Quizás una de las más dramáticas es la de uno de los dirigentes sindicales de Pizarreño, que recurrió a los tribunales en tiempos de la dictadura. Según narró, el día que debía comparecer la CNI allanó su casa en la madrugada y fue arrestado para luego, de seis meses, ser liberado, sin cargos. 

Pizarreño es una filial de la empresa belga Etex que utilizó el asbesto en muchas de sus industrias. A medida que la evidencia del daño causado por las fibras se hacía evidente, un país europeo tras otro procedió a prohibirlo. La empresa, sin embargo, no tomó la iniciativa. Con motivo de un reportaje realizado en Bruselas pregunté a uno de los gerentes de Etex si aún empleaban el asbesto en Europa. Respondió que no, pues, como todos ya sabían, era dañino para la salud. Ante lo cual le consulté si consideraba que la vida de los trabajadores chilenos era de menor valía, dado que aún lo empleaban en Chile. El ejecutivo comprendió de inmediato el alcance de la pregunta. La respuesta fue seca y breve: lo utilizamos porque la ley chilena lo permite. Esas fueron sus últimas palabras pues no aceptó más preguntas. Es mi impresión que esa entrevista marcó el comienzo del fin del asbesto en Chile. Etex comprendió que era cuestión de tiempo, y no mucho, antes que la campaña de trabajadores, ecologistas y autoridades de la salud tornaran imposible el uso del asbesto. Así Pizarreño,
adelantándose a lo que consideraban ineludible, para ganar ventaja ante los otros productores nacionales, comenzó procesos industriales para reemplazarlo. Una vez hechas las inversiones para prescindir del mineral, Pizarreño jugó un activo rol para asegurarse que a ninguno de sus competidores se le permitiría emplearlo.

Con Michelle Bachelet como ministra de Salud fue firmado el decreto que, a partir de julio del 2001, prohibió el empleo del asbesto en Chile. A título personal me cabe agregar que los reportajes realizados en Televisión Nacional, en particular un Informe Especial  que señaló los peligros de las fibras para la salud me valieron serias Fricciones. El entonces director de TVN estimó alarmista divulgar los peligros del asbesto. Más tarde un alto funcionario del canal público me advirtió que las discrepancias terminarían con mi salida del canal. Y así fue.

La perversa lógica que privilegia los criterios económicos por encima de la salud y la vida sigue vigente. Hay quienes argumentan que los logros económicos son tan importantes como los derechos humanos. Es una cuestión de valores. La tragedia del asbesto merece un monumento a las víctimas en el mundo. Debe servir para recordar a las cientos de miles de agonías causadas por la ignorancia, la indolencia, el desmedido afán de lucro, y la no aplicación del principio precautorio.

Autor/es Raúl Sohr
Publicado en Artículos locales de la edición Chile
Edición Enero 2007
Temas Ciencias Políticas, Sociedad
Países Chile