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Unir Fuerzas: por un pacto democrático y popular

La dictadura de Pinochet condiciona hasta hoy la naturaleza de la democracia chilena. Instaló tempranamente un modelo extremo de libre mercado y promovió su acelerada expansión sin establecer mecanismos reguladores elementales. De este modo cambió sustancialmente el perfil económico del país: abrió unilateralmente la economía, destruyó los emprendimientos más débiles, promovió una variada oferta exportadora, descargó los costos del crecimiento en los sectores populares y extendió progresivamente la lógica mercantil al tejido cultural. El régimen militar, por otra parte, sólo pudo ser desplazado mediante un proceso de reposición democrática limitada.

La transición fue posible por factores contrapuestos. Por un lado, por la vigorosa y creciente demanda democrática expresada en las masivas protestas y las diversas
formas de rebeldía, resistencia u oposición protagonizadas por actores sociales y
partidos políticos que, en la primera mitad de los ochenta, lograron pasar de una fase defensiva de supervivencia a una de mayor activismo. Por otra parte, la transición respondió también a los intereses y temores de núcleos autoritarios, en particular de
los nudos de poder económico, tanto los históricos como los conformados bajo dictadura al calor de las privatizaciones a precio de liquidación del patrimonio público, que aceptaron formas democráticas pero con garantías tales -algunas vigentes hasta ahora-- que desfiguran el contenido de la democracia.

Entre el brío de un afán de lucro muchas veces descontrolado y la pugna no resuelta entre el viejo autoritarismo y las demandas libertarias e igualitarias, la transición chilena puso en evidencia las complejas facetas que habitan la tortuosa relación entre el mercado y la democracia. Es preciso no olvidar que la primera se funda en un supuesto artificioso -uno de los más potentes frutos de la civilización moderna-  cual es el principio de igualdad: un hombre, una mujer, un indígena, un blanco, un rico, un pobre, valen cada uno un voto. El mercado, en cambio, funciona sólo si trabaja con un criterio realista pero contrapuesto al principio de igualdad: todas las diferencias, incluidas todas las indeseables, deben ser consideradas en lo que valen. Un hombre, una mujer, un indígena, un blanco, un rico, un pobre, tienen tantos "votos" en el mercado como dinero tenga cada uno.  

La necesaria conciliación entre estas dos lógicas ha arrojado en Chile, luego de diecisiete años de dictadura y otros tantos de gobiernos democráticos, un resultado de dulce y de agraz: un importante crecimiento económico global, una radical desigualdad en la distribución del ingreso y una democracia política incompleta.

Los actores políticos

La derecha impuso condiciones para la transición gracias a su fortaleza histórica, generalmente no reflejada en su fuerza electoral, y a su identidad de objetivos con las Fuerzas Armadas gobernantes. Buscó impunidad y garantías para sus negocios, mientras las Fuerzas Armadas hacían lo mismo a favor de los culpables de las violaciones a los derechos humanos. Desde 1938, año de triunfo del Frente Popular, hasta 1973 la derecha chilena gobernó sólo una vez. Con Pinochet gobernó diecisiete años consecutivos: fue su tiempo de gloria. Desde fines de la dictadura, restablecido un sistema de registros electorales para el plebiscito de 1988, la derecha acumuló sólo derrotas, en más de una decena de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, a manos de la poderosa alianza de centro-izquierda constituida por la Concertación.

En la esfera de la "representación", la derecha asumió durante la dictadura todas las alcaldías, la totalidad de la "función legislativa" mediante "legisladores" nominados por el gobierno, y, una vez recuperada una democracia básica, logró a través de normas constitucionales establecidas ex profeso sesgar la representación mediante el sistema electoral binominal y los senadores "designados" y vitalicios. Es decir, con representantes electos o no electos, la derecha tuvo a partir de 1973 un espacio privilegiado, siempre mayor que su fuerza electoral, en el ámbito de las instituciones. Sin embargo, se fortaleció durante la dictadura y logró aumentar sus votos en democracia. De un tradicional tercio del sufragio ciudadano antes del golpe militar de 1973 ha llegado a bordear, en elecciones presidenciales, la mitad del electorado. Desde 1999 la derecha ha mostrado capacidad de levantar liderazgos nacionales y, a pesar de sus disputas y de una mediocre evaluación ciudadana, mira el futuro con ansiedad esperanzada.

El malestar del mundo de la izquierda (gobiernista o no) con el carácter de la transición, en diversas intensidades, ha sido general y comenzó tempranamente 1. Pero quizá nadie pensó en 1989 que la compleja transición chilena terminaría -porque ya no tiene sentido seguir discutiendo si terminó o no- en una democracia incompleta, resguardada, limitada o "semi-democracia", como quiera que se le denomine. La transición terminó, terminó en lo que terminó, no pudo más, y ahora se trata de proyectar otra fase que permita alcanzar una plenitud democrática.

La Izquierda sufrió a partir de 1973 procesos de cambio en sus dos espacios históricos: el de la renovación, protagonizado fundamentalmente por el Partido Socialista, y el de la resistencia, cuyo actor principal fue el Partido Comunista. En el curso de la transición, la renovación de los socialistas ha ido más allá de los propósitos originales y suscita creciente polémica.

Por su parte, la defensa de su identidad sostenida por el Partido Comunista para enfrentar una grave crisis luego de su desfavorable esfuerzo insurreccional y del inicio de la transición pactada, le restó durante los años noventa márgenes de flexibilidad que le permitieran una mayor influencia bajo las nuevas circunstancias y una capacidad de juego político que diera profundidad al intento de rescate de ciertas banderas históricas de la izquierda.

Entre la "sobrerenovación" y la petrificación, la izquierda anterior a 1973 ha enfrentado no sin dificultades el desafío propuesto por fuerzas centristas o por nuevas corrientes y tendencias que postularon una mayor plasticidad como disposición política para competir por los decisivos votos del centro.

La irrupción virulenta del mercado, los límites de la democracia, la sagacidad de la derecha, la penuria de la izquierda, han conmovido como nunca al centro. No podía ser de otra manera: una de las  tendencias más marcadas en el último cuarto de siglo es la consideración del centro como ambicionado territorio, como espacio a conquistar prioritariamente.

Este fenómeno relativo al centro político adquirió mayor transparencia cuando el Partido por la Democracia se convirtió con éxito en fuerza política con perfil propio o, al menos, con la ambición de poseerlo, y sugirió una aspiración competitiva frente a la Democracia Cristiana. Y, luego, con el cambio que significó el triunfo de Lagos en las primarias de la Concertación al modificar uno de los supuestos implícitos del proceso de transición: la hegemonía de la Democracia Cristiana en la alianza. Simplificando, al ocurrir este cambio el mapa político dejó de ser el de una fuerza de centro con capacidad expansiva hacia ambos flancos para dejar lugar a una configuración marcada por la derecha y por la izquierda de la Concertación disputando espacios
tradicionales de la Democracia Cristiana.

El resultado fue una campaña presidencial en que tanto la candidatura de derecha como la de la Concertación desperfilaron banderas. La derecha mostró menos inquietud frente al ambiguo discurso de su candidato o a los rasgos populistas de su oferta programática que la incomodidad de algunos sectores de la Concertación frente a la indiferenciación aceptada por su propia campaña o al ecumenismo de sus propuestas.

Seis años después la votación de Bachelet en la primera vuelta presidencial de 2005 fue más baja que la de Lagos en 1999, pero en segunda vuelta superó la de su antecesor por varios puntos. Dos candidatos en la derecha -lo que permitió a ésta ampliar el espacio electoral alcanzable- y una votación presidencial de más de 5 %
y parlamentaria de más de 7 % de la izquierda no concertacionista, pueden explicar esos resultados. Lagos triunfó en la segunda vuelta gracias a los votos comunistas y Michelle Bachelet se benefició seis años más tarde de un llamamiento oficial de la dirección comunista a apoyarla en el "ballotage".

Bachelet trajo aire fresco al alicaído atractivo de la Concertación y ha propuesto los temas de género y de protección social como sus banderas principales. La derecha la ha atacado de modo inclemente desde que asumió. Para muchos de sus partidarios la actuación del gobierno no ha tenido un sello definido. Por una parte, la Concertación y sus partidos enfrentan una crisis de mística y de ánimo solidario. Por otra, el gobierno fue concebido como una asignación de áreas en que a los "liberales" se les entregó la responsabilidad de la economía, a los "socializantes" las del área social y a los democristianos las tareas políticas principales (gobierno interior y relaciones exteriores). Chile produce hoy día, gracias a políticas fiscales moderadas y al alto precio del cobre, importantes excedentes en sus cuentas. La idea central ha sido intensificar los esfuerzos contra las desigualdades financiándolos con los mayores ingresos. El resultado es que la política económica ha sido algo menos ortodoxa de lo que quisieran los que la dirigen y las políticas sociales menos intensas que lo que se requeriría para darle al gobierno un perfil más marcado y lograr un impacto notorio en las desigualdades. Ha habido una transacción entre dos criterios en que ninguno de los dos predomina. Por otra parte, el gobierno de Lagos dejó a Bachelet herencias positivas pero también otras tan negativas como el diseño del nuevo plan de transporte para Santiago que -con razón- ha impactado muy desfavorablemente la percepción ciudadana.

La derecha ha intensificado su línea opositora, obliga al gobierno a negociar sus más importantes iniciativas de ley y, como en otros lugares del mundo, cabalga sobre los temas de la delincuencia y de la corrupción. Chile consigue así uno de los más altos lugares en Latinoamérica en cuanto a presos por habitante 2. Si bien mantiene un ranking bastante moderado en materia de corrupción 3, el hecho no es suficiente para contrapesar el manejo comunicacional que la derecha acostumbra orquestar frente a irregularidades en el ejercicio de la función pública. En su accionar político la derecha se beneficia de una alta concentración de poder económico y una influencia importante en las Fuerzas Armadas e Iglesia Católica. Por las cerraduras institucionales establecidas por el Constitución de 1980, ha tenido durante la postdictadura una suerte de veto legislativo sobre todas las materias claves. Puede, además, armar sus campañas porque es dueña de casi todos los medios de comunicación y aquellos que no posee son, de uno u otro modo, neutralizados, salvo un reducido número de revistas de izquierda.

Si la Derecha llegara a dominar el Poder Ejecutivo, además de los espacios ya indicados, el desequilibrio sería total.

Con un modelo de mercado extendido, profundo e insuficientemente regulado, los gobiernos democráticos chilenos no miden su éxito sólo por la magnitud de sus obras materiales que, sin duda, han sido considerables. Deben confrontarse con las necesidades básicas insatisfechas de un significativo porcentaje de la población que se
beneficia marginalmente del crecimiento y con aspiraciones de votantes fuertemente incitados al consumo y al endeudamiento, con temores de perder su fuente de trabajo y con derechos laborales insuficientemente protegidos, pero que han llegado a creer en la mejoría sostenida de su situación y que pronostican un mejor futuro para sus hijos. La cultura mercantil se ha extendido a la vida cotidiana y está establecida más allá de todo límite aceptable en esferas como la salud, la educación y la seguridad social, y en su progresivo avance ha sido capaz de generar los mecanismos de subordinación que posibilitan la continuidad del modelo.

En ese cuadro, se ha consolidado una creciente indiferencia o rechazo por el actual modo de manejo de los asuntos públicos por parte de amplios sectores, en especial de los jóvenes. Entre las organizaciones sociales prima un clima de desconfianza hacia la política y los partidos. Aproximadamente la mitad de los chilenos mayores de edad no hace uso de su derecho ciudadano al sufragio: no se registra o estando registrado no concurre, anula su voto o vota en blanco, o vive fuera de Chile, condición esta última que, por la oposición de los partidos de derecha, le impide sufragar.

Las políticas sociales, ahora dotadas de más recursos y eficiencia de gestión, han logrado mediante el expediente de la focalización reducir significativamente el número de habitantes bajo la línea de la pobreza, pero su impacto en las desigualdades ha sido nulo o menor 4.

Desbloquear la plena democracia

La fuerza de la derecha y las debilidades de la Concertación mantienen  en el cepo a la democracia chilena. La clave ha sido la negativa derechista a aceptar reformas
reales a una pieza clave de la arquitectura institucional que le legara Pinochet: el
sistema electoral. El círculo vicioso opera eficazmente: la Concertación no tiene los votos necesarios para cambiar el mecanismo que le impide tener los votos necesarios para cambiar el mecanismo. Sin cambiar el mecanismo hay reformas en las áreas económica y social que la Concertación no podría, aunque quisiera sinceramente, convertir en ley. Debe siempre someterse al sino de la transición: negociar todo con la derecha.

¿Cuáles son las responsabilidades de la propia Concertación? Desde la izquierda que no está en el parlamento y desde la derecha opositora dicen sospechar que la Concertación se ha habituado al sistema binominal que garantiza reelecciones relativamente cómodas a sus propios parlamentarios y le otorga una buena coartada para no emprender las reformas más complejas. Si bien es cierto que la Concertación ha tenido una exagerada preocupación por la gobernabilidad y la estabilidad de la economía, y en esa medida por momentos ha cultivado la búsqueda de consensos con la oposición, es un hecho que la reforma al sistema electoral ha sido y es rechazada por la derecha. Como en muchos otros proyectos de ley el gobierno debe obligadamente negociar con la oposición incluso antes de que sean aprobados en general, es decir, el articulado debe ser consensuado antes de que la idea de legislar sea considerada.

La única forma de quebrar el poder parlamentario de la derecha es aunar las fuerzas de los partidos de gobierno con las de la izquierda fuera de la Concertación (el Partido Comunista y agrupamientos como Surda, Movimiento Nueva Izquierda, Fuerza Social, Popularikos, Generación 80 y otros), el mundo de los movimientos y organizaciones sociales, los ciudadanos sin partido y al menos parte de aquel gran segmento de chilenos -en especial los más jóvenes- que han perdido la fe en la virtud democratizadora del sufragio universal. Coaligarse significaría menos alcaldes y menos parlamentarios para la derecha, abriría el Congreso a las fuerzas políticas excluidas y probablemente permitiría alcanzar los quórum necesarios para las grandes reformas pendientes. Permitiría pensar en una nueva Constitución legitimada por el voto popular en plebiscito libre con contenidos económico-sociales modernos y progresistas, una nueva ley de partidos y políticas decididas para abordar las desigualdades y la provisión de servicios universales en materia de salud, educación y seguridad social. En fin, sería largo enumerar las posibilidades que se abrirían si la profunda brecha que existe hoy entre la Concertación y los sectores sociales y políticos excluidos se superara y, gradualmente, Chile avanzara hacia acuerdos unitarios, probablemente de niveles distintos, entre las fuerzas de avanzada social, entre partidos políticos y movimientos sociales, todos ellos partidarios de una democracia plena.

Los estudiantes secundarios y universitarios han demostrado ya su energía y capacidad de movilización por objetivos no puramente corporativos. Su demanda por una mejor educación quiere decir no sólo más calidad pedagógica sino, fundamentalmente, más igualdad. El sindicalismo va adquiriendo nuevos bríos. Los trabajadores menos protegidos de los sectores exportadores de punta se han organizado y su acción ha mostrado ya, en el caso de la industria forestal y del cobre, sus posibilidades de éxito. Encuestas recientes muestran cómo la ciudadanía expresa hoy un nivel de simpatía mucho mayor que hace diez o quince años con quienes ejercen el derecho a huelga y cuan mayoritario es el apoyo a la extensión de la negociación colectiva. El movimiento por los derechos humanos ha obtenido éxitos resonantes y el de mujeres muestra una recuperación de las energías que tuvo en los años ochenta, al calor de la decisión de la Presidenta para avanzar en los temas de la igualdad social de la mujer. La conciencia colectiva sobre la defensa del medio ambiente y de las riquezas básicas se ha extendido notablemente y convierte a esos temas en cuestiones ineludibles en el debate nacional y en las reformas futuras.

Los actores políticos, sin embargo, atraviesan por uno de sus períodos más opacos. Los partidos democráticos se desgastan en pugnas internas o se convierten prácticamente en dependencias del gobierno sin que éste se lo haya propuesto. Su falta de sintonía con los jóvenes es mayúscula y también con las organizaciones sociales en general. Curiosamente la dirigencia política concertacionista, salvo excepciones, pareciera esconder la cabeza de frente a la realidad. La forma de razonar asombra: se trata de ganarle a la derecha las próximas elecciones en la misma cancha, cada vez más reducida en su dimensión. Pero mientras más pequeño es el espacio de participación más difícil será ganarle a la derecha. Y si se le gana probablemente habrá que repetir una vez más el mismo discurso: no se puede cumplir el programa porque no hay los suficientes votos en el Congreso...

Entonces, ¿por qué no esforzarse por juntar los que sean necesarios? Para eso hay que reconocer que un ciclo ha terminado, que es preciso un giro político, que ese giro significa disponerse a unir una gran fuerza que aísle a la derecha y que los actores de ese giro no son sólo los partidos que hoy componen la Concertación, sino también los comunistas, el heterogéneo mundo de izquierda, independientes y progresistas de diversas sensibilidades que comparten los objetivos de establecer una democracia plena y una sociedad mucho más igualitaria.

¿Será posible? No es fácil, sin duda. Hay prejuicios en la Concertación hacia la izquierda no concertacionista, si bien muchos menos que ayer. Hay también intereses menores, de partido, corporativos, personales. En los sectores excluidos del parlamento, sus organizaciones, movimientos, grupos y militantes, hay resentimientos, críticas severas, franca molestia. En todos los sectores, pienso, hay una autocrítica insuficiente.

Para superar dificultades quizá sea positivo señalar que nadie debe, en un proceso de unir fuerzas, perder identidad ni renunciar a sus banderas. Se trata de concordar una plataforma común mínima. También es indispensable establecer criterios de equidad que signifiquen beneficios electorales para todos los participantes. Un acuerdo para las elecciones municipales significaría la posibilidad de derrotar a la derecha en municipios que hoy día controla, como Santiago, la Florida, Concepción y Viña del Mar, y en muchos otros de tamaño medio o menor. Un esfuerzo compartido en las elecciones parlamentarias puede redimensionar el Congreso para hacer posible cambios que hoy día no lo son.

Cuando las fuerzas democráticas y populares se han unido, importantes triunfos han sido posibles: en 1938 el del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, en 1957 la reforma electoral democratizadora impulsada por el Acuerdo de Saneamiento Democrático en el Congreso, en 1970 la elección de Salvador Allende y su ratificación por el Congreso Pleno, en 1988 el triunfo del No en el plebiscito y más tarde la elección de Aylwin, Lagos y Bachelet como presidentes, estos dos últimos en segunda vuelta.

Pero esta vez se requieren acuerdos claros y transparentes, capaces de devolver credibilidad y esperanza y de proponer objetivos definidos. Se trata de una opción inconformista y a la vez constructiva. Una opción unitaria y positiva que no obligue a un creciente número de chilenos a tener que optar entre la derecha o el mal menor. u

  1. El Partido Comunista fue crítico del concepto mismo que inspiró la    transición, pero su opción insurreccional no tuvo éxito. En la segunda mitad de los noventa posiciones críticas, de distinta intensidad, comenzaron a surgir en la propia Concertación.
    Uno de los primeros análisis globales fue el ya célebre libro de Tomás Moulian, Chile: la Anatomía de un Mito, Ed. LOM/ARCIS, Santiago, 1997. Desde el socialismo gobernante deben mencionarse los libros de Luis Maira, La Transición Interminable, Ed. LOM, Santiago, 1998, y Camilo Escalona, La Transición de Dos Caras, Ed. LOM, Santiago, 1999. Dentro de la Concertación se generó en la segunda mitad de los años noventa una polémica que generó dos visiones que atravesaron los partidos, denominadas por la prensa "autocomplaciente" y "autoflagelante". Después del 2000 las críticas han continuado. Una de las más incisivas fue la del diputado socialista Sergio Aguiló, en el texto "Chile entre dos derechas", www.jsuchile.cl
    Para una visión del arco de opiniones de izquierda sobre la transición ver Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la Izquierda Chilena, Tomo II, Capítulo 9, "Las Izquierdas en los Gobiernos de Transición", pp. 441 a 528, Ediciones B, Santiago, 2003.
  2. Lucía Dammert y Javiera Díaz, "¿Es la cárcel solución para la delincuencia?", en Observatorio Nº1, mayo 2005, Programa de Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile. Sólo Puerto Rico y Panamá superan a Chile según este estudio.
  3. Chile ocupa el lugar 20 en el índice de 2006 de Transparency Internacional, muy por delante del resto de América Latina. Ver en www.transparency.org
  4. Ver recuadro.

Pobreza y desigualdad

Un destacado economista chileno, Eduardo Engel, profesor de Yale, escribió hace unas semanas: "Luego de las transferencias del gobierno y del gasto social, en 1990 una familia típica del quintil más pobre contaba con ingresos equivalentes a aproximadamente 100 mil pesos mensuales de hoy. El poder adquisitivo de esta familia prácticamente se duplicó  durante los 15 años siguientes. No cabe duda que vivir con 200 mil pesos mensuales conlleva importantes carencias, pero tampoco cabe duda que dichas carencias son mucho mayores aun con 100 mil pesos mensuales. Y uno de los desafíos que tenemos como sociedad es que esa misma familia cuente, para el 2025, con un ingreso equivalente a 400 mil pesos mensuales de hoy." 1. Esa es exactamente la cuestión que hiere a la mayoría de los chilenos y a la propia coalición gobernante 2. Con ese esquema distributivo, que resulta de proyectar las condiciones de crecimiento y distribución de los últimos lustros, es difícil estar satisfecho a menos que se pertenezca a los estratos altos de la sociedad.

Lo que no dice el texto de Engel es que las diferencias absolutas seguirán ensanchándose como ha ocurrido hasta ahora y que la "distancia económica" entre chilenos continuará aumentando significativamente. Un estudio reciente del
economista Humberto Vega analiza este fenómeno considerando los ingresos monetarios de hogares y personas, es decir considerando el impacto de los subsidios fiscales y provisión de servicios públicos y, demuestra que, aún así, la "distancia económica" continua aumentando 3.

La reciente encuesta de hogares revela cambios importantes en la condición de pobreza, que entre 2003 y 2006 se reduce significativamente, y un ligero mejoramiento en la distribución del ingreso, por primera vez en muchos años. Los resultados han dado lugar a un debate político y técnico en que los sectores de derecha intentan minimizar el éxito que el gobierno ha reclamado. Más allá de las pequeñeces de la derecha y de cuestiones estadísticas, que tienen sin duda importancia para perfeccionar la medición de la pobreza efectiva y dotarla de realismo, la comparación temporal indica un avance importante y en esa medida justifica el énfasis que los gobiernos de la Concertación han colocado en el gasto social y las políticas públicas 4. En Chile hay mucho menos pobres o indigentes hoy que cuando terminó la dictadura, aunque los cambios no hayan sido espectaculares y un contingente significativo de chilenos que están ahora sobre la  línea de pobreza puedan ser categorizados como "casi pobres" o "menos pobres".

Pero la cuestión distributiva continúa siendo lacerante y no admite el conformismo. Más aún, pone en cuestión el modelo, su política de libre mercado extensiva, su Estado reducido, su carga impositiva baja y su focalización del gasto social que reduce las políticas de contenido universal. Al fin y al cabo los ciudadanos se miden relativamente, unos con respecto a otros, y en esa comparación la riqueza de un 10% que ha estado por largo tiempo capturando más o menos el 45% del ingreso nacional, mientras otro 10% debe conformarse con menos del 2%, aparece obscena.
Lo es más todavía que el 0,5% más rico logre captar el 11 % del producto nacional, mientras para alcanzar ese porcentaje hay que agrupar al 40% más pobre. La Iglesia Católica ha suscitado recientemente un gran debate sobre el salario mínimo y la ética salarial. Lo curioso es que la discusión tiende a convertirse en un enfrentamiento entre quienes quieren que el mundo privado (las empresas y los empleadores) se hagan cargo de "moralizar" las remuneraciones y aquellos que se muestran furibundos partidarios de que lo haga el Estado: la derecha!!! Sin aumentar impuestos, por supuesto.

La transacción entre los libre mercadistas y sus críticos no resuelve el problema. Sólo una política gubernamental frontal, que signifique un ataque sistemático y en todos los frentes al mismo tiempo, puede torcer significativamente el mapa distributivo 5. Pero eso no es sólo un aumento de velocidades e intensidades, es un cambio cualitativo: es un modelo con otros parámetros, es otro modelo.

 

  1. Eduardo Engel, "La CASEN: pasado, presente y futuro", La Tercera, 24 de junio 24 de 2007.
  2. Roberto Pizarro, "Desigualdad: el verdadero riesgo país", Revista Avance, 8 de Julio de 2007, www.centroavance.cl
  3. Humberto Vega, En Vez de la Injusticia. Ed. Debate, Santiago, 2007. Otros textos recientes sobre la materia son el de Ricardo Ffrench-Davis, Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad, 3ra. Edición, LOM Ediciones, Santiago, 2003, el de Herman Schwember y Diego R. Maltrana, Distribución del Ingreso en Chile. Radiografía de un enfermo grave, Comunicaciones Noreste Ltd., Santiago, 2007, y el de Gonzalo Martner, Remodelar el Modelo, LOM Ediciones,, Santiago, 2007
    Vega y Martner son socialistas, Schwember independiente de izquierda, Ffrench-Davis es demócratacristiano. Los cuatro son críticos del modelo actual pero los cuatro están en la actividad académica y no en el gobierno. Obviamente tampoco lo están otros economistas críticos, próximos a la izquierda que no participa de la Concertación, como Hugo Fazio, Manuel Riesco, Julián Alcayaga u Orlando Caputo.
  4. Ver Eduardo Engel, op. cit. y Andrés Sanfuentes, "La CASEN 2006: buenas noticias", Informe 616, 11 de Julio de 2006, Revista Asuntos Públicos, www.asuntospublicos.cl
  5. Dos documentos colectivos, de circulación pública, suscritos por parlamentarios, dirigentes políticos y sindicalistas proponen visiones disidentes de la actual política: "Enfrentar las desigualdades" (2005, www.centroavance.cl) y, recientemente, "La Disyuntiva" (2007, www.ladisyuntiva.blogspot.com).


Por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

Diversas asociaciones han lanzado una campañam por una Asamblea Constituyente que, en ejercicio de la soberanía popular, redacte una Constitución verdaderamente democrática para Chile. Aquí reproducimos amplios extractos. El texto completo y otras informaciones se pueden leer en:www.asambleaconstituyente.cl

La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.

La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.

Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la
precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar y denominado "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y autoritaria.

Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca losgrandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile (...)

Llamamiento

El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia, libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza, y la vocación republicana de su pueblo
se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los temas institucionales.

No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes fácticos locales.

Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil subsistencia, a todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero, a todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de cesantes, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos; a los adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.

Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que -paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad. En el umbral del bicentenario de la República la unidad del pueblo hará posible poner fin a la vergonzosa vigencia de una Constitución esencialmente antidemocrática.

Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.

Llamamos a todos los chilenos y chilenas -donde sea que se encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, generen instancias de unidad para esta lucha, promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos en comunas, sindicatos y organizaciones sociales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, campesinas, poblacionales, colegios profesionales, etc., en las que se demostrará  el mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental (...)

De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que represente la aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones de la historia, asume la construcción de su propio destino, entrañablemente hermanado con el de los pueblos latinoamericanos y con la paz y la solidaridad en todo el planeta.


Autor/es Jorge Arrate
Publicado en Artículos locales de la edición Chile
Edición Septiembre 2007
Temas Ciencias sociales., Ciencias Políticas, Derechos Humanos, Sociedad
Países Chile