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Argentina, atada de pies y manos

Durante la década de 1990 Argentina firmó Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TPPRI) con 56 países, incluidos los principales del mundo, que confieren al inversor extranjero una serie de prerrogativas inadmisibles. Todos ellos obtuvieron la respectiva aprobación parlamentaria y se renuevan automáticamente, pero muchos han vencido, por lo que el Congreso los puede derogar. En Brasil, el Congreso los rechazó todos por inconstitucionales.

Argentina no usó un formato único de TPPRI, porque la característica de cada uno dependió de la capacidad de cabildeo del país co-contratante. Sin embargo, todos ellos contienen una definición muy amplia respecto de lo que se considera "inversión" y reconocen a los "inversores" derechos de protección con un estándar mínimo, "tratamiento justo y equitativo", "plena seguridad y protección", "no discriminación" y, a través de cláusulas de trato nacional y de nación más favorecida (NMF), la obligación de compensar en caso de "expropiación directa o indirecta" y la libre transferencia de divisas al exterior. En caso de conflicto de intereses, el inversor extranjero tiene el derecho de recurrir a un tribunal arbitral internacional.

La cláusula NMF, presente en todos los TPPRI, tiene consecuencias perversas: cualquier inversor de cualquier nación signataria puede invocar cláusulas vigentes en otros para proteger su inversión. Es por ello que merecen mención especial aquellos TPPRI (Panamá, Estados Unidos) que consagraron cláusulas que otorgan mayores privilegios a los inversores. Sus efectos se extienden al conjunto de los inversores protegidos por los TPPRI.

El firmado con Panamá (1996), vigente desde 1998, consagró la denominada "cláusula de estabilización legal" (CEL), que incluye el cambio o la modificación legislativa como uno de los supuestos de "medidas similares" a la expropiación, obligando a indemnizar al inversor si se afecta su inversión. La CEL, introducida en un TPPRI con un país que prácticamente no posee inversiones en Argentina cuando ya se avizoraba el colapso de la convertibilidad, incorporó un reaseguro para las firmas concesionarias de servicios públicos. Aunque gran parte de la doctrina jurídica internacional sostiene que dicha cláusula no es aplicable a medidas legislativas de carácter general no discriminatorias, algunos abogados consideran que se extiende a esos casos. La mayoría de las demandas de las privatizadas contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (CIADI), invocan la CEL reclamando indemnizaciones que surgirían de la pérdida de su tasa de ganancia, ocasionada por la devaluación y la pesificación y el congelamiento de sus tarifas durante la crisis de 2001/2002. Para aclarar la extensión de la CEL las Cancillerías de Argentina y Panamá firmaron el 15-9-04 un Acuerdo Interpretativo del TPPRI citado, reafirmando la exclusión de medidas legislativas de alcance general no discriminatorias (devaluación, pesificación y congelamiento de tarifas). De este modo, si los árbitros del CIADI aceptan la intención e interpretación de las partes respecto de la CEL, tendrían que rechazar los reclamos de las privatizadas.

En el TPPRI firmado el 14-12-1991 con el gobierno de Estados Unidos y vigente desde el 20-10-1994, Argentina se comprometió a no exigir "requisitos de desempeño" a los inversores de ese país. Es decir que el Presidente, o un gobernador o un intendente, según la jurisdicción de que se trate, no puede pedirles o exigirles que contraten cierto porcentaje de insumos, servicios o mano de obra nacionales; capaciten personal local; transfieran tecnología; relacionen el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, etc. Esta renuncia al derecho al desarrollo está prevista en el Artículo II.5 del Tratado. Por ejemplo, respecto del sector automotriz, el gobierno argentino se compromete a realizar "todos los esfuerzos posibles para eliminar los requisitos de desempeño en el más breve plazo posible", con una fecha límite de ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado 1. Así, debería abrogarse la normativa automotriz vigente y aplicable a las terminales desde hace décadas.

Recuperar la soberanía

En otros momentos de su historia Argentina ha exigido estos "requisitos" y otros países aún lo siguen haciendo, porque es una manera de agregar valor, crear empleo y recibir nuevas tecnologías, así como de rechazar el modelo de "la economía de enclave" que importa todo o casi todo y crea poca riqueza en el país anfitrión.

Brasil también firmó 32 TPPRI, pero ninguno entró en vigencia porque el Senado no los aprobó por inconstitucionales. La negativa se basó en que se producía una situación de discriminación en contra del inversor nacional, dado que el extranjero tendría el privilegio de optar por la jurisdicción arbitral internacional. Al no estar atado por este tipo de Tratados, Brasil tiene un margen de maniobra mayor que la Argentina, puesto que no renunció a la industrialización como lo hizo Argentina. Por otra parte, esta "asimetría" existente en el Mercosur no sirvió para atraer inversiones a Argentina en desmedro de Brasil. Este es un ejemplo de que ceder en todo no posibilita necesariamente un mayor flujo y desvío de capitales.

Estos TPPRI pretenden instituir una Carta de Derechos y Garantías de orden internacional en favor de las corporaciones privadas, en desmedro de las soberanías nacionales y de derechos humanos y sociales fundamentales.

No es necesario explicar hasta qué punto Argentina se halla condicionada por los TPPRI. Tanto por los reclamos que le realizan ante el CIADI los "ganadores" de los '90, cuanto por las restricciones que le imponen para fijar políticas de desarrollo, protectoras del interés nacional.

Pero la mayoría de estos Tratados establece un plazo de diez años de vigencia y en caso de no ser denunciados se prorrogan automáticamente por un año y así sucesivamente. En algunos casos, como por ejemplo el firmado con Estados Unidos, ya han transcurrido los 10 años de vigencia. Está por lo tanto abierta la posibilidad de denunciar o renegociar esos Tratados para recuperar el derecho al desarrollo y atributos de soberanía.

  1. Cfr. Ap. 9. Protocolo al TPPRI citado.
Autor/es Alberto J. Sosa
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 67 - Enero 2005
Páginas:5
Temas Desarrollo, Geopolítica
Países Argentina