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Recuadros:

En las fronteras del Plan Colombia

Estrategia militar estadounidense-colombiana, el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico no ha resuelto ninguno de los conflictos que desgarran a ese país. Por el contrario comienza a extenderse y afectar a las naciones vecinas. A través de su política de injerencia extraterritorial, viola la soberanía de los Estados y constituye particularmente una amenaza directa para Venezuela.

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el primer semestre de 2004 Panamá fue, junto a Singapur, Bélgica y Luxemburgo, el país que más se benefició de la inversión extranjera directa 1. Este documento omite precisar que es el capital colombiano el que viene dinamizando a la economía panameña.
Tanto el empresario panameño Iván Ruiz como el director del periódico Capital Financiero, Orlando Mendieta, coinciden en que esas inversiones "son uno de los efectos del Plan Colombia" 2. Su análisis tiene lógica: con el Plan se ha intensificado la guerra interna que arrasa a Colombia, poniendo a los capitales en fuga. Las investigaciones oficiales son casi inexistentes, pero los conocedores -y la vox populi- aseguran que ha llegado capital legal, aunque mucho más "del otro".
Los bancos no hacen muchas preguntas, cierran los ojos, a pesar de que la mayoría son filiales estadounidenses y europeas. Alexis Rodríguez, decano de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas, en Ciudad de Panamá, sostiene: "La invasión militar de 1989 se hizo bajo el pretexto de limpiar la economía de capitales provenientes del narcotráfico, pero ni se investigó sobre eso. Washington volverá con el tema cuando necesite chantajear al gobierno que se oponga a ser parte de su estrategia de dominación continental ". Y uno de los aspectos de esta estrategia, en el que Panamá pudiera quedar atrapado, se llama Plan Colombia.
Ningún capital colombiano ha llegado a Curundú, un sector no lejano del lujo capitalino donde la pobreza es reina. Curundú recibe desplazados desde hace medio siglo, pero en los últimos años han aumentado ostensiblemente. Hoy, muchos panameños sienten que los colombianos les "roban" los pocos empleos; que los "invaden" con su pobreza, sus drogas y su violencia.
Es real que colombianos han estado involucrados en graves actos criminales, que la oferta de drogas aumentó y que han copado plazas de trabajo de panameños. Pero no es menos cierto que los efectos negativos de esa migración se han exagerado, buscando ocultar la incapacidad estatal para resolver las necesidades sociales, fuente de diversas formas de delincuencia. En un país con 2,8 millones de habitantes, 35% de la población económicamente activa está subempleada 3. Esto no nació con el Plan Colombia...

Seguridad y neutralidad

Históricamente, la guerrilla colombiana ingresaba a Panamá para descansar y buscar avituallamiento, "sin afectar las actividades de la región ni de los ciudadanos locales. Algunas veces ingresaba huyendo del ejército. Pero siempre retornó a Colombia" 4. Información que certificó Oswaldo Fernández, ex director de la Policía Nacional de Panamá, el 29-9-00 en el programa Enfoque de Canal 4 TV.
En los años '80, los paramilitares colombianos, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, empezaron a masacrar civiles en las zonas bananeras, al considerarlos aliados de la guerrilla. A la población no le quedó otra alternativa que resguardarse en Panamá. Cuando se aprueba el Plan Colombia, los paramilitares casi controlaban la zona fronteriza, que también utilizaban para exportar cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
"Los problemas en la frontera comenzaron con los paramilitares. Estos no pasaban para buscar a la guerrilla, sino para asesinar a quienes supuestamente les colaboraban, panameños o colombianos", declara Alexis Rodríguez. Unos ejemplos dan fe de ello. En octubre de 2000, los paramilitares abrieron fuego indiscriminado contra los pobladores de Nazaret, diez kilómetros al interior de Panamá. Una niña murió y seis bebés resultaron heridos. El 18-1-03, en el transcurso de un asalto a la aldea Yala, tres caciques Kunas fueron asesinados. Inmediatamente el gobierno colombiano sindicó a la guerrilla, pero los propios paramilitares reconocieron la autoría.
Ante la escalada de violencia la canciller colombiana, Carolina Barco, señaló que las autoridades de ambos países se habían comprometido "a incrementar el intercambio de información y los patrullajes en la zona fronteriza, con el fin de disuadir a los rebeldes izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha" 5. Rápidamente se probó que la "disuasión" se dirigía a quienes buscaban refugio en Panamá. En una misiva enviada a los presidentes Álvaro Uribe y Mireya Moscoso, Amnistía Internacional (AI) les pedía "investigar sobre el secuestro y desaparición de dos refugiados colombianos, detenidos por miembros de la unidad especial de combate de la policía y del Departamento de Inteligencia de Panamá", el 21-4-03 6. Según AI, mientras se torturaba a los dos hombres se amenazaba a otros refugiados con la llegada de los paramilitares.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ha denunciado a ambos Estados por no respetar los acuerdos internacionales sobre refugiados. De muy poco ha servido. Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el 25-4-03, el portavoz de ACNUR, Ron Redmon, confirmó que las autoridades panameñas capturan a los colombianos y los deportan, en muchos casos de manera violenta. Las colombianas, por su parte, regularmente los reubican en zonas de dominio paramilitar sin preocuparse de su seguridad. Según el Informe Conjunto 2003 de las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá, el responsable de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés, manifestó que no deportar a los refugiados "era brindarles apoyo a los colaboradores de la guerrilla".
Panamá había guardado una cierta neutralidad ante el conflicto colombiano. Desde la instauración del Plan Colombia, el gobierno de la presidenta Moscoso (1999-2004) modificó esa actitud. Algunos le recordaron que el tratado Torrijos-Carter 7 pone a la neutralidad panameña como garante de la seguridad del canal interoceánico. Invocando la necesidad de proteger al hemisferio del "terrorismo internacional" y del "narcoterrorismo", Estados Unidos, muy sutilmente, multiplicó las presiones.
Pero, ¿cómo puede Panamá protegerse de agresiones exteriores si no tiene ejército? La Fuerza de Defensa fue desmantelada después de la operación "Justa causa", en diciembre 1989, y reemplazada por una fuerza policial sin mayores recursos. La respuesta está en el tratado Torrijos-Carter: Estados Unidos se encargará. El tratado de neutralidad, firmado al mismo tiempo que los acuerdos Torrijos-Carter, permite a Washington intervenir unilateralmente si la neutralidad o la seguridad del canal está en peligro...
Durante una emisión de televisión sobre seguridad y neutralidad (Enfoque, de Canal 4, el 29-9-00), la animadora panameña preguntó a los invitados: "¿Quiénes nos están obligando a entrar en el conflicto colombiano? ¿Por qué? ¿Qué relación hay con el Plan Colombia?". La ex ministra de Gobierno, Mariela Sagel, respondió: "El ataque (contra la población de Nazaret) se da en medio de una agresiva campaña, tanto de Colombia como de Estados Unidos, para que los países fronterizos participen del Plan. Creo que Panamá y Venezuela, que fueron los primeros en decir que no participarían en el Plan, han sido sujetos a presión. Con el ataque a Nazaret, hacia el Plan nos quieren llevar". La presentadora no pregunta, sino que afirma: "Pudiéramos deducir que los interesados son el ejército colombiano, sectores de Estados Unidos y los paramilitares, que todos sabemos que son grupos que obedecen, de una u otra manera, a agencias internacionales y a aparatos militares". La ex ministra aprueba: "Como tú sabes, Estados Unidos tiene varias agencias y a veces no se consultan. Y de repente las que atienden a los paramilitares tienen una agenda y el Departamento de Estado tiene otra...".

Plataforma bélica regional

En marzo de 2003, el entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general James Hill organizó en Miami una conferencia sobre seguridad hemisférica. La temática central fue cómo proteger la región del "contagio colombiano y del terrorismo en general". Hill expresó que Panamá afrontaba una posible "invasión de narcoterroristas" desde Colombia. Por lo tanto, Panamá y Estados Unidos exploraban nuevos mecanismos para la protección de la frontera: "Uno de ellos sería celebrar una segunda fase de la operación Nuevos Horizontes". Un asistente del general aclaró que tal operación consistía en acciones cívicas, "primordialmente con médicos, ingenieros y otro personal: ésta mera presencia de militares estadounidenses -aunque sea humanitaria- tendría el efecto de ahuyentar a los grupos armados colombianos". Hill precisó que Estados Unidos entrenaba a policías panameños para cuidar la frontera, pero "una invasión narcoterrorista es un asunto de soberanía y ese es un tema militar".
En agosto de 2004 se realizó el ejercicio naval Panamax, organizado por el Comando Sur, donde también participaron Panamá, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú. Objetivo: preparar la seguridad del canal de ataques terroristas. El nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Jack Gardner, fue "encontrado" en Panamá el 16-11-04. Cuando los sorprendidos periodistas le preguntaron a qué se debía la visita, el alto mando militar respondió con total seguridad: "Venimos a asesorar al Gobierno, para realizar algunos proyectos humanitarios" 8.
Tres días antes, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, había estado oficialmente en la ciudad. Según el ex ministro de Trabajo panameño Mitchell Doens, con esa visita se confirmaba que "Panamá forma parte del sistema de defensa regional bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos, pero no a partir de nuestros propios intereses y visiones". Doens denuncia "los acuerdos administrativos de seguridad" firmados por la ex presidenta Moscoso, "pero trabajados desde la administración anterior" 9, "que permiten que las autoridades civiles y militares gringas actúen en el país como si fueran soberanos, controlando tierra, aire y mar, fronteras, comunicaciones públicas y privadas, aduanas, migración" 10.
"El general Omar Torrijos decía que el Canal, propiedad entonces de Estados Unidos, era la quinta frontera que teníamos", cuenta Iván Ruiz, quien participó de las Fuerzas de Defensa organizadas por Torrijos. Con preocupación continúa: "Como veo difícil que este gobierno de Martín Torrijos [hijo de Omar, y elegido presidente el 2 de mayo de 2004] se niegue a seguir los planes de Estados Unidos, es muy posible que renazca la quinta frontera, pero ahora en forma de bases militares para meternos en el conflicto colombiano".
En su declaración anual ante el Congreso estadounidense, a comienzos de 2004, el general Hill, siendo aún jefe del Comando Sur, decía que a partir del Plan Colombia, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, estaba "haciendo un progreso excepcional en su lucha contra el narcoterrorismo, convirtiendo a su país en un Estado pacífico y seguro" 11. Al mismo tiempo, acusaba al presidente venezolano Hugo Chávez de liderar el "populismo radical" en América Latina, lo cual lo convertía en una "amenaza emergente" para la "seguridad nacional de Estados Unidos". En realidad, Hill reprochaba a Chávez su negativa a participar del Plan Colombia.
Chávez había anunciado, en efecto, desde el principio de su mandato que Venezuela sería neutral ante el conflicto interno colombiano y que sólo apoyaría un plan que apostara por una salida política. Lo contrario, decía, era ponerse en el camino de una "vietnamización" regional. Mientras Chávez ha procurado respetar su compromiso, el Plan Colombia parece obstinado en envolver a Venezuela. El teniente coronel Héctor Herrera Jiménez, director del Frente Cívico Militar Bolivariano, sostiene que con el Plan "el presidente Uribe deja utilizar a su país como plataforma bélica en la estrategia estadounidense, que busca aplicar un modelo neocolonial sobre la región andina". El general de división Melvín López Hidalgo, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, afirma por su parte que en ese proyecto "la Revolución Bolivariana se ha convertido en la piedra en el zapato, por su independencia política internacional y el liderazgo regional que está logrando".
El Plan Colombia está forjando una tenaza militar y paramilitar sobre Venezuela. "Para neutralizar al actual proceso venezolano, desde Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad. Operaciones encubiertas, clandestinas, de penetración, no convencionales", dice Herrera Jiménez. En definitiva, concuerdan ambos mandos castrenses, el Plan busca crear desestabilización social, económica, política y militar, que lleve a una situación de ingobernabilidad, de violencia. "Así Estados Unidos tendría el pretexto ideal para llamar a una intervención militar extranjera".
Venezuela está siendo monitoreada desde varias bases militares en Colombia y desde una estación alquilada por Washington al gobierno holandés, en la isla caribeña de Aruba. Pero en la actualidad la preocupación mayor para los venezolanos es la ubicada en los territorios de la Occidental Petroleum en Saravena, departamento colombiano de Arauca, frontera con el estado de Apure. Ahí están asentados unos 400 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados 12. "Nosotros sabemos que ellos no sólo están entrenando al ejército colombiano, sino a paramilitares. Y estos últimos pasan la frontera para agredir a nuestros ciudadanos, cometer actos delictivos y provocar una reacción de nuestras fuerzas de defensa", sostiene el general López Hidalgo.

Planes de internacionalización

El despoblado departamento de Arauca es el más militarizado de Colombia. A pesar de ello, el paramilitarismo se consolidó a fines de 2001, luego de realizar miles de asesinatos y provocar la fuga de los sobrevivientes. En coordinación con el ejército, los paramilitares repoblaron muchos caseríos, convirtiéndolos en "aldeas estratégicas" al estilo de Vietnam y Guatemala, principalmente en la frontera y al paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Meses antes y después del efímero golpe de Estado contra el presidente Chávez, en abril de 2002, los paramilitares estuvieron activos en territorio venezolano, con el beneplácito de los antichavistas.
El 17-9-04 fueron asesinados cinco militares, una ingeniera de petróleos y otros cinco venezolanos en Guasdualito, no lejos de Saravena. No habían pasado ni veinte horas y el gobierno colombiano culpaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). "El comunicado daba muchos detalles. Parecía que todo lo conocían con anterioridad. Las averiguaciones nos fueron diciendo que eran paramilitares", apunta el teniente coronel Herrera Jiménez.
El gobierno colombiano -y la mayoría de los medios informativos de ambos países- no pierde ocasión de culpar a la guerrilla de los atentados contra la población venezolana, al tiempo que se insinúa la complicidad del presidente Chávez, por no hacerle frente. La guerrilla ve como positiva la neutralidad del Presidente y no niega haber cometido algunas acciones reprobables contra civiles. Tanto las FARC, por intermedio del comandante Raúl Reyes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en palabras del comandante Milton Hernández, subrayan que sus lineamientos políticos estratégicos, aprobados en los últimos diez años, determinan no realizar acciones militares o económicas, ni inmiscuirse en la vida política de los países vecinos esperando "la reciprocidad y el respeto".
El gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla, testimonia: "los guerrilleros no nos representan inseguridad: si pasan la frontera es para realizar compras, y siempre van desarmados. En cambio los paramilitares nos crean problemas sociales, pues con su crueldad hacen huir a los indígenas hasta nuestras comunidades".
En los Estados de Zulia y Táchira, las relaciones de las familias mixtas que viven en ambos lados de la frontera, así como los tradicionales intercambios económicos se han visto afectados por el conflicto. Según el director del Consejo Nacional de Fronteras, Feijóo Colomine, unos cien mil desplazados han llegado a Venezuela en los últimos cinco años, entre los cuales se han colado delincuentes comunes, narcotraficantes y paramilitares 13. Aumentó la criminalidad, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Campesinos, sindicalistas y otros dirigentes sociales que han buscado refugio, se volvieron "invisibles" ante el temor de ser asesinados o capturados y devueltos por sectores de los organismos de seguridad antichavistas, que trabajan en coordinación con los colombianos y sus paramilitares.
Al otro lado de la frontera se encuentra la ciudad de Cucuta, considerada como "la capital y sede social del paramilitarismo en el oriente colombiano" 14. El principal dirigente paramilitar, Salvatore Mancuso, detenta el poder en buena parte de la frontera, tomada por sus hombres desde 1999. Manejan el contrabando de gasolina, actividad legalizada inexplicablemente por el presidente Uribe dentro de las "acciones de desarrollo social" del Plan Colombia, en noviembre del 2003. Multiplicaron considerablemente los cultivos de coca y acondicionaron rutas para la exportación de drogas ilícitas.
En Colombia esto no se oculta: "El fortalecimiento del paramilitarismo (en la frontera con Zulia y Táchira) constituye el eje de la proyección hacia territorio venezolano". Por las investigaciones oficiales colombianas, "se puede inferir que los planes del paramilitarismo se internacionalizan en Venezuela" 15.
Una prueba concreta de esta estrategia se dio a comienzos de mayo de 2004, cuando fueron capturados 130 paramilitares colombianos en una hacienda, a 20 kilómetros de Caracas. En el grupo había 40 reservistas y una veintena de soldados profesionales. Tenían previsto atacar, ese 12 de mayo, varios puestos militares en Caracas y apoderarse del armamento. No se excluía el asesinato del presidente Chávez. Como los asaltantes llevarían uniformes venezolanos, la operación pasaría como un levantamiento de "militares venezolanos". Ante la respuesta de la mayoría de la población y de los militares fieles al Presidente, a nivel internacional se hablaría de "caos", y del "peligro de desestabilización", motivos suficientes para propiciar una intervención exterior, con Colombia y Estados Unidos como los principales instigadores.
Según las investigaciones presentadas por las autoridades venezolanas, el transporte de los mercenarios y su armamento fue organizado por autoridades civiles y militares de Zulia y Táchira, opositoras a Chávez. La "asonada" fue planeada por el comandante del ejército colombiano, general Orlando Carreño Sandoval, el más dinámico ejecutor del Plan Colombia. El fracaso de la operación y los rastros que dejó, le costaron el cargo unos meses después.
Entre los planes de desarrollo social y económico que adelanta el gobierno de Caracas, la zona fronteriza, históricamente abandonada, es una prioridad. En las regiones más apartadas y humildes del país ya pueden comprobarse los avances en educación y salud. Los pobladores colombianos, que siguen abandonados, lo han visto: "Llegan diariamente a que les demos atención médica, odontológica y oftalmológica, quedándose asombrados porque es gratuita", dice el gobernador Guarulla. Por su parte Colomine analiza: "Uribe y Estados Unidos le temen mucho a esto, al demostrarse que es posible llevar el desarrollo a las mayorías por encima de lo militar: tan sólo poniendo a su servicio las riquezas de la nación".
El general venezolano López Hidalgo es categórico: "Tenemos que hacer un gran debate sobre el Plan Colombia, porque está colocando a nuestra soberanía en peligro. Se busca la animadversión entre los dos pueblos, quizás una guerra, para que unos terceros intervengan y ganen: Estados Unidos y sus transnacionales. Pero tenga por seguro: ¡no pasarán!".

  1. Informe sobre las Inversiones en el Mundo, UNCTAD, 22-9-04.
  2. El 23-9-1999, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, obtuvo de Washington una ayuda de 1.600 millones de dólares para "enfrentar el narcotráfico", pero que en realidad ha sido para luchar contra las guerrillas. Esta ayuda a sido aumentada, poco a poco, dentro del mismo Plan, pero llamada Iniciativa Regional Andina.
  3. Cuatro panameños de cada diez viven en la pobreza; dos de cada diez en la extrema pobreza. Geneteau, Nestalí, "Más panameños al sector informal", Capital Financiero, Panamá, 27-9-04.
  4. Herasto Reyes, "Darién o la tranquilidad endeble", La Prensa, Panamá, 13-8-00.
  5. La Prensa, Panamá, 29-1-03.
  6. Amnesty International, "Panamá/Colombia: La seguridad de las fronteras no debe infringir el derecho internacional sobre refugiados", Londres, 23-04-03.
  7. Firmado entre los presidentes James Carter y Omar Torrijos, el 7-9-1977, el tratado preveía el traspaso a Panamá, el 31-12-1999, de la soberanía del canal, así como salida progresiva de las bases militares estadounidenses de esa zona.
  8. La Prensa, Panamá, 17-11-04.
  9. Maurice Lemoine, "Panamá recupera su canal", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 1999.
  10. El Panamá América, Sección Opinión, Panamá, 16-11-04.
  11. "El Comando Sur enfrenta peligros emergentes y tradicionales", American Working Group, Washington Office on Latin America y Interhemispheric Resource Center, Washington, 24-7-04.
  12. Hernando Calvo Ospina, "Como en Irak, un conflicto privatizado", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2004 .
  13. "Plan Colombia: incidencia en la seguridad y defensa de la Nación", Conferencia en la Universidad Bolivariana, Caracas, 3-10-04.
  14. El Tiempo, Bogotá, 24-10-04.
  15. El Espectador, Bogotá, 16/22-5-04.

Según quién sea usted…

Calvo Ospina, Hernando

El 31 de diciembre, el gobierno colombiano extraditó al comandante de las FARC Simón Trinidad hacia Estados Unidos, donde será acusado de tráfico de drogas, toma de rehenes y complicidad con terroristas. Capturado el 2-1-04 en Quito (Ecuador), fue uno de los principales negociadores de la oposición armada durante las negociaciones de paz llevadas a cabo con el gobierno de Andrés Pastrana entre 1999 y 2002. Esta extradición podría cerrarle la puerta al “intercambio humanitario” –personas secuestradas por las FARC a cambio de guerrilleros prisioneros– propuesto por la guerrilla y hacer que esta última se muestre más intransigente que nunca. Lo que vendría de perillas para relanzar al mismo tiempo el Plan Colombia…
El 13-12-04, un emisario internacional de la comisión político-diplomática de las FARC, Rodrigo Granda, fue secuestrado en plena calle, en Caracas (ver Rodríguez, página 7). Miembros de la Guardia Nacional Venezolana –más tarde detenidos– lo condujeron clandestinamente a Colombia, actuando como lazo con los servicios de información colombianos a cambio de una fuerte suma de dinero. Llevada a cabo a espaldas de todas las reglas del derecho internacional, esta operación provocó una crisis mayor entre Caracas –que considera violada su soberanía– y Bogotá. El presidente Hugo Chávez suspendió las relaciones comerciales con el país vecino y llamó a su embajador en Colombia. El embajador de Estados Unidos en este país, William Wood, ofreció su apoyo inmediatamente al gobierno colombiano.
En cambio, el 9-12-04 en Tibú, Colombia, cerca de la frontera venezolana, tuvo lugar una ceremonia oficial en honor de la “desmovilización” de Salvatore Mancuso y de parte de sus paramilitares. Si bien EE.UU. reclama la extradición de Mancuso por narcotráfico y terrorismo, se advirtió la presencia de Stewart Tuttle, subdirector de Asuntos Políticos de la embajada estadounidense en Bogotá. El Departamento de Justicia de EE.UU. autorizó el financiamiento del “desarme” de los paramilitares por la suma de 3 millones de dólares…


Autor/es Hernando Calvo Ospina
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 68 - Febrero 2005
Páginas:4,5,6
Temas Narcotráfico, Política, Estado (Política), Geopolítica, Política internacional
Países Estados Unidos, Colombia, Venezuela