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Recuadros:

Crisis y pujos secesionistas en Bolivia

Tras el aumento del precio del combustible estalló en Bolivia una nueva crisis política que conjugó demandas populares por la recuperación de los recursos naturales y reclamos autonomistas en el Oriente del país. Se enfrentan sectores empresariales con movimientos sociales rurales y urbanos. Al cierre de esta edición, un cabildo abierto se proponía elegir un gobierno regional en la provincia de Santa Cruz. Debilitado, el presidente Mesa convocó a un referéndum sobre autonomía para el mes de abril y aceptó la elección de prefectos por voto directo.

En un tenso y agónico discurso, el pasado 9 de enero, el presidente Carlos Mesa se dirigió a los bolivianos para denunciar una supuesta conspiración en marcha: "no me dejan gobernar, no me dejan gobernar", repitió y luego amenazó con renunciar si la violencia social y política volvía al país. Así pretendía desactivar las manifestaciones y paros que empezarían al día siguiente para obtener del gobierno la derogación del Decreto Supremo 27.959 que autorizaba el alza, hasta en casi un 25%, del precio del diesel, combustible que usan los transportistas y el sector agroindustrial del Oriente boliviano.

Pero el intento no dio resultados. A partir del 10 de enero empezaron las protestas y manifestaciones que a la resistencia contra "el gasolinazo" unieron reivindicaciones sectoriales. La Central Obrera Boliviana (COB) decretó la huelga general, el Comité Cívico de Santa Cruz -conducido por la elite empresarial cruceña- convocó a un paro y una huelga de hambre indefinidos, las juntas vecinales de El Alto entraron en huelga para exigir la expulsión de la transnacional francesa Suez-Lyonnaise des Eaux y los cocaleros de la región de Yungas decretaron un bloqueo de caminos.

La aparición de esta nueva crisis política en Bolivia está marcada por un escenario en el que conviven un sistema de partidos y gremios empresariales que todavía apuestan por la viabilidad del modelo neoliberal -impuesto en Bolivia a partir de 1985- y nuevos actores, representados por los movimientos sociales, que desde el año 2000 se movilizan y pugnan por recuperar los recursos naturales, en particular los hidrocarburos, hoy explotados por empresas transnacionales como Petrobras, Andina (Repsol), Chaco (Amoco y British Gas) y Total Fina-Elf. El gran objetivo final de estas movilizaciones es la instauración de una Asamblea Constituyente, espacio desde dónde se espera enmendar el modelo neoliberal 1 .

El 17-10-03, una insurrección popular logró la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Su sucesor, Carlos Mesa Gisbert, intentó sintonizar con las exigencias del movimiento social prometiendo un gobierno reformista, pero rápidamente viró su rumbo hacia una posición centrista para convertirse finalmente en una suerte de "restaurador del modelo neoliberal" 2. Los encendidos discursos públicos con que al principio se dirigía a indígenas y campesinos insurrectos derivaron en calculados mensajes televisivos en los que empezó a repetir los tópicos de la política y la administración estatal tradicional: "gobernar con austeridad", "incentivar la inversión extranjera", "dar seguridad jurídica a las transnacionales", "firmar tratados de libre comercio", "promover la firma del TLC con Estados Unidos" 3... Todo lo contrario a lo que venía exigiendo el movimiento social.

La retórica presidencial apenas lograba ocultar el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar continuidad al modelo, respetar las privatizaciones, cumplir con el pago de la deuda externa -que en 2005 representará para Bolivia el 28% de su PBI 4- y mayores recaudaciones impositivas para cubrir el déficit fiscal, que actualmente representa un 5,9% del PBI. "El alza de los combustibles es una medida fondomonetarista, luego vendrá un impuesto a los salarios; ése es el compromiso al cual ha llegado el gobierno con el FMI", declaró el diputado del partido opositor Nueva Fuerza Republicana, Dante Pino Archondo, ante el decreto supremo que desató la actual crisis política.

A principios de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, viajó a Washington para acordar con el FMI el ingreso de Bolivia a un plan denominado de "Crecimiento y Reducción de la Pobreza". El gobierno boliviano se comprometió "a cumplir un conjunto de metas macroeconómicas hasta fines del primer trimestre de 2005" para "mejorar las recaudaciones". Una de las medidas previstas era la vieja receta del FMI: el alza del precio de los combustibles.

A pesar de que en un principio el gobierno de Mesa trató de mostrarse sólido y firme ante los reclamos, la crisis lo redujo a un peligroso nivel de debilidad, que pone en entredicho su continuidad. Después de dos días de paro en El Alto, aceptó "la finalización del contrato" con la transnacional Suez. Luego, ante las crecientes manifestaciones y tomas de oficinas públicas en Santa Cruz, se vio obligado a revisar el decreto que autorizaba el alza de los combustibles ofreciendo una rebaja del "gasolinazo"; pero la conflictividad no disminuyó en el Oriente y, por el contrario, las manifestaciones populares -impulsadas fuertemente por el sector empresarial- se conectaron con las exigencias de autonomía que esa región venía exigiendo, llegando incluso a sostener salidas secesionistas. Si bien el conflicto amainó con el paso de los días, Mesa parece lejos de encontrar una solución para la región que ha amenazado con "independizarse" de Bolivia.

Periodista, historiador y empresario dueño de medios de comunicación, Mesa ingresó al terreno político como candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en las elecciones de 2002. Fue un ferviente seguidor del derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada y apoyó decididamente el programa privatizador que éste aplicó en la década del '90.

 Encrucijada

 Al asumir el gobierno luego de la caída de Sánchez de Lozada, Mesa se desligó completamente del MNR y decidió gobernar apoyado en la popularidad que conservaba desde sus tiempos de periodista, sin aliados y rodeado de políticos tradicionales y de intelectuales provenientes de la elite social boliviana. Al asumir, y a la hora de elegir un programa de gobierno, se vio ante la necesidad de prometer una serie de cambios estructurales reclamados por las multitudes indígenas y campesinas en la insurrección de octubre: una nueva ley de hidrocarburos, convocar a un referéndum sobre el gas y a una Asamblea Constituyente.

La alternativa que hoy enfrenta el presidente boliviano es, por un lado, que el movimiento social -apoyado en los resultados del referéndum del 18-7-04 5- le exige, como medida central de su programa, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos; por otro, que los sectores de la elite del Oriente boliviano (provincias de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), los organismos crediticios internacionales (FMI y Banco Mundial) y la embajada estadounidense se oponen decididamente a cualquier medida que vulnere la propiedad de las empresas transnacionales.

Mesa propuso al Congreso un proyecto de ley de hidrocarburos que recorta algunos beneficios de los que gozan las empresas transnacionales, pero prácticamente deja intacto el tema de la propiedad y los tributos son aumentados sólo a futuro y en función de los volúmenes de exportación de las empresas. Naturalmente, los partidos de la llamada "nueva izquierda", como el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, y el Movimiento Indígena Pachacuti, de Felipe Quispe, ambos con fuerte incidencia en el movimiento social, han rechazado tajantemente el proyecto.

Las transnacionales petroleras que operan en Bolivia se resisten a renunciar a la serie de ventajas que el primer gobierno de Sánchez de Lozada les otorgó al momento de la "capitalización" (eufemismo de privatización): en particular el usufructo de la propiedad de los campos petrolíferos, bajos impuestos -del 18%- y una deficiente fiscalización, al punto de que las propias autoridades del gobierno han puesto en duda que las empresas hayan realmente invertido en Bolivia los montos que declararon, unos 3.000 millones de dólares. A esto se suman también las denuncias de que algunas de estas empresas habrían sacado del país hidrocarburos de contrabando -en 2004, el gobierno boliviano comprobó que Petrobras, a través de dos subsidiarias fantasma, Southern Cone Gas y Transborder Gas Service vendió de contrabando a Brasil 6-, además de supuestas evasiones impositivas y deudas al fisco. El 18 de enero último, Eduardo Zegada, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) precisó: "Hoy el gobierno sabe que las empresas petroleras adeudan al fisco cerca de 600 millones de bolivianos" (alrededor de 74 millones de dólares 7).

Bolivia tiene en su historia dos experiencias exitosas de nacionalización de sus hidrocarburos. La primera en 1937, cuando el presidente Enrique Toro expulsó del país a la Standard Oil, y la segunda en 1969, cuando el gobierno del general Alfredo Ovando retiró las concesiones a la Gulf Oil Company y decretó la nacionalización de todos sus bienes. Basado en esa memoria histórica, el movimiento social exige hoy revertir la propiedad de los hidrocarburos, en beneficio de los bolivianos. Al proyecto de ley elaborado por el presidente Mesa -con la asesoría del experto estadounidense Jim Sallivan, que cobró 123.000 dólares 8-, los diputados del MAS propusieron un proyecto de ley alternativo que recupera la propiedad de los hidrocarburos y sube los impuestos a las petroleras entre un 18 y un 50%. Esta ley ha sido aprobada en primera instancia por el Parlamento, aunque Mesa prometió vetarla pues la considera "una nacionalización de hecho".

Sin embargo, en Bolivia la recuperación de los hidrocarburos es una bandera no negociable para los movimientos sociales y su representación parlamentaria. Con sus amenazas de renuncia, Mesa apenas ha logrado postergar la definición del conflicto. El principal líder opositor Evo Morales lo ha precisado una y otra vez: "Se tendrá que recuperar la propiedad de los hidrocarburos, por las buenas o por las malas", y ha convocado al movimiento social a movilizarse para lograr este objetivo.

 Una lucha irresuelta

 El otro polo conflictivo, hasta ahora prácticamente irresoluble para Mesa, se ubica en el Oriente, en la petrolera Santa Cruz. Las elites regionales, agrupadas en la Cámara Agropecuaria, Industrial y Comercial del Oriente (CAINCO) y el Comité Cívico, ligadas a la agricultura y al latifundio, tampoco ven con buenos ojos la realización de la Asamblea Constituyente que Mesa todavía tiene en agenda: desde este escenario, dominado por los movimientos sociales y las mayorías populares, se podría llegar a modificar el régimen de la tenencia de la tierra.

Es por eso que a partir del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, las elites empresariales cruceñas reaccionaron inmediatamente tratando de cerrar el paso a los movimientos sociales y a la "izquierda indígena". En noviembre de 2003, el Comité Cívico de Santa Cruz elaboró un manifiesto para refundar la República; como el documento tuvo poco impacto político, las elites cruceñas se replegaron a su región y potenciaron su discurso autonomista. Lo interesante del caso es que los trabajadores y en general los sectores populares cruceños, que históricamente cuestionaron el excesivo centralismo del Estado y los sucesivos gobiernos  -los primeros reclamos datan de principios del siglo XX- rápidamente asumieron al autonomismo como bandera política.

El 25-6-04, unas cien mil personas se movilizan, participan en un cabildo abierto y proponen una agenda autonómica. Posteriormente, el 11 de noviembre del mismo año, Santa Cruz lleva adelante un contundente paro cívico pidiendo al gobierno central que convoque a un referéndum para que la región se pronuncie sobre su autonomía. Puesto que hasta hoy el gobierno de Carlos Mesa no se pronunció formalmente sobre este tema, los cruceños decidieron llevar adelante una autonomía de facto. La reciente crisis, que empezó por la resistencia al gasolinazo y derivó en pronunciamientos secesionistas y en intentos de formar un gobierno provisional autonómico es parte de esa lucha irresuelta.

 Estructuras políticas aisladas

 Desde abril de 2000, fecha en que una insurrección en Cochabamba logró la expulsión de la transnacional Bechtel, que administraba los servicios de agua potable y alcantarillado, el movimiento social boliviano se ha ido potenciando y ha logrado debilitar a los partidos tradicionales, imponiendo una práctica política que se basa en la movilización, la huelga general y el bloqueo de caminos. Es así que los sucesivos gobiernos tuvieron que implementar enmiendas, aunque parciales, al modelo neoliberal. Pero el movimiento social también se organizó en estructuras políticas que, en su momento, participaron exitosamente de procesos electorales: el MAS, del líder cocalero Evo Morales, alcanzó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002. Morales pasó a convertirse en una figura que polariza sin cesar el debate político, mientras los sectores conservadores comienzan a ver en el ex presidente Jorge Quiroga (proveniente de ADN, el partido del dictador de la década del '70, Hugo Banzer Suárez), su última esperanza ante el empuje de la "izquierda indígena".

Sin embargo, no debe pensarse que las cosas son fáciles para el líder del MAS. Si bien ha logrado proyectar un liderazgo sólido en el plano internacional -con un cierto padrinazgo del Partido de los Trabajadores de Lula y del presidente venezolano Hugo Chávez- internamente le ha ocurrido todo lo opuesto. Su partido estuvo ausente en los tres momentos políticos más importantes que vivió Bolivia en los últimos tiempos: la asonada popular del 12 y 13 de febrero de 2003, cuando se derrota el "impuestazo"exigido por el FMI; el 17 de octubre de 2003, cuando el movimiento social derroca a Gonzalo Sánchez de Lozada; y el 10 y 11 de enero de 2005, cuando el pueblo alteño expulsa a la empresa Suez-Lyonnaise des Eaux.

Estos tres hechos trascendentales en la política boliviana fueron impulsados y realizados por movimientos sociales y vecinales urbanos radicalizados a los que el MAS apenas pudo acompañar a la distancia, ya que sigue siendo un partido cocalero y campesino con poca incidencia en las ciudades.

Esta incapacidad de Morales para articular el movimiento social rural y urbano en los momentos álgidos ha repercutido en el desempeño electoral de su partido. En las elecciones municipales de diciembre último, el MAS sólo logró el 18% de los votos (mientras un fuerte caudal provino de las zonas rurales, en las ciudades grandes e intermedias no pudo ganar ninguna alcaldía), una cifra inferior a la alcanzada en las elecciones de 2002, e insuficiente para pretender llegar a la Presidencia.

Históricamente, ningún partido ha podido sobrepasar en Bolivia la barrera del 50%; razón por la cual el sistema electoral contempla la formación de alianzas congresales para posibilitar la formación de un gobierno. Y éste es precisamente uno de los puntos más descuidados por Morales, sistemáticamente renuente a establecer pactos o alianzas políticas con algún otro bloque o movimiento social. De hecho, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTC), liderada por el aymara Felipe Quispe, ha declarado al MAS "enemigo del movimiento social" y en 2003 la COB expulsó a Morales acusándolo de mantener una actitud dubitativa ante las protestas para expulsar al presidente Sánchez de Lozada.

Este aislacionismo del MAS favorece al conservador Quiroga, quien desde el año pasado trabaja en la formación de un frente que aglutine a los retazos de los partidos tradicionales bajo un programa de gobierno conservador, para el año 2007 o antes, si Carlos Mesa renuncia ante la imposibilidad de resolver la crisis.

  1. Ver la declaración del senador Filemón Escobar, en Walter Chávez, "Bolivia, una revolución social democrática", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2003.
  2. Walter Chávez y Álvaro García Linera, "Carlos Mesa, el restaurador", Le Monde diplomatique, edición boliviana, La Paz, enero de 2004.
  3. Mensaje a la nación del presidente Carlos Mesa, 4-1-04.
  4. De acuerdo a un estudio del Centro para el Desarrollo Laboral (Cedla), en 2004 Bolivia destinó el 27% de su PIB al pago de la deuda y este año será el 28%. Ver www.bolpress.com, 20-1-05.
  5. Álvaro García Linera y Pablo Stefanoni, "Refundar la República en Bolivia", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2004.
  6. Mirko Orgaz, La guerra del gas, C&C Editores, La Paz, 2004.
  7. 1 dólar estadounidense equivale a 8,075 bolivianos.
  8. Andrés Solis Rada, "Bolivia: Mesa y las petroleras", www.bolpress.com, 8-11-04.

Otra transnacional expulsada

Chávez, Walter

“El Alto de pie, nunca de rodillas” es una consigna heredada de la llamada “guerra del gas”, de octubre de 2003. El 11 de enero pasado, ese grito volvió a retumbar en el Altiplano cuando un paro general de tres días logró la expulsión de Suez-Lyonnaise des Eaux. Esta transnacional francesa administraba los servicios de agua y alcantarillado en La Paz y El Alto, a través de una subsidiaria denominada Aguas del Illimani S. A. (AISA), en la que también participa, con el 8% de las acciones, el Banco Mundial (BM), a través de su brazo privado, la Corporación Internacional Financiera (CIF).
Suez-Lyonnaise des Eaux llegó a Bolivia en 1997, con las privatizaciones promovidas por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Como el mercado no era lo suficientemente atractivo, el BM se asoció con la empresa francesa, que terminó reemplazando a la estatal Semapa. Pronto los cambios fueron evidentes: en algunos barrios marginales las tarifas subieron hasta en un 600% y los montos por conexión se duplicaron, mientras los nuevos directivos pasaron a ganar de 12.500 a 65.000 bolivianos (unos 10.000 dólares) mensuales 1. Por otra parte, los funcionarios franceses de Aguas del Illimani no escondían su racismo y su desprecio contra los alteños, a quienes consideraban “el peor cliente y el peor usuario del mundo” 2.
Las gestiones del movimiento social alteño para expulsar a la transnacional comenzaron a fines del año pasado, cuando se supo que la empresa había negociado con el gobierno de Carlos Mesa una serie de ventajas que le permitían asegurarse un rendimiento del 12%, aun a costa de dejar sin servicios a los sectores más alejados y empobrecidos de El Alto: así, la meta de 15.000 conexiones para 2004 fue reducida a cero. De acuerdo a denuncias periodísticas –corroboradas con datos oficiales– en El Alto hay cerca de 40.000 familias pobres que llevan alrededor de diez años sin servicios de agua potable y alcantarillado.
El 10 de enero pasado, ante las presiones populares, el viceministro de Servicios y Obras Públicas, José Barragán, declaró: “Hay como 40.000 familias que tienen restricciones para acceder al servicio de agua, el problema con el alcantarillado todavía es un poco mayor, y el contrato, como está formulado ahora, no permite alcanzar a todos los pobladores. Lo mínimo que tenemos que hacer es preguntarles; si ellos (Aguas del Illimani) nos dicen que no quieren atender a esta población porque es pobre, porque no les paga, porque no les resulta rentable y todo lo demás, tendremos que buscar otro operador”.
El gobierno de Carlos Mesa intentó al principio frenar las protestas populares, pero ante la presión de las más de 600 juntas de vecinos de El Alto tuvo que ceder y autorizar la “terminación del contrato de concesión con Aguas del Illimani”, según una carta que el ministro de Servicios y Obras Públicas, Jorge Urquidi, remitió a las juntas vecinales y que luego se convirtió en decreto ley. Así se hacía legal y efectiva la expulsión de la empresa.
Suez y Vivendi-Générale des Eaux son dos grandes multinacionales francesas que controlan más del 40% del mercado mundial del agua, en unos 100 países. Suez opera en China, Malasia, Italia, Tailandia, República Checa, Eslovaquia, Australia y Estados Unidos, entre otros.
El gerente de Operaciones y Planificaciones de Aguas del Illimani S.A., Alberto Chávez, aseguró que su empresa atendió el 97% del área delimitada en el contrato suscripto en 1997 y advirtió al gobierno boliviano que si decidía rescindir el contrato por las presiones populares, la transnacional pediría los resarcimientos del caso en los tribunales internacionales.
En abril del año 2000, la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de la transnacional Bechtel, que se había adjudicado los servicios básicos (agua y alcantarillado) de la ciudad de Cochabamba, también fue expulsada. La empresa acudió a tribunales internacionales y aún mantiene un litigio con el Estado de Bolivia, al que reclama una indemnización cercana a los 25 millones de dólares.
Se prevé que el conflicto con Suez-Lyonnaise des Eaux siga el mismo camino. Según los datos proporcionados por la empresa a los medios de comunicación, la inversión que supuestamente habría hecho en Bolivia supera los 62 millones de dólares. Pero autoridades del gobierno inmediatamente aclararon que, en realidad, las inversiones que esta empresa hizo estuvieron financiadas con créditos otorgados por la cooperación internacional y no con inversiones directas.

  1. Frank Poupeau, “Vivendi y el agua en Bolivia”, Informe-Dipló, www.eldiplo.org, 10-5-02.
  2. Idem.


Autor/es Walter Chávez
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 68 - Febrero 2005
Páginas:10,11
Temas Política, Estado (Política), Consumo, Economía
Países Bolivia