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Un diplomático fuera de lo común

El 10 de diciembre de 2004, Día Internacional de los Derechos Humanos, el embajador argentino en Roma condecoró con la “Orden del Libertador General San Martín” en el grado de Comendador a Enrico Calamai, ex consejero de la embajada de Italia en Argentina. Bajo la dictadura militar Calamai fue vicecónsul y luego cónsul de Italia en Buenos Aires, puesto desde el que contribuyó a salvar numerosas vidas. Texto completo de su discurso, en el que critica la política de su país hacia Argentina en esos años.

Según el decreto presidencial que otorga la condecoración, Enrico Calamai "se había hecho acreedor al honor y al reconocimiento de la Nación Argentina". En efecto, el ex cónsul de Italia en Buenos Aires, en una actitud infrecuente entre el personal consular y diplomático de aquella época, salvó alrededor de cien vidas de personas perseguidas por la dictadura entre 1976 y 1977. El mismo día 10 de diciembre, en Buenos Aires, el presidente Néstor Kirchner entregaba oficialmente los Premios Anuales de Derechos Humanos "Azucena Villaflor de Devincenti", correspondientes a los años 2003 y 2004, al obispo Miguel Esteban Hesayne y a la doctora Olga Aredes, respectivamente 1.

Algunas de las víctimas del terrorismo de Estado a las que Calamai ayudó participaron del acto en la embajada argentina en Roma. El ex cónsul pronunció allí un discurso en el que desarrolla las particularidades del caso argentino, signado por un régimen que perfeccionó "ese círculo que faltaba en el infierno de Dante" (la expresión es de Julio Cortázar): la desaparición sistemática de personas. Sobre su experiencia en la Argentina dictatorial Calamai publicó en junio de 2003 un libro aún no traducido al español 2.

A continuación, el discurso pronunciado por Enrico Calamai:

"En primer lugar quiero agradecer al presidente Kirchner por el alto honor que se me otorga, pero también a los muchos amigos que se ocuparon de que este acontecimiento fuera posible. Es un honor que acepto con emoción y gratitud, convencido de que expresa sobre todo la voluntad política del gobierno argentino de colocar la temática de los derechos humanos en la base de sus opciones en todos los sectores de la vida del país hoy, tanto en el ámbito privado como en la función pública, con especial atención a los problemas de la memoria y la impunidad.

Una política de derechos humanos que se propone concretar la compleja elaboración llevada a cabo por Naciones Unidas a partir de la segunda posguerra, con el intento de poner un freno al sucederse de genocidios y atrocidades que caracteriza a nuestro tiempo, a la medida de su avance tecnológico. Una elaboración acogida por la Constitución Europea, cuyas raíces están en el pensamiento iluminista, pero que ya estaba presente en la tragedia griega, especialmente en Antígona.

En efecto, la problemática de los derechos humanos parece consustancial a toda sociedad humana desde los albores de la historia. Nace de la omnipresente brecha entre vencedores y vencidos, entre individuo, minoría o disenso por un lado y el Creonte de la modernidad, es decir el Estado, por otro. El complejo de normas universalmente reconocidas que constituyen los derechos humanos, no es otra cosa que el intento de la comunidad internacional de intervenir en esta dialéctica constante, poniendo límites a la libertad de acción de los Estados, que especialmente si son democráticos necesitan una legalidad, pero siguen siendo criaturas polimorfas, dotadas de varias cabezas y múltiples brazos, como divinidades orientales, capaces de actuar legalmente y de recurrir, al mismo tiempo, a aparatos paralelos, al secreto de Estado y a sus corolarios de falsas pistas e impunidad. Terminando por demostrar el sustancial antihumanismo de la realpolitik que gobierna todavía tantas de las opciones que nos involucran.

Volviendo al caso de Argentina, la estrategia represiva, el sistemático y paroxístico recurso a la tortura y a la eliminación física de todo posible opositor, aun futuro, fue esclarecida por el proceso de Roma, que culminó en la condena de los militares argentinos directamente responsables de la muerte de 8 ciudadanos italianos. Pero en mi opinión hay todavía mucho que hacer, antes de llegar a una visión de conjunto de las múltiples implicaciones de lo que sucedió en la época del golpe, tanto en lo que hace a las traumáticas repercusiones que tuvo sobre el pueblo argentino como en lo que respecta a las relaciones con los medios y los Estados que colaboraron con los militares argentinos. En especial, en cuanto nos concierne directamente, el rol que desempeñó la política exterior italiana.

La monstruosidad de lo que sucedió en Argentina está en primer lugar en la metodología empleada, un salto cualitativo en la ferocidad de impronta nazi, hasta llevarla más allá de la categoría de lo pensable, volviéndola invisible, irrepresentable, y por consiguiente pasible de ser negada. En efecto, en el centro de Buenos Aires todo parecía continuar con la más absoluta normalidad; el tráfico era el de siempre, eran las mismas las filas ante los cines, los teatros, los conciertos, la ciudad conservaba su vivacidad, aunque ya no su efervescencia cultural. Entre las muchas señales multicolores de una escenografía urbana inmutable, sólo la aparición repentina de los Ford Falcon sin matrícula evocaba, como la aleta de un tiburón, una realidad sumergida de tortura y exterminio. Se sabía y no se sabía lo que sucedía de noche, aquí y en la periferia de la Capital, pero los diarios y la televisión no lo mencionaban. Todo era tan elusivo que quien no era directamente afectado podía negar o minimizar o decir que no sabía para seguir haciendo su vida. Por la misma indescifrabilidad de su operar, era un terror todavía más invasor de la vida individual y colectiva. Hay que evaluar con atención el hecho de que hayan sido tantos los que negaban: demuestra el alcance devastador del trauma al que el Estado sometió al pueblo argentino. Trauma derivado de un terror llevado hasta el resquebrajamiento del mínimo de cohesión social que hace posible la toma de conciencia y la vida política misma de una nación y en cuyo ámbito el exterminio de miles de jóvenes pertenecientes a la generación hoy llamada a gobernar el país era al mismo tiempo padecido e ignorado. Con el resultado del desmantelamiento de los sindicatos y de toda forma de resistencia, de la aplicación de todos los dogmas del liberalismo de la Escuela de Chicago, de la apertura de uno de los países más ricos del mundo en recursos a la inescrupulosidad de las multinacionales, de la aceptación de la corrupción y el saqueo por parte de un pueblo que no atinaba a perseguir los peores crímenes contra la humanidad ni siquiera una vez terminada la dictadura, sólo ocupado en la supervivencia cotidiana, atrapado en la alienación de un sometimiento orwelliano. Existe un hilo rojo que vincula la estrategia llevada a cabo por los militares con los sucesivos estadios de empobrecimiento que atravesó el pueblo argentino. Tuvieron que pasar 25 años antes de que se produjera el estallido catártico de furia popular de diciembre de 2001, y los intentos de reorganización fundante del gobierno actual, a partir del difícil trabajo sobre la dimensión del trauma padecido.

Un trauma inconcebible, que sólo las Madres supieron llevar a la luz desde sus vísceras laceradas, dando vida a la única forma de resistencia que los militares no lograron desarticular. Una resistencia mediática, con el metalenguaje de sus rondas, con fotos y pañuelos blancos, todos los jueves en la Plaza de Mayo.

En efecto, el rol de los medios fue crucial en todo esto. Medios que en el caso chileno permitieron dar a conocer a todo el mundo la violencia ejercida por Pinochet, condenándolo al ostracismo. Pero que resultaron impotentes en el caso argentino, porque la normalidad de la vida en Buenos Aires no ofrecía nada que filmar o fotografiar: no había carros armados, ni bolsones de resistencia, no había detenidos en los estadios, no había cadáveres... sobre todo no había cadáveres, lo cual negaba de raíz la existencia de una actividad represiva de impronta chilena, pero modulada de otro modo. Y no había refugiados en las embajadas, cuya presencia hubiera demostrado iconográficamente la existencia de una invisible cacería humana.

En los hechos, los medios de todo el mundo fueron utilizados para oscurecer lo que sucedía en Argentina. Sucedió también en Italia, a pesar de las excepciones significativas representadas por los artículos de Gian Giacomo Foa para Il Corriere della Sera, o por las corresponsalías televisivas de Italo Moretti, o algunos artículos de L'Unitá, Rinascita, L'Europeo, que sin embargo no lograron rasguñar la generalizada indiferencia de nuestra opinión pública, que parecía focalizar su capacidad de desprecio en el Chile de Pinochet.

Cabe interpretar lo inadecuado de las informaciones como la combinación resultante de la peculiar estrategia represiva adoptada por los militares argentinos por una parte y, por otra, la colaboración de los gobiernos democráticos. Incluso podría decirse que la colaboración, aunque fuera por omisión, de los Estados occidentales, fue lo que permitió a los militares argentinos llevar a cabo su política de exterminio contenida en la modalidad prevista por la estrategia misma.

La cual giraba sustancialmente en torno de la desaparición, una técnica represiva no compatible con la capacidad representativa de los medios, ya entonces predominantemente iconográficos, y precisamente por eso en condiciones de inundar el imaginario colectivo con realidades parciales presentadas como la totalidad de lo real.

Los gobiernos occidentales, que no podían no saber, no denunciaron lo que estaba sucediendo. No se creyeron obligados a desarrollar una acción informativa que supliera la carencia de los medios.

Es típico el caso de Italia, que en esos años veía propagarse la presencia de la P2 en los principales diarios y la televisión, y también en el mundo de las finanzas, la industria y los órganos del Estado, mientras las relaciones comerciales ítalo-argentinas pasaban a través de Licio Gelli, a quien no casualmente los militares argentinos habían designado su asesor comercial en Roma.

La política de Italia con la Argentina de los generales era de doble binario, oficialmente fingía no saber, mientras la P2 entablaba acuerdos informales, sugería opciones, y hacía de modo que se cumplieran a través de sus adherentes a uno y otro lado del océano.

Pero en Argentina Italia tenía una de sus colectividades más grandes en el exterior, inevitablemente afectada en sus representantes más jóvenes, que se encontraban con las puertas de la embajada cerradas.

No es difícil comprender por qué: se privilegiaba el mantenimiento de buenas relaciones con los militares dueños del poder en Argentina, más allá de la perturbación provocada por casos singulares, debido a las presiones de nuestro sistema productivo: permitía importantes ingresos económico-comerciales, contribuyendo a la tasa de crecimiento de nuestra economía, a una mayor ocupación, y en definitiva a una mayor estabilidad política en la óptica de quienes gobernaban. El interés económico y el interés político coincidían: ¿cabía renunciar a eso por un puñado de subversivos?

Es preciso detenerse en esta pregunta, si en un mundo que se ha vuelto al alcance de la mano y al mismo tiempo distante, visible e invisible como la enorme periferia de Buenos Aires, no queremos seguir estando involucrados, aun sin saberlo, o pudiendo decir que no sabemos, en opciones políticas que implican grandes costos en términos de vida y sufrimiento humanos.

Una primera respuesta nos la da el Tribunal Supremo de Casación, que al hacer definitiva la sentencia que condena a los militares argentinos directamente responsables del asesinato de 8 ciudadanos italianos afirma entre otras cosas que el Estado italiano tenía el derecho y el deber de intervenir para tutelar los derechos de los ciudadanos italianos y para brindarles la asistencia necesaria. Insistimos en la pregunta: ¿Fue realmente así? Creo que hoy en esta sala hay personas en condiciones de testimoniar que no fue así. Tal vez después de tantos años nuestros recuerdos nos engañen, pero el hecho es que no hubo ni un connacional refugiado en la embajada de Italia, frente a 15.000 asesinados y 30.000 desaparecidos, y la diferencia entre una categoría y otra, bueno es recordarlo, consiste en el ulterior martirio y la eliminación física a los que fueron sometidos los últimos, con la consecuencia de familias que todavía hoy no procesan lo que les sucedió.

Sé que hay que encontrar una respuesta. Ante todo porque se la debemos al pueblo argentino que ha sufrido y sufre todavía las consecuencias de atrocidades que tal vez nuestros representantes políticos de esa época, además de los exponentes de nuestro sistema productivo, contribuyeron a posibilitar. Porque nos la debemos a nosotros mismos, porque es evidente que si en una época de expansión económica mundial un Estado democrático acepta cerrarle la puerta no sólo a quien está en peligro de muerte y expuesto a sufrimientos atroces por motivos políticos, sino también a sus propios ciudadanos en esas condiciones, entonces no debiera sorprendernos que ese Estado, expresando la misma cultura de poder, en tiempos de recesión mundial y pérdida de competitividad de la propia economía, llegue a participar en aventuras bélicas.

Los Estados son reacios a vérselas con su propio comportamiento pasado porque no quieren atarse las manos para el presente y el futuro. Pero Bélgica lo hizo a través de una comisión parlamentaria que permitió la reconstrucción de cuanto había sucedido en el Congo tanto en tiempos del rey Leopoldo como en los más recientes, sellados por el asesinato de Lumumba. Lo mismo hizo Suiza, a propósito de las cuentas bancarias de las víctimas del nazismo, y algo análogo, aunque con dificultades, intenta el Vaticano a propósito de sus relaciones con el mundo judío. Durante mucho tiempo esperé una solución judicial, pero cómo no pensar que presumiblemente ha pasado demasiado tiempo para poder llegar a una reconstrucción irrefutable de eventuales responsabilidades penales que no se establecieron hace 20 años. Creo que llegados a este punto debiéramos más bien hacer historia, de manera exhaustiva. Y espero que la sociedad civil, junto a las fuerzas políticas que tanto en Italia como en Argentina comprenden la importancia de estas temáticas sepan dar vida a un mecanismo idóneo de reconstrucción de la verdad.

  1. Azucena Villaflor fue la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, posteriormente secuestrada por un grupo de tareas de la Armada. El obispo Hesayne se destacó por la defensa de los derechos humanos bajo la dictadura militar, mientras que Olga Aredes es una destacada dirigente de derechos humanos de la Provincia de Jujuy (sobre Olga Aredes ver Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2004).
  2. Enrico Calamai, Niente Asilo Politico, diario di un console italiano nell´Argentina dei desaparecidos, Editori Riuniti, Roma, junio de 2003.
Autor/es Rodolfo Mattarollo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 68 - Febrero 2005
Páginas:12,13
Temas Ciencias Políticas, Historia, Genocidio
Países Argentina, Italia