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Recuadros:

Debate engañoso sobre el tratado constitucional

Hasta fines de 2006, la gran cuestión europea será la ratificación por los veinticinco países miembros de la Unión del tratado que establece una Constitución para Europa. Se realice por vía parlamentaria o por referéndum, la aprobación de un documento que ostenta semejante ambición debió haber sido precedida por un balance de la acción de la Unión, especialmente respecto de sus socios de África, el Caribe y el Pacífico, y de un análisis exhaustivo de su contenido. Pero no ocurre así. El debate, cuando se produce, soslaya deliberadamente la Parte Tercera de un tratado donde predominan los términos “mercado”, “banco”, “comercio”, “competencia” o “capitales”.

Un espectro planea sobre la ratificación del "tratado para establecer una Constitución Europea" 1, adoptado por los veinticinco países miembros el 18 de junio de 2004, y firmado en Roma el 29 de octubre siguiente. El peligro reside en que no se lo entienda, o -más grave aun- que se lo entienda demasiado bien. Es cierto que un texto de 324 páginas, dividido en cuatro partes, a las que se suman las 460 páginas de los dos anexos, 36 protocolos y 50 declaraciones, alcanza para desanimar al lector común. Y si dicho lector decide comparar esa "Constitución" con la de su propio país, comprobará que es entre 10 a 15 veces más extenso (14,7 veces más en el caso de Francia) lo que contradice las proclamadas intenciones de "acercar Europa a sus ciudadanos".

Si ese ciudadano tipo, deseoso de conocer bien lo que se le pide aprobar, decide dar una primera mirada al texto -como se hojean los capítulos de un libro antes de comprarlo- experimentará inmediatamente un extraño sentimiento: el tratado contiene muchas palabras, a menudo repetidas, totalmente extrañas al léxico constitucional. Si el asunto despierta su curiosidad y si dispone de un buen programa informático, descubrirá -sólo en las cuatro partes del tratado- que "banco" aparece 176 veces, "mercado" 88 veces, "liberalización" o "liberal" 9 veces, "competencia" o "competitivo" 29 veces, "capitales" 23 veces, "comercio" y sus derivados inmediatos 38 veces, "mercancías" 11 veces, "terrorismo" 10 veces y "religión" o "religioso" 13 veces 2

Ninguno de esos términos figura en la Constitución francesa, excepto "comercio", que aparece dos veces, y "religión", una vez. A partir de allí, surge la duda en el aficionado a las palabras: ¿se trata en realidad de una "Constitución" para Europa, que por otra parte le fue presentada como laica, o bien de una serie de párrafos extraídos de los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Carta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los que se les sumó una reverencia a George W. Bush en lo que hace al "terrorismo", y otra al Vaticano, en lo referente a la "religión"?

A partir de eso, se entiende la afirmación sutil -en el espíritu pluralista que es la regla en las radios y la televisión estatales- de una cronista de Radio Francia Internacional el 4 de enero pasado: "La decisión francesa de recurrir a un referéndum puede resultar catastrófica, ya que el rechazo por ese solo país condenaría el proyecto para toda Europa". La cronista evocó a continuación el "indiscutible escalofrío" que generará esa consulta, cuyo resultado aún parece incierto... Efectivamente, el gran inconveniente de una consulta electoral, y muy particularmente de un referéndum, es  que nunca es posible estar seguro del resultado por anticipado. Pues, para entrar en vigor -según su artículo IV-447 que establece como fecha límite el 1° de noviembre de 2006- el tratado debe ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) 3.

Para la ratificación de un tratado existen dos procedimientos, y ello en función de las disposiciones constitucionales de cada país o de la opción de cada gobierno: una votación en el Parlamento o un referéndum. En el presente caso, quince países eligieron la vía parlamentaria, y los otros diez optaron por el referéndum 4. En la primera configuración, y salvo elecciones legislativas inesperadas que pudieran hacer perder el poder a alguno de los gobiernos firmantes, la ratificación está asegurada por anticipado. Ya se concretó en Hungría y en Polonia durante el otoño boreal de 2004.

En cambio, en ciertos Estados donde debe realizarse una consulta popular, la cuestión no está para nada resuelta. Es el caso, siguiendo la cronología prevista, de Francia, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Respecto de Francia, cabe recordar que en 1992 el tratado de Maastricht fue adoptado por escaso margen. Por su parte, Dinamarca directamente lo había rechazado, así como Irlanda rechazó más tarde el tratado de Niza. Como el "no" de esos dos pequeños países fue considerado por los demás como nulo y sin valor, se les pidió a ambos que organizaran un nuevo referéndum con el fin de obtener la única respuesta correcta: el "sí". Cosa que ocurrió.

Esos enojosos recuerdos aún están presentes en la mente de los dirigentes europeos. Y siempre que fue posible -no lo fue en todos los casos- adoptaron las disposiciones necesarias para evitar la repetición de esos accidentes. Todos comprendieron que el mayor peligro residía en que los ciudadanos se apropiaran del contenido del tratado. Así fue como adoptaron una doble estrategia: en primer lugar, guardar el mayor silencio sobre el núcleo del tratado: su Parte Tercera, titulada "Las políticas y el funcionamiento de la Unión", que es donde más abundan las palabras arriba citadas. Con ese fin decidieron presentar una síntesis altamente selectiva del texto, poniendo énfasis en los cambios institucionales y tratando de "desliberalizar" su contenido liberal. En la segunda etapa, una vez que se haya realizado un debate público lo más limitado posible, se repiten consignas simplistas o alarmistas, que enunciadas de maneras múltiples, ofrecen dos versiones: "Yo amo a Europa, y por lo tanto voto ‘sí'", y "Si el ‘no' se impone, Europa se va a quebrar y será el caos".

La utilización de toda esa panoplia no es indispensable en todos lados. En varios países, el consenso existente entre los partidos en el poder y la mayoría de los partidos de oposición, unidos en un gran Partido por el "sí", impide cualquier tipo de debate cuestionador. La opinión pública sólo conocerá la versión publicitaria de la "Constitución". Tal es el caso de Alemania, donde el Partido Socialdemócrata, la Democracia Cristiana y los ecologistas van a votar en bloque para ratificar el tratado en el Parlamento, ya que el gobierno de Gerhard Schröder descartó la posibilidad que existía de enmendar la Ley Fundamental para permitir la organización de un referéndum.

Lo mismo ocurre en España, donde el Partido Socialista y el Partido Popular hacen ambos campaña por el "sí" en el referéndum del 20 de febrero. Sin embargo, en ese caso existe un riesgo: el de un alto porcentaje de abstención, que podría relativizar la victoria anunciada del "sí". Eso explica que José Luis Rodríguez Zapatero haya reclutado a los ídolos de los principales clubes de fútbol -como Zinedine Zidane- para realizar una espectacular operación de "comunicación" en favor de la "Constitución". ¿Acaso esas estrellas van a dejar de lado realmente su entrenamiento físico y mental para dedicarle horas y horas a la lectura y a la comprensión, particularmente estresantes, de las 800 páginas del difícil texto que deben "vender"?  Casi nadie lo cree... La  pelota al pie antes que el tratado en las manos: ¡en España el debate político alcanza niveles altísimos!

Sin futbolistas multimillonarios (aunque...) y por las mismas razones de unión sagrada que en Alemania y en España, los referéndum previstos para los próximos meses en Holanda y Luxemburgo tampoco habrán de generar ningún debate ni deparar la más mínima sorpresa. En ese primer trimestre de 2005 queda sin embargo el caso de Francia, el que más preocupa a las capitales europeas y a la Comisión de Bruselas. Y con razón, pues junto a Bélgica, Francia es desde hace tiempo el único de los países miembros de la UE donde existe debate público sobre la "Constitución", y más generalmente sobre el proceso de construcción de Europa; donde los textos son analizados y puestos en perspectiva por un buen número de partidos y de movimientos.

Muchos de esos actores plantean la cuestión central de dicha construcción: su incapacidad para superar su esencia neoliberal. En ese contexto, la "Constitución" representa el mejor medio para instaurar definitivamente la ley del mercado y de la competencia 5, palabras que -como vimos- figuran 88 y 29 veces respectivamente en el texto original. ¡Pero que no aparecen en la presentación del mismo que hacen los documentos de "información" oficiales! Tanto el cuadernillo editado por la Cancillería francesa, como el folleto simplificado difundido por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas 6 logran una sorprendente proeza: la palabra "mercado" aparece una sola vez, y no hay huellas de "competencia" ni de "capital", cuando en realidad se trata de tres palabras clave de ese tratado, como de los precedentes. Así se sustraen a la atención de los ciudadanos 322 de los 448 artículos del conjunto del documento, precisamente los que componen la citada Parte Tercera, la que se oculta como una enfermedad vergonzosa.

Esa empresa de desinformación desarrollada por las autoridades nacionales y comunitarias, tiene un fuerte apoyo de casi todos los grandes medios de información, a veces de manera caricaturesca. Por otra parte, el diario Le Figaro lo señala con mucha lucidez: "Tal como ocurrió durante el referéndum interno del PS, todos los medios y todos los partidos de gobierno, sin olvidar el establishment económico, harán campaña por el sí" 7. Esa línea editorial es mucho más ostensible en la prensa escrita considerada de centroizquierda que en aquella cuyos lectores votan mayoritariamente por las formaciones de derecha. Para estas últimas, la posición en favor del "sí" de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy y de todo el gobierno Raffarin, sin olvidar evidentemente al Movimiento de Empresas de Francia (Medef), son señales suficientemente explícitas. Por lo tanto no es necesario insistir más, salvo para tratar de desactivar el problema creado por la aceptación de la candidatura de Turquía 8 por parte del Consejo Europeo de diciembre de 2004, que divide profundamente esa fracción de la opinión pública.

La "cuestión turca" del electorado de izquierda, es la "cuestión liberal" realmente inscripta en la "Constitución". Cuando Laurent Fabius -cumpliendo un papel inhabitual para él teniendo en cuenta su itinerario político- violó la ley del silencio sobre ese tema, durante su campaña en favor del "no" dentro del Partido Socialista, fue llamado al orden enérgicamente. El editorial del diario Le Monde titulado "La falta de Fabius" 9 -y recordemos que según Talleyrand una falta es más grave que un crimen- desencadenó una operación de linchamiento mediático del ex Primer Ministro por parte de todos los sectores de la información, de una violencia increíble. Ahora que ese hereje quedó -provisoriamente- fuera de juego, hay que ocuparse de que el electorado olvide que las medidas políticas decididas a nivel de la UE inspiran e impulsan las "reformas" de las jubilaciones, del seguro médico y de la educación; que fomentan las deslocalizaciones de empresas 10; que constituyen la matriz de las "reestructuraciones" y privatizaciones realizadas o previstas de lo que queda de las empresas públicas, y ello bajo la bandera de la "competencia libre y auténtica", etc. 

En síntesis, se trata de hacer creer a los ciudadanos que las políticas liberales, principalmente las de las dos últimas décadas, ya inscriptas definitivamente en la Parte Tercera de la "Constitución", se detendrán en las fronteras de Francia, como en un tiempo se dijo respecto de la nube radioactiva proveniente de Chernobyl. De alguna manera, es afirmar que ese texto será un marco jurídico neutro, a la vez que se nos recuerda que más de dos tercios de las leyes y decretos son la transcripción al derecho nacional de los actos legislativos comunitarios. Actos precisamente decididos en nombre de las disposiciones contenidas en dicho texto... Es ese círculo el que hay que evitar por todos los medios que los ciudadanos logren ver íntegramente.

Hallamos un ejemplo ilustrativo de ese ejercicio de equilibrismo en el reciente debate en la Cámara de Diputados francesa sobre el futuro del Correo estatal 11. Marylise Lebranchu, ex ministra y actual diputada socialista por el departamento de Finistere acusó en esa ocasión al gobierno Raffarin de haber "optado por un claro retroceso del servicio público" -que es lo menos que se puede decir- "haciendo creer que se trataba de la simple transposición de una directiva técnica". La diputada no precisó que esa directiva "técnica", que prevé nada menos que la total liberalización del tráfico postal en 2009, había sido aprobada en su tiempo por otro ministro socialista, Christian Pierret... Y la parlamentaria bretona, militante por el "sí", señala un gran peligro que se sitúa más allá de los asuntos del Correo estatal: "Es esa utilización de Europa la que puede desalentar a la mayoría de los franceses". En realidad, no se trata únicamente de una "utilización", sino también -y sobre todo- de la aplicación pura y simple de decisiones europeas que fueron adoptadas por gobiernos que se autocalifican de socialdemócratas, liberales o democristianos.

Para contrarrestar esa amenaza de "desaliento", que podría tener consecuencias fatales en las urnas, los medios favorables al "sí" que tienen como público a sectores de izquierda o de centroizquierda, iniciaron una operación de desminado en tres terrenos sensibles: la neutralidad ideológica de la "Constitución", los avances sociales que la misma incluiría y los servicios públicos que protegería. Como conclusión de su suplemento titulado "Modo de empleo del tratado", el semanario Le Nouvel Observateur plantea la siguiente pregunta: "¿La constitución europea es social o liberal?", a la que responde: "Ni una cosa ni la otra. Una constitución es un continente y un contenido. Son los dirigentes políticos los que influyen sobre el contenido, y no las instituciones" 12.

Admirable análisis jurídico que da que pensar que sus redactores no leyeron la Parte Tercera, sin embargo la más voluminosa, titulada -cabe recordarlo- "Las políticas y el funcionamiento de la Unión", donde permanentemente se reitera la primacía de la competencia y del mercado. Y ello, hasta el absurdo: en efecto, el artículo III-131 estipula que deben adoptarse todas las disposiciones necesarias para "evitar que el funcionamiento del mercado interno se vea afectado por las medidas que un Estado miembro pueda verse obligado a tomar en caso de agitación interna grave que afecte el orden público, en caso de guerra o de tensión internacional grave que represente una amenaza de guerra". Es decir, que durante la guerra, los negocios seguirán su curso normal...

En el mismo suplemento, Le Nouvel Observateur indica que "la principal innovación concierne al reconocimiento de los derechos sociales" en la Parte Segunda del tratado, titulada "La Carta de los derechos fundamentales de la Unión". En realidad, esos derechos no tienen de "fundamentales" más que el nombre. Sin contar que su contenido representa un retroceso respecto al derecho nacional vigente en muchos países 13 -allí se habla del "derecho a trabajar" y no del derecho al trabajo; del "acceso a las prestaciones de la seguridad social y a los servicios sociales", lo que supone la existencia previa de los mismos, y no del derecho a la seguridad social y a los servicios sociales, etc.- su terreno de aplicación está estrictamente circunscripto: es decir, que comprometen a los Estados y a las instituciones europeas "únicamente cuando éstos aplican el derecho de la Unión" (artículo II-111).

Por otra parte (artículo II-122-2), esos derechos sólo son reconocidos "en las condiciones y límites" de las otras partes de la Constitución. Para que las cosas sean perfectamente claras, el mismo preámbulo de esa Carta establece -por si alguien lo hubiera olvidado- cuáles son esas "condiciones y límites", especificando que la Unión "garantiza la libre circulación de las personas, de los servicios, de las mercaderías y de los capitales, al igual que la libertad de establecimiento". Sin dudas es la única Carta "social" del mundo que subordina explícitamente los derechos sociales a los imperativos de movilidad internacional del capital y del librecambio.

Queda por ver la cuestión, particularmente delicada en Francia, de los servicios públicos. En su "quiz" de presentación del tratado 14, el diario Libération pregunta: "¿El modelo económico elegido por la Constitución es una amenaza para los servicios públicos?", y responde: "Falso". Sin embargo, la respuesta correcta es: "Verdadero". Uno de los periodistas justificará la posición del diario explicando que "el tratado constitucional aporta una base jurídica para adoptar una ley-marco europea horizontal (es decir, aplicable a todos los servicios públicos) lo que no era el caso hasta ahora" 15. Es correcto (artículo III-122), salvo que, por un lado, los tratados previos no impedían para nada que se adoptara una directiva de ese tipo si la Comisión -que tiene mucha imaginación para dotarse de bases jurídicas cuando las necesita-  se lo proponía a los Estados miembros; y por otro, que la existencia de esa posibilidad no garantiza que vaya a ser utilizada.

Y si por ventura así ocurriera, habría que ver en qué contexto y con qué perspectivas. En primer lugar, el tratado no habla de "servicios públicos" sino, como los dos precedentes, de "servicios de interés económico general" (SIEG), denominación impuesta por la Comisión, empecinada en neutralizar la carga simbólica de la palabra "público". En todo caso, se los evoca como "servicios a los cuales, dentro de la Unión, todo el mundo atribuye un valor", mientras que el tratado de Amsterdam de 1997 los reconocía como "valores" a secas. Matiz nada despreciable. Además, los SIEG están sujetos a las reglas de la competencia (artículo III-166) salvo -y ése es el único y muy modesto "avance"- que esas reglas impidieran "la materialización de hecho o de derecho de la particular misión que tienen a su cargo".

Sin embargo, esa protección es muy frágil, por cuatro razones. En primer lugar, los SIEG son considerados como excepciones a la norma superior de la competencia, y será a la defensiva -pues deben aportar la prueba- que los gobiernos deberán promoverlos. En segundo término, el artículo III-167, al cual los SIEG están también sujetos, prohíbe las subvenciones públicas que "falsean o amenazan con falsear la competencia". Por otra parte, la Comisión tiene el monopolio de una eventual proposición de directiva. Al respecto, la comisaria encargada de la Competencia, Neelie Kroes, ya dio el tono durante su audiencia ante el Parlamento Europeo, precisando que los servicios públicos no constituyen "intereses en sí mismos", y que "lo que se procura es estimular la economía europea" 16. Una declaración sin dobleces. Por último, las decisiones del Consejo sobre una eventual directiva respecto de los SIEG al estilo Kroes, serán adoptadas por mayoría calificada y en codecisión con el Parlamento europeo, lo cual -teniendo en cuenta las actuales relaciones de fuerza- no incita al optimismo.

La evocación de esos hechos y de esos textos -y podrían citarse decenas de otros- permite hacer añicos las afirmaciones anestésicas de quienes pretendan que la "Constitución" tendrá una dimensión "social". En efecto, no alcanza con invocar -a pesar de que no sea desdeñable- los principios generales, y a veces generosos, presentados en los preámbulos y en la enunciación de los valores y objetivos de la Unión, si su aplicación se posterga hasta las calendas griegas. Es necesario examinar con lupa las políticas concretas actualmente en vigor, que el tratado tiene por misión de "constitucionalizar", es decir, de hacerlas muy difícilmente reversibles. Se trata de un texto que no gana al darse a conocer, y se entiende perfectamente que sus partidarios en general se nieguen a debatirlo punto por punto, prefiriendo aferrarse a consideraciones difusas y vacías de contenido. Sin embargo, les queda aún un arma temible, teniendo en cuenta su posición dominante desde el punto de vista mediático: demonizar los argumentos adversos.

Lo más chocante, desde el punto de vista de la simple honestidad intelectual, es que se agite el espantapájaros de una "vuelta al calamitoso tratado de Niza", cuando ese texto rige a la UE desde el 1° de mayo pasado (ver recuadro en pág. 15) sin provocar ninguna catástrofe mayor... Segundo argumento falaz: la victoria del "no" en uno o en varios países paralizaría a Europa. En realidad, la Europa del "día después" del referéndum sería como la del "día antes", pues seguirían aplicándose todos los textos, incluido el tratado de Niza. Sólo quedaría renegociar un nuevo tratado, más aceptable, y con todo el tiempo necesario para ello, pues no hay ningún apuro.

Sí, pero -responden quienes sostienen la teoría del caos comunitario- los gobiernos no aceptarán volver a negociar... Evidentemente, lo que ocurrirá será todo lo contrario, pues los gobiernos tienen absoluta necesidad de un nuevo tratado para que la UE funcione sin demasiados problemas con 25 miembros, dado que las reglas actuales son las que se crearon para una Comunidad de seis integrantes. Ello significa que sólo será sometida a ratificación la Parte Primera de la actual Constitución, la que -fundamentalmente- fija las reglas de la estructura institucional. Nadie saldrá perdiendo con la desaparición de la Parte Segunda, que no crea ningún nuevo derecho social digno de ese nombre, y pocos lamentarán que se deje de lado el manifiesto liberal que forma la Parte Tercera.

Si en Francia el Presidente de la República convoca a los electores para que digan "sí" o "no" a un texto, cabe suponer que ambas respuestas son plenamente válidas, y que ninguna de ellas pone en peligro a la República ni a la Unión. De lo contrario, sería irresponsable y hasta ilegal organizar semejante consulta... Por lo tanto, es a cubierto de cualquier tipo de extorsión y de todo intento de manipulación que cada ciudadano deberá -con el texto en sus manos- formarse su opinión, antes de depositar su voto en la urna.

  1. Sobre la ambigüedad del término "Constitución", ver Anne-Cécile Robert, "Golpe de Estado ideológico en Europa ", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2004.
  2. Ese cálculo fue realizado por Alain Lecourieux, miembro del Consejo científico de la asociación Attac.
  3. Sin embargo, es de creer que se impone la incertidumbre, pues la Declaración N° 30 anexa al tratado, indica que "si, al cabo de dos años de la firma, sólo el 80% de los Estados miembros lo han ratificado, el Consejo Europeo tomará cartas en el asunto". Lo que, prudentemente, deja abiertas todas las posibilidades...
  4. En el orden actualmente previsto: en 2005, España el 20 de febrero; Holanda y Francia durante el primer semestre; Luxemburgo en julio. En 2006: Reino Unido en marzo; República Checa en junio.  Portugal, Dinamarca e Irlanda aún no fijaron fecha.
  5. "Une Constitution pour sanctuariser la loi du marché", Le Monde diplomatique, París, enero de 2004.
  6. Respectivamente, Constitución para Europa. Modo de empleo (45 páginas) y Una Constitución para Europa (16 páginas).
  7. Le Figaro, 31-12-04.
  8. Ignacio Ramonet, "Turquía", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2004.
  9. Le Monde, 11-9-04.
  10. El comisario europeo para la Industria, Günter Verheugen, acaba de declarar: "Estamos en un proceso imposible de detener". (Le Monde, 6-1-05). Lo que habla a las claras sobre su voluntad...
  11. Le Monde, 20-1-05.
  12. Suplemento publicado por Le Nouvel Observateur, París, edición del 30-9 al 6-10-04.
  13. Anne-Cécile Robert, "Une charte cache-misère", Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2000.
  14. "UE: que savez-vous de la Constitution? ", Libération, 7-10-04.
  15. Libération, 22-10-04.
  16. Le Figaro, 29-9-04.

Ese “calamitoso” tratado de Niza…

Cassen, Bernard

“El mejor texto europeo que se firmó desde la existencia del Mercado Común” afirmaba sobriamente Jacques Chirac en diciembre de 2000, poco después de la adopción del tratado de Niza. Ahora, para poder hacer campaña por el “sí”, los mismos que firmaron ese texto –el Presidente de la República y los ministros del gobierno Jospin–no hacen más que criticarlo. El adjetivo más habitual es “calamitoso”... ¿Dónde está la calamidad? La misma se situaría en los procedimientos de votación por mayoría calificada sobre la base de tres criterios acumulativos, a partir de una ponderación de votos que va de 29 para los Estados con mayor población hasta 3 para Malta: una mayoría de Estados miembros, un número de votos favorables de 72,3%, con la posibilidad de un recurso si la mayoría calificada representa menos del 62% de la población de la Unión Europea.
El tratado constitucional (artículo I-25) define la mayoría calificada como un mínimo de 55% de los Estados, que a la vez deben representar al menos el 65% de la población de la UE. Pero alcanza con cuatro Estados para formar una minoría de bloqueo. Por otra parte, si el Consejo no estatuye sobre una proposición de la Comisión o del ministro de Relaciones Exteriores, la mayoría calificada pasa al 72% de los Estados que representen al menos el 65% de la población de la UE. ¡Después de todo no hay un abismo entre las disposiciones de los dos tratados sobre ese punto!
El tratado constitucional introduce sin embargo innovaciones institucionales importantes, entre ellas: un presidente del Consejo Europeo elegido por dos años y medio; un presidente del Consejo de ministros “por equipo” de tres países por un período de 18 meses; la creación de un puesto de ministro de Relaciones Exteriores, que sería también vicepresidente de la Comisión; una importante ampliación de los poderes de codecisión del Parlamento Europeo; un embrión de capacidad de control de los Parlamentos nacionales, etc. Todo eso, que habitualmente forma parte de una Constitución, es digno de ser tenido en cuenta. Si el tratado se hubiera limitado a eso, no hay dudas de que la ratificación hubiera planteado menos problemas. Pero los gobiernos insistieron para que al mismo tiempo se “constitucionalizaran” las políticas liberales de la Parte Tercera...
¿Existe un riesgo de un regreso al tratado de Niza? No, dado que desde el 1° de mayo de 2004 la Unión Europea ya funciona en el marco de sus disposiciones, ¡y nadie se dio cuenta! Esa situación va a durar mucho tiempo. Si se adopta el tratado constitucional, en el mejor de los casos recién tendrá vigencia en noviembre de 2006. Una disposición clave del tratado de Niza –la asignación de un comisario por país– recién será modificada en 2014, fecha en la cual los efectivos del Ejecutivo de Bruselas serán reducidos a un número equivalente a dos tercios de la cantidad de Estados miembros.
¿Es razonable dar muestras de catastrofismo invocando la “calamidad” del tratado de Niza, de la que los inocentes ciudadanos no habían tomado conciencia?


Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 68 - Febrero 2005
Páginas:14,15,16
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Ciencias Políticas, Política, Justicia Internacional, Unión Europea