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Acuerdos leoninos impuestos a África

El 23 de junio de 2000, la Unión Europea (UE) y 77 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) firmaron la Convención de Cotonou, un típico texto de las iniciativas de la UE de los últimos quince años. Detrás de un discurso humanista, solidario y generoso, se perfilaba una Europa punta de lanza de la mundialización neoliberal, que imponía sus ideas a aquellos a quienes supuestamente brindaba su ayuda 1.

Esto no fue siempre así. En 1963, con la firma de la Convención de Yaundé surgió el primer acuerdo entre la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y 18 Estados africanos y malgache asociados. La Convención trataba sobre el comercio, con preferencias arancelarias no recíprocas en favor de los productos de dichos países, la cooperación financiera y técnica y, sobre todo, proyectos de infraestructura económica y social. En 1975, impulsada por el comisario europeo Claude Cheysson, se firmó la primera Convención de Lomé con un grupo de ex colonias agrupadas bajo el acrónimo ACP (África, Caribe, Pacífico).

Basada en la alianza y la solidaridad, esta Convención involucraba a 46 países y contaba con una secretaría en Bruselas. Lomé I establecía preferencias arancelarias no recíprocas para las exportaciones ACP a la CEE, y un mecanismo de "estabilización de las exportaciones", llamado Stabex, que apuntaba a compensar el déficit de los ingresos de las exportaciones generado por la fluctuación de los precios en los mercados mundiales. El acuerdo incluía protocolos favorables a las exportaciones ACP en sectores como el azúcar, la carne bovina y la banana. Financiaba infraestructuras y programas agrícolas. En 1979, 58 países firmaron Lomé II, que incluía el Sysmin, un Stabex adaptado a los productos mineros.

De 1984 a 1995 se sucedieron las Convenciones Lomé III, IV y IV bis, que abarcaron finalmente a 70 países. Poco a poco, los acuerdos se impregnaron de las teorías neoliberales emergentes. El respeto a los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el apoyo al desarrollo del sector privado se convirtieron en condiciones impuestas a los países ACP. Para guardar las formas, la UE incluyó el respeto de los derechos humanos.

 El dogma del crecimiento

 Tras la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, la necesidad de "insertarse en la economía mundial" se convirtió en prioridad. En 1996, la Comisión Europea decidió contemplar el final de la Guerra Fría, la creación de la OMC, el impacto de los conflictos y las catástrofes naturales y el contexto institucional interno de los países ACP. Propuso la negociación de una nueva convención, que se firmaría cuatro años más tarde en Cotonou.

Europa prefirió imponer las reglas de la OMC a los países ACP en vez de asociarse a ellos para tornarlos más equitativos. Decidió que los países menos adelantados (PMA) de la zona ACP (40 de 77) perdieran las exenciones que les concedían las reglas de la OMC cuando no firmaban acuerdos de librecambio 2. Las preferencias arancelarias no recíprocas debían desaparecer. En efecto, no eran compatibles con las reglas de la OMC que imponían la reciprocidad: los países ACP debían abrirse a los productos europeos de la misma manera que el mercado comunitario se abría a los productos ACP. Se eliminaron el Stabex y el Sysmin.

Para lograr sus objetivos, la UE impuso la división de los países ACP -demasiado propensos a aliarse en las negociaciones internacionales- en zonas con las que negociaría separadamente acuerdos de librecambio denominados "Acuerdos de Cooperación Económica Regionales" (APER) compatibles con los acuerdos de la OMC. La Unión financiaría programas en tres sectores: apoyo a los planes de ajuste estructural, apoyo al diálogo social e integración regional en el seno de las zonas creadas para los acuerdos de cooperación.

Cotonou reflejó un cambio radical: se pasó del respeto de la soberanía al dogma del crecimiento, que favorecería un mercado libre de obstáculos para la competencia. Se confirmó la primacía de las reglas internacionales del comercio y las finanzas. Así, el artículo 36 impuso la compatibilidad de todo acuerdo con las desregulaciones pretendidas por la OMC; el artículo 41, la liberalización de los servicios en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); el artículo 46, la aplicación de las disposiciones sobre las patentes incluidas en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC; el artículo 67, el respecto de los planes de ajuste estructural del FMI.

La UE ejerció toda su influencia para obtener un acuerdo a su conveniencia. Lo confirma Séverine Rugumamu, profesora de la Universidad de Dar es-Salaam, "dado que posee recursos institucionales y económicos intrínsecamente superiores, la UE está en condiciones de incidir en el orden del día de las negociaciones y definir los criterios de cooperación en el sentido que quiera" 3. Desde luego, Cotonou no puso en tela de juicio las cláusulas de salvaguardia y los mecanismos proteccionistas que los europeos se concedieron, particularmente en materia agrícola. Algo que lamenta un informe de la ONU: "Los países desarrollados consideraron que valía la pena proteger un 3% a un 4% de la población activa de los perjuicios de la inestabilidad y de la baja tendencial de los productos básicos, oponiéndose a la utilización de instrumentos análogos para proteger un 70% a un 80% de la población de los países en vías de desarrollo mucho más pobres, cuyo único medio de subsistencia es la agricultura" 4.

Las negociaciones sobre los APER comenzaron en septiembre de 2003. Desde su inicio, la Comisión, único negociador en nombre de los Estados miembros de la Unión, impuso su idioma, el contenido y el ritmo, pese a las protestas de los gobiernos ACP. Los documentos se redactan en inglés, y las discusiones se llevan a cabo en ese idioma. Pero los países involucrados de África, que representan el 94% de la población ACP, tienen, en su gran mayoría, el francés como lengua de relación. No era extraño, según los diplomáticos africanos, que los negociadores europeos apresuraran decisiones, cuando sus interlocutores ACP francófonos recién acababan de recibir de sus colaboradores la traducción de los documentos sobre los que debían pronunciarse. La UE consideraba despreciable que el idioma oficial de 20 de los 48 Estados africanos fuese el francés. ¿Cuánto pesa la francofonía cuando están en juego las ganancias de las empresas francesas?

Con un notable sentido de la solidaridad, los gobiernos ACP reclamaban un acuerdo marco válido para todos, previo al inicio de las negociaciones por separado de los APER. En vano. Actualmente, la Comisión trata a la secretaría ACP como una "estructura endeble para el intercambio de información con vistas a asegurar la coherencia a nivel Europa-Grupo ACP" 5. Dividió a este grupo en seis regiones: África Occidental, África Central, África Oriental y Cuerno de África, África Meridional, Caribe y Pacífico. Esta división arbitraria no se correspondía con las organizaciones regionales existentes y no fue propuesta por los principales interesados, obligados finalmente a aceptar las imposiciones europeas. Desde septiembre de 2003, la UE negocia separadamente con cada una de las seis regiones.

 Operar con total libertad

 Para la Comisión, no era cuestión de tratar a los países ACP como socios, sino de organizar su competencia según la fórmula en adelante consagrada, "integrarlos al comercio mundial". Las negociaciones apuntaban a reemplazar los mecanismos de solidaridad de las Convenciones de Lomé por la competencia económica y comercial orquestada por la OMC. Cotonou obligaba así a economías poco desarrolladas a enfrentar en pie de igualdad a las empresas de los países más ricos. La visión del mundo que propaga actualmente la UE, a semejanza de Estados Unidos, se organiza en torno a la idea dominante de competencia.

Los países ACP insistían en que "las reglas existentes de la OMC no tienden a favorecer la implementación de estrategias de desarrollo coherentes en los países ACP, y deben adaptarse teniendo en cuenta sus situaciones y sus intereses específicos" 6. A la Comisión no le importó. Exigió especialmente la estricta aplicación del AGCS, en particular de lo que en la jerga se denomina "modo 3", es decir, la eliminación de las restricciones a las inversiones en el área de los servicios, cuando el volumen de las inversiones destinadas a los países ACP, en 2000, representaba sólo el 1,5% del total mundial. Se trataba, de hecho, de prohibir a estos países que ellos mismos eligieran a los inversores extranjeros y definieran qué tipo de sociedad querían construir.

Además, la UE se esforzó por imponer durante estas negociaciones lo que, en tres campos, no pudo lograr en el marco de la OMC:  primero, la competencia, cuyo carácter "libre y no distorsionado", según una expresión digna del tratado constitucional europeo, es preciso asegurar; segundo, los mercados públicos, donde pretendía que empresas extranjeras y empresas nacionales fueran tratadas en pie de estricta igualdad; y finalmente, las inversiones, donde reclamaba una desregulación de los regímenes vigentes en la mayoría de los países ACP.

Para justificar sus exigencias, la UE insistió con el discurso de los grupos de presión patronales, según el cual las desregulaciones favorecerían las inversiones. Este discurso ya no es creíble: los estudios sobre los cientos de acuerdos bilaterales que incluyen las cláusulas reclamadas por la UE se multiplican, y todos relativizan el impacto de dichas desregulaciones sobre los flujos de inversiones 7. Incluso el Banco Mundial se ve obligado a reconocer que "el análisis de veinte años de flujos de inversiones extranjeras directas de los países de la OCDE a países en vías de desarrollo no demuestra que los acuerdos bilaterales sobre inversiones hayan generado inversiones adicionales" 8.

Pero poco importa. Las empresas europeas quieren operar con total libertad allí donde invierten, y obtener el máximo beneficio de la falta de exigencias salariales, legislación social y restricciones ambientales. A su brazo secular, la Comisión, se le pidió insistir en esto. Más aun cuando, en estas cuestiones, sufrió un duro fracaso durante la última conferencia ministerial de la OMC celebrada en Cancún en 2003. A pesar de la reiterada negativa de los países africanos de tratar estos temas 9, y haciendo uso, en las negociaciones APER, de una relación de fuerzas que le era más favorable que en la OMC, la Comisión se esforzó en imponerlos a los países ACP tras haberlos dividido.

El 21 de junio de 2004, en Maputo (Mozambique), cientos de asociaciones ciudadanas africanas, invitadas por Third World Network Africa, una de las redes altermundialistas más activas, aprobaron la "Declaración de Maputo". Verdadero documento fundacional de la resistencia africana a la recolonización a través de un librecambio que impide toda estrategia de desarrollo autónomo, denuncia a los APER como un instrumento de la dominación europea sobre los mercados emergentes; como una agresión al derecho a la autodeterminación y a la soberanía sobre los recursos y las facultades de los Estados; como una intención de exacerbar las tensiones entre subgrupos africanos, y como una negación de las preocupaciones legítimas de los gobiernos africanos que reclaman un cambio de las reglas de la OMC. Llama a un cambio radical de las relaciones entre Europa y los países ACP basado en un principio: la emancipación de los pueblos africanos debe ser su propia obra.

  1. La ayuda asciende a 13.500 millones de euros para el período 2000-2007.
  2. Grupo de Investigación para una Estrategia Económica Alternativa (GRESEA), EPA ou PAS? Introduction critique aux Accords de partenariat économique, Bruselas, 2004.
  3. Séverine Rugumamu, "Le nouvel accord de partenariat entre les ACP et l'Union européenne ne résout pas tout", Coopération Sud, N° 2, PNUD, Nueva York, 2000.
  4. "Le développement économique en Afrique. Résultats commerciaux et dépendance à l'égard des produits de base", Informe de la CNUCED, Ginebra, 2003.
  5. Comunicado de la Comisión Europea del 21-10-04.
  6. Secretaría ACP, "Négociations ACP-UE des AP. Points de convergence et de divergence", ACP/61/113/03 Rév. 1, Bruselas, 28-09-03.
  7. African Development Bank, International Investment in Africa: Trends and Opportunities, Abiyán, 2001; Ajit Singh, Foreign Direct Investment and International Agreements. South Centre, Ginebra, 2001; CNUCED, A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations, CNUCED, Ginebra, 2000; Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries 2003: Investing to Unlock Global Opportunities? Banco Mundial, Washington DC, 2003.
  8. Mary Hallward-Driemeier, Do Bilateral Investment Treaties Attract FDI?, Banco Mundial, Washington DC, 2003.
  9. Especialmente por la Declaración de Dakar de los ministros de Comercio de los países menos avanzados (5 de mayo de 2004), la Declaración de Kigali de los ministros de Comercio de la Unión Africana (28 de mayo de 2004) y la Declaración de Grande Baie de los ministros de Comercio de los países ACP (11 de julio de 2004).
Autor/es Raoul-Marc Jennar
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 68 - Febrero 2005
Páginas:16,17
Traducción Gustavo Recalde
Temas Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Nueva Economía, Política, Geopolítica, Movimientos Sociales, Unión Europea, Política internacional