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Una oportunidad para municipalizar el servicio

El proceso de privatización del agua en la provincia de Santa Fe, Argentina, con sus implicancias de alza de tarifas, incumplimiento de inversiones y obras pactadas, responde al esquema de Aguas Argentinas en la Ciudad de Buenos Aires y a la pauta seguida a escala mundial por las multinacionales de gestión del agua que impusieron su tendencia en la década de 1990. Propuestas para recuperar una gestión estatal.

"He llegado a creer que las

preguntas nunca están equivocadas, sino las respuestas. También creo,

sin embargo, que no preguntar

es la peor respuesta de todas..."

Zygmunt Bauman

 A comienzos del pasado mes de febrero el gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, se alineó con el presidente Néstor Kirchner en su confrontación con la empresa Aguas Argentinas, haciéndose eco también de la posibilidad de rescindir el contrato con la concesionaria y de promover la creación de una empresa provincial.

Se trata del contrato de servicios de agua potable, desagüe cloacal y pluvial que tiene la provincia de Santa Fe con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (APSFSA) (perteneciente al grupo Suez-Lyonnaise des Eaux, igual que Aguas Argentinas S.A.). Esta prestataria privada ha incumplido con las inversiones que tenía que realizar, esto es, no ha realizado las obras comprometidas en la licitación pública que ganó el 27 de noviembre de 1995 y que suscribió la concesión el 5 de diciembre del mismo año.

En consecuencia, el 40% de la ciudad de Rosario no tiene servicio cloacal, con los riesgos sanitarios y ambientales que esto implica para la población de las zonas afectadas por la falta de servicio. Se suma a ello el perjuicio económico derivado entre otras cuestiones de los gastos fijos que significa para los vecinos vaciar una o dos veces por mes la acumulación de fluidos cloacales en pozos ciegos en esos barrios. En 1930 la ciudad de Rosario, con 356 mil habitantes, contaba con el 80% del servicio de desagüe cloacal 1; actualmente, con más de 1 millón de habitantes, presenta gravísimas falencias sanitarias de agua y cloacas, a pesar de ser la ciudad que aporta en la provincia el 60% de la facturación y 375 mil clientes para Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la red de agua potable y cloacas llega a una cobertura del 100% 2.

El contrato de concesión con Aguas Provinciales 3 establecía que para el 2005 debían haberse completado las obras cloacales faltantes. Las inversiones a realizar para cloacas en la ciudad de Rosario, la más importante de la provincia y una de las principales del país, son de aproximadamente 90 millones de pesos.

De Dipos a Aguas Provinciales 

El 12 de diciembre de 1994, la ley 11.220 privatizó la Dipos (Dirección Provincial de Obras Sanitarias) de Santa Fe. La empresa adjudicataria se obligaba a realizar inversiones por 1.200 millones de pesos, sin abonar canon alguno, con una concesión de 30 años. La Dipos era una entidad estatal provincial, deficiente pero no deficitaria, que llegaba a facturar anualmente alrededor de 70 millones de pesos y en el período 1992-1994 mostraba un superávit de 5 millones de pesos por año 4; a pesar de lo cual evidenciaba incapacidad para extender los servicios sanitarios de agua potable, de desagües cloacales y pluviales, tanto en Rosario como en el resto de las ciudades de la provincia. Para poder privatizar, el gobierno provincial diseñó el mismo modelo aplicado a otras empresas del Estado: no realizó las inversiones que necesitaba la Dipos 5, de manera que a su deficiencia original (clientelismo político y espacio cautivo de disputa de cargos) se sumó la consiguiente a la desinversión.

Para fundamentar la privatización en el año 1994, el ingeniero Roberto Gayá, por entonces director de la Dipos bajo la gobernación de Carlos Reutemann, y uno de los impulsores del proceso, alegaba que pasando a manos privadas la prestación de los servicios sanitarios iban a mejorar su calidad, disminuir sus precios, y se asegurarían las inversiones pertinentes amplificando el servicio de agua y cloacas a todos los habitantes de las 15 localidades concesionadas (Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Funes, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Firmat, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Esperanza, Gálvez y Reconquista).

La realidad lo desmentiría: no se realizaron las inversiones legales establecidas, el servicio es de mala calidad, la tarifa no sólo no se abarató sino que aumentó un promedio de más del 20% respecto a la de Dipos.

Es fácil reconocer a través de estos datos el esquema privatizador iniciado a comienzos de la década de 1990 por Aguas Argentinas S.A., cuyos pasos consistieron en: oferta de tarifas bajas para ganar la licitación, luego renegociación para aumentar las tarifas, y legalizar incumplimientos de inversiones y por ende de obras, contando para ello con la desidia y negligencia del Estado de la provincia de Santa Fe y de su ente regulador:  Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe (ENRESS). Estos paradigmas de privatización son tan discutibles, que aun los privatistas convencidos y honestos los repudian.

A meses de haber ganado la licitación, en 1996-1997, la empresa comenzó a reclamar un aumento de sus ingresos, por medio de la actualización catastral de los usuarios. En efecto, en la provincia de Santa Fe a la gran mayoría de los usuarios se le cobra la tarifa por metro cuadrado de superficie: a más extensión mayor tarifa. Como el registro de superficie de propiedades estaba desactualizado, su actualización hizo que la empresa incrementara las tarifas. Durante 1997, la empresa empezó a realizar cortes diarios de agua a algunos morosos, cosa que la Dipos no hacía. Por ejemplo, el 30 de octubre de 1997 6 provocó 28 cortes de agua a deudores morosos y 29 mil intimaciones previas al corte, con el doble fin de cobrar sus deudas y sembrar el miedo entre el resto de los usuarios. Claro que los cortes diarios de agua por falta de pago eran muchísimos más que los corroborados por los medios periodísticos y los dichos de la empresa. Este accionar empresarial vulneraba derechos humanos esenciales. En mayo de 1999 logró un aumento tarifario del 13,85%, que supuestamente se destinaba a obras que no se completaron, adeudando de dicho monto unos 28 millones de pesos 7.

La ley 11.220, madre de la privatización en Santa Fe, vulnera la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley orgánica de Municipalidades nro. 2756. En los años 1994-1995 se llevaron a cabo acciones legales tanto de amparo como de intereses ciudadanos en contra de esta privatización, para que se respetara la ley. No se respetó la participación de las municipalidades; originarios titulares históricos de los servicios sanitarios, como lo fue Rosario hasta 1948 cuando pasó a Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) quedaron sin indemnización alguna; no se respetó tampoco la participación de la ciudadanía para proteger sus derechos de acuerdo con el artículo 42 de la Carta Magna y la ley 24.240 de usuarios y consumidores en el ENRESS, y por último no se respetaron los paradigmas de salubridad establecidos internacionalmente en los servicios sanitarios. En el presente, la situación se agrava, con la falta de agua potable en localidades de la provincia y en barrios de Rosario, por falta de presión. Otro incumplimiento más de la empresa del grupo Suez 8.

El gobierno provincial ha planteado que su estrategia con APSF SA, está subordinada a la del gobierno nacional del presidente Néstor Kirchner respecto de Aguas Argentinas S.A. Esta combinación es positiva si se la diseña a favor de los usuarios, pero negativa si, como parece ser el caso, se la usa para justificar la realización de dos fondos fiduciarios, para concretar las obras que estas empresas incumplieron. Esto significaría obligar a los usuarios a pagar dos veces. Al decir de Julio Cortázar, estas empresas no nos perdonan lo que nos deben.

Ante este paisaje conflictual, el Estado provincial tiene la obligación de romper con la inercia de años de no haber ejercido un control eficiente y eficaz sobre la prestataria, y fundamentalmente tiene que garantizar que las obras se realicen inmediatamente, sin afectar las tarifas.

Propuestas

Se abre una gran oportunidad para la solución creativa del problema, a través de las siguientes propuestas:

1) Municipalización de los servicios sanitarios: el poder tiene que volver a los municipios, que son los titulares originarios, con sobrados títulos legales e históricos, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Nacional. Esto independientemente de que la ejecución del servicio esté en manos del Estado Municipal, o en el tercer sector asociativo (asociaciones civiles sin fines de lucro, sociedades civiles o cooperativas) o en el sector privado, sin perjuicio de que estas figuras jurídicas sean combinables. La municipalización de los servicios no es sinónimo de estatización. Municipalizar significa recuperar la titularización de los servicios sanitarios, dejando en espacios públicos estatales o no estaduales la prestación efectiva de los servicios sanitarios. Todo ello con una fuerte gestión social comunitaria.

2) Constitución del respectivo Ente Regulador de Protección del Usuario, con participación decisiva, relevante y obligatoria de la ciudadanía en su directorio. La finalidad principal de este Ente debería ser proteger y promover los derechos del ciudadano usuario de los servicios sanitarios. Los representantes de los ciudadanos deberían ser elegidos por el voto de la sociedad civil.

3) Establecer legalmente que el acceso al agua y a los servicios sanitarios en general es un derecho social esencial, por consiguiente no se puede cortar ni suspender; y que el agua debe ser sustraída a la lógica del mercado. El agua pertenece a la humanidad, concepto que debiera incorporarse a la Constitución Provincial, cuya reforma se encuentra hoy en debate.

 4) Rescisión del contrato con Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., que debe indemnizar a los usuarios y al Estado porque es la responsable de la rescisión. No se puede financiar y prolongar el incumplimiento de obras de esta empresa, con fondos fiduciarios paralelos de 150 millones de pesos, fondos que invertiría el Estado provincial, municipal o nacional, y que por ende provienen del bolsillo de los usuarios.

5) Convocatoria por el gobierno provincial a una consulta popular simultánea a las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005.

El epígrafe nos indica la necesidad de tener un Estado y entes reguladores que protejan los intereses comunitarios, porque las consecuencias de la desidia y el descontrol las pagan los ciudadanos.

No debemos tolerar más el socialismo de las pérdidas y la privatización de las ganancias.

La municipalización de los servicios es un paso hacia un régimen económico basado en el esfuerzo propio, en el riesgo empresario con capital genuino, tarifas justas y razonables y tasas racionales de ganancias 9.

  1. Informe "Situación de los desagües cloacales", Municipalidad de Rosario, febrero de 2004.
  2. Eduardo Cevallo, Agua potable y medio ambiente, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2001.
  3. Idem nota 1.
  4. "Administrar mal la Dipos para venderla habría sido la fórmula", La Capital, Rosario 28-5-1995.
  5. Actas del Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo, julio de 2001. Exposición del autor sobre las privatizaciones, en la Facultad de Humanidades y Artes, conjuntamente con Martín Schorr (Flacso), Alberto Botto (Sindicato de Luz y Fuerza), Matías Layús ( Asociación Bancaria Seccional Rosario).
  6. "Son morosos por costumbre o cultura", La Capital, Rosario, octubre de 1997.
  7. Datos suministrados por Juan Manuel Kertz, presidente del Directorio del ENRESS de Santa Fe, diciembre de 2004.
  8. "Obeid acusó a Aguas Provinciales de ‘atentar contra la salud pública'", La Capital, enero de 2005.
  9. Muchos datos de este artículo se han obtenido de los archivos de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), la entidad más antigua en la provincia de Santa Fe, que viene ejerciendo la participación y control ciudadano, y el uso alternativo del derecho, sobre los servicios públicos del agua potable y desagües pluvio cloacales desde 1993. Mediante acciones de amparo, esta entidad logró evitar cortes de aguas a usuarios durante 1997-1998, y en 1999 logró el decreto 2141, mediante el cual el Estado provincial se hacía cargo de aquellos casos en que el ciudadano no podía abonar la factura del agua, con lo cual se evitó el corte de los servicios. En el 2003-2004, logró que Aguas Provinciales de Santa Fe SA devolviera dinero, por mala facturación, a más de doscientos vecinos, con un impacto social de más de mil habitantes.
Autor/es Aníbal I. Faccendini
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 69 - Marzo 2005
Páginas:22,23
Temas Desarrollo, Privatizaciones, Estado (Política), Monopolios
Países Argentina