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Recuadros:

Coca-Cola en Kerala

Un movimiento iniciado por mujeres de la tribu Plachimada de Kerala, India, y continuado por juristas, parlamentarios y científicos, logró que el gobierno de Kerala retirara hace un año la licitación a la empresa Coca-Cola, declarando el agua y el aire como bienes comunes. El movimiento de Kerala impulsa movimientos similares en otras regiones del país donde el impacto de la presencia de Coca-Cola sigue siendo altamente perjudicial en la cadena alimentaria y en la economía.

Luego de ser expulsada por el gobierno en 1977, Coca-Cola volvió a establecerse en India el 23 de octubre de 1993, al mismo tiempo que la otra multinacional estadounidense, Pepsi Cola, se instalaba allí. Ambas empresas poseen en la actualidad noventa "plantas embotelladoras" que son, en realidad "plantas de extracción": 52 unidades pertenecen a Coca-Cola y 38 a Pepsi Cola. Cada una de ellas extrae entre 1 y 1,5 millón de litros de agua por día.

Por sus mismos procedimientos de fabricación, estas bebidas gaseosas presentan riesgos innegables. En primer lugar porque la succión de las napas realizada por sus plantas de embotellamiento despoja a los pobres del derecho fundamental a aprovisionarse de agua potable. En segundo lugar porque esas plantas arrojan residuos tóxicos que amenazan el entorno y la salud pública. Finalmente, porque las gaseosas son bebidas notoriamente peligrosas para la salud. El Parlamento indio constituyó una comisión parlamentaria mixta encargada de investigar la presencia de residuos de pesticidas.

Durante más de un año, mujeres de las tribus de Plachimada, en el distrito de Palaghat, en Kerala, organizaron sentadas de protesta contra la desecación de las napas freáticas por parte de Coca-Cola. Virender Kumar, periodista del diario Mathrubhumi, escribe: "Los habitantes llevan sobre la cabeza pesadas cargas de agua potable, que deben ir a buscar lejos, mientras camiones llenos de bebidas gasificadas salen de la planta de Coca-Cola" 1. Esa planta extrae un millón de litros de agua por día, y a veces más. Las mujeres se ven obligadas a recorrer cinco o seis kilómetros para ir a buscar agua potable, mientras que al mismo tiempo ven salir de la planta entre ocho y nueve camiones cargados de gaseosas. Se necesitan nueve litros de agua potable para hacer un litro de Coca.

Las mujeres adivasi 2 de Plachimada iniciaron su movimiento poco después de la apertura de la planta de Coca-Cola, cuya producción debía alcanzar, en marzo de 2000, 1.224.000 botellas de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Limca, Thums up, Kinley Soda y Maaza. El panchayat local 3 le había acordado bajo ciertas condiciones la autorización de extraer agua mediante bombas motorizadas. Pero la multinacional se puso a extraer, de un modo completamente ilegal, millones de litros de agua pura de más de seis pozos perforados por su propia cuenta y equipados con bombas eléctricas superpotentes. Según los testimonios recogidos en el lugar, extrajo hasta 1,5 millón de litros por día. El nivel de las napas bajó drásticamente, pasando de cuarenta y cinco a ciento cincuenta metros de profundidad.

No satisfecha con robar el agua de la colectividad, Coca-Cola contaminó la poca que quedaba, vertiendo aguas polutas en las perforaciones en seco cavadas en sus instalaciones, para tapar los residuos sólidos. Antes, la empresa depositaba sus residuos afuera, aunque en la estación de las lluvias su diseminación en las arroceras, los canales y los pozos constituía una amenaza extremadamente seria para la salud pública. Esa conducta no se da en la actualidad. Pero la contaminación de las fuentes acuíferas no deja de ser real.

Estas prácticas acarrearon la desecación de doscientos sesenta pozos, de cuya perforación se habían hecho cargo las autoridades para satisfacer las necesidades de agua potable y riego agrícola. En esta región de Kerala, llamada "granero de arroz" por el rico ecosistema dotado de abundante agua, los rendimientos agrícolas disminuyeron un 10%. El colmo es que Coca-Cola redistribuye como fertilizantes a los habitantes del lugar los desechos tóxicos producidos por su planta. Las pruebas efectuadas mostraron sin embargo que esos fertilizantes tienen alto contenido de cadmio y plomo, sustancias cancerígenas.

Denuncias campesinas

Representantes de las tribus y de los campesinos denunciaron, entonces, tanto la contaminación de las reservas acuíferas y las fuentes como las perforaciones efectuadas a diestra y siniestra, que comprometieron gravemente las cosechas; reclamaron, en particular, la protección de las fuentes de agua potable tradicional, estanques y reservas, el mantenimiento de las vías navegables y los canales, el racionamiento del agua potable.

Conminada a dar cuenta de sus procedimientos, Coca-Cola se negó a dar al panchayat las explicaciones solicitadas. En consecuencia, este último le notificó la supresión de su licencia de explotación. Acto seguido, la multinacional intentó comprar a su presidente, Anil Krishnan, ofreciéndole 300 millones de rupias. En vano.

De todos modos, si bien el panchayat le retiró su permiso de explotación, el gobierno de Kerala, por su parte, siguió protegiendo a la empresa. Éste le entrega, además, alrededor de 2 millones de rupias (36.000 euros) a título de subvención a la política industrial regional. En todos los Estados donde tienen fábricas, Pepsi y Coca perciben ayudas similares. Todo esto para bebidas de valor nutricional nulo, en comparación con bebidas indias tradicionales (nimbu, pani, lassi, panna, sattu...)

Además, para confeccionar un jarabe rico en azúcar, las firmas utilizan maíz, un 30% de cuya producción sirve ya de materia prima para la fabricación industrial de alimentos para ganado y fructosa. Esto significa menos maíz para el consumo humano y, en realidad, priva a los pobres de un producto básico esencial a bajo precio. En contrapartida, el reemplazo de edulcorantes extraídos de la caña de azúcar, como el gur y el khandsari, perjudica a los campesinos, a quienes esos productos garantizaban ingresos y medios de subsistencia. En suma, Coca-Cola y Pepsi Cola tienen un enorme impacto en la cadena alimentaria y la economía, que no se limita al contenido de sus botellas.

En 2003, las autoridades sanitarias del distrito informaron a los habitantes de Plachimada que la contaminación del agua la volvía inadecuada para el consumo. Las mujeres hacía tiempo que lo sabían, y fueron las primeras en denunciar esta "hidropiratería" en un dharna (sentada) frente a las rejas de la compañía.

El movimiento, puesto en marcha por iniciativa de las mujeres adivasi, desencadenó a nivel nacional y mundial una ola de energías solidarias. Bajo la presión de este movimiento cada vez más poderoso y de la sequía que vino a agravar aun más la crisis del agua, el jefe de gobierno de Kerala ordenó por fin, el 17 de febrero de 2004, el cierre de la fábrica de Coca-Cola. Las alianzas arco iris 4 forjadas al principio entre las mujeres de la región acabaron por englobar al conjunto del panchayat. El de Perumatty (en Kerala), por su parte, presentó ante el tribunal supremo de Kerala una denuncia contra la multinacional, en nombre del interés público.

El 16 de diciembre de 2003, el juez Balakrishnana Nair ordenó a Coca-Cola el cese de sus extracciones piratas de la napa de Plachimada. Los considerandos de la sentencia valen tanto como la decisión en sí misma. En efecto, el magistrado precisó, en particular: "La doctrina de la confianza pública se asienta ante todo en el principio que establece que ciertos recursos como el aire, el agua de mar, los bosques, tienen para la población en su conjunto una importancia tan grande que sería totalmente injustificado supeditarlos a la propiedad privada. Los mencionados recursos son un don de la naturaleza y deberían ser puestos gratuitamente a disposición de todos, sin importar la posición social. Dado que esta doctrina impone al gobierno la protección de sus recursos de modo tal que todos puedan hacer uso de ellos, no puede autorizar su utilización por propietarios privados o para fines comerciales (...). Todos los ciudadanos sin excepción son los beneficiarios de las costas, los cursos de agua, el aire, los bosques, las tierras frágiles desde el punto de vista ecológico. En tanto administrador, el Estado tiene el deber establecido por la ley de proteger los recursos naturales (que) no pueden transferirse a la propiedad privada."

Pasado en limpio: el agua es un bien público. El Estado y sus diversas administraciones tienen el deber de proteger las napas freáticas contra una explotación excesiva, y su inacción en la materia es una violación del derecho a la vida garantizado por el artículo 21 de la Constitución india. La Corte Suprema afirmó siempre que el derecho a gozar de un agua y un aire no contaminados formaba parte constitutiva del derecho a la vida definido en ese artículo. Dicho de otro modo, incluso en ausencia de una ley que determine específicamente la utilización de las napas freáticas, el panchayat y el Estado tienen el deber de oponerse a la sobreexplotación de esas reservas subterráneas. Y el derecho de propiedad de Coca-Cola no se extiende a las napas situadas debajo de las tierras de su pertenencia. Nadie tiene el derecho de arrogarse gran parte de ellas, y el gobierno no tiene ningún poder para autorizar a un tercero, privado, a extraer ese agua en semejantes cantidades.

Decisión judicial

De allí las dos órdenes emitidas por el tribunal: Coca-Cola dejará de extraer agua para su utilización en el plazo de un mes exacto, y el panchayat y el Estado controlarán la aplicación de esa decisión pasado ese plazo.

Juristas, parlamentarios, científicos y escritores relevaron a las mujeres en la cabeza del movimiento, del que son el corazón y el alma... El movimiento se extiende a otras regiones donde Coca y Pepsi extraen las reservas acuíferas en detrimento de los habitantes. En Jaipur, capital de Rajastán, el nivel de las napas pasó de doce metros de profundidad a treinta y siete y medio desde la apertura de la planta de Coca-Cola en 1999. En Mehdiganj, localidad situada a veinte kilómetros de la ciudad santa de Varanasi (Benarés), el nivel de las napas descendió doce metros y los campos cultivados alrededor de la planta ya están contaminados. En Singhchancher, aldea del distrito de Ballia (en el este de Utar Pradesh), la unidad de Coca-Cola contaminó por mucho tiempo las aguas y tierras. Por todas partes se organiza la protesta. Pero debe señalarse que, en la mayoría de los casos, las autoridades públicas siguen respondiendo a las manifestaciones mediante la violencia. En Jaipur, por ejemplo, el célebre activista gandhista Siddharaj Dodda fue detenido en octubre de 2004 por haber participado en una marcha pacífica que exigía el cierre de la fábrica.

A la desecación de los pozos se agregan los riesgos de contaminación por pesticidas. El tribunal supremo de Rajastán prohibió la venta de las bebidas producidas por Coca y Pepsi, ya que estas últimas se negaron a detallar la lista de los componentes, mientras ciertos estudios demostraron que contenían pesticidas peligrosos para la salud 5. Los dos gigantes llevaron el caso ante la Corte Suprema de India, pero ésta rechazó la apelación y se unió al tribunal de Rajastán ordenando la publicación de la composición precisa de los productos fabricados por Pepsi y Coca. Por el momento, estas bebidas siguen prohibidas en la región.

Un estudio llevado a cabo en 1999 por All India Coordinated Research Project on Pesticide Residue (AICRP) demostró que el 60% de los productos alimentarios vendidos en el mercado están contaminados por pesticidas y que el 14% de ellos contenían dosis superiores al máximo autorizado. Semejante constatación reactiva la polémica en torno al mito según el cual las multinacionales privilegian la seguridad y confiabilidad, mito que les acredita una confianza que se niega al sector público y a las autoridades locales. Este prejuicio elitista contra la administración pública de los bienes y servicios contribuyó a hacer aceptar la privatización del agua. En India, como en otras partes del mundo, la opción por la privatización impide proveer un agua de buena calidad a un precio accesible.

El 20 de enero de 2005 se formaron en toda India cadenas humanas alrededor de todas las fábricas de Coca-Cola y Pepsi Cola. Tribunales populares notificaron a los "hidropiratas" la orden de abandonar el país. El caso de Plachimada prueba que el poder del pueblo puede vencer al de las empresas privadas. Los movimientos por la preservación del agua llegan incluso mucho más allá. Conciernen también a las represas y a los planes del gran proyecto de conexión fluvial, que prevén el desvío del curso de todos los ríos de la península india, suscitando una oposición creciente 6. Éstos denuncian las privatizaciones alentadas por el Banco Mundial y la privatización del aprovisionamiento de agua en Delhi 7. Hay que señalar que el saqueo no podría tener lugar sin la ayuda de los Estados centralizadores y corporativistas.

Esta batalla contra el robo del agua no atañe sólo a India. La sobreexplotación de las napas freáticas y los grandes proyectos de desviación de los cursos de agua juegan en contra de la preservación de la Tierra en su conjunto. Para tener una idea de lo que está en juego, hay que saber que si cada parte del planeta recibiera precipitaciones iguales, con la misma frecuencia y siguiendo el mismo esquema, las mismas plantas crecerían por todas partes en la tierra y encontraríamos en todas partes las mismas especies animales. El planeta está hecho de diversidad. El ciclo hidrológico de los planetas es una democracia del agua, un sistema de distribución para todas las especies vivientes. Sin democracia del agua, no puede haber vida democrática.

  1. Virenda Kumar, Carta abierta al jefe del gobierno, Mathrubhumi, Thiruvananthapuram (Kerala), 10-3-03.
  2. El término adivasi designa a las tribus autóctonas, no regidas por el sistema de castas (nota de la traductora).
  3. Consejo que ejerce la autoridad en la aldea.
  4. Alianza arco iris: unión que engloba a sectores de diversos orígenes y/o procedencias (N. de la r.).
  5. Las bebidas contenían diversos pesticidas, entre ellos DDT. La comisión gubernamental concluyó que esos residuos estaban "en el límite de las normas" aceptadas en India... En las botellas de Coca o Pepsi consumidas en Estados Unidos o Europa no se encuentra ningún rastro de pesticidas.
  6. Arundhati Roy, Le Coût de la vie, Gallimard, París, 1999.
  7. Para el tratamiento de las aguas, la obra fue confiada a Degremont, filial del grupo Suez. En Delhi, los precios del agua se multiplicaron por diez en los últimos años.

Conflictos, multas, rescisiones... y buenos ejemplos

BOLIVIA: El 11 de enero de 2005 el gobierno boliviano rescindió el contrato de Aguas de Illimani. Esta empresa, en un 55% filial del grupo francés Suez, suministraba agua y servicios de saneamiento al país por una cifra anual de 25 millones de dólares desde 1997. La anulación sobrevino dos días después de una huelga de las organizaciones barriales de El Alto (ciudad cercana a La Paz), que exigían el alejamiento de la empresa, a la que acusaban de aplicar tarifas elevadas sin hacer inversiones.

ARGENTINA: El 12 de enero el presidente argentino Néstor Kirchner aplicó una ola de multas a los abastecedores extranjeros de agua y electricidad, entre ellos Aguas Argentinas, en un 46,3% filial de Suez, cuya concesión se remonta a 1993, fecha desde la cual la tarifa promedio se incrementó en un 88%, y abastece a más de 7 millones de usuarios en Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del Gran Buenos Aires. La razón invocada por el gobierno fue las reiteradas interrupciones de los servicios de agua y electricidad producidas en los primeros días del mes de enero, cuando Argentina padecía una ola de calor. Las multas suman 3,1 millones de pesos, a los que se añaden 158 millones por multas antiguas. En febrero las negociaciones entre gobierno y empresa llegaban a un pico de tensión. El gobierno se niega al inmediato incremento de tarifas del 60% que la empresa exige, y ésta a su vez se niega a la propuesta argentina de gestión compartida. Sobrevuela el conflicto la posibilidad de una rescisión del contrato.

URUGUAY: El 31 de octubre de 2004 los uruguayos decidieron en un referéndum, por una mayoría cercana a los dos tercios, inscribir en la Constitución que el agua no se puede privatizar, y debe ser objeto de una política solidaria y descentralizada; hasta el momento sólo Sudáfrica había inscripto ese derecho en su Constitución. El descontento popular ante las empresas concesionarias llevó al flamante presidente Tabaré Vázquez a hacer campaña sobre la necesidad de una prestación exclusiva y directa por parte del Estado de los servicios de agua potable y saneamiento.

SUDÁFRICA: El objetivo del gobierno para 2004 era el acceso al agua potable para 10 millones de sudafricanos privados de ella desde hace diez años. Este objetivo responde al artículo 27,1b de la Constitución: "Todos tienen derecho a acceder (...) a una cuota suficiente de agua y alimento". En 1994, de los 40 millones de sudafricanos, 14 millones no tenían acceso a este derecho fundamental. Para abastecer de agua a todos de aquí a 2008 el gobierno implementó un programa que se funda en el compromiso por parte del Estado en la distribución de los servicios básicos y en la puesta en marcha de una medida que permita la distribución de agua gratuita a todas las familias en los primeros 6.000 litros.
FILIPINAS: En Manila, una red de asociaciones (Akbayan Citizen's Action Party, The Alliance for Progressive Labor, Citizen Battle Against Corruption, Focus on Global South, Freedom for Debt Coalition y The Institute for Popular Democracy), como asimismo cinco miembros del Parlamento, ganaron contra Maynilad-Ondeo (filial de Suez) que había aumentado en un 500% el metro cúbico de agua desde 1997. Luego de tres años de negociaciones (de 2001 a 2004), obtuvieron la partida del grupo francés y la recuperación del servicio por parte del sector público.

HOLANDA: Desde el siglo XI la gestión del agua en Holanda depende del servicio público en tres niveles: el Estado, las provincias, las ciudades. Las leyes prohíben la participación de los sectores privados en la gestión de las necesidades. El concepto de "gestión integrada de las aguas" se encuentra desde 1989 en la base de las leyes y ordenanzas promulgadas. Actualmente, el sistema descansa sobre 56 organizaciones autónomas que dependen de las provincias de las que forman parte y que emiten reglamentos para la gestión regional.

DINAMARCA: El servicio del agua suele estar gestionado por sociedades autónomas de capitales públicos. Este principio se funda en la buena gestión de un "Estado providencia", que funciona a su vez sobre la base de la descentralización de los servicios públicos.


La ley del agua

De todos los alimentos de los cultivos, el agua es con seguridad el más nutritivo, pero resulta fácil de corromper: en efecto, ni la tierra, ni el sol, ni los vientos, que nutren las plantas, son susceptibles de arruinarse mediante drogas, desviaciones o robos, mientras que el agua está expuesta por naturaleza a esos inconvenientes: así que hace falta una ley que la proteja. La ley es ésta: Quien destruya voluntariamente en terreno de otro el agua de fuente o aljibe, drogándola, deteniéndola en fosas o robándola, será citado ante los magistrados por la víctima, quien declarará por escrito el monto del daño. Quien resulte convicto de los daños causados por drogas, no sólo tendrá que pagar la multa, sino también purificar las fuentes del agua o el aljibe, ajustándose a las normas formuladas imperativamente para esa purificación por los intérpretes de las leyes religiosas, de acuerdo con las circunstancias y las personas.

Platón, Las leyes, Libro VIII.


Autor/es Vandana Shiva
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 69 - Marzo 2005
Páginas:24,25
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Desarrollo, Movimientos Sociales, Políticas Locales, Medioambiente, Monopolios
Países India