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“Hacer que el preso huela a preso”

El fortalecimiento de los “Estados penales” tiene una de sus manifestaciones más claras en la concepción de la cárcel como solución a todo y organizadora del apartheid social. En prisiones superpobladas, los detenidos son objeto de violencias cotidianas y están sometidos a coacciones económicas y extorsiones judiciales. Renace la noción premoderna de la cárcel como sitio de sufrimiento.

En el lapso de diez años, las condiciones carcelarias se deterioraron considerablemente en Francia. Ni los trabajos de las sucesivas comisiones parlamentarias ni las grandes proclamas humanistas lograron frenar esa degradación; tampoco demorarla. Recientes medidas aun más represivas vuelven más penosa una situación ya intolerable. La política actual, presentada por la administración pública y los distintos sindicatos de funcionarios como una recuperación del control, se basa en el credo de la restauración de la autoridad y de la cárcel como la solución a todo.

En estos discursos perentorios, cabe reconocer los lugares comunes de la revolución conservadora estadounidense, apenas afrancesados. En tiempos de "tolerancia cero" y de gran precariedad laboral, se afianza el rol de la cárcel como mecánica irreemplazable que protege a la sociedad de la clase llamada peligrosa, y en particular de sus estratos más debilitados: en un hecho sin precedentes desde los tiempos del confinamiento, la política penitenciaria organiza el apartheid social 1.

Uno de los resultados más visibles es la superpoblación galopante. Pese a los sucesivos programas de construcción de nuevos establecimientos y los indultos selectivos, la capacidad carcelaria está desbordada. Confortados por un imaginario muy ideológico, según el cual una mayor cantidad de encarcelamientos acarrea una disminución de la delincuencia, los magistrados llenan las cárceles. Nunca hubo tantos detenidos, nunca penas tan largas ni tantos condenados a cadena perpetua, ni tantas personas sometidas a control judicial.

La problemática de la superpoblación ya fue objeto de numerosas denuncias. Pero ni los más informados sobre el tema pueden llegar a comprender lo que significa vivirla. Porque si mencionan la promiscuidad de tres o cuatro detenidos en una celda de 9 metros cuadrados, ignoran la avalancha de consecuencias que ésta tiene sobre la restricción del tiempo y la frecuencia de las visitas, el uso de las duchas, las actividades socioculturales, las horas de paseo, la calidad de las comidas, la atención médica y... sobre el agravamiento de la desocupación. En todos estos efectos cotidianos, la superpoblación contribuye a la miseria de la población carcelaria.

Otros dos aspectos de las transformaciones en curso, menos mediatizados, son igualmente fundamentales: la generalización del uso de la violencia y la presión financiera sobre los presos.

Para mantener bajo control la situación explosiva de las cárceles y aniquilar las veleidades de resistencia, las violencias físicas y psicológicas constituyen cada vez más el eje esencial de la gestión de los establecimientos de castigo. La creación por el ministro de Justicia Dominique Perben, en febrero de 2003, de unidades especiales de mantenimiento del orden -los Equipos Regionales de Intervención y Seguridad (ERIS)- señaló el viraje en curso y, desde entonces, las golpizas se multiplican en medio de la indiferencia mediática y judicial más completa 2. Esas unidades organizan espectaculares requisas masivas. Aunque ninguno de esos operativos haya aportado resultados probatorios 3, sirven como pretexto para verdaderas incursiones punitivas y para castigos colectivos luego de algún intento de evasión o incidentes de importancia menor.

 Enfermos esposados

 Desde el otoño de 2004, el ambiente es de dura confrontación incluso en los pasillos de las cárceles. En la central de Lannemezan, crece el número de vigilantes con vestimenta de combate (uniforme de faena y de ranger). Hizo su aparición un utensilio sintomático: las esposas. En el cuartel de aislamiento (CA) de Fleury-Mérogis, los detenidos son esposados "a la estadounidense" 4 para todos los desplazamientos dentro y fuera de los edificios. Las esposas parecen formar parte ya del equipamiento normal. Incluso en el hospital de Fresnes, donde el jefe de piso ostenta en el cinturón un par de esposas y guantes de mantenimiento del orden, mientras el 90% de los detenidos son incapaces de levantarse solos de su cama.

Se recuerdan los comentarios escandalizados luego del parto de una mujer esposada, el 31-12-03 en Fleury-Mérogis, pero la conmoción fue mucho menor un año después, cuando el Ministerio ordenó que todos los enfermos sean no sólo amarrados, sino esposados por la espalda. Para el más insignificante análisis, los presos pasan entonces atados varias horas en los camiones. Hay que haberlo vivido para comprender los dolores causados por semejante tratamiento y que, en estas condiciones, cada vez más detenidos se nieguen a los traslados médicos.

A estas violencias cotidianas corresponde agregar las transferencias disciplinarias cada vez más brutales y los aislamientos. Las amenazas de coacción física y de aislamiento planean sobre todas las detenciones. Los individuos considerados perturbadores y capaces de dirigir movimientos de resistencia contra las nuevas medidas son tomados como blanco. Como en tiempos de los cuarteles de alta seguridad (CAS), se restableció la "ronda infernal": cerca de doscientos presos llamados "peligrosos" circulan por los CA de Francia y Navarra: dos meses en Épinal, quince días en Grasse, cuatro meses en Perpignan 5... Algunos cuarteles constituyen etapas obligatorias más penosas, destinadas a quebrantar a los individuos. Es el caso del ex CAS del edificio D5, en Fleury-Mérogis, reabierto el año pasado y reservado a los detenidos acusados de tentativa o evasión violenta; o también los CA de la Salud, de Rouen y Lyon.

Además, los CA de las cárceles centrales están abarrotados. Si en el pasado esos lugares se reservaban a los casos psiquiátricos más graves o a los presos "protegidos" por el Estado, en la actualidad hay detenidos que pasan allí temporadas más o menos largas sin ninguna razón fundamentada. Así, en la central de Moulins, la dirección puede echar, si le falta lugar, a un detenido en régimen de detención normal para ubicar a uno nuevo. Y a fin de paliar la escasez de celdas de aislamiento, pone en práctica cada vez más el castigo de "confinamiento": el detenido es ubicado en la celda normal de un cuartel de detención, pero su puerta no puede abrirse salvo en presencia de un brigadier y una escolta reforzada; el confinado tiene sólo una hora de paseo por día en un patio del calabozo; se le retira la televisión, la radio y gran parte de sus objetos personales; el acceso a las duchas se reduce al mínimo y todas las otras actividades habituales (teléfono, lavandería, deportes, biblioteca, etc.) le están formalmente prohibidas.

Otra tendencia alarmante es que las políticas penitenciarias se utilizan para hacer bajar el nivel de vida y de servicios dentro de los establecimientos y, simultáneamente, sacar tanto dinero como sea posible a los condenados, oficialmente para reflotar las cajas de indemnización de las víctimas. La pauperización se organiza a través de una serie de medidas económicas que acarrean la desaparición de las prestaciones gratuitas y los aprovisionamientos mínimos. Dentro de esta misma dinámica, las actividades socioculturales desaparecen. Y el material deteriorado o gastado no se reemplaza, las zonas colectivas se dejan prácticamente abandonadas. Después del cierre de las ex "socio" 6 de la cárcel central de Moulins, la dirección otorgó a los detenidos una zona de celdas cerrada desde hace unos diez años. Pero tuvieron que acondicionarla por su cuenta... ¡pagando hasta las lamparitas de electricidad!

 Obligados a mantenerse

 Para su vida cotidiana, el preso debe comprar todo, desde bolsas para residuos hasta ciertos medicamentos recetados por los médicos. Además, dada la degradación de la calidad, en algunas cárceles la comida se convierte en objeto de tráfico por primera vez desde hace décadas. Para su simple supervivencia, el detenido se ve efectivamente obligado a adquirir numerosos productos alimenticios y de higiene, cuando los precios de las cantinas son prohibitivos: entre un 30% y un 50% por encima de lo que se cobra afuera.

Estas políticas apuntan a que los detenidos paguen su propio mantenimiento, y al mismo tiempo a forzarlos a aceptar las condiciones del trabajo carcelario. Por añadidura, habiendo dejado que el conjunto de las actividades socio-educativas gratuitas languideciera, la Administración Penitenciaria (AP) organizó una verdadera política de "impuesto" sobre la formación propuesta por la educación nacional y los organismos de ayuda a los presos, sustrayendo tanto de la fuente como de las remuneraciones más de un tercio de las sumas asignadas a esos programas educativos.

En este juego, la AP gana en todos los frentes. Tanto más porque acaba de cambiar sus reglas. El decreto del 5-10-04, que reglamenta los recursos de los presos, es pernicioso en más de un sentido. Desde la ley penitenciaria de 1975, la suma que pueden recibir los detenidos sin retención (obligatoria) pasó de 183 a 200 euros. Paralelamente, las tasas de retención de las sumas recibidas por encima de esta base se triplicaron; o sea una "imposición" del 30% 7. Más grave aun: los salarios de los detenidos que trabajan pasan a contabilizarse junto con las sumas de los giros recibidos. Lo cual implica una sobretasa inmediata de un 20% a un 35% suplementarios, y una disminución proporcional de los ingresos por el trabajo, cuando las pagas dependientes de la AP han sido arbitrariamente reducidas entre un 10% y un 20% para las funciones internas de auxiliar 8.

Contrariamente a la voluntad de las comisiones parlamentarias, el trabajo carcelario no está entonces mejor remunerado. La tasa de sobreexplotación -digna del siglo XIX- surge de tareas que se hacen a cambio de monedas y en condiciones de higiene y seguridad que en muchos casos contradicen las leyes vigentes.

Más grave incluso, el decreto de octubre de 2004 establece el límite superior del peculio en 1.000 euros 9. Es decir que más allá de esa suma tope, una retención del 10% del salario bruto irá directamente a las cajas de indemnización. Hasta el momento, los detenidos con condenas largas ahorraban varios miles de euros para no estar desguarnecidos en el momento de su liberación. A falta de verdaderas políticas de acompañamiento social, los detenidos, con razón, contaban ante todo consigo mismos. ¿Pero qué alternativa se deja a un liberado, sin trabajo ni vivienda y con un máximo de 1.000 euros en el bolsillo, para esperar al menos tres meses antes de percibir el Ingreso Mínimo de Inserción (RMI, en su sigla en francés) y las prestaciones sociales? Si hubieran querido allanar el camino a la reincidencia inmediata, no podrían haberlo hecho mejor.

A las incrementadas retenciones automáticas, hay que agregar la extorsión judicial basada en la multa pecuniaria heredada de la más pura cultura cristiana. Para los jueces, directores y otros criminólogos ministeriales, el hecho de verter dinero voluntariamente equivale a la expiación y aceptación de la pena. En el pasado, el devoto lavaba sus pecados pagando una misa. Actualmente, el detenido da pruebas de su redención sacando algunos billetes. Ciertos comunicados de jueces de aplicación de penas (JAP) proponen sin rodeos mercados tarifados: 1 día suplementario de permiso a cambio de una contribución de 15 euros para las partidas civiles o 1 mes de reducción de pena suplementaria (RPS) a cambio de 30 euros mensuales.

El poder del Estado siempre valoró la bajeza y el engaño, tanto en las relaciones entre presos como entre éstos y los funcionarios del Estado o los magistrados. Se santifica la hipocresía y se remunera la traición, al igual que las mentiras. He aquí una anécdota que ejemplifica esas virtudes aplicadas al cobro de multas y de las partidas civiles. Dos compañeros de una cárcel central de la región del Mediodía se negaron a bajar al taller cuando se acercaba el plazo para acceder a una libertad condicional. Conocedores del sistema de aplicación de las penas, montaron desde sus células un tráfico de droga para pagar sus partidas civiles. Como tuvieron éxito, pudieron negociar ventajosamente una reducción de sus penas y fueron liberados. Meses más tarde, en esa misma cárcel, un detenido oriundo de un país lejano que, además de trabajar desde hacía años, pagaba voluntariamente unos cien euros por mes a las partidas civiles, se vio imposibilitado de seguir pagando, debido a graves problemas familiares. El tribunal de aplicación de penas le negó toda reducción, retirándole incluso un mes de gracia por no haber respetado el contrato de cobranza.

Imposible presagiar lo que nacerá del fango de las nuevas galeras donde triunfa la ideología reaccionaria del make prisoners smell like prisoners 10, esa política muy corta de vista que la sociedad pagará tarde o temprano.

  1. Sobre este tema, véase Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale, Loïc Wacquant, Agone, 2004. Instituido en 1885, el confinamiento consistía en enviar a los condenados a purgar su pena fuera del territorio metropolitano, a la prisión de Cayena, en Guyana, por ejemplo.
  2. Muchos casos de violencia son objeto de instrucción ante varios tribunales. Hasta el momento se dieron por cerrados. Aprovechando esta impunidad, los sindicatos penitenciarios demandan por difamación a toda persona o asociación que denuncie esas exacciones. El silencio debe continuar.
  3. En perjuicio de los sindicatos que atosigaban a sus superiores desde hace lustros con los peligros de los pasillos carcelarios y otras monstruosidades imaginarias, el fracaso judicial de estas incursiones es indiscutible. La destrucción de celdas y las humillaciones durante el registro corporal demuestran que el objetivo de esos operativos no es la búsqueda de algún objeto ilícito sino un disciplinamiento masivo.
  4. Como en el cine, el detenido pasa primero las manos a través de los barrotes para ser esposado y a continuación los guardias abren la celda.
  5. Puede estimarse en más del doble que en la época más feroz de los CAS el número de personas afectadas por este tratamiento. Para esos detenidos, el derecho al mantenimiento de los lazos familiares fue abolido, así como los fundamentos del derecho a la defensa. Hace poco, un decreto disminuyó las posibilidades de procedimientos para frenar los aislamientos. Se refuerzan la arbitrariedad en las decisiones y la duración de los aislamientos.
  6. Las salas de actividades socio-educativas.
  7. En lo concreto, el peculio se divide en tres partes. La primera, reservada a las cajas de indemnización de las "partidas civiles", representa un 20% entre 200 y 400 euros, un 25% entre 400 y 600 euros y un 30% por encima de esa cifra. La segunda, denominada peculio "liberable", corresponde a una retención mensual del 10% del salario bruto por encima de 183 euros, pero se devuelve al preso en el momento de su liberación. La tercera, denominada "embolsable", puede ser utilizada libremente.
  8. Empleos remunerados por unas decenas de euros por mes para obligaciones que en muchos casos deben cumplirse los siete días de la semana y los doce meses del año.
  9. El peculio "liberable" estaba constituido por una retención mensual del 10% del salario bruto. Esta suma era colocada en una caja de ahorro y se entregaba al detenido en el momento de su liberación.
  10. "Hacer que el preso huela a preso", expresión citada por Loïc Wacquant, quien precisa: "La filosofía penal hoy dominante en Estados Unidos puede resumirse en esta expresión muy cotizada entre los profesionales penitenciarios. (...) El encarcelamiento debe convertirse urgentemente en lo que era en su origen y que nunca debió dejar de ser: un sufrimiento." Loïc Wacquant, Punir les pauvres..., p. 198.
Autor/es Jean-Marc Rouillan
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 72 - Junio 2005
Páginas:32,33
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Corrupción, Discriminación, Política, Derechos Humanos, Salud, Seguridad
Países Francia