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Recuadros:

La sed de apropiarse del agua

Las enormes reservas de agua potable almacenadas en América del Sur son objeto de los planes estratégicos de los grandes países y de la codicia de las corporaciones privadas, dos factores que en el neoliberalismo coinciden muy a menudo. Así ocurre con las reservas del Sistema Acuífero Guaraní, sobre el que literalmente flotan inmensas extensiones territoriales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Según voces ancestrales, la tierra siempre tiene algo que decir. Se expresa a través de su color, de su vegetación, de la realidad en la que viven los que la habitan. También dicen que la superficie es el reflejo de lo que pasa por sus entrañas, en las profundidades de la tierra. Y la sangre que recorre sus venas es un recurso indispensable para la subsistencia de la humanidad: el agua potable.

Debajo de los pies de los millones de personas que viven en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), el tercer reservorio de agua potable más importante del planeta (para ciertos especialistas se ubica en el primer lugar). El SAG se encuentra actualmente en pleno proceso de investigación, pero existen serias advertencias sobre el riesgo de que los Estados del Mercosur pierdan el control de dicho estudio en beneficio de empresas y organismos internacionales y en detrimento de sus habitantes.

Santiago Mascheroni, diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Santa Fe, consultado por el Dipló, expresó: "Sin afirmar categóricamente que las denuncias de Estados Unidos sobre la presencia de células terroristas en la Triple Frontera tienen directa relación con el SAG, son un dato objetivo las intenciones de Washington sobre el Amazonas, con el argumento de que debe ser una región ‘patrimonio de la humanidad'. En tal sentido resultan preocupantes las opiniones de ciertos científicos que estarían concibiendo al SAG con el mismo enfoque, con lo cual se están asegurando conceptos en pos de impedir o disminuir la soberanía de los Estados sudamericanos en la materia".

En efecto, los organismos internacionales ofrecen un panorama preocupante sobre la disponibilidad de agua potable. Según el primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo, elaborado por la UNESCO en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 1, apenas el 2,53% del agua del planeta es dulce, y aproximadamente las dos terceras partes de ese porcentaje escaso son glaciares y nieves perpetuas. El informe sostiene que la población mundial extrae 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia del 26% de la evapotranspiración (efecto producido por el desmonte de tierras) anual. Sólo el 3% del agua potable del planeta se encuentra en la superficie, el resto corre por debajo de la tierra.

En el año 2000 -continúa el informe- 2.213.000 personas murieron por enfermedades derivadas de falta o deficiencias de saneamiento; más de 2.000 millones sufrieron infecciones provenientes del suelo y 300 millones tuvieron un padecimiento grave. En la actualidad, 1.100 millones de personas carecen de las instalaciones necesarias para abastecerse de agua potable, y 2.400 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento. En sus estimaciones más optimistas la UNESCO señala que para el año 2025 unas 3.500 millones de personas padecerán escasez de agua, mientras que para los estudios más pesimistas el problema afectará entonces a unos 7.000 millones de habitantes, sobre una población mundial estimada de 8.000 millones.

Estos datos dan cuenta de la importancia estratégica de las fuentes de agua potable y constituyen una señal de alarma para el futuro cercano que demuestra la necesidad de preservar esos recursos y evitar su apropiación por parte de empresas que consideran al agua potable como una mercancía que se puede incorporar a la ruleta del mercado globalizado.

En 2003, el Primer Foro Alternativo del Agua, realizado en Florencia, Italia, concluía que la situación se había agravado desde el año 2000: 2.400 millones de personas no tienen acceso al agua potable ni a servicios sanitarios; 30 mil mueren cada día por esta causa; el consumo medio de la población de los países del Sur se sitúa en torno a los 20 litros diarios, en tanto en Italia es de 213 litros y en Estados Unidos de 600 2.

Dentro de este sombrío contexto, los recursos naturales de Sudamérica cobran vital importancia, si se tiene en cuenta que el subcontinente es la primera reserva biótica terrestre del planeta y la segunda marina; almacena cerca del 25% del agua potable mundial; y guarda en sus entrañas grandes cantidades de petróleo y gas.

Descripción del Guaraní

Los estudios realizados hasta hoy sostienen que el SAG tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 839.000 corresponden a Brasil (10% de su territorio), 226.000 a Argentina (6%), 71.700 a Paraguay (18%), y 59.000 a Uruguay (25%). En Argentina, sus aguas corren por debajo de las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. La extensión del SAG es similar a la de los territorios de España, Portugal y Francia juntos. Su volumen se estima en unos 55.000 kilómetros cúbicos de agua potable y su nivel de recarga anual es de entre 160 y 250 kilómetros cúbicos 3.

"Si recordamos que cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua (1.000.000.000.000), explotando de manera racional 80 kilómetros por año se podría abastecer a unos 720 millones de personas de 300 litros por día", explica la profesora Elsa Bruzzone, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), que asesora en temas de recursos naturales y medioambiente a legisladores argentinos.

Los límites del SAG aún no se han podido demarcar totalmente. Por el norte, en territorio brasileño, se conecta con el Pantanal y con la Amazonia; al oeste se estima que se prolonga hacia la cuenca del río Bermejo y más allá de la laguna de Mar Chiquita, situada en el extremo noreste de la provincia de Córdoba, Argentina; al sur los límites son una incógnita sin develar: varios estudios de organizaciones ecológicas afirman que el Acuífero sobrepasa la región pampeana y se conecta con los lagos precordilleranos en la Patagonia.

Un dato sí es seguro: la fragilidad y vulnerabilidad del SAG ante la contaminación. María Esther Bondanza, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, sostiene: "A través de pesticidas, desechos industriales y domésticos, y siendo las aguas subterráneas, una vez contaminadas es muy difícil el proceso para poder revertirla".

El también llamado Acuífero Gigante del Mercosur o Sistema Acuífero Mercosur, posee varias áreas de carga y descarga de su caudal según la concentración de usos y usuarios. Con una población estimada en 15 millones de habitantes, las zonas de mayor actividad (áreas consideradas hot spots o pilotos) son Concordia, en Argentina; Salto y Rivera, en Uruguay; y Santana do Livramento y Riberão Preto, en Brasil. En el caso argentino-uruguayo se destaca la gran explotación termal, como por ejemplo el complejo turístico de Villa Elisa en Entre Ríos. Por el lado de Brasil, la situación es de alto impacto debido a las miles de perforaciones que se realizaron sin tener en cuenta la superexplotación y la contaminación crecientes. Allí, el SAG sirve de abastecimiento agrícola, urbano e industrial a más de 300 ciudades de entre 3.000 y 500.000 habitantes. En la frontera uruguaya-brasileña se detectó un altísimo déficit de saneamiento sanitario. Asimismo, Itapúa en Paraguay, está sufriendo un proceso de deforestación a gran escala a medida que se expanden las plantaciones de soja, en suelos muy frágiles sobre el SAG. Ambos desarrollos provocan una desertificación creciente con su consiguiente reflejo en el reservorio.

Pero sin duda, la zona más importante para la carga y descarga del SAG es la triple frontera argentino-paraguayo-brasileña, donde confluyen la mayoría de los ríos más caudalosos de la Cuenca del Plata. Allí, el río Paraná tiene su punto de encuentro con el Iguazú, al norte con la represa de Itaipú y al este con las Cataratas del Iguazú, y la zona está rodeada por las cuencas de los ríos Paraguay, Uruguay, Pilcomayo, Grande y Bermejo, que conforman un verdadero paraíso de agua.

Descubrimiento y estudios

Los primeros datos oficiales sobre la existencia del Acuífero fueron relevados por investigadores brasileños en la década de 1930, fecha desde la que vienen utilizando sus recursos. En Argentina fue descubierto por las exploraciones petroleras llevadas a cabo por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1950, pero hubo que esperar 24 años para que el Estado confeccionara el primer mapa del Acuífero 4. En 1994, universidades de los cuatro países del Mercosur se juntaron para formar el llamado Proyecto de Protección del Acuífero Guaraní y Desarrollo Sustentable.

Sin embargo, en sintonía con la ola privatizadora que dominó la década del '90, los gobiernos argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo, decidieron en 1997 licitar la continuidad del proyecto. El 22 de abril de ese mismo año firmaron el Acta de Paysandú, que establecía que los gobiernos de los cuatro países debían crear los instrumentos de coordinación para una investigación y un mejor desarrollo sustentable del Acuífero con un presupuesto estimado por las universidades nacionales en 26,700 millones de dólares. Esgrimiendo falta de recursos, los Estados decidieron entregarle el proyecto al Banco Mundial (BM), luego de un seminario realizado en Foz de Iguazú en enero de 2000, en el que además del BM participaron el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés). En medio de la brutal crisis político-social argentina, en noviembre de 2001 el BM aprobó el proyecto y se comprometió a preservar el SAG de la contaminación y lograr un desarrollo sustentable.

Hipótesis y realidad

El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní comenzó a diseñarse a partir del año 2000, con la participación de instituciones de los distintos países vinculadas a la gestión de los recursos hídricos, y varias universidades: en el caso argentino, participan las Universidades Nacionales de Buenos Aires, del Litoral, del Centro, la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario y la privada Universidad Católica Argentina. Firmaron y cofinancian también el acuerdo de 2001 la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Servicio Geológico alemán y el Programa Asociado al Agua del Banco de los Países Bajos. En relación a los aspectos científicos, participan el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, la Asociación Hidrológica Internacional y el Programa referido a Recursos Hídricos de la ONU.

En febrero de 2001, por resolución 242/01 del Poder Ejecutivo argentino y con la firma de Chrystian Colombo, entonces jefe de Gabinete y los ministros Graciela Fernández Meijide, de Desarrollo Social y Medio Ambiente; Adalberto Rodríguez Giavarini, de Relaciones Exteriores y José Luis Machinea, de Economía, se constituyó una Unidad Interministerial de Aguas Subterráneas compartida con los demás países 5. Para la fase de ejecución, iniciada en Montevideo en mayo de 2003 con la firma de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se estableció la estructura institucional definitiva: Argentina cuenta con la Unidad Nacional Ejecutora del Proyecto (UNEP), que al igual que las de los otros tres países conforman el Consejo Superior de Dirección del Proyecto (CSDP), cuyo presidente actual es el ministro de Medio Ambiente de Paraguay, Alfredo Silvio Molinas Maldonado.

El proyecto fue estructurado en siete componentes, desarrollados en los documentos redactados por la Secretaría General del CSDP 6. Allí se destaca que "se busca ampliar y consolidar el conocimiento técnico-científico actual del SAG, (...) y determinar el estado actual de explotación y proyectar escenarios futuros, a través del inventario de las perforaciones existentes y los focos potenciales de contaminación". El documento explica también que "se busca la instrumentación de iniciativas que favorezcan el intercambio de experiencias y adquisición de conocimientos de gestión como refuerzo institucional a través de un Programa de Capacitación (...). Además se aplica un Fondo de Universidades de 360 mil dólares, que involucran a diecisiete instituciones académicas de la región, hasta octubre de 2005 (...)".

Sobre este punto, el vicedirector del Instituto de Hidrología de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Luis Sebastián Vives, manifestó al Dipló que "el Fondo apoya a las universidades de la región en la ejecución de propuestas de investigación y capacitación académica, vinculadas con temas de preservación y gestión de acuíferos. Está administrado por la Secretaría General y la OEA, bajo la orientación de los cuatro Coordinadores Nacionales del Proyecto y la dirección y supervisión general del CSDP".

En el mismo sentido, la directora del programa "Desarrollo metodológico para la evaluación de la recarga y la vulnerabilidad del Sistema Acuífero Guaraní en Argentina y Uruguay", Leticia Rodríguez, comentó al Dipló que "la generación de nuevo conocimiento acerca del SAG será de utilidad para verificar y/o corregir muchas de las hipótesis hasta hoy formuladas en torno al aprovechamiento del acuífero, y que han generado tanta expectativa en la opinión pública".

Con relación a la verificación de datos que circulan en los ámbitos científicos, académicos y en la prensa, Rodríguez muestra cierta cautela: "En diversos medios de comunicación se ha difundido ampliamente la idea de que este acuífero constituye una reserva de agua dulce de excelente calidad, capaz de abastecer a la población mundial actual durante 200 años, con una dotación per capita diaria de 100 litros. Estas cifras están siendo desmitificadas por el avance de las investigaciones en curso y la información que en ellas se genera. La buena calidad de sus aguas en Paraguay, Uruguay y sectores de Brasil permite abastecer a un número importante de localidades, ya sea para consumo humano, industrial o riego. En Argentina se han encontrado aguas con buena calidad en algunas perforaciones, en cambio otros sectores del mismo acuífero contienen aguas con contenidos de sales que superan ampliamente el contenido de sales del agua de mar, convirtiéndolas en salmueras. Esto ha sido el caso de algunas perforaciones muy profundas realizadas en la provincia de Entre Ríos".

Asimismo, en relación con las denuncias de futura privatización y dominio de la base de datos por parte de los organismos internacionales una vez finalizado el estudio, la académica de la Universidad del Litoral contradice estos argumentos: "No mantengo relación alguna con el Banco Mundial, salvo la que deriva de la Dirección del programa, y los 40 mil dólares de subsidio son destinados a insumos, gastos de tareas de campo, análisis de muestras de agua, etc., y al pago de 4 becarios que están desarrollando sus tesis de Maestría, Doctorado y trabajos finales de Licenciaturas en temas inherentes al proyecto" 7.

Una cuestión en disputa es el marco legal sobre el que se desarrolla el proyecto: Santiago Mascheroni, explicó a el Dipló que "la Nación ha firmado un convenio donde los estados provinciales no fueron consultados, lo que genera dudas sobre la constitucionalidad de dicho acuerdo. Es por eso que en reuniones del foro Crecenea-Litoral -organización que promueve la integración regional e interprovincial de las regiones del noreste y del litoral-, legisladores de distintas provincias y expresiones políticas acordaron comunicar a legisladores nacionales del Mercosur, la necesidad de implementar en el orden nacional que las provincias sean reconocidas en cualquier foro de carácter interjuridiccional en el marco del Mercosur respecto de esta problemática".

Mascheroni presentó un proyecto de ley que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado provincial para su consideración. Allí se establece que: a) se reafirma la jurisdicción exclusiva del Estado Provincial respecto de su subsuelo, en coincidencia con las disposiciones de la Constitución Nacional y el Código Civil; b) se prescribe la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier actividad sobre el Sistema Acuífero Guaraní; c) las actividades o emprendimientos futuros, deben disponerse por ley, y d) toda información sobre el sistema tiene el carácter de información pública, entre los aspectos principales. En su artículo N° 1 establece: "Dispónese que el denominado SAG, en la superficie que potencialmente se encuentre ubicado en el subsuelo santafesino, será considerado como recurso perteneciente al dominio público del Estado Provincial en concordancia a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional y los Artículos 2.339 y 2.340 inc. 3 del Código Civil". Allí se establece también que "Las cosas son bienes públicos del Estado General que forma la Nación, o de los Estados particulares de que ella se compone, según la distribución hecha por la Constitución Nacional"; y: "Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas...". Por otro lado, el artículo 3 de la iniciativa legislativa determina que "el aprovechamiento o utilización del SAG deberá disponerse por ley, requiriéndose el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Igual procedimiento se exigirá para los casos de emprendimientos mixtos" 8.

En lo que hace a legislación de orden nacional, Argentina cuenta hasta el momento con dos proyectos de ley. Uno firmado por la senadora nacional de la UCR por la provincia de Jujuy, Mónica Arancio de Beller, y otro elaborado por la diputada nacional del Partido Intransigente (PI), Lucrecia Monteagudo. Los tres primeros artículos de la iniciativa de la legisladora radical definen con precisión la problemática a debatir:

"Art. 1°. Declárase en todo el Territorio Nacional al Recurso Natural del Agua como Patrimonio Natural y Recurso Estratégico.

Art. 2°. A los efectos de la presente Ley se definirá ‘Patrimonio Natural' como el conjunto de elementos, bienes culturales, naturales, o de otra índole, comunes, indispensables e intangibles pertenecientes a una comunidad, pueblo o nación.

Art. 3°. A los efectos de la presente Ley deberá entenderse por ‘Recurso Estratégico' al agua como recurso vital, escaso, finito, vulnerable y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Es de utilidad y necesidad pública, de interés Nacional y de los Estados Provinciales. Tiene valor cultural, económico, social, ecológico y es un factor fundamental de desarrollo humano y movilizador de las actividades productivas".

El proyecto de ley de la representante del PI especifica además la necesidad de que el Estado se encargue de la provisión de agua potable. "El agua es un recurso no enajenable; la gestión y prestación de los servicios de provisión y saneamiento estarán a cargo del Estado en asociación con cooperativas de usuarios, y no se admitirá la participación de personas físicas o jurídicas privadas". Por tal motivo, la diputada del PI está impulsando una consulta popular sobre el manejo del agua potable para que se lleve a cabo conjuntamente con las elecciones legislativas de octubre de este año 9.

Los riesgos de utilización del SAG bajo parámetros mercantiles siempre sobrevuelan las iniciativas que lo conciernen. En el marco del Seminario "El Acuífero Guaraní", organizado en septiembre de 2004 por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 10, el académico en Ciencias Ambientales, Eduardo Pigretti, sentenció: "Lo que me preocupa es que el agua del SAG va a entrar por completo en el comercio. Y no está claro bajo qué reglas jurídicas, políticas y sociales. En este principio de siglo todos los bienes, todos los recursos naturales están perdiendo esa condición superior de no ser considerados una mercancía".

Las cifras

El costo del proyecto del SAG, definido en documentos firmados por la OEA -la agencia ejecutora seleccionada por los cuatro países- totaliza 26,7 millones de dólares. Este monto se divide en 13,4 millones provenientes de una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza, 12,1 millones aportados por los cuatro países involucrados y 1,26 millones financiados por el Servicio Geológico de Alemania y el Programa Asociado al Agua del Banco de los Países Bajos.

Por su parte el gobierno argentino tiene una contrapartida nacional que asciende a casi dos millones de dólares, pero que no es en moneda, sino en provisión de infraestructura, de personal y del servicio de apoyo. En relación al proceso de licitaciones, en 2004 se adjudicaron el desarrollo y confección del mapa de SAG por 446.330 dólares; y el servicio de hidrogeología general por 1.528.180 dólares. Para este año se prevé licitar los servicios de inventario y muestreo 11.

El organismo operador de los fondos es el Banco Mundial: consultado sobre su función específica por el Dipló, Sergio Jellinek, responsable del área de comunicación del BM, explicó que "tiene la responsabilidad fiduciaria de que el proyecto se ejecute con arreglo a los documentos que reflejan los acuerdos de la donación. El Banco asegura también que el personal apropiado y los recursos necesarios para la puesta en práctica del mismo estén disponibles. Además se cerciora de que los procesos de manejo financiero, incluyendo licitaciones, se realicen de acuerdo a los procedimientos del Banco y a los documentos de la donación. Todo esto se realiza con la mira puesta en que las actividades desarrolladas logren alcanzar el manejo sustentable y la conservación ambiental del Acuífero Guaraní".

Lejos de un discurso que parece salido de un archivo a repetir ante cada requerimiento de la prensa, Efraín Dávila, miembro del Movimiento Grito de las Aguas, que integra el Foro Social Acuífero Guaraní afirma "que el BM está obteniendo un ADN del Guaraní y tiene hasta 2008 para recolectar información que luego será de uso exclusivo y a la cual no vamos a poder acceder".

En el Seminario Internacional sobre el SAG llevado a cabo el 14 y 15 de octubre pasado en Foz de Iguazú, el Foro Social de la Triple Frontera y numerosos movimientos sociales del Mercosur lograron sacar del documento final los términos mercancía y privatización y en su reemplazo considerar al agua como derecho humano fundamental. Plantearon además una exigencia de vital importancia: "Los Estados miembros del Mercosur deberán establecer amplias políticas de intercambio de informaciones técnicas sobre el SAG y divulgarlas libremente en las lenguas de las comunidades que los componen" 12. Más allá de esta pequeña batalla ganada por las organizaciones que se oponen al proyecto, la visión de las comunidades indígenas es precisa en cuanto a la despareja relación de fuerzas a la que se enfrentan y a la ausencia de difusión oficial. Estela Caneo, de la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios, dijo al Dipló: "Los supuestos beneficios de este emprendimiento son una mentira, porque el verdadero interés radica en que los países que quieren quedarse con el acuífero han contaminado sus recursos y se les están acabando". Caneo denuncia que "sólo quieren levantar complejos turísticos a partir de las aguas termales del Acuífero. La tierra y el agua no tienen que venderse, nos oponemos porque nos va a llevar a la muerte lenta".

  1. ONU/WWAP (Naciones Unidas/Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos), Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para todos, agua para la vida, UNESCO y Berghahn Books, París, Nueva York y Oxford, 2003.
  2. Carlos Amorín, "Agua para todos", www.ambiente-ecologico.com, 28-02-05.
  3. Informe del CEMIDA presentado en el seminario internacional Acuífero Guaraní "Gestión y Control Social", Foz do Iguazú, Brasil, 14-15 de octubre de 2004.
  4. Idem.
  5. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, Buenos Aires, 05-03-01.
  6. Disponible en www.sg-guarani.org, marzo de 2005
  7. Dra. Leticia Rodríguez, directora del Departamento de Medio Ambiente, co-directora del Centro de Estudios Hidro-Ambientales, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral.
  8. Expte. N° 13.163, 18/08/04, Aprobado en Sesión del 18-1-04.
  9. Hacia una Consulta Popular-El Agua es de Todos, Campaña Nacional de Recolección de Firmas, Fundación Oscar Alende.
  10. Colección Documentos de Trabajo, CARI, Nº 81, Buenos Aires, 2004.
  11. Comunicado de prensa, "Iniciativa Multilateral para manejar el reservorio acuífero subterráneo más grande de Sudamérica", Banco Mundial, Buenos Aires,
    22-05-03.
  12. Carta de Foz de Iguazú, Foro Social de la Triple Frontera, octubre de 2004.

El negocio del agua a nivel mundial

La década del ’90 marcó un momento clave en la gestión del agua, ya que en 1995 se suscribió el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), como parte de los compromisos impulsados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que estableció un proceso de liberalización, desregulación y privatización de los servicios básicos, apuntando a la creación de mercados globales del agua, la energía, las telecomunicaciones, la salud y la educación, entre otros. Bajo este marco, gobiernos de todo el mundo –incluidos países desarrollados– comenzaron a transferir su responsabilidad de control de los recursos naturales a un grupo de empresas privadas: las francesas Vivendi y Suez y la alemana RWE, que adquirió dos importantes empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y American Water Works, en Estados Unidos.
Asimismo, en el Foro del Agua de Kyoto 2003 (Japón), Michel Camdessus, ex director del FMI y reconocido lobbista de la industria del agua, asistió como representante de una iniciativa conjunta del Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua y la Sociedad Mundial del Agua, y presentó un controvertido informe titulado “Financiando agua para todos”. En ese documento se estima necesaria una inversión de 180 mil millones de dólares en diez años para reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua en el mundo. El informe sentencia que ese dinero no debe provenir sólo de los presupuestos de los distintos Estados sino también del aporte de la iniciativa privada 1.
Las modalidades de privatización del agua a nivel mundial varían, pero una constante es que en muchos casos cuentan con el aval de los organismos internacionales (BM, FMI). Puede haber una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte de los Estados nacionales a favor de las empresas; o bien los gobiernos firman una concesión para que las multinacionales se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso (en este caso las ganancias son gestionadas en su totalidad por la multinacional); existe también un modelo “restringido” en el que un Estado nacional contrata a una entidad privada para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más utilizada ha sido la segunda.
Asimismo, existe una embestida de Estados Unidos por el control de recursos naturales delineada en tres planes de infraestructura: la North American Water and Power Alliance (NAWAPA); el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) 2. El primero pretende desviar los recursos hídricos de Alaska y el oeste de Canadá a Estados Unidos. El segundo tiene proyectadas variadas obras de infraestructura a lo largo del istmo mesoamericano, incluyendo la explotación de las abundantes provisiones de agua fresca que se encuentran en Guatemala y el sur de México. El IIRSA, el más ambicioso de los tres, propone corredores industriales, enormes proyectos hidroeléctricos, hidrovías y superautopistas que conectarán los rincones más alejados de Sudamérica a la economía global. Algunos de éstos atravesarán la cordillera de los Andes para unir la cuenca amazónica (que contiene un 20% del agua potable del mundo) con megapuertos a ser construidos en la costa del Pacífico.
Entre los proyectos de IIRSA figura la construcción de un Gran Canal que conectará el Río de la Plata con el Amazonas y el Orinoco. Con respecto al Río de la Plata (cuya cuenca es de 3,1 millones de km cuadrados y es eje nodal de la zona productiva del Mercosur), la National Science Foundation de Estados Unidos tiene ahí montado un proyecto “multidisciplinario” para estudiar la cuenca y sus recursos. También estaría interesada la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) como parte de su proyecto de “ciencia para el desarrollo sustentable” con financiamiento de las fundaciones Ford y Rockefeller y empresas como Coca-Cola, Nestlé, Kellogg, IBM y Kodak 3.

  1. Hinde Pomeraniec, “Los secretos empresarios del informe Camdessus”, Clarín, Buenos Aires, 3-8-03.
  2. Fuente: Ecoportal.net
  3. Carmelo Ruiz Marrero, Semanario Claridad, Puerto Rico, 14-10-04.


Autor/es Martín Latorraca, Maximiliano Martínez
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 74 - Agosto 2005
Páginas:16,17,18
Temas Ciencias Políticas, Neoliberalismo, Nueva Economía, Estado (Política), Geopolítica, Medioambiente
Países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay