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Una ley que viene de lejos

En medio de una seria crisis identitaria respecto del modelo francés de integración, la ley del 23-2-05 que establece la enseñanza en las escuelas del “legado positivo” de la colonización francesa abre el debate sobre la relación entre el rol del Estado, la memoria y la historia.

En las polémicas que suscitó la ley no se mencionó hasta ahora que ese texto había sido el fruto de una larga meditación, una preparación minuciosa de grupos organizados, así como la mención, durante su gestación, del proyecto del Memorial que debería abrir sus puertas en Marsella a comienzos de 2007, reflejando también la voluntad de imponer una lectura de la Historia. En efecto, este viejo plan de origen municipal e ideado por varias asociaciones de repatriados, al cual el Estado se asoció tardíamente, se apoya en un proyecto de ley presentado el 10 de marzo de 2004 ante la Asamblea Nacional en nombre del Primer Ministro, con una exposición de motivos particularmente clara: "Durante su presencia en Argelia, Marruecos, Túnez, así como en los territorios antiguamente colocados bajo su soberanía, fueron múltiples los aportes franceses en los ámbitos científicos, técnicos, administrativos, culturales y también lingüísticos. [...] Para el Estado francés constituye un deber reconocer la obra positiva de nuestros compatriotas en esos territorios: esa será la principal vocación del Memorial de la Francia de Ultramar".

"Terapia política"

Confrontados a un equívoco, muy actual, entre historia y memoria, algunos historiadores prefirieron guardar distancia con un proyecto que tiene toda la apariencia de la construcción de una "memoria parcial" de la historia colonial; otros miembros del consejo científico optaron por intentar influir en esas orientaciones desde adentro para evitar los estados afectivos de la memoria y aquello que inicialmente se parece a una "terapia política". El historiador Daniel Hémery estaba en lo cierto cuando desde 2001 escribía a propósito de ese Memorial que seguramente era "socialmente necesario que una iniciativa oficial contribuya a hacer reflexionar al mismo tiempo a la opinión pública de una nación heredera de la colonización como es Francia, y a las nuevas naciones surgidas de esa colonización". Y agregaba: esta empresa "no puede ser sino contradictoria, como lo es todo diálogo científico y cultural", incluso si en este caso no se trata de ningún modo de circunscribirlo a un nuevo "elogio del colonialismo" o a un nuevo "proceso de colonización". Y terminaba anunciando su retiro de ese proyecto. Paralelamente, la alcaldía y algunos movimientos asociativos intentan ser los verdaderos "artífices" del Memorial de Marsella, una situación similar a la de otros proyectos como, por ejemplo, el de Montpellier.

La dificultad en reconocer a la historia colonial como parte integrante de la historia nacional desde el fin de la guerra de Argelia emerge en Francia en forma de un gran debate. El artículo 4 de la ley del 23 de febrero de 2005 lleva las huellas de memorias partidarias, y da la impresión de que una gran mayoría de parlamentarios impone una visión de la historia contrapuesta a otra. Ese voto responde a las reivindicaciones de varios lobbies, ya percibidas en el informe preparatorio que Michel Diefenbacher, diputado de Lot-et-Garonne, entregara en septiembre de 2003 al entonces primer ministro, Jean-Pierre Raffarin. Allí se estipulan claramente las reivindicaciones de las asociaciones de repatriados en cuanto a la enseñanza de la historia colonial. Respaldándose en esas reivindicaciones, el legislador defiende un control gubernamental sobre la escritura de la historia, al prescribir en especial que "el ministro de Educación Nacional" ejerza un "derecho de fiscalización sobre el contenido de los manuales utilizados por alumnos y maestros" con "la participación en esta reflexión del mundo asociativo, junto con investigadores, historiadores y profesores".

La mezcla de géneros aparece evidente cuando la escritura de la historia ya no pertenece a los historiadores sino también al Estado y a las asociaciones directa, y a menudo dolorosamente, vinculadas a ese pasado, y denuncia la "enseñanza orientada" que, según ellas, presenta a la colonización de una manera demasiado negativa. Se niega pura y simplemente la más elemental deontología historiadora, dado que de ahora en adelante debe aparecer una "verdad oficial", expresada con palabras muy claras en el primer artículo de la ley: "La Nación manifiesta su reconocimiento a las mujeres y a los hombres que participaron en la obra llevada a cabo por Francia en los antiguos departamentos franceses de Argelia, en Marruecos, Túnez e Indochina, así como en los territorios que estaban bajo soberanía francesa".

En realidad, la ley no se dicta por azar. Algunos hablan de un voto a la ligera (incluso el del Partido Socialista) bajo presión de ciertos funcionarios electos con el fin de satisfacer al electorado pied noir (franceses de Argelia); en cambio, otros señalan que la génesis de esta ley se encuentra en 2003. Es sólo la parte visible de un movimiento de recuperación de la historia colonial mucho más profundo, y del establecimiento de una memoria que va más allá de una simple rememoración del pasado y apunta a reafirmar una determinada cantidad de valores, en el momento en que Francia atraviesa una crisis identitaria, en especial con respecto a su modelo de integración.

En efecto, un repaso a los proyectos anteriores permite descubrir los diferentes indicios de un movimiento mucho más extenso que el imaginado en primer lugar. El 5 de marzo de 2003, con anterioridad al informe de Diefenbacher, más de cien diputados, encabezados por Jean Léonetty y Philippe Douste-Blazy, habían presentado un primer proyecto de ley que proponía un único artículo: "Se reconoce públicamente la obra positiva del conjunto de nuestros conciudadanos que vivieron en Argelia durante el período de la presencia francesa". Este texto no logró su aprobación porque no se había constituido una comisión especial en los plazos previstos.

En el seno de las comisiones los términos "obra" y/o "positivo" se repitieron en numerosas intervenciones, tanto en informes como en sesiones públicas. Aparecen regularmente y no son exclusividad de un partido político, puesto que el viernes 11 de junio de 2004 el diputado socialista Kléber Mesquida declaraba, a comienzos de su intervención en una sesión pública: "Permítanme pues saludar a todos esos compatriotas que contribuyeron a la obra civilizadora de Francia". Ahora bien, en septiembre de 2003 el informe de Diefenbacher llevaba un doble título, también muy revelador, que hubiera podido alertar a los parlamentarios: "Perfeccionar el esfuerzo de solidaridad nacional para con los repatriados. Promover la obra colectiva de la Francia de Ultramar". Se retoma así el vocabulario y sobre todo la argumentación grandilocuente de los eslóganes imperiales articulados en torno a la misión civilizadora, la revaloración y la grandeza nacional. El resurgimiento de la mitología de la epopeya colonial no tiene matices: "Francia había pedido a sus hijos más intrépidos que aseguraran su expansión allende los mares: lo hicieron con coraje, con entusiasmo, con tenacidad. Se aprovecharon las tierras, se combatieron las enfermedades, se promovió una real política de desarrollo".

Una historia completa no tiene el objetivo de avivar los discursos individualistas, sino por el contrario trascender las memorias -incluso las memorias heridas, el sufrimiento de todos, sin olvidar el de los harkis (argelinos que formaron una milicia indígena) y los repatriados de África del Norte o de la ex Indochina- para estudiar y enseñar la historia de la colonización en toda su complejidad, cualquiera fuese el costo para las representaciones de la historia que unos y otros se hacen. La historia oficial que se instala no puede sino agravar el conflicto de memorias que divide a la sociedad francesa; sólo puede llevar a ejecutar eternamente la gastada partitura de los "colonialistas" contra los "anticolonialistas"; hagiógrafos contra detractores; nostalgia contra arrepentimiento.

La defensa a ultranza de una "versión positiva", sin reconocer las asperezas, los retrocesos y la negación de algunos valores republicanos del accionar colonial, no permite ni pacificar ni progresar. ¡No se trata de arrepentimiento, excusas o pedidos de perdón, sino simplemente de historia!

Ahora bien, cuando en el ámbito escolar se insinúa la política de conmemoración, cuando la memoria y la política imponen por ley una lectura de la historia, debemos interrogarnos sobre el estatus de la disciplina histórica en la sociedad y a la vez sobre la misión atribuida a los maestros. Asimismo tenemos que oponernos por principio a tales prácticas que, hasta hoy, pertenecían a los regímenes no democráticos; así lo hicieron los historiadores y enseñantes durante el año 2005 mediante repetidos llamados y peticiones.

Con el mantenimiento de este artículo de la ley de febrero de 2005, no sólo se daña la imagen de Francia, también se erosionan sus valores, porque un país que reconoce plenamente su trayectoria histórica no puede sino salir engrandecido...

Autor/es Sandrine Lemaire
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 79 - Enero 2006
Páginas:34
Traducción Teresa Garufi
Temas Historia, Política
Países Francia