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Multinacionales y Estados

El conflicto jurídico que enfrenta en la Unión Europea (UE) a la multinacional de origen estadounidense Monsanto por una parte e importadores, exportadores y el Estado argentino por otra, está lejos de ser un simple entredicho comercial. Lo que esa empresa pretende es nada menos que controlar de cabo a rabo –y cobrar por ello a cada paso– todo el proceso de producción y comercialización agrícola. Llevada al extremo, la lógica que compañías como Monsanto tratan de incorporar a las normas comerciales y a la jurisprudencia internacional haría que los productores se viesen obligados a comprar todos los años las semillas (se autodestruyen al finalizar el ciclo) y el herbicida “correspondiente” a la misma empresa; que el vegetal y sus derivados paguen luego regalías a lo largo de toda la cadena de transformación y comercialización; que por último los consumidores no tengan derecho a ser advertidos sobre el origen y la composición de los productos que adquieren. Es posible imaginar el día en que una multinacional embargue un cargamento de chorizos exigiendo un análisis de laboratorio para determinar si el cerdo en cuestión consumió algún forraje que debiese su existir a una semilla y su sobrevivencia a un herbicida patentados oportunamente por la empresa...
En cualquier caso, el procedimiento actual es muy propio de la prepotencia económica de multinacionales como Monsanto. Al llegar a la UE, los barcos con soja RR argentina o sus derivados son objeto de un proceso jurídico cuyo primer paso es la toma de una muestra para ser analizada en laboratorio y la constitución de un fondo de garantía para el caso en que la justicia acabe dando razón a la empresa en su reclamo por regalías. No le asisten argumentos jurídicos válidos (Correa, pág. 4), pero tiene a su favor todo el dinero del mundo para dificultar las transacciones durante mucho tiempo. El objetivo de Monsanto no es ganar el pleito, sino empujar a las empresas a un “acuerdo” que fije de una vez y para siempre sus derechos de regalía en toda la cadena. Por eso es encomiable la actitud asumida hasta ahora por el gobierno argentino, que logró que un juez holandés acepte como tercera parte interesada a su Secretaría de Agricultura; ordenó a sus embajadas en la UE que enfrenten la ofensiva de Monsanto e impidió, al menos por el momento, que algunas de las empresas comercializadoras argentinas más importantes se inclinaran ante la multinacional, que exige a los importadores 15 dólares de royalties por tonelada 1.

Círculo de hierro

La necesidad de que los Estados de los países en desarrollo intervengan ante las pretensiones y modos de actuar de las grandes compañías multinacionales se hace evidente en conflictos como éste y otros en curso. Si el Estado argentino no interviene con todos sus recursos tanto en el plano internacional, para evitar que se siente jurisprudencia desfavorable en asuntos de semejante peso estratégico; como ante sus propias compañías –en muchos casos ligadas a las multinacionales, o multinacionales ellas mismas– para impedir acuerdos cuyos efectos económicos acabarán pagando productores y consumidores, el círculo acabará cerrándose. Y será de hierro.
Los gobiernos y medios de comunicación de los países desarrollados no vacilan en salir en defensa de “sus” multinacionales, les asistan o no la razón y el derecho. Así, el gobierno francés apoya enérgicamente a Suez, principal accionista de Aguas Argentinas, en sus millonarios reclamos al Estado argentino ante el CIADI, a pesar de su “contabilidad creativa” y de sus reiteradas violaciones a los requisitos de la concesión, ya en sí misma extremadamente favorable a la compañía 2. Pero el gobierno francés se cuidó muy bien de hacer lo mismo cuando otra de sus multinacionales, Thales Spectrum, vio también anulada su concesión por el gobierno argentino. Ocurre que los negocios de Thales (seguridad, defensa, comunicaciones, aeroespacial) forman parte de los asuntos más íntimos del Estado; que tanto la concesión argentina como el comportamiento de esa empresa en el país fueron extremadamente irregulares y que Thales está siendo investigada incluso en Francia 3.
El gobierno socialista español tampoco se priva. Ante una grave denuncia por supuesto contrabando de hidrocarburos a dos altos ejecutivos de Repsol YPF en Bolivia, el canciller Miguel Moratinos no vaciló en salir en defensa de la compañía, como si la justicia boliviana no existiese. Lo mismo hizo un importante periódico español, que calificó a los acusados de “rehenes” 4. Dicho sea de paso, los grandes medios de comunicación argentinos tardaron años en enterarse de que la francesa Suez y sus asociados estaban operando ineficaz e irregularmente Aguas Argentinas, aunque eso clamaba al cielo casi desde el principio de la concesión 5.

El chantaje inversor

Esto ha sido siempre así y hasta nuevo aviso, será. En 1989, por ejemplo, la justicia venezolana destapó una serie de escándalos financieros en los que resultaron implicados altos funcionarios de empresas transnacionales. Una cotización preferencial para cierto tipo de dólar había permitido a esas empresas, mediante el consabido manejo de sobre y subfacturación y otras argucias, realizar dividendos extraordinarios. La justicia llegó a dictar orden de detención contra ejecutivos de varias empresas, entre ellas Ford y General Motors. Pero entonces la inversión extranjera amenazó con retirarse del país y los inversores, gravemente ofendidos en su honor, utilizaron de portavoz nada menos que a un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Richard Lugar, quien afirmó en Caracas que “antes de venir a Venezuela, varios hombres de negocios me indicaron que ellos no podían darse el lujo de permitir que sus principales ejecutivos estuvieran amenazados por la posibilidad de ser encarcelados por un tiempo, y que como resultado de esto la mayoría se ha ido de Venezuela y la inversión futura por parte de esas compañías no se producirá” 6. Como actualmente para el gobierno español en Bolivia, la justicia venezolana era irrelevante para Estados Unidos y el senador Lugar no se permitía suponer ni por un segundo que las acusaciones podían tener fundamento (el presidente Carlos Andrés Pérez tuvo por supuesto muy en consideración las opiniones de Lugar y todo quedó en agua de borrajas).
De modo que “meterse” con una multinacional, cualquiera sea su eficacia, cumplimiento, honestidad y manejos, es atraerse las furias de los gobiernos, los grandes medios de comunicación y sus opinadores y, of course, alienarse a “los inversores internacionales”.
Por supuesto que los reclamos de reglas claras, seguridad jurídica, etc., de parte de los inversores son justos y razonables y que en el comportamiento de ciertas empresas multinacionales mucho tienen que ver la corrupción, la ineficacia y la falta de continuidad y coherencia, cuando no el disparate, que suelen imperar en los países en desarrollo. Los gobiernos del peronista Carlos Menem en Argentina figuran en este sentido en cabeza de lista; son de manual.
Pero respecto a la corrupción, leyendo la prensa europea y estadounidense se puede concluir en que se trata de un fenómeno exclusivo de los países subdesarrollados que los gobiernos y empresas de los desarrollados se ven obligados a soportar con estoicismo, cuando es evidente que en esa materia, como para bailar un tango, hacen falta dos. Y en cuanto a leyes, regulaciones y controles laborales, ambientales, sanitarios, etc., por no hablar de impuestos, las multinacionales no toleran en los países en desarrollo exigencias que son normales en sus países de origen.

Hora de firmeza

Pero si muchos países necesitan inversiones (aunque esto, al menos en el caso de los sudamericanos, es por lo menos discutible), las multinacionales necesitan mercados y sus países de origen necesitan que les vaya bien en esos mercados. Para España, por ejemplo, los ingresos de sus empresas en América Latina (41.000 millones de euros en 2004), representan el 5,2% del PBI 7. Para una sola de sus compañías, Repsol-YPF, sus ganancias en Argentina representaron el año pasado aproximadamente el 50% de sus utilidades globales 8. “América Latina es ya demasiado importante (para España), porque nos estamos jugando nuestras pensiones. La reducción de un 30% de los ingresos en Latinoamérica supondría una disminución directa del 1,6% del PBI español, pero el efecto indirecto en ingresos, consumo y empleo sería muchísimo mayor”, señala el director de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo 9.
De modo que hay condiciones para que los países en desarrollo consigan que las multinacionales cumplan con sus compromisos y con las disposiciones y la jurisdicción locales. Consciente de ello, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Solíz Rada, no vaciló en afirmar que “si no reconocen el principio constitucional de someterse a las leyes bolivianas, se van del país” 10.
Es hora de que las multinacionales empiecen a escuchar cosas así de parte de los gobiernos a cargo del Estado en los países en desarrollo.

  1. Matías Longoni, “La Cancillería enfrenta en Europa la ofensiva de Monsanto sobre la soja”, Clarín, Buenos Aires, 26-3-06.
  2. Descrita con detalles y precisión por Alfredo Zaiat, “Turbia era también la contabilidad francesa”, Página/12, Buenos Aires, 23-3-06.
  3. “Acusan a Thales de operar en paraísos fiscales y con empresas fantasma”, Clarín, Buenos Aires, 27-1-04.
  4. Carlos Gómez, “Repsol polariza divisiones en la coalición boliviana”, El País, Madrid, 26-3-06.
  5. Nana Bevillaqua, “Aguas Argentinas, gran negocio de la empresa a expensas de los usuarios”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, agosto 2001.
  6. C. Gabetta, “Vicios privados, públicas virtudes”, El País, Madrid, 27-9-1989.
  7. José Luis Barbería, “España se la juega en América”, investigación, El País, Madrid, 13,14 y 15-3-06.
  8. Claudio Zlotnik, “Y con los surtidores congelados”, Página/12, Buenos Aires, 25-2-06.
  9. J.L. Barbería, ibid.
  10. Mabel Azcui, “Bolivia advierte...”, El País, Madrid, 26-3-06.
Autor/es Carlos Gabetta
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 82 - Abril 2006
Páginas:3
Temas Agricultura, Desarrollo, Nueva Economía