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Recuadros:

Prisioneros y rehenes del conflicto colombiano

Los partidos políticos que apoyan a Álvaro Uribe alcanzaron la mayoría en las elecciones legislativas del 12 de marzo pasado. A pesar de una abstención cercana al 60%, esta victoria apuntala las chances de reelección del presidente para las elecciones del 28 de mayo próximo. La “guerra total” contra las guerrillas hace más difícil el “intercambio humanitario” con las FARC para liberar a sus “prisioneros políticos”.

En esta selva espesa, "en algún lugar de Colombia", llueve y llueve. Y también diluvia. Y cuando esa catarata cesa, es para dejar lugar a una llovizna insidiosa. Las hojas gotean, las plantas chorrean, el lodo recubre al lodo. Cubiertos con sus largos impermeables, bajo los cuales se adivina el arma permanentemente en bandolera, pequeños grupos de guerrilleros se ocupan de sus tareas.

A la pregunta que le hicimos a comienzos de febrero, el comandante Raúl Reyes, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), responde sin un segundo de vacilación: "Puedo garantizarle que Ingrid Betancourt está viva y en buen estado de salud. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, y como todos los prisioneros desea que se firme un acuerdo de paz", y añade con una sonrisa exenta de cinismo: "Es totalmente normal que desee recuperar su libertad".

La franco-colombiana Ingrid Betancourt se convirtió en el símbolo de los rehenes del conflicto que desgarra ese país. Elegida diputada y luego senadora, rápidamente se alienó una gran parte de la clase política al denunciar valientemente los negociados y la corrupción. Muy crítica de los movimientos de oposición armados, abogaba por una salida negociada a ese conflicto. Como candidata de su pequeño partido, Oxígeno Verde, Ingrid Betancourt se lanzó a las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002.

Pocos meses antes de esa fecha, el 20 de febrero, el gobierno colombiano rompió las conversaciones de paz que se desarrollaban con las FARC cerca de San Vicente del Caguán, en una amplia zona desmilitarizada. Tras una violenta ofensiva las fuerzas gubernamentales volvieron a ocupar ese poblado y sus alrededores. El jefe de Estado, Andrés Pastrana, viajó a la zona. Ingrid Betancourt, en su calidad de candidata a la presidencia, pidió al gobierno que le permitiera viajar en el avión que llevaba a los periodistas que acompañaban a Pastrana, pero las autoridades se opusieron. Imposibilitada de hacerlo por vía aérea -y aunque se intentó disuadirla- decidió hacer el viaje por carretera. El 23 de febrero, junto a su encargada de prensa Clara Rojas y a dos periodistas, Ingrid Betancourt penetró en la zona donde se desarrollaban intensos combates entre el ejército y la guerrilla. Cuando el chofer descubrió a lo lejos una barrera de control de los rebeldes, ella se negó a retroceder.

El 28 de junio de 2001 las FARC habían liberado unilateralmente 242 soldados y policías en La Macarena (departamento del Meta), reteniendo sólo a los oficiales. La oligarquía no liberó a cambio ningún guerrillero. "En una conversación -explica el comandante Reyes-, el alto comisionado de paz de entonces, Camilo Gómez, le dijo a Marulanda (jefe histórico de la guerrilla) que ni el gobierno de Pastrana ni el que lo sucediera aceptarían un intercambio humanitario. Que si las FARC no se sometían a las condiciones de Pastrana, había que olvidarlo. Para nosotros eso fue como una extorsión, así que dijimos: ‘Si ustedes se niegan, la responsabilidad será de ustedes'".

Los secuestros de las FARC

Irritados, los guerrilleros advirtieron que secuestrarían a miembros de la clase política, por considerarlos "tan escandalosamente indiferentes al drama de la guerra que vive el pueblo como a la suerte de los soldados que luchan en las filas del ejército". Desde entonces se dedicaron a secuestrar la mayor cantidad posible de personalidades, con el fin de presionar al gobierno y obtener a cambio la libertad de 500 de sus combatientes presos.

La llegada al poder de Álvaro Uribe, el 7 de agosto de 2002, marcó una escalada en la confrontación militar. Curiosamente, el gobierno trató por todos los medios de convencer a la "comunidad internacional" de que en Colombia no existía un conflicto armado, sino simplemente una "amenaza terrorista". En los últimos veinte años, ese conflicto inexistente se cobró al menos 70.000 vidas, y obligó a desplazarse a tres millones de personas. El país vive efectivamente una conflagración de carácter social, económico y político, en el marco de una guerra civil que lleva ya décadas.

Incluidas en la lista estadounidense de organizaciones terroristas en septiembre de 2001 y posteriormente en la de la Unión Europea, las FARC, al igual que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se vieron despojadas de hecho de su condición de beligerantes. Sin embargo, según la definición del Segundo Protocolo adicional a las cuatro convenciones de Ginebra, ratificado por Bogotá el 18 de mayo de 1995, Colombia vive un "conflicto armado interno, que no tiene carácter internacional": "Un conflicto en el que se enfrentan las fuerzas armadas del Estado con otras fuerzas igualmente armadas, identificables, que se oponen al Estado, que están vestidas con uniformes reconocibles, portan armas abiertamente, dependen de un comando y son o fueron reconocidas en algún momento como tales por el Estado". Prueba de ello son las conversaciones de paz desarrolladas en 1984 por el gobierno de Belisario Betancur y luego las que tuvieron lugar del 7 de noviembre de 1998 al 20 de febrero de 2002 bajo el patrocinio de Pastrana.

De una manera u otra, ese complejo enfrentamiento implica a toda la población. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus cómplices dentro de las fuerzas de seguridad son responsables de la inmensa mayoría de los homicidios, "desapariciones" y actos de tortura cometidos, mientras que a los guerrilleros se les atribuye la mayoría de los secuestros. Se estima en cerca de 3.000 (cifra actualmente en baja) el número anual de víctimas de ese flagelo.

En 2003, las FARC fueron responsables del 30,55% de los secuestros, el ELN del 15,5% y los paramilitares del 7,86%, mientras que el resto fue obra de delincuentes comunes 1. Hay entonces una gran diferencia respecto de la cifra que suelen citar los medios, simbolizada en la página de publicidad de un cantante, publicada con el título "Renaud en la jungla", que anuncia una canción y el concierto de apoyo del 23 de febrero de 2006 en favor de la liberación de Ingrid Betancourt "y de los 3.000 rehenes de Colombia en manos de las FARC" 2.

No vamos a entrar en una indecente batalla de cifras que lleve a pensar que la retención de 800 o 900 personas sería menos condenable que la de 3.000. Sin embargo, el efecto del anuncio no es inocente: los sentimientos generosos movilizados a favor de Ingrid Betancourt suelen ser recuperados, por estupidez, ignorancia o complicidad, en provecho del gobierno colombiano.

Los rehenes

En realidad, si el cautiverio de Ingrid Betancourt conmueve, la publicidad que se hace en torno suyo provoca también mucha irritación, sobre todo en Colombia. No porque su familia, sus amigos, sus contactos influyentes -entre ellos el primer ministro francés, Dominique de Villepin- o personas de buena voluntad se movilicen en su favor. Su madre, Yolanda Pulecio, muy humana y muy digna, afirmó en Bogotá: "Hemos buscado por todos lados. Presionamos al Presidente, tratamos de que nos escuchara la guerrilla, buscamos apoyo en Estados Unidos, en México, en Venezuela y, por supuesto, en Francia..." ¿Quién no haría lo mismo?

Pero respecto de otros que corren de los conciertos de solidaridad a los estudios de televisión, cabe preguntarse si despliegan tanta energía por las víctimas de esta tragedia que no tienen nacionalidad franco-colombiana. Los otros 61 "prisioneros políticos" de las FARC interesan mucho menos, se trate de un ex-gobernador del departamento del Meta (Alan Jara), de un ex-ministro (Fernando Araujo), de un senador (Luis Eladio Pérez), de diputados (Consuelo González, Orlando Beltrán y Oscar Liscano), o de militares y policías... "¿Qué diferencia hay entre el dolor de la madre de un soldado y el de la madre de un político?", pregunta Marleny Orjuela, presidenta de ASFAMIPAZ, la Asociación de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por grupos Guerrilleros. "Ingrid goza de un trato preferencial porque tiene la ciudadanía francesa y pertenece a un medio social privilegiado. Es decir que hay secuestrados de primera y de segunda clase. A nosotros nos olvidaron", añade Edna Margarita Salchali, hermana del subteniente Elkín Hernández, tomado prisionero en combate el 14 de octubre de 1998.

Pero sobre todo, ¿cómo se explica el silencio sobre los atropellos de los paramilitares y del ejército? La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) contabiliza cerca de 7.000 casos documentados de personas secuestradas desde 1997 por los escuadrones de la muerte, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Las fotos de esas personas no son expuestas en las fachadas de las municipalidades. ¿Por qué no llevar adelante, también y al mismo tiempo, una campaña para denunciar la política de criminalización de la protesta social, que permitió enviar a las prisiones del Estado a cientos de colombianos, dirigentes o militantes sindicales y miembros de diversas asociaciones?

Ya sea "reteniendo" a personas cuyas familias se ven obligadas a pagar un rescate (o "impuesto revolucionario", según los rebeldes), o cometiendo secuestros políticos, las FARC violan el ius in bello, esto es, el conjunto de normas de conducta de guerra moralmente aceptables. Esa doctrina implica que nunca hay que tomar a la población civil como objetivo. Según el apartado 1 [b] del artículo 3, común a las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1948, y el artículo 4 [2] del Segundo Protocolo adicional de junio de 1977, las FARC deberían liberar a todos los secuestrados y rehenes "inmediatamente, sin condiciones y de manera unilateral".

Una vez dicho esto claramente, ¿se puede considerar rigurosamente como "rehén" a cualquiera que se halle en poder de las FARC? ¿No debería hablarse más bien de combatientes prisioneros cuando se trata de los 36 oficiales, suboficiales y policías capturados en combate? 3. ¿Pueden considerarse rehenes Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonçalvez? Empleados de la firma californiana Microwave Systems, subcontratista del Pentágono, los tres cayeron en poder de los rebeldes cuando se precipitó a tierra el avión de espionaje en que viajaban, un Cesna 208 Caravan perteneciente al gobierno de Estados Unidos, el 12 de febrero de 2003, en plena zona de guerra, en Santana de las Hermosas (departamento de Caquetá). En realidad, deberían ser considerados como "mercenarios". El deslizamiento semántico no es anodino.

Realidades "diferentes"

El "sentimiento de injusticia" desempeñó un papel indiscutible en la decisión de los insurgentes de tomar las armas y también en su brutalidad. En agosto de 2001, en el sur de Bolívar, cerca del río Magdalena, rojo de la sangre que hicieron correr los paramilitares, hablamos con el comandante de una columna del ELN. Durante dos horas, en el frescor de una noche desolada, nos habló de esa guerra inhumana. Su voz era sorda, las palabras brotaban como ráfagas, se veía que el hombre necesitaba hablar. Luego de un largo silencio, evocó a un senador, secuestrado por su organización, al que tuvo que custodiar a la espera del rescate exigido 4. "Gritaba, lloraba, y decía ‘¿Por qué a mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Yo qué les hice a ustedes?'. Yo le respondí: ‘Usted pertenece a la clase política. Por culpa suya yo pasé una infancia sin escuela, sin médico, en la peor pobreza. Por culpa suya mi familia sólo conoció la miseria y yo no tuve otra salida que tomar las armas. Por culpa suya yo voy a morir en estas montañas. Usted, en cambio, sólo pasará algunos meses sin confort. En comparación, le sale barato. Entonces, no se queje'".

Después de todo, es lo que dijo un ex-presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, cuando interpeló a la sociedad colombiana sobre el tema de "los buenos y los malos": "Como el alzado en armas que practica la extorsión es abominable a los ojos de los miembros del establishment, aquel que mediante ventajas que se derivan de su posición social, económica o política lucha por mantener el statu quo apoyándose en las armas oficiales es igualmente abominable a los ojos de quienes militan en el campo contrario" 5.

El 28 de marzo de 1984, al firmar el acuerdo de La Uribe, las FARC condenaron la práctica de los secuestros y se comprometieron a acabar con ese tipo de acciones. Las negociaciones con el presidente Belisario Betancur fueron el primer intento de inserción política de la organización, por medio de la creación de un partido -la Unión Patriótica (UP) -y de un alto el fuego. Pero los militares y los paramilitares decidieron otra cosa. La experiencia de la UP acabó en una matanza: 3.000 muertos 6. Igual que su organización, el comandante de las FARC Iván Ríos sacó sus propias conclusiones: "Nosotros tenemos nuestras propias normas, que a veces coinciden con las del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero la realidad de la confrontación en Colombia no está totalmente interpretada por éste. El DIH no representa la realidad colombiana" 7.

Esta guerra, como todas las guerras, tiene poco que ver con la moral. Pero es posible tratar de atenuar sus efectos más dolorosos. "Las FARC tienen, tuvieron y tendrán como objetivo político el intercambio de prisioneros", nos reiteró el comandante Reyes. "Intercambio humanitario" que el gobierno rechaza obstinadamente. Para la guerrilla, más allá de lograr la liberación de sus combatientes, discutir en pie de igualdad con el gobierno significa recuperar su dimensión política, lo que le permitiría salir de la categoría de organización terrorista que se le adjudicó y que rechaza enérgicamente.

Uribe y la ONU

Eso es lo que por definición desea evitar Uribe, obsesionado por lograr una victoria militar sobre su propio "eje del mal". El Presidente está obstinado en liberar a los cautivos por medio de operaciones militares, con las consecuencias desastrosas que ello puede implicar. Pues, en tal caso, ciertos frentes de las FARC -llevando a veces su lógica a un límite inaceptable- cumplen con lo que siempre anunciaron: impedir la liberación de cualquier secuestrado. Prueba de ello fue la suerte corrida por el gobernador del departamento de Antioquía, Guillermo Gaviria, la del ex-ministro de Defensa Gilberto Echeverri y la de ocho militares, cuando el 5 de mayo de 2003 un comando llegado en helicóptero se acercó al sitio donde estaban detenidos, en los alrededores de Frontino (Antioquía). Según el testimonio de un sobreviviente, los prisioneros lo pagaron con su vida, ejecutados por los guerrilleros. Como ocurrió en las mismas circunstancias con la ex-ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera.

Al respecto, la difusión del segundo videocassette grabado en cautiverio por Ingrid Betancourt dio lugar a un tratamiento mediático ambiguo 8. Los extractos difundidos o publicados generalmente indicaban que la ex-senadora pedía al gobierno que negociara la liberación de los soldados, precisando a la vez que la libertad de los rehenes civiles "no era negociable". Y sobre todo que ella daba, en lo que la concernía, su autorización para organizar una operación militar de salvataje. En realidad, su declaración integral dice lo siguiente: "Rescate sí, definitivamente sí, por principio, pero no cualquier rescate. Los rescates o son un éxito o no deben serlo. Colombia no puede caer en el expediente de que simplemente un rescate sea una oportunidad política en el cual se pone en juego la vida de muchos ciudadanos, pero en el cual el Estado sale siempre ganando, ganando si se liberan los secuestrados vivos porque son los trofeos, son una victoria, y victoria también si se rescatan cadáveres, porque se puede acusar al enemigo".

Presas de angustia y de incertidumbre, las familias de los cautivos rechazan enérgicamente esa eventualidad. "Que las fuerzas armadas me perdonen -dice Margarita Salchali- pero son incapaces de realizar exitosamente una operación de liberación". Por su parte, el padre de un policía, exasperado ante esa posibilidad, afirma: "Luchamos durante años para conseguir su liberación y no tenemos ganas de que vuelvan envueltos en una bandera".

Más aun -estimó Ana Caterina Heyck, abogada especialista del DIH- teniendo en cuenta que "en el caso de la liberación de civiles y de militares secuestrados podemos apoyarnos en el artículo 3, común a las cuatro convenciones de Ginebra, que regula los conflictos armados internos y establece en su parte final los denominados ‘acuerdos especiales'". Por otra parte, añadió, la ley 434 de febrero de 1998, al establecer que la política de paz es una "política de Estado" permanente y participativa, también permite la aplicación efectiva del DIH, pues "determina el recurso prioritario al diálogo y a la negociación".

En la misma lógica y con los mismos argumentos, Michael Frühling, director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, declaró el 26 de agosto de 2005 que el presidente Uribe debería priorizar la liberación de los "secuestrados" por la guerrilla. Pero en Bogotá la ONU no es muy bien vista.

En febrero de 2005, Uribe pidió y consiguió la retirada del consejero especial del Secretariado General de la ONU para Colombia, James Lemoyne. Éste había desplegado una gran energía para acercar a las partes en los momentos difíciles de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana. Al llegar al poder, la administración belicosa de Uribe nunca se lo perdonó. El 3 de agosto de 2004, ante el Senado colombiano, el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, no pudo evitar decir, evocando ese período: "Los comisionados iban a tomar whisky con los guerrilleros y los embajadores se entusiasmaban hasta el delirio para hacerse fotografiar junto a un hombre con ropa de camuflaje y con un fusil".

Más aun, el estilo franco que tenía James Lemoyne exasperaba. ¿Acaso no consideraba a las FARC como una organización "de carácter político"? Diplomático de habla abrupta, no dudó en cuestionar públicamente al gobierno: "Si no quiere sentarse con las FARC, pues que lo diga... Hay demasiadas voces oficiales diciendo sí, diciendo no y diciendo tal vez, imposible, posible. Esto no les da confianza a las FARC" 9. Frente a las trabas que el gobierno puso a su labor, la misión de buenos oficios de la ONU, invitada por las FARC, se retiró en abril de 2005.

Intercambio humanitario

La Iglesia, muy comprometida en la búsqueda de una solución, no recibió mejor trato. El 31 de enero de 2003, en tanto miembro de una comisión de facilitación, junto al padre Darío Echeverri y al ex-ministro de Trabajo Angelino Garzón, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, se disponía a entrevistarse con el secretariado de las FARC. En términos mesurados, en honor a su función, no mostró ninguna indulgencia hacia esa organización. "Dan muestras de una terrible insensibilidad -nos dijo recientemente- y no pueden afirmar que la suerte de sus prisioneros es la misma que la de los guerrilleros. Éstos son juzgados, tienen derecho a recibir visitas. Los secuestrados no. Y pueden pasar tres años sin que se tengan señales de vida." Pero como hombre de paz, monseñor Castro priorizó la vía de la negociación, aun más teniendo en cuenta que, como dijo, "hace algunos años pude dialogar con las FARC, trabajar, y lograr la liberación de 80 soldados. Ya nos conocíamos y era fácil hablar..."

En el preciso momento en que decidió contactar al secretariado, el presidente Uribe lanzó una gigantesca operación militar, el Plan Patriota. El obispo estaba decidido a afrontar el peligro y a llevar adelante su misión a toda costa, pero finalmente las FARC lo disuadieron: "¡No venga, aquí lo único que hay es sangre!". "El Plan Patriota -lamenta monseñor Castro- creó una muralla entre ellos y nosotros. Nos impidió proseguir ese tipo de encuentros. De tal manera que sólo mantenemos contacto por correspondencia o por correo electrónico."

El 2 de enero de 2004, el comandante guerrillero Simón Trinidad, designado para negociar la liberación de los rehenes, fue detenido en Ecuador, en una operación de los servicios secretos colombianos y estadounidenses. "Había ido a Quito para establecer contacto con James Lemoyne, pues deseábamos reunirnos con él -explica el comandante Reyes-. Como era difícil hacerlo en Colombia, pues en tal caso Lemoyne hubiera debido pedir autorización a Uribe, y no queríamos deberle un favor a él, necesitábamos encontrar otro lugar para la conversación".

Trinidad fue luego entregado a las autoridades colombianas y extraditado el 31 de diciembre de 2004 a Estados Unidos, sobre la base de un expediente estadounidense hecho de apuro, 13 horas después de que hubiera vencido el plazo dado por las autoridades para que las FARC liberaran 65 prisioneros 10.

El 13 de diciembre de 2004, en Caracas, Rodrigo Granda fue secuestrado por los servicios secretos colombianos. Considerado el ministro de Relaciones Exteriores de las FARC, Granda estaba encargado de negociar con París una posible solución del "caso Betancourt" a través de la embajada de Francia en Venezuela.

La cercanía de las elecciones presidenciales de mayo próximo, en las que Uribe espera ser reelecto, parece modificar algo el panorama. Al igual que los ex-presidentes Alfonso López, Ernesto Samper, Julio César Turbay, y el ex-fiscal general Jaime Bernal, la mayoría de los colombianos son favorables a un intercambio humanitario de prisioneros. A mediados de agosto de 2004 el gobierno propuso liberar unilateralmente a 50 guerrilleros, que partirían fuera del país o se integrarían a un programa de reinserción, a cambio de los rehenes políticos. Las FARC aceptaron negociar con Restrepo, pero exigieron que las conversaciones tuvieran lugar cara a cara y no... por internet, como sugería el gobierno. Posteriormente, las FARC se negaron a que el diálogo tuviera lugar en la sede de la Nunciatura apostólica o en una embajada, "en una pequeña escuela o en una pequeña iglesia", ironiza Reyes...

Los rebeldes insistieron en que el encuentro se desarrolle en una "zona de seguridad" desmilitarizada, en los municipios de Pradera y Florida 11. "No queremos hacer correr ningún riesgo a los prisioneros, a los negociadores, al gobierno, a los observadores internacionales, ni a nosotros mismos -precisó Reyes-. Que Uribe retire las tropas por 30 días, que fije una fecha precisa y si nos ponemos de acuerdo, entonces procedemos al intercambio de una vez por todas."

Desesperación

Las familias de los cautivos pierden la paciencia, ofuscadas tanto contra el gobierno como contra la oposición armada. "Somos familias del pueblo, como dice la guerrilla, que nos devuelva a nuestros muchachos", se queja Marleny Orjuela, mientras que Mario Enrique Murillos, padre de un soldado, no oculta su furia: "Nuestros hijos se alistaron por el salario, porque estaban desocupados, ésa es también la cuestión. Si los tomaron prisioneros, fue por defender la patria. ¡Entonces que el jefe de Estado nos dé una mano!".

En diciembre de 2005, los gobiernos de Francia, España y Suiza contactaron a Bogotá para intentar desbloquear la situación. Los diplomáticos europeos querían trabajar discretamente para ver hasta dónde podía llegar el acercamiento de las partes y solicitaron la mayor confidencialidad al Presidente. "¿Qué hizo Uribe entonces? -pregunta con rabia el comandante Reyes-. Cada vez que los franceses o la comunidad internacional hacen una propuesta, él la sabotea, o si le conviene se la apropia para mostrarse generoso." En efecto, el 14 de diciembre, "olvidando" la discreción solicitada, Uribe anuncia con bombos y platillos que, respondiendo a la iniciativa europea, acepta establecer una zona desmilitarizada de 180 km2 en El Retiro (departamento del Valle).

"Uribe organiza una conferencia de prensa -prosigue Reyes- y declara que acepta la propuesta, y que, por lo tanto, tenemos que aceptarla. ¡Y todavía no la conocíamos! Nos la transmitieron luego." ¿Intransigencia? ¿Mala fe? En términos prudentes monseñor Castro confirma implícitamente la versión. "Por entonces había un obstáculo relativo a la seguridad. En el sistema que se había pensado, la comunidad internacional debía garantizar la seguridad de las FARC. ¿Pero quién? ¿Un embajador, un delegado? Para las FARC, que están en guerra, esa no es ninguna garantía. Ellos no delegan su seguridad. Anunciar la propuesta a la opinión pública antes de haberla comunicado a la guerrilla fue un lamentable error, era necesario consultarla antes."

Luego de ese episodio los rebeldes tomaron una decisión: "Mientras Uribe sea presidente no habrá intercambio humanitario". Esto sumió a las familias de los cautivos, como a las de los guerrilleros presos, en un estado de desesperación. La falta de un verdadero líder de la oposición y la influencia de los paramilitares ilusoriamente desmovilizados en la campaña electoral, por medio de la amenaza y la coacción, abren el camino a una probable reelección de Uribe. ¿Otros cuatro años para quienes esperan su liberación en la selva, en las montañas, atrapados entre dos fuegos, corriendo graves riesgos debido a la intensidad del conflicto?

Si Carlos Gaviria, candidato del polo democrático alternativo (centroizquierda), se pronunció a favor del intercambio humanitario, quien más avanzó en este terreno es el candidato independiente Álvaro Leyva. Electrón libre surgido del Partido Conservador, ex-ministro y sobre todo ex-negociador, bajo diversas presidencias y con varias guerrillas, hace campaña prometiendo "el intercambio humanitario inmediato y la paz en seis meses". Al ver el 22 de diciembre de 2005 a este candidato relegado en las encuestas y marginado por los medios de comunicación, Manuel Marulanda, dirigente histórico de las FARC, le dio un evidente espaldarazo. Al anunciar el 4 de marzo que como consecuencia de sus conversaciones con él las FARC están dispuestas a liberar a dos policías, Eder Luis Almanza y Carols Alberto Logarda, la oposición armada lo ha convertido implícitamente en "su" candidato.

Lo cual no quita que Uribe sigue siendo el favorito indiscutido. Si conserva el poder, se dice en Bogotá, las presiones internacionales podrían desempeñar un papel importante. Monseñor Castro lo desea, sin decirlo abiertamente: "Estamos en la misma frecuencia, las apoyamos". Igual que Virginia Franco, madre del cabo Luis Alfonso Beltrán Franco, capturado el 30 de marzo de 1998 en El Billar (departamento de Caquetá): "Tenemos muchas esperanzas en los países que apoyan el intercambio humanitario. La comunidad internacional es muy importante para nosotros. Sentimos un aliento, una tranquilidad". A raíz de ello, y paradójicamente, el reproche dirigido a la acción diplomática francesa en favor de Ingrid Betancourt se da vuelta como un guante: "Si somos pragmáticos -sonríe Ana Caterina Heyck-, tenemos que concluir que es una ‘ventaja' que la hayan secuestrado. Si Francia no presionara por su caso, el gobierno no se movería un milímetro, ni por ella ni por los otros prisioneros".

  1. International Crisis Group, "Hostages for prisoners: a way to peace in Colombia? ", Bruselas, 8-3-04.
  2. Le Monde, París, 7-12-05.
  3. Las FARC anunciaron el 16 de febrero que el capitán Julián Ernesto Guevara Castro murió por una enfermedad el 28 de enero.
  4. Esa conversación informal no fue grabada, por lo que no tenemos memoria del nombre del senador en cuestión.
  5. El Tiempo, Bogotá, 22-9-02.
  6. Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, "Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2005.
  7. Ferro Medina, El orden de la guerra. Las FARC-EP: entre la organización y la política, Centro editorial Javeriono, CEJA, Bogotá, 2002.
  8. Databa de mayo de 2002 y fue difundido el 30-8-03 por Noticias Uno, Canal 7, Bogotá.
  9. El Tiempo, Bogotá, 18-5-03.
  10. "Tráfico de drogas" y "terrorismo": Trinidad fue acusado por la Justicia estadounidense de haber exportado al menos 5 kilos de cocaína (la cantidad mínima que permitía iniciar un procedimiento de extradición), mientras que Uribe bloqueó el pedido de extradición de un paramilitar, Salvatore Mancuso, acusado por Washington de haber exportado... ¡4,5 toneladas!
  11. Las FARC insistieron en que las eventuales negociaciones se desarrollen en territorio colombiano y rechazaron una propuesta de París: que el encuentro tuviera lugar en una nave francesa o en territorio de la Guyana francesa.

Precedentes

27 de febrero de 1980. La guerrilla del M-19 ocupa la embajada dominicana, donde retiene a 60 personas, 20 de ellas diplomáticos. Al cabo de 60 días los guerrilleros y el gobierno de Julio César Turbay se ponen de acuerdo para la liberación de los rehenes.
 
2 de abril de 1996. Secuestro de Juan Carlos Gaviria, hermano del presidente César Gaviria. En sólo 70 días se negocia su liberación.

15 de junio de 1997. El presidente Ernesto Samper acepta que el ejército se retire de una zona de 13.000 km2 durante 100 horas. En presencia de observadores internacionales, las FARC liberan 60 soldados y 10 fusileros de marina en Cartagena del Chaira.

5 de marzo de 2001. Andrés Pastrana firma el primer “acuerdo de intercambio humanitario” en San Vicente del Caguán. Quince miembros de las FARC enfermos son intercambiados por 42 soldados y policías.

28 de junio de 2001. Las FARC liberan unilateralmente 242 personas en La Macarena (departamento del Meta).

23 de diciembre de 2005. Unos treinta policías tomados prisioneros durante un ataque de las FARC en el caserío de San Marino (Chocó) son inmediatamente liberados. 


Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 82 - Abril 2006
Páginas:30,31,32
TraducciónCarlos Alberto Zito
Temas Ciencias Políticas, Conflictos Armados, Movimientos Sociales
Países Colombia