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Recuadros:

Sesenta años de (no) proliferación nuclear

Cuanto más elevado es el número de países que disponen de armas nucleares, mayor es el riesgo de que sean deliberadamente utilizadas no para disuadir, sino para aniquilar, o que desencadenen un conflicto por error, o que un país bombardee preventivamente las instalaciones de sus adversarios o, incluso, que armas o materiales fisibles caigan en manos de grupos criminales.

La proliferación nuclear es pues uno de los peligros más graves para el futuro de la humanidad. Sin embargo, no fue esa la preocupación que inspiró las primeras medidas que se tomaron para evitarla. Desde el lanzamiento de su programa nuclear militar, en 1942, Estados Unidos prohibió la divulgación de toda información relativa a la energía atómica, para evitar que la Alemania nazi fuera la primera en poseer la bomba. Después de 1945 se mantuvo la restricción, con el objeto de demorar los trabajos de los soviéticos. En 1954, después de que la URSS experimentó su primer artefacto termonuclear, se abandonó el secreto en beneficio de una política denominada "Átomos para la paz", según la cual los países que deseaban proseguir sus trabajos en el ámbito de la energía nuclear podían obtener ayuda de Estados Unidos con la condición de comprometerse a utilizarla únicamente con fines pacíficos; eran libres de desarrollar un programa militar si podían hacerlo sin ayuda. Varios países aprovecharon esta ausencia de reglamentación internacional para satisfacer sus ambiciones militares, y así fue como en 1960 siete de los ocho países que hoy disponen de un arsenal nuclear, ya habían adquirido los elementos indispensables para su concreción 1.

Fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962 lo que llevó a implementar una política global de no proliferación, ya que Washington y Moscú constataron en esa ocasión que si una tercera potencia que dispusiera de armas nucleares se hubiera inmiscuido en su confrontación, tal vez no hubieran estado en condiciones de controlar el desarrollo de la crisis. En su origen, el objetivo principal del Tratado de No Proliferación (TNP) era que las dos superpotencias mantuvieran su control sobre los países que estaban en sus respectivas áreas de influencia. El TNP, firmado el 1º de julio de 1968, dividió el mundo en dos partes: por un lado, los "Estados dotados de armas", que habían hecho explotar una bomba antes del 1º de enero de 1967, a los que se les pedía que no ayudaran a un tercer país a adquirirlas 2; por otro, todos los demás Estados, que debían comprometerse a no intentar procurarlas y a poner todas sus instalaciones nucleares bajo el control de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), encargada de garantizar que iban a respetar sus obligaciones.

Con sus defectos y debilidades, el Tratado de No Proliferación contiene los elementos necesarios para impedir la diseminación de las armas; y si se lo hubiera aplicado integralmente sólo cinco países poseerían hoy un arsenal nuclear. Pero su éxito exigía que fuera universal, es decir que todos los Estados adhirieran a él, que existiera un mecanismo de verificación absolutamente eficaz y que, en caso de transgresión, se tomaran medidas enérgicas para poner fin a la infracción y disuadir a los demás Estados de que imitaran al transgresor.

Al principio, el TNP fue percibido por muchos países como una afrenta inaceptable a su soberanía: Alemania, Japón, Italia, que fueron los primeros países a los que se dirigió el Tratado, se negaron inicialmente a someterse a él. En 1970 3 pudo entrar en vigencia gracias a la firma de países como Irlanda, Dinamarca, Canadá, Suecia o México, que veían en el TNP un medio de reducir los riesgos de un suicidio colectivo, o de Estados políticamente muy cercanos a Estados Unidos o la URSS, y también de países que no pensaban llegar a tener un día los medios para producir bombas. Así, entre los primeros signatarios se encuentran Irak, Irán y Siria.

¿Un suicidio colectivo?

A mediados de los años '70 se produjo un viraje, con la intensificación de los movimientos antinucleares, primero en Estados Unidos y luego en Europa, y sobre todo con la primera explosión india, en 1974. La opinión pública se alarmó por los peligros que podía correr la seguridad mundial con la diseminación nuclear, y muchos Estados consideraron que su seguridad estaría mejor garantizada si sus vecinos no disponían de esas armas. Y gracias a las presiones ejercidas tanto por Estados Unidos como por la URSS, este movimiento permitió también que los países firmantes aumentaran rápidamente: se unieron los grandes países industriales, Alemania, Japón, Italia, Suiza y Holanda. A fines de 1979 la cantidad de adherentes superaba el centenar de países. La ola de adhesiones prosiguió durante los años siguientes, y a pesar del estallido de la URSS aumentó con la finalización de la Guerra Fría. En 1995 eran ya 178 los países signatarios que decidieron mantener vigente el TNP por tiempo indeterminado.

Sin embargo, por diversas razones, las grandes potencias no hicieron nunca el esfuerzo necesario para convencer a India, Israel y Pakistán de que se unieran a ellas. Estos países, que siempre se negaron a adherir al Tratado, pudieron así construir sus arsenales sin infringir sus obligaciones. Hoy esto ya no sería posible, porque el TNP cuenta con 189 países adherentes 4, es decir la casi totalidad de los Estados, y ningún país podría ahora fabricar un artefacto explosivo sin violar sus compromisos internacionales.

Entre esos 189 Estados se encuentran Argentina y Brasil, que en los años '70 y '80 lanzaron programas de investigación cuyo objetivo era claramente militar. Como en esa época no habían firmado el TNP, esos programas no entraban en contradicción con sus obligaciones internacionales. Argentina y Brasil abandonaron sus proyectos militares a fines de los años '80, y adhirieron al TNP, la primera en 1995 y el segundo en 1998. No renunciaron porque su seguridad exterior estuviera entonces mejor garantizada que en el pasado, sino porque regímenes democráticos habían reemplazado a las dictaduras militares en el poder.

Lo mismo ocurrió con Sudáfrica, que fabricó una media docena de artefactos en los años '70 y '80, sin entrar por eso en infracción y sin que la AIEA pudiera intervenir. Pretoria desmanteló sus armas justo antes de abandonar el régimen del apartheid, y adhirió al TNP en 1991.

A mediados de los años '90, Estados Unidos quiso complementar el TNP con un tratado de prohibición total de ensayos nucleares (TICE) y un convenio que prohibía la producción de uranio enriquecido o de plutonio de calidad militar. Ambos acuerdos estaban dirigidos exclusivamente a India y Pakistán, pero los estadounidenses pensaban que esos dos países adherirían más fácilmente a un tratado de carácter universal.

En efecto, ninguno de esos dos acuerdos tiene sentido para los demás países: 184 Estados se han comprometido a no procurarse armas nucleares; en cuanto a prometer que no harían explotar armas que no habían fabricado, es algo que no podía representar un progreso particularmente significativo... Los cinco Estados dotados de armas detuvieron sus ensayos, y Francia, que desmanteló el polígono del Pacífico, no podría reanudarlos más. En cuanto a India y Pakistán, hicieron explotar sus artefactos en 1998, prosiguen la producción de materiales fisibles militares y se niegan a adherir tanto al TICE como al convenio.

Es preciso agregar que la imposibilidad de realizar ensayos nunca impidió a un país procurarse armas: Israel nunca realizó ensayos, pero todos los especialistas coinciden en que posee un arsenal nuclear; Sudáfrica, que oficialmente nunca hizo experimentos, poseía sin embargo una media docena de armas nucleares; y la existencia de varias bombas en Pakistán es indudable, incluso antes de 1998. En resumen, este proyecto de tratado, que Estados Unidos se niega a ratificar, no tiene otro interés que la adhesión simbólica que le otorga la opinión pública.

Misión de la AIEA

La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) es la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados, pero debió hacerlo desde su origen en condiciones bastante complicadas. Los inspectores sólo pueden ir a los países miembros del TNP que han firmado y ratificado con la AIEA un acuerdo especial que precisa sus derechos y deberes. Por esta razón, por ejemplo, no pudieron entrar en Corea del Norte antes del mes de abril de 1992, a pesar de que la existencia del reactor y de la instalación para el reprocesamiento donde se produjo el plutonio norcoreano se conocían por lo menos desde 1990.

Además, el acceso de los inspectores a las diferentes instalaciones está limitado por numerosas disposiciones administrativas: por ejemplo, en primer lugar deben solicitar una visa cuya obtención puede llevar un tiempo más o menos largo, y sólo están autorizados a inspeccionar una fábrica durante un tiempo minuciosamente calculado según la naturaleza de las actividades y la cantidad de uranio o de plutonio que haya en ella.

Todas las reglas a las cuales deben someterse los inspectores fueron definidas en 1971, no por los funcionarios de la Agencia, que habrían podido precisar lo que necesitaban para cumplir su misión, sino por los representantes de los Estados, y sobre todo los de países que en ese momento estaban más avanzados en el ámbito nuclear. Se ocuparon muy especialmente de limitar lo más posible las restricciones que los controles entrañarían para ellos mismos, y principalmente para sus industriales. Así, el mecanismo de control se basó en el postulado de que un programa nuclear no puede llevarse a cabo de manera clandestina, siendo el único fraude concebible el desvío de uranio o de plutonio para usos militares, que hubieran debido permanecer en el sector civil. Entonces, los inspectores tenían acceso sólo a las instalaciones declaradas por cada Estado, y su tarea consistía en asegurarse de que todos los materiales fisibles introducidos eran para usos pacíficos. No estaban obligados a verificar si existían en el país instalaciones no declaradas.

Estas limitaciones eran medianamente razonables, si se tiene en cuenta que las técnicas de la época exigían, sobre todo para la producción de uranio enriquecido, fábricas de dimensiones impresionantes, de formas características, que absorbían cantidades considerables de energía, y cuya construcción y funcionamiento serían indefectiblemente detectadas. A lo cual hay que agregar que al inicio de los años '70 sólo los países industrialmente avanzados podían pensar en actividades nucleares importantes.

Ahora bien, se trataba de Estados democráticos, donde la información circula libremente y donde la decisión de dotarse de un arsenal nuclear no puede ser clandestina. Dentro de los límites que se le impusieron, el sistema de control funcionó de manera conveniente, ya que desde 1945 no se ha fabricado ningún artefacto nuclear explosivo a partir de una instalación bajo supervisión de la AIEA. No es que los controles sean infalibles, pero hasta el presente han sido lo suficientemente eficaces como para que los tramposos prefirieran no correr el riesgo de ser sorprendidos por los inspectores con las manos en la masa.

Sin embargo, después de la guerra del Golfo, en 1990-1991, se descubrieron en Irak instalaciones que podrían haberle permitido al país, algunos años más tarde, disponer de un verdadero arsenal. Saddam Hussein había demostrado que, por lo menos en un país sometido a un régimen dictatorial feroz, las actividades nucleares clandestinas son plenamente posibles. Los iraquíes utilizaron el procedimiento de enriquecimiento del uranio por centrifugación, una técnica adoptada en Europa a mediados de los años '70, que permite instalaciones mucho más reducidas, que pueden disimularse en edificios de apariencia banal, que consumen menos energía, y que los servicios de informaciones tienen pocas probabilidades de detectar salvo que dispongan de informantes en el lugar.

El Protocolo adicional

Para tratar de adaptar los mecanismos de control a este nuevo tipo de fraude, la AIEA adoptó en 1997 un Protocolo adicional 5 que otorga a los inspectores poderes de investigación notablemente más amplios, pero que también debe ser firmado y ratificado por cada Estado antes de que sea aplicable 6. Los mayores recursos otorgados a la Agencia han hecho posibles resultados apreciables 7, y podrán brindarles a los inspectores los medios para detectar en un país la existencia de actividades que se mantienen en secreto. Sin embargo no es una panacea, y salvo que tengan mucha suerte, es poco probable que los inspectores descubran el lugar donde se ha construido una instalación clandestina, a menos que les haya sido señalada por un servicio de informaciones.

Una organización internacional como la AIEA no es una oficina de espionaje, no dispone de ningún medio para procurarse informaciones secretas y se supone que respeta los acuerdos firmados con el país controlado. La localización precisa de una fábrica sigue siendo responsabilidad de los servicios de informaciones, que son los que deben darle a la Agencia los elementos que necesita.

Ninguno de los cinco Estados dotados de armas está obligado a firmar este protocolo adicional: si los inspectores llegan a la conclusión de que existen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, en sitios que, por otra parte, son perfectamente conocidos, instalaciones nucleares militares, no sería un descubrimiento muy impresionante. Sin embargo, Francia ha firmado simbólicamente una versión edulcorada para calmar la susceptibilidad de los demás miembros de la Unión Europea, muy sensibles a la diferencia de tratamiento entre las dos categorías de Estados.

Asimismo, ningún tratado prohíbe a ninguno de estos cinco países fabricar nuevos tipos de armas, lo cual contradice por cierto el espíritu del artículo VI del TNP sobre desarme nuclear. Pero no es totalmente contrario a la letra del Tratado que, muy hipócritamente, establece un cierto vínculo entre desarme nuclear y desarme general y completo. Hace cerca de cuarenta años que los cinco Estados dotados de armas nucleares son también los primeros exportadores mundiales de armas convencionales, se cuidan muy bien de incitar a un desarme general e invocan la ausencia de progreso en este terreno para ignorar cínicamente los compromisos de desarme nuclear que asumieron.

En Estados Unidos se habla regularmente de fabricar nuevos artefactos nucleares. Se trata de una obsesión de los fabricantes de armas, que desde hace décadas buscan todos los argumentos posibles para desarrollar su actividad. Estos proyectos no tienen ningún alcance operativo real, pero han concentrado la atención de la opinión pública, ocultando completamente transformaciones infinitamente más importantes previstas en la Nuclear Posture Review (revisión de la postura nuclear) de enero de 2002. En particular, las armas nucleares no constituyen una categoría separada del arsenal estadounidense, sino que están integradas en el conjunto de las armas ofensivas, que el Presidente puede, en consecuencia, utilizar a su antojo, de la misma manera que cualquier otra arma, según la naturaleza de la misión a cumplir.

El mismo documento prevé el reclutamiento de una nueva generación de especialistas en armas para tomar el relevo de la que se jubilará, y también el reemplazo de los misiles intercontinentales en 2020, de los submarinos en 2030, y de los bombarderos en 2040. Es decir, que el armamento nuclear estadounidense está concebido por tiempo indefinido, y en cualquier caso hasta el final del siglo.

Irak y Corea del Norte

Si la AIEA constata que un Estado no cumplió sus obligaciones somete el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, único ente habilitado para tomar las medidas necesarias tendientes a poner fin a la infracción. La ONU ha tratado en dos ocasiones una violación de los compromisos de no proliferación, y las enseñanzas que pueden sacarse de esas experiencias son moderadas. En el caso de Irak, cuyas actividades clandestinas recién fueron descubiertas después de la guerra del Golfo en 1991, cuando el país estaba militarmente vencido y obligado a aceptar las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad, la AIEA pudo destruir todas las instalaciones construidas de manera ilícita.

En 1992 se probó también que la República Popular Democrática de Corea (RPDC, Corea del Norte) había violado los compromisos que había asumido al firmar el Tratado. Enseguida declaró que consideraría cualquier sanción como un acto de guerra y China se apresuró a hacer saber que la crisis debía solucionarse por medio de negociaciones. La actitud de Pekín y el temor a una guerra civil que conllevaba el riesgo de una cantidad importante de víctimas en Corea del Sur, lograron un acuerdo firmado en 1994 entre Pyongyang y Washington, según el cual Corea del Sur debía construir en el Norte dos reactores generadores de electricidad muy grandes, a cambio de la detención de las actividades norcoreanas. Este acuerdo se sostuvo hasta que Estados Unidos decidió darlo por terminado hacia fines de 2002; los norcoreanos se retiraron entonces del TNP, expulsaron a los inspectores de la Agencia, separaron las cantidades de plutonio necesarias para la fabricación de una media docena de bombas, y algunos meses más tarde afirmaron que disponían de armas nucleares.

Ninguna de estas decisiones generó la menor reacción del Consejo de Seguridad o de los demás países, con excepción de las aterradoras amenazas proferidas por el presidente de Estados Unidos, pero sin efecto. Desde entonces, y conforme a los deseos de China, hubo negociaciones que reunieron a las dos Coreas, Estados Unidos, China, Japón y Rusia 8. Inmediatamente después de una declaración común firmada el 19 de septiembre de 2005, Corea del Norte se comprometió a abandonar sus programas nucleares y los cinco países mencionados se comprometieron, a cambio, a brindarle ayuda energética y garantías en materia de seguridad. Jugando a dos puntas, Pyongyang cuestionó inmediatamente el acuerdo, exigiendo que se le reconociera el derecho a la utilización pacífica de la energía nuclear, aunque luego suavizó su posición. Ante lo cual, en una resolución decidida el 30 de septiembre pasado por el consenso de los 139 Estados miembros, la AIEA saludó el anuncio de la intención de Corea del Norte de renunciar a las armas nucleares.

En lo que se refiere a Irán (Safdari, pág. 31), no se pudo constatar ninguna infracción, si uno se contenta, como la AIEA tiene el deber de hacerlo, con una interpretación literal del Tratado. Pero si las discusiones en curso con Alemania, Francia y Gran Bretaña no llegan a un resultado, los Estados miembros podrían someter el caso al Consejo de Seguridad, basándose ya no en una interpretación jurídica del texto, sino en una opinión política.

El doble rasero del TNP

La política de no proliferación se ha visto profundamente debilitada desde la conferencia de 1995, cuando el objetivo perseguido parecía casi alcanzado. En Estados Unidos los neoconservadores atacaron la necesidad de detener la diseminación de armas nucleares, porque se negaban a que su país se atuviera a ninguna obligación internacional; también fue atacada por otros, para los cuales la no proliferación pertenece a la lógica de la Guerra Fría, y ya no tiene razón de ser desde que esa guerra terminó. Para éstos, la respuesta a las amenazas de diseminación de las armas nucleares reside en la construcción de defensas anti-misiles, que todos los países deberían comprar a Estados Unidos. Otros, tal vez más numerosos o más influyentes, consideran que la proliferación nuclear no es condenable si se produce en países aliados de Estados Unidos.

El TNP también ha sido objeto de fuertes críticas. Desde hace mucho tiempo hay voces que se elevan contra un sistema que les permite a cinco países poseer las armas más poderosas y les prohíbe a los otros procurárselas. Esta desigualdad de tratamiento, considerada como inevitable durante la Guerra Fría, es soportada con mucha más dificultad desde el derrumbe de la URSS. Y con razón, porque el TNP contiene también disposiciones que prevén un desarme nuclear que los cinco Estados dotados de armas ignoran con la mayor hipocresía. Estos cinco Estados, que hoy conservan arsenales tan importantes como a mediados de los años '70, símbolos de su potencia y de su prestigio, no hacen más que incitar a los demás países a imitarlos.

Esta falta de entusiasmo por la idea de la no proliferación se manifestó de manera notable durante la Conferencia de Revisión del TNP, en junio de 2005: en lugar de expresar una reprobación unánime hacia los tramposos, los Estados participantes se separaron sin haber podido acordar nada, reflejando un mundo dividido, desengañado y desamparado. Sin embargo, este régimen desprestigiado, pero para el cual nunca se ha propuesto una solución que lo reemplace, está todavía vigente, y es posible que el resultado de las crisis norcoreana e iraní decida su futuro.

Si Corea del Norte e Irán renuncian a sus ambiciones militares, como muchos otros países lo hicieron antes que ellos, los que se sientan tentados de imitarlos dudarán mucho más antes de lanzarse a un proyecto oneroso y destinado al fracaso. Si, por el contrario, logran su propósito, es posible que otros varios Estados decidan producir sus propias armas.

  1. La URSS experimentó su primera bomba A en 1949, y su primera bomba H en 1953; Gran Bretaña hizo explotar su primer artefacto de fisión en 1952, y su primera bomba de fusión en 1957; en Francia, las fechas son 1960 y 1968; en China, 1964 y 1967. Además, en 1956 Francia le suministró a Israel el reactor y la planta de reprocesamiento de Dimona, de donde salió el plutonio de sus primeras armas; y Canadá le entregó a India, en 1955, el reactor de agua pesada que produjo el plutonio de las primeras bombas indias.
  2. En el orden cronológico de la primera explosión: Estados Unidos, URSS (cuya sucesora hoy es Rusia), Gran Bretaña, Francia y China. Contrariamente a una idea muy difundida, no hay ningún vínculo entre la condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad y el de Estado poseedor de armas nucleares. Los primeros son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, definidos por la Carta de la ONU firmada el 26 de junio de 1945. Los países "dotados de armas" son los que las poseían cuando se firmó el Tratado.
  3. El texto del TNP prevé su entrada en vigencia una vez que hubiera sido firmado y ratificado por 40 Estados.
  4. Esta cifra debería pasar a ser de 188 si se tiene en cuenta la decisión tomada por Corea del Norte en enero de 2003, de retirarse del TNP. Sin embargo, los demás países piensan que ese retiro no es aceptable, porque no está de acuerdo con las exigencias expresadas en el Tratado para que un Estado pueda ejercer ese derecho.
  5. El título completo es "Protocolo Adicional al Acuerdo entre el Estado de ... y la AIEA, relativo a la aplicación de garantías".
  6. Irán lo firmó, pero no lo ratificó, y el nuevo Parlamento seguramente no está dispuesto a aprobar ese documento. A veces, los responsables iraníes afirman someterse voluntariamente, pero sólo lo hacen en forma parcial, con muchas reticencias.
  7. Fue así como en 2004 los inspectores establecieron que Corea del Sur y Taiwán habían realizado en el pasado investigaciones clandestinas sobre las técnicas de enriquecimiento del uranio y de separación del plutonio. Estos trabajos se mantuvieron secretos mientras esos dos países no adhirieron al Protocolo adicional.
  8. En este marco, Washington, que hasta ese momento se negaba, aceptó un diálogo bilateral con Pyongyang.

Candidatos en potencia

Le Guelte, Georges

La imposibilidad de procurarse las cantidades de materiales fisibles necesarias para la fabricación de un artefacto explosivo fue, durante mucho tiempo, la mejor garantía de que un Estado respetaría sus compromisos políticos 1. Pero ese cerrojo técnico se ha vuelto mucho más frágil después de las transformaciones ocurridas durante las tres últimas décadas. Los progresos logrados en el uso de nuevos materiales permitieron enriquecer el uranio por centrifugación, una técnica mucho más propicia al disimulo. La deslocalización industrial ha dado a varios países acceso a técnicas avanzadas, que no podían encarar hace veinticinco años.
La aparición de redes de traficantes, cuyo accionar es muy difícil de detectar, facilitó el desarrollo de programas nucleares clandestinos, como han demostrado los ejemplos de Irak, Irán y Libia. Siguiendo el modelo de las empresas multinacionales, esas redes utilizan una división internacional del trabajo muy avanzada, que les permite escapar a los controles de los países donde actúan 2. Pueden evitar la ayuda de un Estado que, por razones estratégicas, podría oponerse a algunos de sus proyectos. Es probable que la red implementada por el pakistaní Abdel Kader Kahn, quien a mediados de los años ’80 y en 2002 alimentó por lo menos a Irán, Corea del Norte y Libia, haya sido desmantelada en 2003; pero los recursos que utilizó se adecuan tan bien a los mecanismos de una economía mundializada, que tarde o temprano podría tener émulos.
Sin embargo, la mayor o menor facilidad para resolver los problemas técnicos es sólo uno de los elementos para la elección de una política, de la misma manera que el costo financiero de la operación, o el precio político o económico a pagar por los “proliferadores”. Ningún Estado fabrica armas simplemente porque dispone de material fisible: Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, poseen cantidades apreciables de plutonio o de uranio muy enriquecido, o podrían producirlo rápidamente, sin por eso experimentar la necesidad de utilizarlo con fines militares. La adquisición de armas es fundamentalmente una decisión política.

Factores para un cambio


La cuestión reside entonces en saber si los acontecimientos políticos que se han producido desde su adhesión al TNP pueden llevar a algunos países a cuestionar su renuncia a la bomba. Para muchos, el fin de la Guerra Fría hizo desaparecer la amenaza más grave, pero debilitó la confianza que tenían en la protección de una de las superpotencias, y modificó la percepción que tienen de su seguridad. Paralelamente, se han exacerbado las rivalidades de poder por el dominio de algunas regiones. La indulgencia de que se beneficiaron India y Pakistán después de sus ensayos de 1998, y el debilitamiento de la política de no proliferación desde 1995, representan un acontecimiento crucial. Para algunos países, lo más importante ha sido el cambio de su propio régimen político: la revolución islámica en Irán, el fin del apartheid en Sudáfrica, el reemplazo de las juntas militares por gobiernos democráticos en Argentina y Brasil.
Sería necesario un estudio en profundidad de cada Estado para saber cuáles podrían abandonar su política de abstinencia, y qué acontecimientos los decidirían a ese cambio. A falta de un análisis detallado, el sentido común sugiere que esa probabilidad es baja en Europa y América Latina. Pero es mucho más elevada en las dos regiones más convulsionadas, que son Medio Oriente y Asia. Y de todos los factores capaces de provocar un cambio radical de política, el más importante es, sin duda, la pasividad de la comunidad internacional ante una violación flagrante del TNP.
Si Irán logra sus objetivos, será difícil excluir la posibilidad de que Arabia Saudita, Egipto, Siria o Turquía sigan sus pasos. Estos países, vecinos de Irán, con quien tienen con frecuencia disensos que pueden degenerar en conflictos, podrían invocar los mismos argumentos de seguridad que Teherán, ya que no tienen ninguna intención de reconocerle ninguna superioridad regional. La situación más peligrosa es, evidentemente, la de Arabia Saudita y Egipto, donde la estabilidad no está garantizada.
En caso de que Corea del Norte no pueda ser detenida en su empresa, es posible que Japón, Corea del Sur y Taiwán también se lancen a un programa nuclear militar, para lo cual ya disponen de los medios técnicos.
La lista de candidatos potenciales no acaba allí. Los intentos más recientes en Pakistán, Corea del Norte, Irak, Irán y Libia han sido realizados por regímenes autoritarios, cercanos al ambiente militar, que disponen de una renta confortable gracias a su dominio sobre los recursos naturales del país, y que tratan de compensar sus fracasos brindando a la opinión pública satisfacciones de amor propio nacional. Este esquema también puede aplicarse a países como Birmania o Nigeria. En otros, parece menos probable un cambio de orientación, pero no puede descartarse totalmente: es el caso de Indonesia y Malasia, donde se han fabricado las centrifugadoras destinadas a Libia, y tal vez, aunque en menor grado, de Argelia.
  1. Especialistas reunidos hacia el final de los años ’60 en el marco de la AIEA estimaron que en un país sin ninguna experiencia en este ámbito, son necesarios 8 kilos de plutonio o 25 kilos de uranio muy enriquecido para fabricar una bomba rudimentaria.
  2. Los especialistas han constatado que una quincena de países, más o menos conscientemente, contribuyeron a suministrar a Libia los equipos necesarios para una instalación de enriquecimiento de uranio. En muchos casos, era muy difícil para el Estado involucrado darse cuenta del destino real de los productos que salían de su territorio.


Autor/es Georges Le Guelte
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 77 - Noviembre 2005
Páginas:28,29,30
Traducción Lucía Vera
Temas Conflictos Armados, Monopolios, Política internacional
Países Estados Unidos, Corea del Norte, Francia, Inglaterra, Irán, Israel