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Salarios y mercado interno

Al promediar el siglo pasado, Argentina contaba con una población relativamente pequeña para su dimensión territorial y para las actividades económicas en curso. De allí que no hubiera un "sobrante" de fuerza de trabajo y, por tanto, su remuneración fuese aceptable, al menos para los estándares de América Latina. La estrategia mercado-internista de sustitución de importaciones y las políticas sociales protectoras configuraron por décadas la realidad económica y social del país.

La confluencia de tradiciones de lucha aportadas por los inmigrantes a grupos sociales nativos -que había dado nacimiento al sindicalismo y a los primeros partidos obreros- con condiciones históricas materiales favorables propició la acción social y política del primer peronismo (1946-55). Ese gobierno transformó las formas y contenidos de representación socio-política de los trabajadores, cuya participación en el ingreso nacional se situó en torno al 50%, entre otras ventajas.

El breve y conflictivo retorno del peronismo en los '70 no modificó la estrategia sustitutiva de importaciones, y la larga noche militar en que desembocó ese período supuso un replanteo del mundo del trabajo en condiciones mucho más desfavorables para los asalariados. Apertura económica, predominio del sector financiero, represión política, fueron componentes de un proceso cuya manifestación más notable fue la aguda caída del salario real y la disminución de la parte de la riqueza producida apropiada por los trabajadores. A pesar de la ausencia de cifras oficiales y de series comparables (Gráfico 2), se puede demostrar que la participación salarial disminuyó en alrededor de un tercio entre 1974 y 1976, al pasar del 45% al 30% 1. La segunda mitad de los '70 evidenció una recuperación, seguida de una fuerte declinación hacia 1982, sobre el fin de la dictadura.

Luego de la "década perdida" de los '80, América Latina -y Argentina con particular intensidad- fue cubierta por un manto de políticas neoliberales que hicieron del último decenio del siglo XX un período caracterizado por un espectacular retroceso del sector laboral, tanto en niveles de participación salarial como en cuanto a ocupación. Quienes conservaron sus empleos sufrieron por su parte una fuerte degradación de la calidad de su trabajo: flexibilidad y precariedad fueron términos que se difundieron con rapidez similar a la de los fenómenos que expresan (Galín, pág. 6).

Relativa bonanza

Ya desde 1994, Argentina alcanzó los dos dígitos en materia de desempleo y subocupación (12.2 y 10.1% respectivamente), llegando al 18 y 17% a fines de 2001 2.

La precariedad laboral (definida por la falta de descuento jubilatorio), afectaba al 30% de los asalariados a comienzos de los '90 y al 40% al despuntar este siglo. Estas condiciones en el mercado de trabajo se relacionan tanto con los niveles de ocupación como con los del salario y, en conjunto, explican -a la vez- el aumento de la pobreza y la caída de la participación salarial en el ingreso.

El estallido de la convertibilidad, en diciembre de 2001, hizo bajar el empleo (5% en 2002) en particular el empleo protegido debido a que el trabajo precario mantuvo su cuantía; el salario perdió fuertemente su capacidad adquisitiva (-31%) y se produjo otra importante disminución en la participación salarial en el ingreso 3.

El comportamiento de las variables socioeconómicas es desde entonces contradictorio. Aunque se han creado centenares de miles de puestos de trabajo cada año 4, la pérdida del salario real sólo pudo ser compensada por algunos sectores. El desempleo cayó de 20,4% a 11,4% en tres años, aunque debe tenerse en cuenta que las estadísticas consideran como "ocupados" a parte de los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados 5. No obstante, el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso total es casi imperceptible: pasó del 26 al 29%, esto es, aun muy por debajo de los valores de 2001.

De manera que la relativa bonanza por el lado del empleo está lejos de traducirse en mejoramiento en la participación en la renta o en suba del salario real. Es decir, no aparecen evidencias de un mejoramiento en el bienestar de la clase trabajadora (Gráficos 1 y 2). En el primero se observa que en la actualidad la capacidad de compra de los salarios medios es similar a la de los años '40.

En cuanto a la participación del salario en el Producto Bruto Interno (PBI, sin entrar en complejas especificaciones de orden técnico o metodológico), se observa que cada una de las series parciales termina en valores inferiores a los del respectivo comienzo (Gráfico 2). Por lo tanto, no hay dudas sobre su continuo deterioro. También resulta claro el enorme perjuicio sufrido por el sector laboral -que apenas se ha revertido- luego de la crisis de 2001 y de la traumática salida de la convertibilidad 6.

El Gráfico 3 muestra la composición actual de la ocupación, tal como la detecta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el INDEC. El interés reside, principalmente, en apreciar el peso subsistente de los asalariados en el total y la participación relativa de los distintos componentes de trabajadores, según sean protegidos o precarios y sus diversos subgrupos.

Producción y empleo

La demanda laboral deriva, naturalmente, del nivel y ritmo de la actividad económica. Pero este vínculo no es lineal. Existe un conflicto, que deriva de la relación dialéctica entre la necesidad social de poner al servicio de la población una cantidad creciente de bienes y servicios y el aumento de la capacidad productiva del trabajo humano que ello requiere. Ocurre además que el empresario capitalista visualiza el aumento de la productividad (que no debe confundirse con el aumento de la producción; De la Garza, pág. 8), como un mecanismo a través del cual puede aventajar a sus competidores por menores costos y, al mismo tiempo, apropiarse del mayor excedente o plusvalía. Para los autores clásicos esto se expresa como la menor proporción de trabajo ejecutado por las personas -"trabajo vivo", decía Carlos Marx- medido en términos de cada bien producido.

Pero en la mayor capacidad de producir más bienes y en menor lapso de tiempo que adquiere el trabajo humano, el capitalismo enfrenta un inconveniente cada vez más arduo. Si el trabajo humano es progresivamente menos necesario, los trabajadores tienden a ser redundantes, a "sobrar", con lo que tarde o temprano se produce una crisis por exceso de oferta frente a una demanda decreciente. Este conflicto puede ser superado incrementando el volumen de la actividad económica... pero violando la "lógica" capitalista. Si por ejemplo se duplica la capacidad productiva, se puede optar por producir lo mismo con la mitad del personal o por mantener la dotación y producir el doble. Pero para que el sistema funcione, no sólo habría que mantener el nivel de ocupación, sino también incrementar la capacidad de compra de los asalariados, ya que de otro modo la crisis no podría evitarse. Lo cual sería equivalente a transferir al precio de los bienes y al ingreso de los trabajadores la mayor capacidad productiva, en lugar de que el capital se apropie por completo de ese mayor rendimiento. En síntesis, el aumento de la productividad puede servir para aumentar la renta empresaria (aumento de la productividad y menor costo laboral), o para ampliar la disposición de bienes a partir de su abaratamiento y una mayor capacidad de demanda.

La experiencia argentina de las últimas dos décadas indica que la incorporación de ocupados tuvo relativa vitalidad en los '80 (cuando el PBI cayó 9% y el empleo aumentó un 12%) y creció relativamente poco en los '90 (cuando el PBI creció un 47% el empleo sólo se incrementó un 10%), disminuyendo los empleos protegidos y aumentando los de características precarias (ver Cuadros). El crecimiento económico de los '90 se sostuvo en la generación de múltiples ventajas al capital (Galín, pág. 6) y en desfavorecer al sector trabajo.

La crisis financiera internacional de mediados de los '90 golpeó a Argentina de manera singular, pero el establishment lo atribuyó a la dramática situación mexicana y no a la política aperturista, antiindustrial (salvo para el sector automotor) y flexibilizadora de las relaciones entre el capital y el trabajo. La salida de esa crisis se asentó en una vuelta de tuerca mayor: por ejemplo, la privatización del sistema de seguridad social, que afectó grave y crecientemente las cuentas públicas al ir disminuyendo -o directamente suprimirse- los aportes patronales (Galín, pág. 6) 7.

Durante la ulterior recesión (1998-2002) se conjugaron el aumento de la desocupación y un deterioro de la capacidad de compra del salario. Superada la instancia de salida de la convertibilidad se inicia un período de reversión de casi todas esas tendencias, con excepción de la relativa al salario que, en promedio, no recuperó su ya muy disminuida capacidad de compra de 2001.

Lo anterior conduce a una discusión típica del capitalismo, pero extraordinariamente más importante en el contexto globalizador actual y de singular implicancia a la hora de la necesaria reorientación de las políticas económicas globales.

"Trasladar" el problema

Cada país, se dice, debe potenciar su capacidad de competir en los mercados internacionales. La "vieja" estrategia del desarrollo, centrada en el mercado interno, habría perdido vigencia. La lógica más elemental indica que esta tesis puede funcionar si sólo es aplicada por algunos pocos países, ya que si la estrategia fuera generalizada esa presunta ventaja terminaría por compensarse, pues los mercados exteriores de un país serían los mercados interiores de los demás. En otros términos, todos los países queriendo desentenderse de sus mercados internos terminarían configurando, en conjunto, un enorme mercado interno.

De donde la presunta posibilidad de "trasladar" el problema hacia afuera de las fronteras termina diluyéndose, y es preciso volver a la cuestión de la demanda doméstica. Y aquí, simplificando al extremo, la opción de hierro es la que se verifica entre el consumo y la inversión, entendiendo a esta última como el motor que permite satisfacer la demanda de consumo en niveles cada vez más amplios. La instalación de una nueva fábrica, por ejemplo, sólo tiene sentido en la medida en que se pueda contar con una demanda dirigida a adquirir la producción específica en ciernes. Y ahora, quizás más que en otro momento del pasado, con los extraordinarios aumentos de productividad generados por las modernas tecnologías y medios de transporte y comunicación, se trata también de que la nueva instalación no destruya lo previamente existente. ¿De qué le sirve a la larga a la sociedad un supermercado ultramoderno, por ejemplo, si a cambio de la creación de unos cientos de puestos de trabajo se destruyen otros miles, a causa del cierre de centenares de pequeños y medianos comercios y de parte de la industria que los abastecía?

Por supuesto, no se trata de oponerse o frenar el progreso técnico (las luchas de los trabajadores por impedir la incorporación de máquinas modernas en el siglo XIX fueron inútiles), pero no hay dudas de que se trata de encontrar algo que escasea en el capitalismo y en el pensamiento económico dominante: el equilibrio. En efecto, es preciso que el empresario realice su producción con ganancia suficiente para sí y para ampliar la actividad. Pero si ese cometido se logra a costa de mantener o deprimir el nivel de vida de los sectores del trabajo, los resultados serán negativos. Una producción de bienes y servicios sofisticados dirigidos a los sectores más pudientes no alcanza para ampliar constantemente el nivel de actividad, que es lo que mueve todo el andamiaje.

De manera que, en la medida en que el salario equivale a una parte relevante de la masa de bienes que conforma el consumo, el nivel de las remuneraciones es un factor económico principal. No como costo empresario, que es como se lo ha circunscrito en los '90, sino como factor condicionante del crecimiento económico y del desarrollo. La pavorosa caída de la parte que el salario representa dentro del producto total (ver Gráficos) explica mucho de la crisis que golpea a la región y, particularmente, a Argentina.

Precios y salarios

Un viejo tema, reactualizado en la política económica argentina (ligado con la política en tanto tal) es el del "combate" a la inflación lanzado a fines de 2005. Más allá de dificultades y éxitos al respecto, es indudable que para la población de ingresos fijos (asalariados, jubilados, etc.), la estabilidad de los precios es por demás relevante. Pero en el contexto de la constante caída de la capacidad de compra y de la disminución de la parte que el salario absorbe de la riqueza creada, el esquema de contención de precios basado en la garantía de que "no van a modificarse los costos empresarios" condena a los trabajadores, en el mejor de los casos, a mantener el deteriorado estatus vigente.

En un clásico trabajo sobre el Estado "burocrático autoritario", Guillermo O'Donnell argumenta que cierta tasa de inflación puede a veces ser "bien vista" por los sectores dominantes y, en otras, rechazada. Ello depende de quiénes sean los actores sociales que la impulsan. "En otras palabras, ni económica ni políticamente es lo mismo la misma tasa de inflación si es impulsada por diferentes actores sociales. En este plano la exclusión del sector popular se expresa -más allá de cuánto ingreso pierda- en que ya no puede coimpulsar la inflación. La inflación, sus fluctuaciones y los factores que la impulsan están lejos de ser sólo un problema económico; son expresión de alianzas, victorias y derrotas entre un cambiante haz de fuerzas sociales. Por supuesto, esto deja espacio para conflictos alrededor de qué fracciones de la burguesía y qué actividades estatales seguirán impulsando la inflación remanente" 8.

En resumen: la preocupación por evitar la suba de precios no puede agotarse allí. A riesgo de simplificar en exceso, la ecuación a tener en cuenta es la de estimular/permitir un efectivo incremento en los salarios reales operando sobre la ganancia empresaria, por ejemplo, por vía impositiva. Los subsidios a empresarios otorgados a diestra y siniestra, más allá de la motivación que los sustente, tienden en apariencia a beneficiar a los sectores populares, pero al originarse en los fondos fiscales son directa o indirectamente soportados por éstos. En especial cuando el horizonte no muestra indicio alguno en la dirección de una reforma fiscal de carácter progresivo 9.

De donde una vez más se confirma (Danani, pág. 9) la raigambre política de las decisiones económicas. Y las cuestiones del empleo y del salario están en el centro de tales decisiones.

  1. En Argentina la última serie estructurada de datos oficiales que incluyen la participación salarial en el PBI corresponde al período 1950-1973, por lo que en el Gráfico 2 se agregan otras series, de estimaciones independientes. Dos estudios de origen oficial (el de CEPAL y el del MECON) resultan parciales y, al mismo tiempo, producto de metodologías heterogéneas. Por eso fue necesario mostrar todas ellas para completar una mirada de largo plazo, aun cuando no sean totalmente comparables. De allí que algunas series se expresen al "costo de los factores" (cf) y otras a "precios básicos" (pb). Ambas formas reflejan -aproximadamente- la cuantía del Producto apropiable por los factores productivos: capital y trabajo.
  2. A partir de 2002 hay dos cuestiones a tener en cuenta y que dificultan las comparaciones. A mediados de ese año se instituyó el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, cuyos beneficiarios son computados como ocupados. La EPH registra sólo alrededor de la mitad de los beneficiarios, porque la Encuesta no representa a la totalidad de la población. Además se reemplazó la vieja Encuesta "puntual" por otra "continua", sobre cuyas diferencias no es posible explayarse aquí. Por ello las comparaciones de los datos anteriores y posteriores a 2002 deben ser hechas con mucha cautela. Así, en octubre de 2002 el desempleo era del 18% o del 24%, según cómo se computen los beneficiarios de los planes.
  3. En relación con PBI a precios básicos, la participación salarial pasó del 35% en 2001 al 26% en 2003. Paralelamente bajó la participación del ingreso correspondiente al trabajo autónomo, del 7% al 5,5% en igual lapso.
  4. Entre el primer trimestre de 2003 y comienzos de este año, sin computar a los beneficiarios de planes como ocupados y expandiendo los datos de la EPH a la población total del país, el número de ocupados se incrementó en 2,7 millones.
  5. El gobierno argentino subsidia con 150 pesos mensuales a 1.300.000 personas. Inicialmente eran 2 millones, pero algunos reingresaron al mercado laboral y otros pasaron al Plan Familias. De todos los beneficiarios se registran como ocupados aquellos que tienen el plan como único ingreso y, además, realizan una contraprestación laboral.
  6. La participación de los ingresos salariales en la riqueza total generada difiere de la noción de capacidad de compra del salario o salario real. Esquemáticamente, la primera puede disminuir con sólo reducir el número de asalariados mientras los que quedan ocupados mantienen su salario. Alternativamente, un aumento de la productividad -si es apropiado totalmente por el empresario- se expresa en una menor proporción de la "torta" en manos de los asalariados aunque el salario real de éstos no disminuye.
  7. Jorge Beinstein, "El saqueo de las jubilaciones", y Alfredo Eric Calcagno, "El engaño a los jubilados", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 1999 y mayo de 2006, respectivamente.
  8. Guillermo O´Donnell, 1966-1973. El estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982
  9. Julio Sevares, "Argentina, ¿un paraíso fiscal?", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2006.
Autor/es Javier Lindenboim
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 85 - Julio 2006
Páginas:4,5,6
Temas Historia, Política, Trabajo
Países Argentina