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El tercer saqueo del Congo

Por primera vez desde 1960 la República Democrática del Congo (RDC) organiza el 30 de julio elecciones generales. Esta consulta debe simbolizar el regreso de la paz después de una guerra que produjo tres millones de muertos desde 1997 a 2003. Del resultado de las elecciones depende el fortalecimiento de un Estado exhausto, cuyos recursos mineros son objeto de un verdadero saqueo internacional.

Flacos, la cara blanqueada por el polvo, los mineros cantan con voz estentórea "esta tierra es la de nuestros antepasados, su cobre es nuestro". Vociferando, hombres y niños rodean a las delegaciones que se suceden en el centro minero de Ruashi, cerca de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo (RDC). Mwambe Kataki, Remy Ilunga y Pierre Kalume, hombres antes empleados de la poderosa Gecamines 1 y reciclados como artesanos excavadores aseguran, en nombre de sus compañeros, que no los expulsarán. Se proponen cerrar el paso a las grandes empresas que, tras años de guerra, vuelven a Katanga a favor de las privatizaciones promovidas por el gobierno de Joseph Kabila. Asimismo, en Kivu, ex-trabajadores de Kamituga amenazan a la empresa canadiense Banro con impedir la reanudación de la producción, y en la mina de Kilo-Moto, en la región de Ituri, se registran graves desórdenes. En efecto, las grandes empresas sólo contratarán un reducido número de trabajadores calificados y las nuevas condiciones de inversión las liberan de toda obligación social. En cuanto al Estado congoleño, seguramente no tendrá los medios para reconvertir a los excluidos.

A la espera de que Ruashi Mining, una empresa sudafricana, se apodere de sus barrios en el centro de Ruashi y los rodee de guardias y alambres de púa, la mina a cielo abierto presenta un paisaje lunar, acribillado de agujeros y cráteres. Armados de sus simples picos, los hombres han excavado galerías por las cuales se deslizan niños; unos cavan, otros separan el mineral y lo embolsan. Un poco más lejos, los semirremolques se preparan para alcanzar la frontera zambiana con sus cargamentos de materia en bruto. Pequeñas empresas que explotan hornos artesanales tratan in situ una parte del mineral mixto, donde se mezclan el cobre y el cobalto. Tras un primer refinado, el cobalto y el cobre descenderán, siempre por camión, hacia Sudáfrica o hacia el puerto de Dar-es-Salaam (Tanzania), donde los esperan los buques de carga chinos.

El alcalde de Lubumbashi, Floribert Kaseba, destaca que al revés de lo que pasa en la capital, Kinshasa, aquí no se ven mendigos o niños de la calle. Todo el mundo trabaja, es verdad... ¡Pero en qué condiciones! La mayoría de los 70.000 excavadores de Katanga ganan menos de un dólar al día... Y si bien los mineros se agruparon en una mutual, la EMAK (Empresa Minera Artesanal de Katanga), fue sobre todo para poder financiar sus gastos de entierros, ya que los desmoronamientos provocan numerosas víctimas. La explotación minera representa el 74% de las exportaciones de la RDC y ocupa, de manera informal, a 950.000 trabajadores contra sólo 35.000 en el sector formal.

Para entender los temores de los mineros congoleños, es preciso recordar que el Zaire del mariscal Joseph Mobutu había heredado estructuras coloniales donde las grandes empresas estatales, como Gecamines o la Mina de Bakwanga en Kasaí (MIBA) generaban lo esencial de las divisas del país. Pero en el Zaire poscolonial estas grandes empresas también habían heredado una tradición paternalista: se veían obligadas a garantizar a sus trabajadores y a sus familias el alojamiento y el acceso gratuito a la atención médica, ventajas que reforzaban el sentimiento de pertenencia a la empresa. La privatización vino a trastornarlo todo: se desmontaron las grandes empresas estatales y sus sucesores desean hacer tabla rasa del pasado y de sus obligaciones.

 Las dos guerras

 Lo que se llamó el "carnaval minero" del Congo se desarrolló en varias etapas, y tal vez la última no sea la menos cruel. En los años '90, ya hacia fines del reino de Mobutu, el primer ministro Kengo wa Dondo -ansioso por ajustarse a las condiciones del Banco Mundial- había empezado a privatizar las empresas mineras, con el fin de sacar a flote las cajas del Estado y permitir el pago de su deuda. En mayo de 1995, cuando se empezó a desmantelar Gecamines y a privatizar las otras empresas estatales, las grandes compañías mineras se pusieron en fila: las canadienses Lundin, Banro, Mindev; la belga-canadiense Barrick Gold; la australiana Anvil Mining; las sudafricanas Genscor e Iscor. Sin embargo, como el país es inestable, las majors prefirieron quedarse a la zaga: a partir de la guerra que se desató en 1996 -que siete meses más tarde provocara la caída del régimen Mobutu- las juniors ocuparon el terreno, tratando directamente con los movimientos rebeldes y reservándose la posibilidad de revender más tarde sus títulos. Así es como Laurent-Désiré Kabila encontró en American Mineral Fields, la empresa australiana Russel Ressources y la zimbabwense Ridgepointe Overseas los medios para financiar su guerra y luego reactivar el aparato administrativo político, a través de acuerdos que se referían a tres centros de Gecamines, los yacimientos mineros de Mongwalu 2 en el distrito de Ituri y las minas de diamantes en Kisangani.

La euforia duró poco: una vez que hubo llegado al poder en mayo de 1997, Kabila no se limitó a distanciarse de sus aliados ugandeses y ruandeses, sino que expresó su voluntad de cuestionar los contratos mineros deseando que, como en el pasado, los recién llegados cumpliesen con sus obligaciones sociales hacia los trabajadores. Sumada a consideraciones securitarias, esta actitud fue evaluada como ingrata y radical y sería la causa de la "segunda guerra" que empezó en 1998. Con la aprobación de los occidentales, Ruanda y Uganda emprendieron entonces la expulsión de su antiguo aliado, pero chocaron no sólo con la resistencia de la población, sino sobre todo con la intervención de Angola y Zimbabwe, cuyos ejércitos defendían a Kabila. El territorio congoleño fue dividido en cuatro regiones autónomas administradas por el gobierno central y por tres grupos rebeldes; los más importantes eran el RCD-Goma (Agrupación Congoleña para la Democracia, apoyada por Ruanda) y el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC, creado con el apoyo del ejército ugandés). El gobierno central y los rebeldes debían financiar sus operaciones militares y retribuir las intervenciones de los países aliados. Las cuatro regiones, en adelante separadas, se transformaron entonces en un "autoservicio" donde se cruzaban redes mafiosas de todos los orígenes que explotaban el oro, el cobre, el coltan 3, la madera y el diamante 4.

Estos depredadores se limitaban a pagar cánones a los señores de la guerra, que son los que en realidad tienen el poder, y los abastecen de armas. Este drama, escándalo humanitario (3,5 millones de víctimas civiles) y político 5 que al principio no interesaba al mundo, configura también un despilfarro económico. En efecto, desde comienzos de 2000, mientras que la demanda de colombo-tantalita (el famoso coltan que se utiliza en los teléfonos celulares) empieza a bajar y la trazabilidad del diamante se impone de a poco, va aumentando la demanda mundial para el cobre, el cobalto e incluso el uranio, cuyos precios se ven estimulados por el crecimiento chino y las necesidades de India.

Pero la explotación de estos minerales exige importantes inversiones a largo plazo, lo que supone un ambiente político relativamente estable. En suma, se terminó la época del filibusterismo y la industria minera sudafricana (en la cual hay muchos nuevos capitalistas negros) considera por su parte que África Central, y más especialmente el cinturón de cobre de Katanga, se constituye en su zona de expansión natural.

Se acentúa la presión internacional sobre los beligerantes congoleños y sus aliados respectivos, que terminarán por reunirse en la ciudad sudafricana de Sun City y firmar en 2003 acuerdos que prevén la salida de los ejércitos extranjeros, la reunificación del país y un período de transición de dos años -que finalmente se extenderá a tres- para terminar el 30 de junio de 2006. Para la muy presente "comunidad internacional" (es decir, los grandes países occidentales más Sudáfrica), se trata sobre todo de legitimar y estabilizar el poder existente a fin de permitir la reactivación de la economía y la reconstrucción del país. Para la población congoleña, a la que después de 46 años se le proponen las primeras elecciones realmente libres, se trata de salir por fin de un sistema de cooptación de las elites...

 La transición

 Mientras las elecciones legislativas y la primera vuelta de la elección presidencial se anuncian para mediados del verano boreal de 2006, ya se empieza a hacer el balance de la transición. Numerosos informes elaborados por asociaciones internacionales destacan hasta qué punto el saqueo de los recursos continuó después del fin oficial de las hostilidades en 2003 6. Aunque pertinente, esta constatación pasa por alto que a pesar de las afirmaciones de principio, los acuerdos de Sun City no tenían como objetivo primordial democratizar la gestión de los recursos sino poner fin a la guerra, incitar a las tropas extranjeras a abandonar el territorio y permitir la sustitución de los circuitos mafiosos que operan en el corto plazo por operadores económicos más estables, pero no necesariamente menos codiciosos.

Así pues, dado que la lógica política no se confunde con la moral, el acuerdo de Sun City favoreció más a los señores de la guerra que a la "sociedad civil" y a la antigua clase política. Aunque vilipendiada por la población, que la veía como un premio a la impunidad, se adoptó la fórmula "uno más cuatro": el presidente Joseph Kabila, que había sucedido a su padre, asesinado en enero de 2001, aceptó compartir el poder con cuatro vicepresidentes surgidos de las facciones rebeldes, de la oposición política y la sociedad civil. Así es como se vio al vicepresidente Jean-Pierre Bemba, un ex-hombre de negocios acusado por los expertos de Naciones Unidas de haber saqueado los bancos y las cosechas de café de la región ecuatorial, pasar a ser presidente de la Comisión llamada de Economía y Finanzas, en tanto que al otro ex-rebelde, Azarias Ruberwa, cuyas tropas aliadas al ejército ruandés habían cometido masacres a gran escala en el este del país, se le confió el sector de defensa y seguridad...

La rápida reunificación del país demuestra que la guerra fue impulsada desde el exterior y hasta qué punto el sentimiento de pertenencia nacional sigue siendo una realidad. Sin embargo, el éxito podría ser sólo superficial. En efecto, cada una de las partes se reserva sus mejores fuerzas y las tropas del nuevo ejército nacional, mal remuneradas, viven a menudo a expensas de la población. Para contener eventuales desbordes, Naciones Unidas pidió y luego autorizó el apoyo de una fuerza europea de 1.250 hombres (Custers, pág. 22) que debería respaldar a los 17.500 cascos azules ya desplegados.

Tras la reunificación, el Estado se puso de nuevo de pie y en adelante su función es la de garantizar un mínimo de seguridad física y jurídica para los inversores en el sector minero. Pero este Estado salido de una guerra y atravesado por contradicciones está muy debilitado y durante la transición no fue capaz de rechazar las cláusulas leoninas que le impusieron las empresas. Por lo tanto, la liquidación de los recursos naturales no terminó con el fin de la guerra; sólo cambió de naturaleza. Los miembros de la Asamblea Nacional, que no han sido electos, fueron conminados a redactar un código minero y también un código forestal cuyos muy liberales términos fueron dictados por el Banco Mundial y ofrecen un baluarte a los intereses privados, al mismo tiempo que reducen al máximo sus obligaciones. Así es como el Banco Mundial, por ejemplo, controló la reestructuración de Gecamines. Antes de que la empresa fuera vendida, los 10.500 trabajadores despedidos recibieron indemnizaciones que iban de los 1.900 a los 30.000 dólares. Pero estas sumas fueron destinadas a reembolsar deudas o absorbidas por gastos a corto plazo. Privados ahora de toda red de seguridad social, esos trabajadores se despliegan ahora en el sector informal, donde las empresas pretenden sustituirlos por máquinas, contratando apenas un mínimo de trabajadores calificados. 

El Estado congoleño concedió a varias empresas mixtas importantes exenciones fiscales, que se extienden por períodos de 15 a 30 años. En 2004 la mayoría de ellas sólo pagó 400 millones de dólares de impuestos... En el sector del diamante, la situación no es mejor: MIBA fue despojada del 45% de sus activos en favor de Sengamines, una empresa mixta de Congo-Zimbabwe... Además, si bien la nueva Constitución aprobada en noviembre de 2005 por el 85% de los electores es una proeza en este país privado de carreteras y medios de comunicación, representa también un éxito para todos los que se proponen limitar las prerrogativas del Estado: divide al país en 26 provincias y reparte los recursos a razón de un 60% para las autoridades de Kinshasa y el 40% restante para las autoridades provinciales. Apunta a descentralizar los recursos, pero la autonomía otorgada a los gobiernos provinciales corre también el riesgo de aumentar la corrupción en el nivel local. ¿Podrá el nuevo poder, en adelante legitimado y respaldado por el sufragio popular, liberarse de los elementos más dudosos de su entorno y de los consejos interesados de la "comunidad internacional"? ¿Tendrá la audacia de cuestionar los acuerdos mineros para que el pueblo congoleño, tras haber recuperado su voz en el plano político, pueda por fin -por primera vez en su historia- tomar el control de sus riquezas?

  1. François Misser y Olivier Vallée, "Les nouveaux acteurs du secteur minier africain", Le Monde diplomatique, París, mayo de 1998. Gecamines: compañía de cobre y cobalto (n. de la t.).
  2. Stefano Liberti, "El oro fluye entre Congo y Uganda", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2005.
  3. Coltan es la abreviatura de colombo-tantalita (colombo y tantalio) (n. de la t.).
  4. Informe del grupo de expertos de la ONU sobre la explotación ilegal de los recursos naturales, otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, N° S2003/1027 del 23-10-03.
  5. Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observaciones sobre la situación de la República Democrática del Congo (RDC), 27-3-06.
  6. Ver, por ejemplo, el informe L'Etat contre le peuple. La gouvernance, l'exploitation minière et le régime transitoire en République démocratique du Congo, Institut néerlandais pour l'Afrique australe (NIZA), Ámsterdam, 2006.
Autor/es Colette Braeckman
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 85 - Julio 2006
Páginas:21,22
Traducción Teresa Garufi
Temas Ciencias Políticas
Países Congo