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Pacífica oposición de los mapuches chilenos

Asimilados por la Constitución, que no reconoce el carácter pluriétnico de Chile; empobrecidos y excluidos por el poder en favor del establishment, los mapuches luchan por su reconocimiento, por la recuperación de sus tierras y contra su criminalización. Paradójicamente, los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Augusto Pinochet utilizaron su herencia jurídico-militar contra los mapuches.

La noche cubre las colinas de la comunidad de Chekenko, sembradas de pinos y eucaliptos que se pierden en el horizonte. El frío azota y arden ya dos fuegos. La machi (chamana) abandona el refugio donde descansaba y toma su kultrún (tambor). Es el comienzo del guillatún, la ceremonia tradicional del pueblo mapuche. Un guillatún atípico que, este 6 de noviembre de 2005, honra la memoria de Alex Lemun, un indígena de 17 años, asesinado en 2002 por un carabinero. Invitados por su familia, algunos vinieron de la capital, Santiago, 700 kilómetros más al norte. Otros se arriesgaron a salir de la clandestinidad. Una decena de dirigentes de las comunidades vecinas tienen motivos para estar ausentes: cumplen penas de prisión de hasta 10 años.

Las sombras se agrupan alrededor del rewé que domina en el medio del campo: un tronco de árbol esculpido en forma de escalera que apunta hacia el firmamento. Saludan a los cuatro puntos cardinales e inician un purun, una danza circular. Guiado por la machi, el canto del pueblo mapuche se eleva hacia los espíritus. Un canto que las autoridades chilenas quieren silenciar...

"Quince años después de la dictadura, nuestro país, cuya democracia se presenta como ejemplar, no tiene un marco jurídico adecuado para proteger a los pueblos indígenas", denuncia el Observatorio (chileno) de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI) 1. La Constitución no reconoce el rostro pluriétnico de este país, uno de los pocos del continente que aún no ratificó el tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ocho pueblos autóctonos habitan el territorio chileno 2. Un estudio cuestionado, que data del año 2000, calcula la presencia indígena en 700.000 personas, el 4,5% de los 15 millones de habitantes 3, de las cuales el 85% es "gente de la tierra", traducción literal de "mapu-che"; una importante minoría cuyo hábitat tradicional se sitúa al sur del río Bio-Bío 4, una región que los conquistadores bautizaron Araucanía al llegar al lugar.

A pesar de la feroz resistencia a los españoles y luego al Estado chileno, los mapuches capitularon en 1883, tras la Guerra de Pacificación. Según los títulos de propiedad que les entregaron -los "títulos de merced"-, su territorio se redujo a 500.000 hectáreas (antes poseían 10 millones). Paralelamente, el poder de Santiago, cuyo lema era (y sigue siendo) "Por la razón o por la fuerza", envió colonos. "Mis antepasados llegaron aquí en 1906, invitados por el gobierno que les dio un terreno, 200 tablones de madera, una caja de clavos y un par de bueyes", cuenta Jorge Luchsinger 5. Descendiente de alemanes, Luchsinger es hoy el propietario más rico de la IX región 6.

Invasión de empresas forestales

Los mapuches atravesaron el siglo XX en las sombras. Acorralados, empobrecidos, dejaron de ser un pueblo autónomo, independiente y soberano para convertirse en una minoría étnica oprimida. A comienzos de los años 1970, la reforma agraria instaurada por la Unidad Popular de Salvador Allende produjo una mejora, pero la dictadura del general Pinochet (1973-1989) reavivó la "locura asimiladora". Obteniendo los favores de algunos lonkos (dirigentes mapuches), Pinochet instauró una política de asistencia que favorecía una nueva invasión, la de las empresas forestales.

"Fue en esa época que se instaló el señor Pino -recuerda Elvira, que vive en la comunidad de Pascual Coña, a orillas del lago Lleu Lleu, al sur de la ciudad de Cañete-. Ese winka 7 venía de Estados Unidos, conocía las técnicas modernas y sabía arreglárselas para abusar de la gente. Se adueñó de 70 de las 120 hectáreas definidas por nuestros títulos de propiedad e impuso un sistema feudal." Frente al terreno alambrado y con un promedio de 3 a 5 hectáreas por familia, la comunidad ya no puede enfrentar la situación. "Tenía sólo dos bueyes, un cerdo y algunas ovejas. Las familias se agrandaron y el terreno para compartir era más pequeño que las hojas de nuestros títulos de propiedad."

Con el retorno de la democracia, la esperanza que renacía en las comunidades dio paso rápidamente a un sentimiento de traición. En octubre de 1993, los parlamentarios -muchos de los cuales tienen intereses en las tierras- ratificaron una ley indígena que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). "La principal traba al accionar de la CONADI fue la falta de recursos financieros -asegura un miembro del nuevo equipo que asumió la dirección luego de diversos escándalos que afectaron a la institución-. Sólo se regularizaron 375.000 hectáreas en lo que respecta a los mapuches. Suelen ser tierras de mala calidad." Investigador en antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Fabien Le Bonniec, analiza: "La CONADI demostró ser una instancia burocrática de reproducción, dominación y a veces incluso de negación de la cultura mapuche por parte del Estado y sus agentes".

Durante ese tiempo, la actividad forestal se incrementó, controlada en un 60% por las familias Matte y Angelini, dos de las más poderosas del país. Los Matte poseen el doble de tierras que el conjunto de las comunidades. El rico bosque tradicional de los poemas de Pablo Neruda, oriundo de la región, dio paso a la monotonía de las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos destinados a la fabricación de celulosa, exportada principalmente a Japón. Ocupan 2,1 millones de hectáreas y se estima que en 2006 ocuparán 2,6 millones. "No hay peores vecinos que las empresas forestales, señala Aniceto Lorín, un lonko preso en la ciudad de Traiguén. Los pozos se secaron, el aire está contaminado, los animales se enfermaron."

Muchos emigran hacia los cinturones de pobreza de las ciudades: Temuco, Concepción, pero sobre todo Santiago. Actualmente, la mayoría de los mapuches son urbanos. En este contexto, las mujeres sólo pueden aspirar a ser empleadas domésticas. Los hombres, con la condición de que "chilenicen" su nombre, consiguen trabajos poco calificados. "La discriminación se institucionalizó -comprueba Ariane Chenard, socióloga canadiense- en Santiago. La generación de los abuelos debió ocultar su identidad para integrarse. Pero en los jóvenes, en respuesta a la segregación cotidiana, se está produciendo un despertar. Algunos se reencuentran con sus raíces."

Es el caso de Simón, de 25 años, miembro de la organización no gubernamental Meli Wixan Mapu, que vive en el barrio Cerro Navia de Santiago. "Soy mapuche desde hace... diez años -cuenta-. Me gusta la ciudad, no tengo intenciones de ir a vivir al campo. Es un poco contradictorio, pero reivindicando la cultura de mis ancestros y denunciando la situación de las comunidades, me siento mapuche."

"Terroristas"

La hora de la reconquista llegó a comienzos de los años 1990. Nuevamente en la ribera del lago Lleu Lleu, donde se esconde José. A los 35 años, este padre de dos niñas vive en la clandestinidad, protegido por las comunidades donde se mueve. "Retomé la lucha hace diez años. Me convertí en un werken, un mensajero de la Coordinación Malauco Arauco (creada en 1998). En respuesta a la sordera de las autoridades, pasamos del reclamo a la acción y recuperamos tierras de las que poseemos títulos de propiedad." José y sus compañeros se encuentran en la mira de la Justicia. En un primer momento, la asociación fue declarada "ilícita", luego... "terrorista", tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

A unos kilómetros de las playas del Pacífico, la ribera del lago Lleu Lleu despierta múltiples codicias. Un empresario desea construir allí un complejo turístico; acaba de descubrirse un mineral raro y está en estudio la apertura de una mina. Finalmente, la empresa forestal Mininco S.A., que basándose en una red clientelista ejerce su influencia en toda la región, no deja de extenderse sobre los territorios que pertenecen a los mapuches, sin su aval y sin indemnización.

Una situación similar se vive en la comunidad de Temulemu, atrapada entre la Mininco y las tierras de Juan A. Figueroa, ex-ministro de Estado y actual miembro del Tribunal Constitucional. En 1994 estalló un conflicto en torno a 50 hectáreas de tierras, que derivó en la prisión preventiva durante más de un año de dos lonkos, Pascual Pichún y Aniceto Lorín. La calificación de "terrorista" permite al fiscal citar a testigos anónimos, lo que dificulta la defensa de los acusados. Sin embargo, a falta de pruebas, Pichún y Lorín fueron declarados inocentes.

El veredicto no fue del agrado de Figueroa, quien se vale de su influencia para obtener un segundo proceso. Los lonkos deben pagar entonces con 5 años de prisión por haber escrito una carta de amenaza, algo que siempre negaron. "El objetivo es reprimir y nosotros pagamos el hecho de ser dirigentes de comunidades que se sublevaron", denuncia Pichún junto a su hijo Rafael, también en prisión.

Desde 1997 fueron procesadas 400 personas. "Hace dos años que mi marido se esconde -se lamenta Rosa, desamparada en su cabaña de tablones de madera mal colocados, con sus dos hijos pequeños-. La Justi... -se corrige- la injusticia chilena lo acusa de terrorismo. Yo creía que para ser acusado de eso era necesario poner bombas y asesinar gente." Para estas familias, asediadas además por las fuerzas del orden, el encarcelamiento o la clandestinidad de un familiar implican manos que faltan en los trabajos de la granja y una miseria aun mayor. La comunidad que pierde su machi o su lonko también se desmembra.

Si bien los lonkos de Traiguén, ambos de cincuenta años, se indignan por ser calificados de "terroristas", su discurso es menos radical que en la cárcel de alta seguridad de Angol, donde Patricia Troncoso, Jaime y Patricio Marileo y Juan Carlos Huenlao cumplen una pena de 10 años y 1 día por "incendio terrorista". Cuestión generacional para Patricia, de 36 años, apodada "La Chepa", ex-estudiante de teología cuyos abuelos emigraron a Santiago y que a fines de los años 1990 regresó para vivir en las comunidades: "Este combate es político. Su objetivo es la existencia o la desaparición del pueblo mapuche." Junto con sus compañeros, reclama el estatuto de preso político.

"En Chile ya no existen presos políticos -insiste Ernesto Barros, desde una oficina de la Moneda, el palacio presidencial donde murió Salvador Allende en 1973-. La ley antiterrorista promulgada en 1984 (por Pinochet) fue revisada en dos oportunidades por un Parlamento elegido democráticamente en 1991 y 1997. Su aplicación es legítima frente a gente que utiliza el terror" , arguye este funcionario del Ministerio del Interior.

El abogado Pablo Ortega no comparte esta opinión: "Su motivación es el reconocimiento de derechos territoriales y culturales. Se oponen pacíficamente a un proceso de marginalización y a un Estado que reconoce su voluntad de asimilación forzada. Este objetivo es evidentemente político". Una toma de posición que el abogado pagó caro, al ver arruinada su carrera por una campaña de prensa mentirosa y su teléfono intervenido. No es el único caso. Myriam Reyes García, que defiende a La Chepa y a sus compañeros, acaba de ser acusada de haber entregado a la prensa un documento confidencial. Para el ODPI se trata "de un acto de persecución contra una abogada que defiende el respeto de los derechos de la comunidad mapuche".

"Instituimos la ley indígena -responde Barros-. Si los mapuches tienen reivindicaciones, que actúen en el campo político..." Un terreno que tratan de ocupar, pero en vano. Prueba de ello es el intento de Aucán Huilcamán de participar en la carrera a la Legislatura suprema. A los 40 años, este miembro del Consejo de Todas las Tierras, una de las organizaciones mapuches más importantes, quiso aprovechar la última campaña presidencial para que las reivindicaciones indígenas salieran de las sombras. Los medios de comunicación, en un primer momento, se interesaron en el aspecto folklórico de su candidatura (su llegada a caballo a Santiago fue portada de los diarios), pero rápidamente se olvidaron de explicar las razones de su anulación.

"Como candidato independiente, Huilcamán debía reunir 36.000 firmas -precisa Lautaro Loncon, que participó de la campaña-. Cada una debía ser certificada por escribano." Costo estimado de dicha certificación: 180.000 millones de pesos (285.000 euros), suma imposible de reunir por el Consejo. Es más, "la mayoría de los escribanos se negó a jugar el juego. Algunos pidieron que se les pagara por adelantado, otros impusieron restricciones de horarios. En Santiago, de 16 escribanos contactados, 2 aceptaron, y de las 39.000 firmas reunidas, sólo pudieron certificarse 3.600". De ahí el veto de la Comisión Electoral.

Perdida la primera batalla, Huilcamán contraatacó. "En 1992, hubo un precedente -agrega Loncon-. Debido a un error, fueron impugnados los candidatos de la Democracia Cristiana. En nombre de la democracia, un procedimiento de urgencia en el Parlamento permitió aprobar sus candidaturas. Solicitamos a los partidos políticos que llevaran a cabo una votación similar." En el contexto preelectoral, la idea prosperó. Sin embargo, al final, "la ley votada nos daba 15 días más para aprobar la candidatura. Nada que ver con nuestro reclamo: la posibilidad de que Aucán fuera candidato sin cumplir con un requisito anacrónico, ya que hay otras maneras de certificar firmas que no sean ante escribano". La candidatura fue enterrada en un silencio mediático ensordecedor.

"En Chile, no existe un solo indígena que ocupe una banca en el Parlamento o en el Senado -señala ofuscado Adolfo Millabur-. Hay apenas un centenar de consejeros municipales y siete alcaldes mapuches", entre ellos él mismo, elegido en 1996 y reelecto desde entonces a la cabeza de la comuna costera de Tirúa. Millabur es lafkenche, término que designa a los mapuches instalados a orillas del Pacífico. Divide su tiempo entre su comuna y el Movimiento Identidad Lafkenche, un actor que intenta invertir "la relación de subordinación y lograr el control político y económico de nuestro territorio. Un alcalde mapuche debe administrar su comuna sin olvidar la lucha de su pueblo".

"Frente a la movilización, los últimos dos gobiernos mezclaron una política represiva con una política de asistencia a algunas comunidades para acallar al movimiento. Abrieron un diálogo con actores locales y según sus propias reglas, negándose a establecer negociaciones con los órganos de representación mapuche", comenta Millabur, enojado además por la creciente privatización de los espacios marítimos en favor de las empresas pesqueras y de cría de salmón. "Para garantizar nuestro acceso al mar, redactamos un proyecto de ley. Es la primera iniciativa en este sentido proveniente de los mapuches. Queremos dialogar y convencer."

Cuatro años debieron transcurrir para que los lafkenches, asesorados por abogados, plasmaran en el papel sus reivindicaciones. Un intenso lobby, un buen discurso, la solidaridad de las comunidades de las VIII, IX y X regiones y un contexto preelectoral favorable permitieron que el proyecto fuera votado por los diputados, el 17 de noviembre de 2005. Para esa ocasión, 200 miembros del movimiento recorrieron mil kilómetros a fin de estar presentes en Valparaíso, sede del Parlamento. ¡Victoria! La ley fue votada. ¡Amargura! Segundos más tarde, dos enmiendas presentadas raudamente desvirtuaron el proyecto, aun cuando los representantes del pueblo habían jurado no tocar una sola palabra del proyecto de ley.

El desprecio del mundo político chileno se refleja finalmente en la ausencia de la cuestión mapuche en el último debate electoral. El ODPI consultó a cada candidato sobre sus proyectos en materia indígena. Sólo Joaquín Lavín (eliminado en primera vuelta), se dignó a responder brevemente el cuestionario. Pero cuando en una maniobra electoral de último minuto el presidente Ricardo Lagos propuso una reforma acelerada de la Constitución para reconocer a los mapuches como "pueblo", la derecha la rechazó de inmediato.

Para La Chepa, el asunto está concluido: "Los mapuches podrán manifestarse mil veces, es una causa perdida. ¡Basta de palabras, hechos!". Los resultados obtenidos durante la recuperación de tierras por la fuerza le dan la razón. En Pascual Coña, en los prados recuperados, los animales pastan en medio de las ruinas de dos haciendas del antiguo propietario. Hoy, con 8 vacas, 8 cerdos, 10 gallinas, 20 ovejas, Elvira se siente más a gusto. "Cuando veo que finalmente mejora la suerte de los peñis 8, no me arrepiento de nada", reivindica José, quien asegura que se recuperaron en total 320 hectáreas.

Un "socialismo pragmático"

"El movimiento mapuche se distingue por ser uno de los pocos actores políticos que denuncia los problemas de democracia y ciudadanía que persisten en el Chile actual", señala Fabien Le Bonniec. Entonces, ¿por qué demócratas como Ricardo Lagos criminalizan estas reivindicaciones? Sucede, tal como señalan muchos interlocutores, que "el mundo político está preso de un sistema económico instaurado bajo la dictadura". Aunque tenga que avasallar los derechos indígenas, el gobierno del "socialismo pragmático", que se enorgullece de ser un modelo de desarrollo, no quiere alterar los favorables índices de crecimiento.

Las exportaciones de madera representan, después del cobre, la segunda fuente de ingresos del país. Reivindicando derechos, los mapuches son los "aguafiestas". Amenazan a una economía que se basa en la explotación desenfrenada de los recursos naturales: madera, minas o salmón 9. Chile está a punto de convertirse en el primer productor mundial de salmones de criadero.

Si bien los "terroristas" mapuches aún no han causado la muerte de nadie, recíprocamente no sucede lo mismo. Pero "el policía que mató a mi hijo fue absuelto por la justicia militar. Sigue siendo carabinero", denuncia Lemun antes de irse, al concluir el guillatún. ¿Impunidad? ¡No solamente! El General José Bernales dirigía la policía de la IX región durante la tragedia. A comienzos de noviembre, el presidente Lagos lo designó al frente de la policía chilena.

Esto contrasta con la situación de los presos mapuches que no esperan clemencia alguna de la aplanadora judicial. En Traiguén, los lonkos, cuando cumplen más de la mitad de su pena, teóricamente pueden gozar de beneficios: reducción de penas o posibilidad de salir los domingos. "Todos nuestros pedidos fueron rechazados", se lamenta Pichún. En Angol, a pesar de todo se intenta vislumbrar el futuro: "Diez años de prisión, me da miedo -confiesa La Chepa-. Pierdo toda esperanza de tener un hijo. Es la fuerza de luchar por el respeto de los derechos humanos la que me ayuda".

Bajo la presión de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, las autoridades chilenas corrigieron el disparo sin perder de vista su objetivo: "El término terrorista es reemplazado por el de delincuente común", señala Fabien Le Bonniec. La Justicia, negando su lucha política, los considera en adelante delincuentes que atacan la propiedad privada.

Sensibilizar a la opinión pública internacional se volverá más delicado, ya que desde 2003 el movimiento mapuche retomó la iniciativa. Para José, es necesario "replantear la lucha":  "¡Diez veces venceremos!" 

  1. Observatorio de derechos indígenas
  2. Atacameño, aymara, colla, kawaskar, mapuche, quechua, rapa nui, yagan.
  3. Un estudio de 1992 contabilizaba más de un millón de indígenas.
  4. Alrededor de 60.000 mapuches viven del lado argentino de la Cordillera.
  5. El despojo, película de Dauno Tótoro, Ceibo Producciones, Santiago, ceibo@mail.nu
  6. Chile, que posee una extensión de 4.000 km de norte a sur, está dividido en 12 regiones, más la zona de la capital.
  7. Término que designa a los no mapuches en mapudungun, la lengua mapuche.
  8. "Hermanos" en mapudungun.
  9. Una familia como los Angelini tiene intereses en todas estas actividades.
Autor/es Alain Devalpo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 80 - Febrero 2006
Páginas:12,13
Traducción Gustavo Recalde
Temas Política
Países Chile