Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Singular historia de cinco cubanos

Acusados de haber cometido 26 delitos contra las leyes federales de Estados Unidos, cinco cubanos (Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González) fueron detenidos en Miami, Florida, el 12 de septiembre de 1998. Los "cinco", como se los llama desde entonces, habían llegado a Estados Unidos procedentes de La Habana con la misión de infiltrarse en las organizaciones armadas de la comunidad cubana en el exilio, toleradas y siempre protegidas en Florida por los sucesivos gobiernos estadounidenses, para descubrir sus eventuales actividades terroristas contra Cuba.

La isla sufrió pérdidas humanas significativas (alrededor de 2.000 muertos) y costosos daños como consecuencia de las agresiones de que fue víctima durante décadas. Sus protestas ante el gobierno de Estados Unidos y ante Naciones Unidas fueron en vano. A comienzos de los años '90, cuando Cuba se esforzaba por desarrollar el turismo, los anticastristas de Miami desataron una violenta campaña de atentados que apuntaba a disuadir a los extranjeros de viajar a la isla. En 1997 se descubrió una bomba en uno de los aeropuertos de La Habana; otras explotaron en ómnibus y hoteles. Un turista italiano, Fabio di Celmo, resultó muerto, y hubo una decena de heridos. También fueron ametralladas instalaciones turísticas desde embarcaciones llegadas de Miami.

Medir con distinta vara

Cuando fueron detenidos, los "cinco" no opusieron resistencia. Su misión no consistía en obtener secretos militares estadounidenses, sino en vigilar a criminales e informar a La Habana sobre sus planes de agresión 1. Actuaban contra el terrorismo. Pero fueron enviados a celdas disciplinarias destinadas al castigo de prisioneros peligrosos, donde se los mantuvo durante 17 meses, hasta el comienzo del proceso. Concluido éste siete meses después, en diciembre de 2001(tres meses después de los odiosos atentados del 11 de septiembre), todos fueron condenados a penas máximas: Hernández a dos reclusiones de por vida, Guerrero y Labañino a perpetuidad. Los otros dos, Fernando y René González, a 19 y 15 años de prisión.

Veinticuatro de las bases de su acusación, de carácter técnico y relativamente menores, se refieren a la utilización de documentos falsos y a la violación de la norma de declararse como agentes extranjeros. Ninguna de esas acusaciones implica la utilización de armas, actos de violencia o destrucción de bienes.

Nada es más revelador que el contraste entre la conducta del gobierno estadounidense en este asunto y su actitud frente a Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Estas dos personas son, entre otras, las organizadoras del atentado contra un avión DC-8 de la línea estatal cubana en el que una bomba estalló en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976, matando a 73 civiles inocentes. Cuando en 1990 Bosch pidió permiso de residencia en Estados Unidos, una investigación oficial del Departamento de Justicia concluyó: "Durante años estuvo implicado en atentados terroristas en el exterior; se declara partidario de la realización de atentados y sabotajes, y ha participado en atentados y sabotajes". No obstante, el presidente George Bush padre le otorgó el permiso de residencia.

Detenido en 1976 en Venezuela y condenado por el atentado contra el DC-8 de Cubana de Aviación, Posada Carriles se "evadió" de la prisión de San Juan de los Morros en 1985, con la ayuda de poderosos "amigos"2. Desde El Salvador, donde vivía, admitió luego que era el responsable de los atentados con bomba perpetrados entre julio y septiembre de 1997 en La Habana (entre ellos el que provocó la muerte de Fabio di Celmo e hirió a una decena de personas) 3. Después de su detención en noviembre de 2000, cuando preparaba un atentado con el explosivo C-4 contra el presidente Fidel Castro, que hubiera podido provocar cientos de víctimas en ocasión de la Décima Cumbre Iberoamericana en Panamá, un tribunal local lo condenó a ocho años de prisión, el 20 de abril de 2004.

Posada Carriles no dejó por eso de beneficiarse inexplicablemente de la hospitalidad del gobierno de Estados Unidos (comprometido por otra parte en una "lucha mundial contra el terrorismo"), después de que la presidente de Panamá Mireya Moscoso, dos días antes del final de su mandato, el 26 de agosto de 2004, le otorgara a él y a tres de sus cómplices, "por razones humanitarias", un indulto perfectamente ilegal.

Después de un breve período en Honduras, fue repatriado discretamente a Estados Unidos en marzo de 2005. Aunque su presencia en territorio estadounidense era un secreto de Polichinela, sólo fue capturado después de dar una conferencia de prensa... Alojado a costa de las autoridades, no en una prisión sino en una residencia especial situada en un centro de detención, Posada Carriles no se encuentra actualmente sometido a ningún procedimiento judicial y sólo es objeto de una medida administrativa por falta de permiso de residencia. En consecuencia, puede ser expulsado al país que elija, mientras Estados Unidos se niega a extraditarlo a Venezuela, que lo reclama, donde afrontaría acusaciones de terrorismo y de fuga de la prisión.

Acusaciones sin pruebas

Volviendo a los "cinco", fueron confinados y ubicados en prisiones de máxima seguridad, a cientos de kilómetros unos de otros. A dos de ellos se les niega desde hace 7 años la visita de sus esposas, sin tener en cuenta las leyes de Estados Unidos y las normas internacionales. Sus procesos duraron más de 7 meses. Comparecieron más de 70 testigos, incluidos dos generales, un almirante retirado y un asesor presidencial, todos presentados por la defensa 4. Los apuntes representan 119 volúmenes de transcripción; los testimonios y el legajo de instrucción otros 15 volúmenes. Se produjeron más de 800 documentos probatorios, algunos de más de 40 páginas. Los 12 jurados, inducidos por su presidente (que manifestó abiertamente su hostilidad hacia Fidel Castro), declararon a los "cinco" culpables de los 26 fundamentos de la acusación, sin hacer una sola pregunta ni pedir una nueva lectura de los testimonios, hecho inusitado en el caso de un proceso tan largo y complejo como éste.

Los dos cargos principales se fundan en una acusación -que se usa con frecuencia en este tipo de asuntos- basada en consideraciones políticas, la pertenencia a una minoría o la nacionalidad del acusado: la "conspiración" (acuerdo ilegal establecido entre dos personas o más para cometer un delito). No hace falta que se haya cometido el delito; todo lo que tiene que hacer la acusación es demostrar, sobre la base de una prueba circunstancial, que "debe haber existido" un acuerdo. Rara vez se encuentran pruebas reales y directas de ese acuerdo, salvo en el caso de que uno de los participantes las proporcione o confiese. Eso no ha ocurrido en este caso.

La primera acusación de conspiración señalaba que tres de los "cinco" se habían puesto de acuerdo "para espiar". Desde el comienzo, el gobierno señaló que no estaba obligado a probar el delito de espionaje, sino simplemente el acuerdo para espiar. Una vez liberados de la obligación de aportar una prueba del delito, los procuradores se dedicaron a convencer al jurado de que los cinco cubanos debían haberse entendido sobre este objetivo.

En su exposición inicial, la procuradora admitió que los "cinco" no tenían entre manos ninguna clase de información clasificada como "alto secreto" por el gobierno, a pesar de que éste había logrado hacerse de más de 20.000 páginas de correspondencia entre ellos y Cuba; el análisis de esta correspondencia había sido confiado a uno de los encargados de informaciones de más alto rango del Pentágono 5. Interrogado a propósito de esto, el funcionario reconoció que no recordaba haber registrado la menor información referida a la defensa nacional de Estados Unidos. Ahora bien, según la ley, para que pueda existir delito de espionaje hay que verificar esa información.

Más aun, el único elemento sobre el que se fundó la acusación fue el hecho de que uno de los "cinco", Guerrero, trabajaba en un taller de fundición de la base naval de Boca Chica, en el sur de Florida. Abierta por completo al público, esta base poseía un área donde los visitantes podían fotografiar los aviones que se encontraban en la pista. Mientras trabajó allí, Guerrero no solicitó en ningún momento un pase de seguridad. No tenía derecho a entrar en las zonas de acceso limitado y nunca intentó hacerlo. Durante los dos años que precedieron a su detención, en el curso de los cuales el FBI lo vigiló, ningún agente notó la menor señal de conducta irregular de su parte.

Guerrero tenía como única misión detectar e informar a La Habana sobre "lo que podía ver" al observar "actividades públicas". Lo cual incluía informaciones al alcance de cualquiera sobre las idas y venidas de los aviones. También estaba encargado de recortar los artículos de la prensa local sobre las unidades militares que se encuentran en la región.

Miembros de alto rango del ejército y de los servicios de seguridad de Estados Unidos atestiguaron que Cuba no constituye una amenaza militar para Estados Unidos y que no hay ninguna información militar que conseguir en Boca Chica. "El interés de los cubanos por el tipo de informaciones expuestas en el proceso consistía en saber si realmente estábamos preparando una acción armada contra ellos", precisó uno de ellos 6.

Una información de dominio público no puede formar parte de una acusación de espionaje. Sin embargo, después de haber escuchado en tres oportunidades el argumento altamente fantasioso de la acusación según el cual los "cinco" "tenían como finalidad destruir a Estados Unidos", el jurado, empujado más por la pasión que por las leyes y pruebas, los declaró culpables.

Siete meses después de la primera, vino a sumarse una segunda acusación de conspiración. Apuntaba a Hernández, a quien se le reprochaba haber conspirado con otros funcionarios cubanos que no estaban acusados. El objetivo era derribar dos aviones de turismo piloteados por exiliados cubanos de la organización Hermanos al rescate en el momento en que, procedentes de Miami y pese a las advertencias de las autoridades, penetraban el espacio aéreo cubano, que ya habían violado en reiteradas oportunidades. Efectivamente, los Migs cubanos los habían interceptado y después de las conminaciones de rigor los habían ametrallado, provocando la muerte de las cuatro personas a bordo.

La acusación reconoció que no existía ni sombra de una prueba referente a un supuesto acuerdo entre Hernández y los oficiales cubanos sobre si derribarían o no las avionetas, ni sobre la manera en que lo harían. En consecuencia, la obligación legal de probar "mas allá de cualquier duda razonable" que un tal acuerdo haya tenido lugar no se cumplió. El gobierno admitió ante la Corte que se encontraba ante un "obstáculo insuperable". Incluso propuso modificar su propia acusación, pero la Corte de apelación no lo aceptó. Pese a todo, el jurado declaró a Hernández culpable de este delito inventado.

Los cinco cubanos apelaron las sentencias ante la undécima Corte de apelación de Atlanta (Georgia). Después de una minuciosa revisión de los documentos, una troika de jueces hizo público, el 9 de agosto de 2005, un análisis detallado en 93 páginas del proceso y las pruebas. La Corte anuló el veredicto, subrayando que los "cinco" no habían sido sometidos a un proceso equitativo en Miami.

Intervención del ministro

Con sus alrededor de 650.000 exiliados cubanos -que dieron a Bush los votos que faltaban para su triunfo en las elecciones presidenciales de 2000- esta ciudad ha sido considerada por una Corte de apelaciones federal "de tal manera hostil e irracional" respecto del gobierno cubano y tan favorable a la violencia dirigida contra él, que no podía ser sede de un proceso justo para los cinco inculpados. Además, la conducta de los procuradores que presentaron a los miembros del jurado argumentos exagerados y sin fundamento consolidó sus prejuicios, del mismo modo que las informaciones difundidas por la prensa anti-cubana tanto antes como durante el proceso.

Se ordenó un proceso nuevo. Más allá del reconocimiento del hecho de que se habían violado los derechos fundamentales de los acusados, por primera vez en la historia de la jurisprudencia estadounidense, se admitieron las pruebas presentadas por la defensa a propósito de los atentados mortíferos realizados contra Cuba desde Florida, mencionando incluso el papel de Posada Carriles y refiriéndose a él como "terrorista".

Esta decisión de la troika dejó estupefacta a la administración Bush. Sin embargo, la había precedido la del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias 7, que al concluir que el encarcelamiento de los "cinco" entraba en esa categoría, llamaba al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas para poner remedio a la injusta situación.

Ex-asesor de Bush, el ministro de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzáles, tomó la insólita decisión de interponer un recurso pidiendo insistentemente al tribunal que reviera la decisión de la troika, procedimiento rara vez coronado de éxito, especialmente cuando los tres jueces han estado de acuerdo y han manifestado una opinión tan amplia. Pero para gran sorpresa de muchos abogados que siguen el caso, los jueces accedieron el 31 de octubre de 2005 a revisar su decisión...

Los "cinco" no fueron juzgados por haber violado la ley estadounidense, sino porque su trabajo apuntó los reflectores sobre los anti-castristas que sí lo hacían. Al infiltrarse en las redes criminales que existen abiertamente en Florida, revelaron la hipocresía de la lucha contra el terrorismo cuya punta de lanza se jacta de ser Estados Unidos. 

  1. Una parte de lo que descubrieron sobre las actividades terroristas de los exiliados cubanos (especialmente las informaciones referidas a las bombas colocadas en los hoteles en 1997) fue transmitida al FBI por medio de diplomáticos en La Habana. Lo que permitió... su propia detención.
  2. Los documentos publicados el 10-5-05 en el sitio web de los archivos de la seguridad nacional de la Universidad George Washington muestran que Posada Carriles fue empleado de la CIA desde la época de la invasión a la Bahía de los Cochinos (marzo-abril de 1961) hasta 1974. www.gwu.edu/nsarchiv/
  3. Confesiones públicas en The New York Times el 12 y 13-7-1998, y difundidas días después por un canal de televisión en lengua española dependiente de la CBS.
  4. El general James R. Clapper Jr. (retirado), ex director de la Agencia de Informaciones para la Defensa (DIA); Edward Breed Atkeson, general del ejército de tierra; Eugene Carroll, contraalmirante retirado; Charles Elliot Wilhelm, general retirado de la infantería de marina, ex-comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom); Richard Nuncio, ex-asesor del presidente James Carter.
  5. El Director de Defense Intelligence, un general de tres estrellas.
  6. Mayor general Edward Breed Atkeson (US Army, US Defense Intelligence College).
  7. Dependiente de la Comisión de derechos humanos.
Autor/es Leonard Weinglass
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 80 - Febrero 2006
Páginas:25,26
Traducción Marta Vassallo
Temas Política, Derechos Humanos
Países Estados Unidos, Cuba