Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Estado de emergencia permanente

Tribunales de excepción, tortura, cárceles secretas, parlamentos fagocitados por los ejecutivos, escuchas ilegales: en nombre de los imperativos de seguridad, las conquistas de la democracia liberal son corroídas una a una en Estados Unidos y en el Reino Unido. La “guerra contra el terrorismo” y el estado de excepción amplifican el doble movimiento de autonomización y concentración del ejecutivo.

Rara vez fue tan grande la distancia entre democracia real y democracia formal. En todas partes -o en casi todas-, poderes ejecutivos débilmente legitimados gobiernan desde hace años sin -y a menudo contra- el consentimiento popular en países democráticos "avanzados". En Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, el Poder Ejecutivo se autonomizó de la sociedad, imponiéndole, en su ciego avance neoliberal y neoconservador, "reformas" sociales regresivas y medidas disciplinarias y securitarias cada vez más represivas.

Al mismo tiempo, asistimos a una concentración del Poder Ejecutivo y a una marginalización de los contrapoderes, e incluso a veces, como en el caso de Reino Unido y Estados Unidos, a un cuestionamiento fundamental de los equilibrios institucionales que fundan desde sus orígenes el proyecto liberal-democrático. Este doble movimiento de autonomización y concentración de poder fue poderosamente amplificado por la "guerra contra el terrorismo" y el estado de excepción que, desde 2001, sobredeterminan los campos de lo real: en Francia, el plan Vigipirate está en vigor hace diez años 1.

En Reino Unido, el gobierno de Anthony Blair acentuó el movimiento -que ya había aparecido bajo Margaret Thatcher (1979-1990)- de "presidencialización" de las instituciones británicas. Estos últimos años, el Primer Ministro intentó reconfigurar los equilibrios institucionales socavando las prerrogativas del Parlamento, limitando la autonomía de la Justicia y restringiendo las libertades. Es el caso del Criminal Justice Act (2003), "que impone penas obligatorias y mínimas, y reduce la capacidad de los jueces de adaptar la sanción a los casos particulares"; del Prevention of Terrorism Act (2005), "que permite al ministro del Interior restringir la libertad de las personas sospechadas de estar implicadas en actividades terroristas", sin una garantía judicial adecuada, y del Enquiries Act (2005), "que limita la independencia de los jueces nombrados para hacerse cargo de la dirección de las investigaciones, autorizando a los ministros a elegir los elementos de prueba que podrán, o no, hacerse públicos" 2. Más grave aun: el habeas corpus, la protección más antigua de los derechos humanos contra los abusos del Estado, se ve amenazado por la nueva legislación antiterrorista.

El Parlamento, hasta ahora dócil, se negó a consentir una expansión aun mayor del poder discrecional del ejecutivo que preveía la Legislative and Regulatory Reform Bill de 2006 (proyecto de ley sobre la reforma legislativa y regulatoria). Bajo el aspecto de una reforma administrativa anodina, este proyecto de ley "daba a los ministros poderes arbitrarios" 3 que les permitía legislar por ordenanzas sin un control parlamentario que los limitara. En los hechos, la medida hubiera despojado al Parlamento de su esencia. Ante la resistencia de los Lores, que se oponían abiertamente a consentir su propia disolución, Downing Street reformó la "ley de abolición del Parlamento", como la calificaban sus detractores.

Pero si el Ejecutivo debió ceder en este caso particular, no por ello Blair deja de despedazar la democracia británica. Como dice Henry Porter, provoca "un daño enorme a la Constitución, a la tradición de soberanía parlamentaria, a la independencia del Poder Judicial, a los derechos humanos y a la relación compleja entre el individuo y el Estado" 4.

Nada de esto sorprende viniendo de un Primer Ministro que se refugia en la idea de que sólo Dios juzgará sus actos, o de un gobierno que preconiza el "imperialismo liberal" y tiene la necesidad de "retomar los métodos más duros de otras épocas: la fuerza, el ataque preventivo, la mentira y todo lo que sea necesario para enfrentar a quienes todavía viven en el siglo XIX" 5.

"Legalizar acciones ilegales"

En Estados Unidos, la amplitud del repliegue democrático es asombrosa. Bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, la administración Bush procede a la demolición sistemática del orden constitucional. El modo de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino una práctica normal del Estado, como lo prueban las declaraciones cotidianas sobre la tortura, la existencia de un archipiélago de cárceles secretas y las operaciones ilegales de espionaje interior.

Al actuar bajo un manto de secretos, el Ejecutivo estadounidense se arrogó poderes extrajurídicos considerables: pisotea los tratados internacionales y se embarca en guerras preventivas; secuestra, tortura y arresta, indefinidamente y sin juicio, a cualquiera que haya sido identificado por decreto presidencial como "combatiente ilegal"; se apoya en la creación de un "sistema" judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca. En una palabra, se atribuye el poder de sobrepasar el orden existente que definen el derecho internacional y el nacional.

Esta toma del poder metódica, efectuada mediante el recorte progresivo de las atribuciones y competencias de las otras ramas del gobierno, suscita resistencias institucionales: así, el Senado finalmente intentó prohibir, a mediados de diciembre de 2005, los "tratamientos crueles, inhumanos y degradantes" que se infligen a los detenidos (Detainee Treatment Act). En el mismo sentido, a principios de julio pasado, la Corte Suprema le ganó una batalla al Presidente al declarar inconstitucionales los tribunales militares de excepción instalados por la Casa Blanca en la Base de Guantánamo. Sin embargo, en ambos casos, el Ejecutivo sortea o intenta sortear el obstáculo: la insistente presión de la Casa Blanca pudo con la iniciativa del Senado. Las nuevas fórmulas que se agregaron a la ley senatorial no sólo anulan su efecto, sino que podrían abrir el camino a una "legalización" de la tortura, al "legitimar" la presentación ante jurisdicciones estadounidenses de testimonios obtenidos con estos métodos 6.

El 30 de diciembre de 2005, pocos días después del voto del Senado, el presidente George W. Bush volvió a sostener que sus "poderes como Comandante en Jefe y dirigente de la ‘rama ejecutiva unitaria'" (expresión que se refiere a una filosofía jurídica que afirma la primacía absoluta del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial) lo autorizan a hacer "lo que sea necesario para defender a Estados Unidos", lo que suscitó la advertencia del senador Edward Kennedy: "Cualquiera sea la legislación del país, cualesquiera sean los textos que el Congreso haya escrito, la rama ejecutiva [reivindica] el derecho de autorizar la tortura sin miedo a los procesos judiciales" 7.

En cuanto a la opinión de la Corte Suprema sobre los tribunales militares, actualmente la Casa Blanca intenta esquivarlos haciendo "legalizar acciones ilegales", de acuerdo a la expresión de The New York Times, por una nueva ley del Congreso. El objetivo es transparente: se trata de "minar la separación constitucional de los poderes" 8.

Esta voluntad ya existía antes del 11 de septiembre. "Incluso sin los atentados -señala un investigador-, está claro que el gobierno de Bush habría actuado unilateralmente cada vez que hubiera podido hacerlo, y habría extendido sistemáticamente los límites del poder presidencial" 9. Después de los atentados, el Presidente se convirtió en el César estadounidense, mientras el miedo y el sentimiento nacionalista reducían las voces disidentes al silencio.

En suma, han estallado las barreras que habitualmente, en una sociedad democrática, restringen el uso arbitrario del poder coercitivo del Estado. Dan prueba de ello los tristemente célebres memorandos sobre la tortura redactados por Alberto González (actual ministro de Justicia) en 2002, donde se reconoce al Presidente el poder "constitucional" de utilizar todos los medios necesarios sin excepción en tiempos de guerra, en el cumplimiento de su misión de "Comandante en Jefe", aun cuando se trate de actos que pisoteen el derecho internacional. "En virtud de este razonamiento -escribe el jurista David Cole-, el Presidente estaría habilitado, por la Constitución, a recurrir al genocidio si así lo deseara". 10

La excepción y la regla

Asistimos así a una reconfiguración de la soberanía que reniega de los principios fundadores del liberalismo clásico: la separación de los poderes y el establecimiento de las garantías constitucionales que protegen a la persona de la arbitrariedad coercitiva del Estado.

Para los primeros filósofos políticos democráticos, entre ellos Montesquieu y John Locke, la separación de los poderes es la que otorga estas garantías. Limita la acción de los gobernantes y garantiza por este medio la "tranquilidad" (Montesquieu), es decir la libertad política del individuo. En teoría, estas barreras constitucionales contra el absolutismo o la tiranía institucionalizan normas de las que los dirigentes sólo pueden alejarse temporariamente, en circunstancias excepcionales. Es más: aun cuando en caso de emergencia o de "necesidad" -por ejemplo en caso de guerra-, y por períodos limitados de tiempo, los dirigentes de Estados democráticos pueden derogar ciertas leyes, no les es lícito ir en contra del orden constitucional. En la teoría liberal-democrática, el estado de emergencia (el "poder prerrogativa" del dirigente, según la terminología de Locke) es una excepción destinada a salvar la norma fundamental, es decir, precisamente, el orden constitucional.

En un estado de emergencia permanente, la excepción se convierte en regla. A principios del siglo XX, Carl Schmitt -teórico político reaccionario alemán- elaboró y sistematizó una doctrina sobre el estado de emergencia y de excepción. En sus primeros escritos, establece una distinción entre la dictadura "comisarial" y la "soberana": la primera está fundada en el orden jurídico existente y destinada a salvaguardar la norma constitucional, mientras que la segunda destruye esta norma. En sus obras más importantes, Teología política y El concepto de lo político, se decide por la segunda: "Llevados a su extremo lógico, los trabajos de Schmitt (...) constituyen el fundamento de una excepción autoritaria sin excepción" 11. En la segunda obra citada, Schmitt afirma que el Estado, en tanto es la expresión más elevada de lo político, se realiza y descubre su verdadera esencia sólo en situaciones de emergencia, cuando "elige a su enemigo y decide combatirlo".

Esta elección produce sentido colectivo, unifica la nación, despolitiza a la sociedad civil y concentra el poder. El estado de emergencia permite al Estado trascender la sociedad y establecer su autonomía dictatorial. Habiendo adquirido así el monopolio de la acción y de la decisión políticas, el Estado, encarnado por el dictador que decide sobre la excepción y que, por lo mismo, pasa a ser verdaderamente soberano, goza de poderes ilimitados, empezando por el de sobrepasar o aplastar "el orden jurídico existente". Dado que representa la forma más pura de estado de emergencia, la guerra se convierte en el fundamento ontológico del Estado.

Actualmente, la deconstrucción del orden constitucional se despliega en un contexto de "guerra" omnipresente. Una guerra definida desde el principio por el Ejecutivo estadounidense (y, a fortiori, por sus aliados) como sin fronteras espaciales ni temporales. El documento de la Casa Blanca que presenta la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, en inglés) para 2002 asimila la "vulnerabilidad (de Estados Unidos) ante el terrorismo" a una "nueva condición de vida" 12. Así, la guerra perpetua pasó a ser el modo de vida en este comienzo del siglo XXI. Más recientemente, podía leerse en el Quadrennial Defense Review (QDR) -documento doctrinal del Pentágono- que la "larga guerra" que lleva adelante Estados Unidos es "una lucha que (será librada) en decenas de países simultáneamente (por) muchos años futuros" 13. Asimismo, en la Estrategia de Seguridad Nacional para 2006, documento que retoma los elementos clave de la NSS 2002 (esta última oficializó la doctrina de la guerra preventiva), se lee que "Estados Unidos vive los primeros años de una larga lucha, una situación parecida a la que enfrentó nuestro país al principio de la Guerra Fría" 14.

Como señala la filósofa Judith Butler, "la perspectiva de un ejercicio (de poder de un Estado que no reconoce la ley) estructura el futuro indefinidamente. El futuro pasa a ser un futuro sin ley, no anárquico sino librado a las decisiones discrecionales de un conjunto de soberanos designados" 15.

Estos soberanos gobiernan mediante el miedo, estimulan el nacionalismo y explotan los prejuicios raciales y étnico-religiosos. Es por ello que las operaciones de una organización terrorista desterritorializada y fragmentada fueron presentadas no como un peligro específico y circunscrito sino como una amenaza totalitaria planetaria de tipo hitleriano. El 16 de octubre de 2005, Bush afirmó que los extremistas islamistas trataban de "establecer un imperio islámico radical que se extienda desde España hasta Indonesia". Dos días después, su consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, declaraba a su vez ante el Council of Foreign Relations en Nueva York: "Al-Qaeda pretende reunir a las masas musulmanas, derribar los gobiernos moderados de la región y restablecer el califato islámico que (en su forma actual) reinaría desde España hasta Indonesia, y más allá".

Este inflamiento del poder de Al- Qaeda, así como las siniestras advertencias de la Casa Blanca contra el espectro de los "hongos atómicos" al día siguiente del 11 de septiembre, podrían parecer caricaturescos si no se tratara de un método de gobierno que sirve para ocultar las intenciones autoritarias del Estado. Es un juego peligroso que alimenta los odios esencialistas: las culturas plurales del islam se reducen a una categoría indiferenciada que designa al Otro, el bárbaro, el enemigo. El "choque de civilizaciones" se va convirtiendo poco a poco en una profecía autocumplida.

El espíritu colonial

El paisaje ideológico no es mucho más cuerdo en Europa, donde el miedo al otro se traduce en recelo hacia las personas "extranjeras" o "salidas de la inmigración". En Francia, por ejemplo, los disturbios urbanos, manifestaciones originadas por largos años de negligencia social y exclusión institucional, fueron condenadas por muchos (entre ellos, el filósofo Alain Finkielkraut) como atentados étnico-religiosos contra la "identidad nacional" 16. El gobierno reaccionó a la crisis de los suburbios de noviembre de 2005 desenterrando una ley de la época colonial y decretando el estado de emergencia. Estas medidas dicen mucho sobre el estado de la cultura... y la cultura del Estado.

Hay que recordarlo: el estado de emergencia en tanto forma de ejercicio de poder ha sido utilizado por democracias liberales en un contexto colonial. A lo largo de su aprendizaje multicentenario de despotismo colonial, para retomar la expresión de Hannah Arendt 17, Occidente inventó los campos de concentración y resucitó la tortura (que, gracias al Siglo de las Luces, estaba en vías de extinción). Mientras Europa exportaba su violencia al extranjero, el despotismo estadounidense se aplicaba en el propio país bajo la forma de la esclavitud.

Como señalan las recientes apologías de la colonización o el imperialismo, este pasado todavía no es pasado. No obstante, en Francia, la memoria anticolonial todavía está viva: el artículo 4 de la ley del 23 de febrero de 2005 adoptada por el Parlamento francés, que reconoce "la obra de Francia" en sus colonias, debió ser derogado por decreto, el 15 de febrero de 2006, ante las protestas que suscitó 18. Tanto en Francia como en otros lugares, sin embargo, quienes reclaman regímenes de excepción reúnen en ellos, una vez más, el autoritarismo y el espíritu colonial. Entre líneas del discurso oficial se adivina la idea de que necesitaríamos un Estado autoritario para poder protegernos de los bárbaros; deberíamos renunciar a nuestras propias libertades para poder preservar nuestras vidas.

  1. El plan Vigipirate es un dispositivo de seguridad francés destinado a prevenir las amenazas o a reaccionar ante actos terroristas. Fue creado en 1978, bajo la presidencia de Valery Giscard d'Estaing, y actualizado en 1995, 2000 y 2003.
  2. Clare Dyer, "Judges reveal anger over curbs on power", The Guardian, Londres, 26-4-05. La orden de arresto europea plantea el mismo problema.
  3. Henry Porter, "How we move ever closer to becoming a totalitarian state", The Observer, Londres, 5-3-06.
  4. Henry Porter, ibid.
  5. Robert Cooper, "The new liberal imperialism", The London Observer, 7-4-02.
  6. Alfred McCoy, "Why the McCain Torture Ban Won't Work. The Bush Legacy of Legalized Torture", TomDispatch, 8-2-06. En: www.tomdispatch.com.
  7. Citado por Alfred McCoy, ibid.
  8. "The Bush agenda comes into focus", editorial de The New York Times, 16-7-06.
  9. Christopher S. Kelley, "Rethinking Presidential Power - The Unitary Executive and the George W. Bush Presidency", conferencia en la Midwest Political Science Association, 7 al 10 de abril de 2005, Chicago, Illinois.
  10. David Cole, "What Bush Wants to Hear", The New York Review of Books, 17-11-05.
  11. Oren Gross, "The normless and exceptionless exception. Carl Schmitt's theory of emergency powers and the ‘norm exception' dichotomy", Cardozo Law Review, Nueva York, 2000.
  12. "National Security Strategy 2002" (NSS), Casa Blanca, Washington, DC.
  13. Quadrennial Defense Review (QDR), Ministerio de Defensa, Washington, DC, 2006.
  14. NSS, Casa Blanca, Washington, DC, marzo de 2006.
  15. Judith Butler, Precarious Life, Verso, Londres, 2004.
  16. Laurent Bonelli, "Estallido en los suburbios franceses", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2005.
  17. En el primer esbozo de Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt señalaba la continuidad directa entre el despotismo colonial europeo y el totalitarismo, o el imperialismo integral. Ver también Jurgen Zimmerer, "Colonial Genocide and the Holocaust. Towards an Archeology of Genocide", en A. Dirk Moses (ed.), Genocide and Settler Society: Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Berghahn, Nueva York, 2004.
  18. Claude Liauzu, "Une loi contre l'Histoire", Le Monde diplomatique, París, abril de 2005.
Autor/es Philip S. Golub
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 87 - Septiembre 2006
Páginas:14,15
Traducción Mariana Saúl
Temas Terrorismo, Política
Países Estados Unidos, Inglaterra