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Los derechos de autor en internet

Mediante una enmienda, el Ministerio de Cultura francés espera salvar un proyecto de ley sobre los derechos de autor en internet. Redactado bajo la influencia de poderosos lobbies industriales (de Vivendi a Microsoft), este texto ha sido cuestionado por el Parlamento a fines de diciembre de 2005. ¿El fin de la caza a los “piratas”? Pero entonces, ¿cómo asegurar la remuneración a los creadores? Alternativas.

"Una especie de comunistas modernos quieren suprimir los incentivos materiales previstos para los músicos, los directores de cine y los creadores de programas informáticos", advirtió Bill Gates 1. A partir de entonces, esa argumentación fue retomada por el ejército de lobbystas que reclaman aumentar la lista de sectores protegidos por la propiedad intelectual.

¿No habrá otra opción que la visión expansionista de la propiedad intelectual por un lado y el "comunismo" por el otro? ¿Acaso la cultura debe optar obligatoriamente entre el control minucioso de su utilización, por medio tanto de la tecnología como de las policías privadas, y un régimen burocrático de economía administrada? ¿O entre la gratuidad destructora de la creación y la maximización de la ganancia obtenida por cada uso que se haga de cada obra? Parecería que es así, al menos al leer la mayoría de los comentarios que invadieron las páginas de debate y los editoriales de los diarios luego del sorpresivo voto de la Cámara de Diputados francesa el 21 de diciembre de 2005.

Ese día, una rara coalición formada por la izquierda socialista y comunista, los ecologistas y un sector de la Unión para un Movimiento Popular (UMP) encabezado por Bernard Carayon y Christine Boutin votó, contra la opinión del gobierno, una enmienda que propone un mecanismo de licencia legal para acceder a las obras disponibles en internet.

Los diputados franceses debatieron la ley "Derechos de Autor y Similares en la Sociedad de la Información" (DASSI). Se supone que ese texto sea la trasposición al derecho francés de la directiva europea homónima (2001/29/CE) 2. Uno de los temas centrales es la definición del marco jurídico relativo a los programas informáticos y a los microprocesadores especializados en el control de acceso a las obras: ¿quedará prohibido saltearse esas "medidas técnicas de protección" (MTP) que, por ejemplo, pueden prohibir leer un DVD en una plataforma no autorizada y hasta analizar su funcionamiento? El DASSI también debe determinar las otras excepciones a los derechos de autor reconocidas en ciertos casos (utilización para la investigación, educación, crítica, discapacidad, etc.) y precisar cómo se efectivizará el ejercicio de esos derechos de uso, en caso de que algún dispositivo técnico impidiera hacerlo directamente. A quienes leyeron el texto de la enmienda votada sorpresivamente el 21 de diciembre les habrá costado bastante trabajo entender por qué esta resolución desató la alternativa maniquea citada al principio.

"Ministerio de lobbies"

Quizás el fondo de la cuestión no tenga nada que ver con esas oposiciones. Al contrario, parece ser que una gran cantidad de coincidencias -sobre la remuneración de los creadores, la libertad de acceso, la relación con las obras y la diversidad cultural- comienza a perfilarse en cuanto se deja de pensar con ese esquema. Y es precisamente eso lo que causa temor a algunos. En todo caso, los 145.000 peticionantes reunidos por la iniciativa de EUCD 3 y los 14.000 artistas firmantes de la moción de la Spedidam 4 tuvieron razón al pedir la postergación de la votación hasta que se desarrolle un debate de fondo y al protestar contra la imposición por parte del gobierno de un tratamiento de urgencia del proyecto de ley.

¿Qué objetivos políticos pueden orientar las decisiones? En ese terreno reina una incomprensión absoluta entre quienes manejan el tema en el Ministerio de Cultura y la sorprendente unión formada por innovadores, creadores, actores de las políticas culturales particulares y hasta de "simples" ciudadanos, que proponen una orientación diferente para ese proyecto de ley. La ortodoxia incestuosa construida hace veinte años entre los grupos de intereses de quienes poseen derechos 5, apoyada por una pequeña casta de juristas especializados y sistemáticamente respetada por los altos funcionarios encargados del tema en el Ministerio, cuenta con una sólida mayoría favorable en el Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística (CSPLA), comisión que desde 2000 asesora al gobierno sobre los temas de propiedad literaria y artística.

Pero la orientación propuesta por ese grupo se opone totalmente a la realización de las misiones del Ministerio. El ministro, Renaud Donnedieu de Vabres, al negarse a crear excepciones para la investigación, la enseñanza o las bibliotecas, condena los programas de digitalización de archivos educativos o culturales, en los que se gastaron decenas de millones de dólares en los últimos veinte años. El Parlamento lo apoyó al rechazar las enmiendas que incluían dichas excepciones, a pesar de que están debidamente autorizadas en la directiva europea que debía trasponerse al derecho francés. Es ese voto el que hubiera debido generar editoriales indignados de personalidades de la cultura, pero nadie alzó su voz. Felizmente, frente al "ministerio de los lobbies" 6, una importante red de ciudadanos y de actores culturales defiende una visión más ambiciosa de la cultura.

Pero hay cosas aun más graves. El ministro de Cultura también se opuso -con un éxito que esperemos sea pasajero- al voto de una enmienda que reconoce que el derecho de cita se aplica a todo tipo de obras, en particular audiovisuales. Una disposición de ese tipo fue adoptada en la trasposición alemana de la misma directiva europea. Se trata de una cuestión fundamental: saber si está o no permitido, por ejemplo, difundir en un blog extractos en video de un programa de televisión, por ejemplo para probar que la presentación reiterada de noticias policiales en los noticiosos crea ciertas distorsiones, al igual que cierto orden en la presentación de las informaciones.

Cuando el Estado se transforma en oficina de prevención del lucro cesante de las grandes compañías, la inquietud no viene tanto de ver que oficializa las preferencias de las industrias culturales o tecnológicas, sino del hecho de que ya no posee una política cultural. Desde hace meses, Donnedieu de Vabres declara en todos los tonos posibles que no desea perjudicar a los programas informáticos libres, ni dificultar la posibilidad de expresarse en internet, ni atentar contra la protección de los datos. Eso no le impidió permitir que el CSPLA retomara una enmienda redactada por la firma Vivendi-Universal 7 que prevé poner fuera de la ley de internet, de la web y de todas las otras herramientas de intercambio de archivos a quienes no integren las medidas técnicas de protección que garantizarían las restricciones de acceso y de uso de las obras previstas.

Esa enmienda parlamentaria fue presentada por dos partidos políticos, la UMP y la Unión por la Democracia Francesa (UDF). De su lado, el ministro de Cultura propuso, durante un debate en la Cámara de Diputados, una serie de medidas que instituyen una "respuesta progresiva" a personas que compartan archivos de una manera que los titulares de los derechos consideren ilícita. Esas disposiciones apuntan a desplegar una policía (para controlar la utilización que hacen los internautas de las obras) y una "justicia" (bajo la forma de sanciones automáticas sin juicio previo), ambas de tipo privado. Es probable que la enmienda Vivendi Universal / CSPLA y la "respuesta progresiva" (aparentemente anticonstitucional) sean sacrificadas en el altar de la "moderación". Pero se puede temer que la filosofía que hizo posibles esas aberraciones dé a luz nuevas enmiendas del mismo tipo.

Ahora bien, pretender definir y controlar por medio de la tecnología lo que es o no legítimo; poner fuera de la ley lo que permita otros usos, e imposibilitar a priori el intercambio y el tratamiento de la información es como tratar de detener un río con las manos, exigir un policía informático para cada gota de agua. No alcanzará siquiera con declarar ilegales los programas informáticos libres. Será necesario -como prevé un reciente proyecto de ley estadounidense 8- prohibir todo sistema capaz de digitalizar imágenes y sonidos (desde la fotocopiadora hasta el dictáfono...) que no contenga dispositivos que reconozcan y apliquen las restricciones previstas en beneficio de los poseedores de los derechos potenciales de esas imágenes o sonidos.

Dicho de otra manera, todos aquellos que opten por los intercambios libres y la confianza entre usuarios y creadores deberán aceptar las limitaciones y los sistemas creados especialmente por los inquisidores que consideran a cada ciudadano como un ladrón hereje. Aceptar esa concepción podría enviarnos por décadas, en materia de información y de medios temporales (sonido e imágenes animadas), a lo que fue el tiempo de los escribas para la escritura. Por lo tanto, no tiene nada de sorprendente que semejante perspectiva no entusiasme al creciente número de franceses que experimentan la extraordinaria liberación de expresarse ante un público general, ni a todos aquellos que ya aprovechan las ideas y las creaciones de tantos autores nuevos 9.

¿Esto significa acaso que todo debe estar permitido y ser gratuito? Ni una cosa ni la otra. Se trata más bien de encontrar la manera de percibir los derechos y de remunerar a los creadores sin destruir el potencial de un mundo donde abundan las fuentes de expresión y de creación. Lo que desató el furor contra la enmienda que creaba una licencia legal fue que eso ponía de manifiesto que existían soluciones alternativas, a la vez simples y capaces de garantizar a todos los creadores ingresos al menos equivalentes a los que perciben hoy en día. Esas soluciones se basan en la mutualización social del financiamiento de la remuneración de los creadores, sin por ello contradecir un principio fundamental del derecho de autor: que el nivel de remuneración depende de la preferencia del público por escuchar o ver tal o cual cosa.

Esto implica una diferencia fundamental respecto de las medidas técnicas de protección (MTP) o de los sistemas de gestión de los derechos numéricos (DRM): la apreciación de la legitimidad del uso no es transferida de los jueces a los aparatos controlados por un puñado de multinacionales. En síntesis, no es para nada necesario controlar individualmente la utilización que hace cada usuario: un análisis del tráfico de la red permitiría medirla. Soluciones de ese tipo ya existen en muchos terrenos (copia privada, radio), aunque funcionan de manera injusta y limitada, pues los creadores de obras de acceso libre no se benefician de ellas y se aplican únicamente a actividades que no tienen el impacto positivo de los intercambios por internet. La red deberá posteriormente permitir a las comunidades de creación y de reparto elaborar mecanismos más justos, que expresen el nuevo tipo de relación entre el público y los artistas.

Si la licencia global no logra imponerse esta vez, la posibilidad no tardará en volver a presentarse, pues independientemente de lo que decida la Cámara de Diputados, el proyecto en que se basa la enmienda cuestionada no desaparecerá. Es el proyecto de un mundo donde muchas personas hablan a muchas otras, crean y llegan a un público amplio, a la vez que tienen a su alcance una multitud de fuentes. En ese mundo, los grandes títulos seguirán existiendo, pero será más difícil para las grandes empresas fabricar la ingeniería de antemano. Se seguirán produciendo obras de calidad y seguirá habiendo editores para reconocerlas y ayudarlas a aparecer. En ese mundo habrá un poco menos de rentistas del derecho de autor, pero siempre habrá trabajo para los artistas, los productores, los editores... y los juristas.

  1. C-Net
  2. La parte fundamental de los puntos que generaron polémica se refiere a las disposiciones que no son obligatorias en la trasposición hecha al derecho francés.
  3. La EUCD es la Directiva Europea sobre el Derecho de Autor, cuyo sitio web ha sido lanzado por la FSF-France (Fundación para los programas informáticos libres).
  4. Sociedad de Percepción y Distribución de los Derechos de los Artistas-Intérpretes de Música y Danza. Esta sociedad, que representa fundamentalmente a los artistas intérpretes, forma parte, con la Adami (Agencia General para la Administración de los Derechos de Actores y Músicos Intérpretes) de la coalición que generó la proposición de licencia legal para los intercambios peer to peer
  5. Se trata principalmente de las multinacionales de discos y cinematográficas, de la Sociedad de Autores Compositores y Editores de Música de Francia (Sacem) y de los herederos de autores y compositores fallecidos.
  6. En un texto que quiere ser moderado, Joëlle Farchy, miembro clave del CSPLA y vicepresidente de la comisión "distribución de obras en línea", creyó poder diluir la acusación de estar al servicio de los lobbies afirmando que "todo es lobby", principio que sirve de filosofía para el abandono de lo político. Cabría recordarle que los anglosajones, que conocen bien el tema, diferencian entre los lobbies (grupos de intereses) y los "advocacy groups" (defensores de una visión particular del interés general).
  7. El CSPLA perfeccionó la enmienda para hacerla menos (visiblemente) aberrante, sin cambiar la orientación.
  8. Se trata del Digital Content Security Act, del 16-12-05, que constituye una generalización de la enmienda Vivendi-Universal a otros tipos de aparatos y de situaciones.
  9. El 10% de los franceses tienen un blog, según Le Monde, París, 3-1-06.
Autor/es Philippe Aigrain
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 80 - Febrero 2006
Páginas:36,37
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Internet
Países Francia