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¿Qué España?

Las declaraciones de un general español respecto del papel que le correspondería a las Fuerzas Armadas en defensa de “la unidad de España” –que en ninguna circunstancia está hoy bajo amenaza– se inscriben en el contexto de una cerril y virulenta oposición de la derecha española a una serie de medidas progresistas tomadas o anunciadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El debate en España sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña 1 ha adquirido un nivel de intensidad preocupante tras las declaraciones, el pasado 6 de enero, en Sevilla, del general José Mena Aguado: “Es nuestro deber –afirmó– alertar sobre las graves consecuencias que podría provocar en el seno de las Fuerzas Armadas en tanto institución, así como en el conjunto de su personal, la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos de su texto actual”. Y añadió que según él, el artículo 8 de la Constitución confiaba a las Fuerzas Armadas la misión de oponerse al desmembramiento de España 2.

Esta intervención de un jefe militar en el ya tenso debate político trajo a la memoria de los demócratas desagradables recuerdos. Porque ocurre dentro de una coyuntura inquietante: acaban de conmemorarse, el 20 de noviembre de 2005, los 30 años de la muerte del general Franco; en pocas semanas se cumplirá el 25º aniversario del intento de golpe de Estado del coronel Tejero, el 23 de febrero de 1981; y en unos meses, el 70º aniversario del alzamiento del 18 de julio de 1936 contra la República, que hundió al país en una guerra civil. España creía haber acabado con la tradición del pronunciamiento característica de su vida política durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta 1978, fecha de la adopción de la actual Constitución.

Hostilidad sistemática

Sin embargo, está claro que los tiempos han cambiado, que la democracia se ha arraigado y que es impensable hoy que un puñado de oficiales consigan siquiera amenazarla. La declaración del general Mena muestra simplemente que subsiste, en un reducido número de oficiales, un residuo de tradición intervencionista. Pero la campaña de hostilidad sistemática que el Partido Popular (derecha) lleva adelante contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero avivó intensamente esta tradición en los últimos meses. El actual mandatario ha tomado una serie de iniciativas que suscitaron la condena de la España más conservadora.

Recordamos su decisión –tomada inmediatamente después de su elección en marzo de 2004 y luego de los atentados de Madrid– de retirar las tropas de Irak, adonde las había enviado imprudentemente (contra la opinión del 80% de los españoles), el ex-presidente José María Aznar. Otras medidas fueron aun más polémicas, en particular la de restituir a Cataluña los archivos saqueados por los ejércitos de Franco en 1938 y conservados en los locales de los archivos sobre la Guerra Civil, en Salamanca. Durante semanas, los medios controlados por la derecha bombardearon a la opinión pública con noticias alarmistas sobre el “peligro” que esta restitución representaba para la unidad de España... El Partido Popular no vaciló en convocar gigantescas manifestaciones de protesta contra este “despojamiento”.

Vino a continuación la legalización del matrimonio homosexual. La medida, aceptada por la mayoría de los españoles, provocó en los ámbitos más retrógrados una ola de indignación de otra era. La Iglesia Católica llegó a amenazar con la excomunión a los alcaldes que oficiaran en este tipo de casamientos.

Y llegó el turno, finalmente, al tema del nuevo estatuto de Cataluña. Al igual que el País Vasco y Galicia, este territorio posee su propia lengua y una cultura singular. Ya en 1932 se había constituido como “región autónoma en el seno del Estado español”. Y recuperó su autonomía en 1979, cuando se crearon en España diecisiete “comunidades autónomas”. En virtud de un Estatuto reconocido por la Constitución, el gobierno catalán –la Generalitat– pudo crear una policía autónoma y se le otorgaron competencias en materia de educación, salud, seguridad social, organización territorial y política cultural y lingüística.

Tradición federativa

Pasaron cerca de 30 años. Desde noviembre de 2003, Cataluña es gobernada –por primera vez desde el fin del franquismo– por una coalición de izquierda (socialistas, nacionalistas de izquierda, Verdes) que prometió adoptar un nuevo Estatuto. Éste no anuncia ninguna “separación” de España, sino que se inscribe dentro de una tradición “federativa”, reivindica el carácter de “nación” de Cataluña y fue aprobado por el 90% de los diputados catalanes, en septiembre de 2005. Está siendo debatido en el Parlamento de Madrid.

La derecha y la Iglesia pusieron a todos sus muy influyentes medios al ataque y conducen desde allí una campaña agresiva, que apunta a caldear los ánimos y aterrorizar los corazones. El primer resultado está a la vista: ruido de botas en los cuarteles. Pero tras algunas modificaciones para ajustarlo a la Constitución española –el pasado 21 de enero, el Primer Ministro y el líder del Partido Nacionalista Catalán (CIU)– el nuevo estatuto de Cataluña debería ser adoptado. 

  1. Véase en particular, en el suplemento “Catalogne”, Le Monde diplomatique, París, enero de 2006, el artículo de Antoni Segura i Mas, “Entre autonomie et nation”.
  2. El 18 de enero pasado, un segundo militar, esta vez el capitán Roberto González Calderón, fue arrestado por sus superiores a causa de una carta que publicó en el diario Melilla Hoy, en la que acusa a toda la clase política de sacrificar ”la idea de Nación y de Patria” y afirma que “existe malestar dentro y fuera de las Fuerzas Armadas”. El País, Madrid, 19-1-06.
Autor/es Ignacio Ramonet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 80 - Febrero 2006
Páginas:40
Traducción Gustavo Recalde
Temas Militares, Política
Países España