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Guatemala al Consejo… de Inseguridad

Diez años después del final de la guerra civil que hizo estragos en el país, Guatemala no ha salido todavía de la violencia. Por cierto, las mismas instituciones han favorecido la cultura de la impunidad. Todavía no han sido enjuiciados los ex-dictadores Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía. Calificado como “uno de los países más violentos de la Tierra”, el 97% de los crímenes queda impune.

El 14 de marzo de 1983, el general Efraín Ríos Montt estaba en el poder cuando The New York Times escribía respecto de Guatemala: "Escuchamos siempre la misma historia: soldados del gobierno uniformados llegan a un poblado, reúnen a los hombres y a las mujeres y los ametrallan. Pero aparentemente no gastan balas en los niños. Los toman de los pies y estrellan su cabeza contra una pared. O les atan una cuerda al cuello hasta estrangularlos. Oímos hablar de niños lanzados al aire y ensartados luego con bayonetas" 1. Para justificarse el general se limitaba entonces a decir: "No practicamos una política de tierra arrasada, sino de comunistas arrasados".

Desde el retorno del régimen civil, en diciembre de 1985, y sobre todo desde la firma de los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996 que pusieron fin al conflicto armado, la Justicia persigue al ex-general sin lograr atraparlo. En diciembre de 1999, ante la inercia de las instituciones guatemaltecas y basándose en la "jurisdicción universal", la Fundación Rigoberta Menchú presentó una denuncia por "genocidio, torturas y crímenes contra la humanidad" ante los tribunales españoles. El 26-9-05, luego de largos debates en el seno del poder judicial de ese país, la Corte Constitucional autorizó el juicio contra los ex-dictadores guatemaltecos Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía y otros cinco generales. Habiendo firmado los pactos internacionales de protección de los derechos individuales y colectivos, Guatemala se vio obligada a respetar esos compromisos y a aceptar la visita, en 2006, de una comisión judicial española encabezada por el juez Santiago Pedraz.

Sin embargo, rápidamente se confirmaron los temores sobre la imposibilidad de juzgar en Guatemala a los responsables de violaciones a los derechos humanos. El juez Pedraz llegó el 23 de junio y el 29 fue notificado por la Corte Constitucional guatemalteca de que se le prohibía recoger declaraciones de testigos y llevar a cabo los interrogatorios previstos. De manera que la investigación quedó entonces pura y simplemente suspendida. Esa evidente obstrucción motivó la decisión de Pedraz, una vez de regreso en España, de lanzar una orden de detención internacional contra los ex-generales incriminados.

La noticia, que se conoció el 7 de julio, provocó un terremoto político-jurídico en Guatemala. Esa medida significa que los siete acusados pueden ser detenidos y luego extraditados a España si llegaran a salir de territorio guatemalteco, e implica además el bloqueo de sus cuentas bancarias y sus bienes 2. Pero nada indica que los implicados vayan a cometer la imprudencia de salir de su país...

Esos acontecimientos no hacen más que confirmar la declaración de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Louise Arbour, quien el 28 de mayo pasado, luego de una visita al país, había declarado que Guatemala era "uno de los países más violentos de la Tierra. (...) Allí donde la impunidad es la regla para las violaciones pasadas, no debe sorprendernos que lo siga siendo para los crímenes actuales" 3.

 Muertes violentas

 La represión y la violencia desproporcionada ejercidas por los militares y los grupos civiles armados contra la población indígena y los opositores políticos durante la guerra civil (1960-1996) dejaron un saldo de 200.000 víctimas. La falta de condena de los responsables contribuye efectivamente a consolidar la cultura de la impunidad en el seno de la sociedad. En la actualidad, el 97% de los asesinatos de todo tipo cometidos en Guatemala quedan impunes.

Las mujeres guatemaltecas, menos mediatizadas y más numerosas que las de Ciudad Juárez, en la frontera mexicano-estadounidense 4, sufren sin embargo la misma suerte que ellas: golpeadas, torturadas, mutiladas, violadas y finalmente asesinadas... Un total de 2.200 mujeres fueron asesinadas desde 2001; 299 de ellas entre enero y mayo de 2006 5. El aumento de asesinatos de mujeres se inscribe en un contexto de alza generalizada de muertes violentas en el país. Los enfrentamientos entre bandas armadas (las "maras"), el asesinato de chicos de la calle por parte de grupos de "limpieza social" (milicias privadas pagadas por la población para proteger sus bienes) y los casos de justicia por mano propia están en notable incremento en un país que además practica la pena de muerte. Según las estadísticas policiales, los asesinatos aumentaron el año pasado en un 23%, pasando de 4.346 en 2004 a 5.338 en 2005, para una población de 12 millones de habitantes 6.

La violencia no viene siempre de las fuerzas de seguridad, pero la ineficacia de éstas para evitar o resolver esos crímenes confirma sin embargo su implícito consentimiento. En las zonas donde no están presentes, son los propios habitantes los que se encargan de reprimir, linchando a los presuntos responsables de delitos o crímenes (entre 1996 y 2000 se registraron más de 400 casos, que dejaron 200 muertos). Las denuncias presentadas ante los servicios de investigación respecto de asesinatos de mujeres y de chicos de la calle son directamente archivadas sin que se realice ninguna acción. Con el fin de hacerlas responsables de su propia muerte, se argumenta que las víctimas tenían un pasado criminal y se las vincula sistemáticamente con el crimen organizado o con la prostitución.

Por otra parte, la extrema pobreza en que se halla el 75% de la población se agrava a causa de la política económica del gobierno. Esta situación también afecta particularmente a las mujeres. Como principal mano de obra de las "maquilas" (fábricas deslocalizadas), por citar sólo ese sector, las mujeres deben trabajar más de setenta horas semanales sin menor respeto del Código de Trabajo, por un sueldo que no permite cubrir las necesidades básicas 7.

El actual presidente, Oscar Berger, electo en enero de 2004, ignora los signos de descontento. El 10 de marzo pasado el gobierno firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, a pesar de la enérgica oposición de los ciudadanos, que temen que esa medida empeore aun más su situación. Entre otras cosas, ese TLC autorizará a las empresas multinacionales a explotar libremente los recursos naturales de Guatemala, mientras que la adopción de la "Ley de concesión" permitirá entregar la gestión de bienes y servicios públicos a empresas privadas. Al cabo de una jornada de huelga nacional y de quince días de continuas protestas, la manifestación organizada el 14 de marzo contra el TLC fue violentamente reprimida.

La miseria, la delincuencia, el tráfico de drogas, el crimen organizado y la corrupción crecen en el país... Se trata de un balance muy negativo que plantea la cuestión de la existencia de un Estado que respete y haga respetar los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de los guatemaltecos. Ese balance empaña la candidatura de Guatemala a una banca de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 8, a pesar del apoyo ferviente de Estados Unidos y el más discreto de la Unión Europea.

  1. Edmond de Clermont, "Renversement de Jacobo Arbenz au Guatemala", Le Monde diplomatique, París, junio de 1983.
  2. La orden de detención incluyó también al ex-presidente guatemalteco Fernando Romeo Lucas (1978-1982), aparentemente fallecido en Venezuela, pero cuyo acta de defunción no pudo ser verificado por el tribunal español.
  3. BBC Mundo, Londres, 28-5-06.
  4. Sergio González Rodríguez, "Trescientos crímenes perfectos", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2003.
  5. Amnistía Internacional, Informe Guatemala: "No protection, no justice  - Killings of women", Londres, 2006.
  6. Amnistía Internacional, op. cit.
  7. FIDH, Misión Internacional de Investigación N° 428/3, "Situación de los derechos humanos en las maquilas en América Central", París, octubre de 2005.
  8. Sobre las diez bancas no permanentes del Consejo de Seguridad, cinco serán renovadas en septiembre por un período de dos años, y una de ellas es atribuida tradicionalmente a un país de América Latina. El segundo candidato, apoyado por varios países latinoamericanos, es Venezuela.
Autor/es Paola Ramírez Orozco-Souel
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 87 - Septiembre 2006
Páginas:28
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Militares
Países Guatemala