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El desafío de los “comuneros” de Oaxaca

Un grave conflicto enfrenta a 70.000 profesores y la casi totalidad de las organizaciones sociales al gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. El ministro del Interior decidió una intervención armada, y la Asamblea Popular y Permanente de Oaxaca llamó a una “insurrección pacífica en todo el país” para el proximo 1º de diciembre. Un anticipo de las dificultades que enfrentará el próximo Presidente.

"Estamos ante la mayor operación militar desde la que se lanzó contra el levantamiento zapatista de 1994. Es un desembarco por aire, tierra y mar." Este comentario apareció el 3 de octubre pasado en el diario mexicano La Jornada con la firma del periodista Hermann Bellinghausen. Ese día, los comandos especiales de la marina nacional desembarcaron en Huatulco y Salina Cruz, sobre la costa del Pacífico del Estado de Oaxaca, con el apoyo del buque de guerra Usumacinta, 1.500 marineros, 20 helicópteros M-18 y M-17, aviones Hércules y C-212, y varios tanques. Con las fuerzas especiales del ejército y las de la Policía Federal Preventiva (PFP), el dispositivo contó en total con unos 20.000 hombres. Helicópteros y aviones sobrevolaron durante varios días la capital del Estado, la "zona de combate", el centro histórico, las barricadas, los edificios en poder de los rebeldes. Desde abajo, hombres y mujeres los insultaban a gritos y los amenazaban con el puño.

El gobierno mexicano respondía nuevamente con una demostración de fuerza a un levantamiento popular. Y una vez más la llegada masiva de fuerzas armadas no acallará sin duda a una población rebelada contra un gobernador juzgado represivo, corrupto y elegido de manera fraudulenta en 2005: Ulises Ruiz, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que controló México durante 71 años.

El Estado de Oaxaca y en particular su capital -del mismo nombre- viven desde el 22 de mayo pasado un conflicto social que se endureció a raíz de la represión que el 14 de junio siguiente organizó Ruiz -92 heridos- contra la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una agrupación disidente que cuenta con alrededor de 70.000 maestros declarados en huelga.

La reivindicación de esos maestros era y seguía siendo, a pesar del levantamiento de la huelga a fines de octubre, "la renuncia del gobernador". A ellos se agregó la Asamblea Popular y Permanente de Oaxaca (APPO), o sea la casi totalidad de las organizaciones sociales del Estado. Desde hace seis meses un millón trescientos mil alumnos no tienen clases. Ocupación de ayuntamientos y edificios públicos, de hoteles y del aeropuerto, campaña de desobediencia civil pacífica, radicalización... A pesar de la unión de la población y un bloqueo completo de las actividades del Estado, Ruiz se niega a renunciar.

Necesidades mutuas

Desde el principio, el gobierno federal de Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN, derecha liberal), se mostró incapaz de solucionar la crisis. Ésta se desarrollaba en paralelo al conflicto post-electoral que en ese entonces sacudía a México a raíz de la controvertida elección del 2 de julio a la presidencia de la República de Felipe Calderón (PAN) 1. El primer plan de negociación que el 5 de octubre propuso el ministro de Interior, Carlos Abascal (el "Pacto para la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del Estado de Oaxaca"), recomienda una nueva Constitución para el Estado, una reestructuración del sistema judicial, una serie de incentivos económicos y la voluntad de respetar los derechos humanos. Pero nada dice de la principal reivindicación: la renuncia del gobernador. Los intereses que impiden a Fox ofrecer "la cabeza del gobernador" no tienen ninguna relación con el conflicto local, pero están vinculados a la manipulada elección presidencial. Cuando los jueces del Tribunal Federal Electoral designaron presidente a Felipe Calderón, se originó un vasto movimiento popular, inédito en la historia mexicana, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, el candidato "vencido" del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda). Convertido en la segunda fuerza política del país, el PRD no reconoce al nuevo Ejecutivo 2. Ahora bien, el único verdadero apoyo del que dispone Calderón para gobernar (a partir del 1 de diciembre próximo) es la alianza establecida en el Congreso en septiembre pasado entre el PAN y el PRI, respectivamente primera y tercera fuerzas políticas. "Calderón necesita del PRI para gobernar y hacer aprobar las reformas estructurales que Fox nunca ha podido hacer votar por falta de mayoría. Pero también tiene necesidad del PRI para asumir sus funciones ante el Congreso, el 1 de diciembre", explica el analista Luis Javier Garrido. Uno de los objetivos de la "resistencia civil" organizada por López Obrador es precisamente impedir esta entrada en funciones.

La investidura de Calderón sólo se hará con el respaldo parlamentario del PRI, que terminó por reconocer la "victoria" del PAN. En contrapartida, el PRI defiende con uñas y dientes uno de sus bastiones tradicionales: Oaxaca. Pero a escala nacional está pagando muy caro la defensa del controvertido gobernador. Florentino López, uno de los voceros de la APPO, acusa: "En dos años, Ulises Ruiz hizo asesinar a 35 dirigentes sociales y encarceló a más de 200. Desvió millones de pesos destinados a obras sociales hacia las campañas electorales del PRI y sus propias empresas". El gobernador anterior, José Murat (PRI), había hecho encarcelar a 60 dirigentes. Se le atribuyen también cuatro muertos y 15 heridos de bala. Un sesenta por ciento de los miembros de su gabinete están presentes en el de Ulises Ruiz. A sus órdenes, grupos paramilitares y la policía local atacan diariamente las aproximadamente 1.500 barricadas que se levantaron en la capital (3.000 en todo el Estado) y los 80 edificios públicos y 12 estaciones de radio y TV ocupados por la población.

Desde junio se cuentan más de diez muertos y numerosos dirigentes secuestrados, que reaparecieron algunos días más tarde en prisión. En los últimos seis meses se desplegó todo el arsenal represivo para dividir, aterrorizar y debilitar el movimiento social. Según Raúl Gatica, refugiado político en Canadá y vocero del Consejo Indígena Popular de Oaxaca -Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), "el gobierno local pretende destruir primero las barricadas, ya que son espacios de organización y debate en el seno del movimiento, y luego las radios, que nos permiten comunicarnos con la población".

Los actos de violencia no originan ninguna investigación a escala federal. Las dos grandes cadenas televisivas -Televisa y TV Azteca- describen a los militantes de la APPO y de la sección 22 como individuos fuera de la ley, peligrosos y armados. Ulises Ruiz y el PRI pidieron el envío de fuerzas policiales federales "para restablecer el orden y castigar a los dirigentes". Los medios económicos le pisan los talones. El 3 de octubre se realizó el "desembarco" militar en el Estado... El presidente Fox declaró que "la transgresión de la ley debe siempre impedirse y castigarse".

Ante una represión que parecía inminente, cuando las negociaciones estaban todavía en curso, Oaxaca se convirtió en la "Comuna de Oaxaca". Sin embargo, la ofensiva se detuvo al cabo de algunos días. Los militares no entraron en la ciudad. "Vicente Fox no puede terminar su mandato con graves violaciones de los derechos humanos; el objetivo consistía en intimidar", considera Onésimo Hidalgo, investigador en el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y autor de varios libros sobre la militarización de Chiapas tras la insurrección zapatista de 1994 3.

Un Estado geoestratégico

No obstante, el 12 de octubre sólo 3.000 infantes de marina retornaron a sus cuarteles del norte del país. Los otros no van a abandonar el lugar tan pronto: la militarización del Estado de Oaxaca se confirma y los habitantes del campo juntan víveres para los huelguistas. Hidalgo analiza: "En adelante, la estrategia consiste en encontrar un pretexto cualquiera para que el ejército esté presente en las comunidades rurales. El pretexto puede ser un plan de urgencia contra los huracanes, la presencia de grupos armados o la lucha contra el narcotráfico y las migraciones clandestinas. Nunca dirán que se trata de militarizar el territorio, pero es la misma estrategia que diseñaron para controlar Chiapas".

En efecto, el Estado de Oaxaca tiene más de un parecido con Chiapas, su vecino, que sigue militarizado doce años después de la insurrección zapatista: una porción de territorio altamente estratégico y rica en recursos naturales, una fuerte presencia indígena y un nivel de pobreza entre los más elevados del país. Los 16 pueblos indígenas (1,6 millones de personas) que constituyen más de la mitad de la población del Estado -3,4 millones de habitantes- conocen desde siempre la discriminación. Docentes en las zonas rurales más marginalizadas, los profesores de la sección 22 figuran entre los peor pagos del país. Desde hace 26 años luchan por obtener mejores condiciones salariales, pero también recursos para sus escuelas. Cerca de 460 de los 570 municipios del Estado no disponen de servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, caminos) y la actividad principal en términos de empleo sigue siendo la agricultura y la explotación de las riquezas naturales.

Oaxaca posee la zona más rica en biodiversidad de México: bosques, costas, lagunas, montañas, plantas raras, distintos tipos de maíz. El subsuelo encierra petróleo, uranio, carbón, hierro, oro, plata, plomo, mercurio. Desde 1540 hasta principios del siglo XX, las minas de Oaxaca proporcionaron la mitad de la producción nacional de oro y plata. Sin embargo, durante este período la extracción de estos metales no ha superado el 10% del potencial estimado 4. Por último, Oaxaca posee agua en abundancia para la hidroelectricidad, y al sur del istmo de Tehuantepec cuenta con uno de los lugares más ventosos del mundo para producir energía eólica 5. Desde 2002 está programada la explotación de estos recursos en el marco del Plan Puebla-Panamá 6. Este plan de "desarrollo" de inspiración neoliberal, muy cuestionado por los movimientos sociales, es presentado como un plan de infraestructuras (carreteras, puertos, represas, etc.) para la implantación de actividades económicas. Calderón, el presidente electo (y controvertido), acaba de relanzarlo en octubre, en ocasión de una visita a América Central.

La importancia geoestratégica del Estado de Oaxaca complica singularmente la resolución del actual conflicto. Las poblaciones indígenas y las comunidades rurales representadas en el seno de la APPO quieren administrar sus recursos naturales disponiendo de instrumentos legales. El derecho a una organización política propia es una constante reivindicación, tanto en el campo como en la ciudad. "Se trata del derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir a la administración política de nuestros territorios y a la gestión de nuestros recursos naturales", explica Carlos Beas, uno de los voceros de la Unión de las Comunidades Indígenas de la Zona septentrional del Istmo (Ucizoni), miembro de la APPO.

En Oaxaca hay mucha experiencia en materia de organización comunitaria, social y política: el comercio equitativo está muy extendido, así como cooperativas que ya practican una forma de autonomía. También en este punto las reivindicaciones se corresponden a las que se expresaban en Chiapas diez años antes. Pero están en contradicción con la política que desea establecer Calderón.

Por último, la militarización del Estado de Oaxaca no es una sorpresa tan grande: confirma la crispación del Ejecutivo ante los movimientos sociales que se multiplican por todo el país. El recurso a las fuerzas policiales ha sido a menudo la "respuesta" del gobierno Fox, de la mano de graves violaciones de los derechos humanos 7. Si se remite tanto a la experiencia de los países latinoamericanos como a la historia de México, la perspectiva es que se va derecho a una creciente confrontación entre dos concepciones políticas y económicas. Neil Harvez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Nuevo México, declara: "Se trata de una polarización entre los excluidos y una clase privilegiada que concentró la riqueza y que influye sobre la vida política. Además, Calderón debe satisfacer a los medios económicos que apoyaron su campaña".

Oaxaca prefigura la ingobernabilidad que podría conocer México durante la cuestionada presidencia de Rafael Calderón. La alianza de éste con el PRI y los medios financieros podría atizar nuevos conflictos. ¿Las fuerzas armadas conseguirán apagar el fuego de las múltiples rebeliones? 

  1. Ignacio Ramonet, "México fracturado", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2006.
  2. Una Convencion Nacional Democrática que el 16 de septiembre pasado reunió a más de un millón de personas en el Zócalo, Ciudad de México, mediante voto a mano alzada nombró a Obrador "presidente legítimo de México". El líder del PRD anunció la instalación de un gobierno paralelo.
  3. Onésimo Hidalgo, Tras los pasos de una guerra inconclusa: 12 años de militarización en Chiapas, ed. CIEPAC, México, 2006.
  4. Julio César Cabrera, "Los minerales estratégicos de Oaxaca en el contexto del mercado mundial", ed. Ciesas, México DF, 2006.
  5. "Les vents dorés de l'Isthme", Systèmes solaires, París, julio-agosto de 2005.
  6. Braulio Moro, "Una recolonización disfrazada. El ‘Plan Puebla-Panama'", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2002.
  7. En abril de 2006, en el puerto siderúrgico de Lázaro Cárdenas ocupado por los obreros, la policía dio muerte a dos de ellos. En abril, en San Salvador Atenco, la represión contra un grupo cercano a los zapatistas causó dos muertos, 47 mujeres violadas y 211 detenidos, de los cuales 29 todavía están en la cárcel.
Autor/es Anne Vigna
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 89 - Noviembre 2006
Páginas:8,9
Traducción Teresa Garufi
Temas Conflictos Armados, Política
Países México