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Recuadros:

Política y corrupción policial

A fines de la década del ‘60, el periodista Rodolfo Walsh publicó una investigación que desnudaba el sistema delictivo montado por la policía en esos años y definía así la corrupción policial: “La secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata”. En la actualidad, la actividad policial ha devenido un negocio sangriento, ramificado en diversas actividades delictivas y con profundos lazos con el poder político y judicial, lo que contribuye a explicar el auge criminal de los últimos tiempos, y sus nefastas consecuencias.

La implicación en diverso grado de las fuerzas de seguridad del Estado es el elemento común a asuntos tan dispares como los asesinatos de María Soledad Morales, Walter Bulacio, José Luis Cabezas, Natalia Mellman, Diego Peralta y Ezequiel Demonty; la desaparición de Miguel Bru y tantos jóvenes como él; los atentados a la embajada de Israel y la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA); la masacre de Villa Ramallo; los asesinatos de manifestantes en Plaza de Mayo el 20-12-01 y en Avellaneda el 26-6-02; las agresiones contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto y estudiantes de colegios secundarios porteños y los numerosos asaltos contra bancos y vehículos blindados. Si a esos ejemplos de gran repercusión mediática se suman las innumerables denuncias por “gatillo fácil”, secuestros extorsivos, escuadrones de la muerte, torturas en comisarías, tráfico de armas, narcotráfico, piratería del asfalto, coimas, juego clandestino y trata de blancas, la conclusión es que las fuerzas de seguridad han devenido aparatos delictivos con licencia.

Según una encuesta de la consultora Vox Populi difundida en agosto de 20021, la corrupción policial aparece como la causa principal de la inseguridad que percibe la población de la provincia de Buenos Aires, por encima incluso de problemas como la pobreza y el desempleo. El 80% de los encuestados manifestó no sentirse protegido por la policía. Según un relevamiento de la Fiscalía de Estado, desde 1998 hasta ahora las causas relacionadas con uniformados por abusos o “gatillo fácil” suman casi 4.000; es decir, casi el 10% de los policías que integran la fuerza2. Una investigación de la Procuración General de la Corte estableció que los distritos donde se comprobaron mayores vínculos entre la institución policial y el delito son San Isidro, Lomas de Zamora, La Matanza y Morón3, justamente las zonas donde se concentra el mayor nivel de inseguridad del conurbano, según cifras oficiales. La Procuración también certificó que entre 2000 y 2001 las denuncias contra policías aumentaron un 40%.

Por si esto fuese poco, la policía también utiliza sus recursos para fraguar causas y así mejorar su imagen. Un informe de la Procuración General de la Nación de mayo de 2001 denuncia al menos 55 causas “inventadas” por la Policía Federal en los últimos seis años; alrededor de 1.400 causas habían estado bajo sospecha4.

En cuanto a las víctimas del “gatillo fácil”, el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) indica que durante 2002 el número de muertos como consecuencia de la acción policial asciende a 1.292 personas, casi 300 casos más que en 20015. Por otra parte, en el relevamiento anual en Capital y Gran Buenos Aires que realiza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentado en julio de 2002, consta que en 2001 las fuerzas policiales mataron a 261 civiles e hirieron a otros 426, un incremento del 20% con respecto al año anterior6.

Una estructura funcional

“La corrupción policial es un mal endémico”, asegura Alejandra Vallespir, socióloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializada en criminología. Autora del libro La policía que supimos conseguir, en el que describe el circuito clandestino de la policía y su relación con el poder político, Vallespir señaló a el Dipló que el objetivo de su trabajo fue demostrar “que se utiliza la estructura legal para la ilegalidad y que a lo largo de la historia la policía incorpora la metodología de los grupos que combate”. Vallespir se niega al lugar común del policía “bueno” y el “malo”: “no hay dos policías, sino una única institución que suscribe una doble matriz. Esto no ocurre por desidia del poder político, sino por su complicidad”. El vínculo con el poder político “se gesta a partir de la necesidad de los punteros políticos locales del Gran Buenos Aires de recaudar dinero, que entonces se convierten en socios de la policía. Cuando el poder político firma semejante pacto de impunidad, nunca más logrará poner en caja a la policía cuando el pacto ya no le resulte funcional”.

El ex viceministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Sain, señaló en agosto de 2002 que “nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. No hay posibilidad de que funcionen sin el amparo de la política”7. Sain tuvo que dejar su cargo en enero de 2003, luego de fracasar en su intento por imponer un “plan de modernización policial”, una nueva vuelta de tuerca de la sistemáticamente fracasada “reforma policial” (ver recuadro).

El actual ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, llegó a denunciar la existencia de “un complot de inseguridad en la provincia” a cargo de “grupos mafiosos que quieren decirnos a las autoridades y al pueblo de la provincia que ellos actúan impunemente”. Sin embargo, el gobernador Felipe Solá se encargó de calificar como “una estupidez” la posible existencia de una cúpula policial paralela que actúe en la clandestinidad, luego de conocerse detalles de la operación conjunta entre las policías Federal y Bonaerense, junto con Prefectura y Gendarmería, que acabó con la muerte de dos manifestantes en Avellaneda el 26 de junio pasado, agravado por la evidencia de la infiltración de un centenar de agentes retirados entre los desocupados.

Pero un análisis somero de estos hechos, a modo de simple ejemplo, desmiente a Solá. Pocas semanas antes del asesinato por la policía de los dos piqueteros en Avellaneda, los gobernadores peronistas José de la Sota, Juan Romero y Rubén Marín habían exigido “mano dura” contra los piqueteros, mientras el diputado –también peronista– Miguel Toma había difundido un informe de Inteligencia que denunciaba una supuesta infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del narcotráfico en los movimientos de desocupados8. Además, horas antes de la represión, el propio jefe de gabinete de la Presidencia de la Nación, Alfredo Atanasof, había acusado a los piqueteros por “contribuir al caos”9 y el jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, había asegurado días antes de los hechos que “la protesta social termina favoreciendo a la delincuencia” y que los Derechos Humanos “existen sólo para un sector, no para los policías”10.

El resultado fue un vía libre para la represión contra la protesta social de los desocupados. Operativo que, dicho sea de paso, tuvo como máximo responsable al subjefe de la Departamental de Lomas de Zamora, comisario Mario Mijín, quien formó parte de la policía al mando de Ramón Camps durante la dictadura militar. Política-policía-delito-represión: un entramado funcional.

La caja negra

“La policía recauda para la política. Hay efectivos que off the record admiten que trabajan para una caja negra de los políticos de turno. Hay causas en marcha en la justicia de San Martín (Buenos Aires) que empiezan en la comisaría y van avanzando hacia sectores políticos bien determinados, aunque es difícil llegar a reunir las pruebas necesarias para condenar a los responsables”. Entrevistado por el Dipló el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, sostuvo que los caminos de la corrupción siempre conducen al mismo destino: la caja de los grandes partidos.

Chichizola señaló la presencia de “una policía muy vinculada a dos contravenciones: el juego y la prostitución”. El fiscal, con 32 años en el Poder Judicial, dijo que “es lamentable que el ciudadano común haya terminado por internalizar que se trata de cuestiones ‘naturales’, sin darse cuenta de que si bien el juego puede ser menos nocivo, la prostitución, sobre todo, lleva al robo, a través de los piratas del asfalto, y a la droga, formándose bandas transnacionales que manejan la trata de blancas y otros delitos conexos”.

Tanto el juego clandestino como la prostitución son negocios multimillonarios. A comienzos del siglo XX, en los artículos de Gustavo Germán González, mítico cronista policial del diario Crítica, ya aparecía la corrupción policial sobre las mismas bases señaladas por Chichizola. Pero las cifras actuales causan estupor. El juez penal de La Plata César Melazo estimó en “un millón de pesos diarios” la recaudación de la quiniela clandestina en la provincia de Buenos Aires11. Las cifras son de febrero de 1998, cuando un peso era igual a un dólar y el ingreso del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense pasó de los 34.655.499 pesos de igual fecha del año anterior a “58.947.170 pesos con cincuenta centavos”. El aumento de la recaudación, de más del 40%, se mantuvo mientras duró la “megacausa” contra el juego clandestino que llevó adelante Melazo, quien procesó a 250 personas, entre capitalistas, pasadores y personal de la Bonaerense.

Si la prostitución es el oficio más viejo del mundo, la coima debe ser el que le sigue en antigüedad. En la Policía Federal, la investigación más reveladora comenzó en 1998, de la mano del fiscal Pablo Lanusse. En noviembre de ese año fueron desplazados 38 de los 52 comisarios a cargo de las seccionales de la Capital Federal. La investigación había comenzado con la comisaría 16ª de Constitución y después intentó proyectarse a otras 11 comisarías que también habían sido denunciadas. La fiscalía estimó que el botín de la coima a la prostitución superaba los tres millones de pesos mensuales. Y surgieron elementos, en coincidencia con lo dicho por Chichizola, sobre la presencia del narcotráfico, unida a la explotación de los prostíbulos. En septiembre de 1998 renunció a su cargo el comisario Juan Carlos Raffaini, superintendente de Drogas Peligrosas, quien investigaba las vinculaciones de la red de prostitución que había quedado al desnudo luego del affaire en torno del juez Norberto Oyarbide, quien fue imputado de cobrar coimas junto con el comisario Roberto Rosa, hombre de la dictadura militar y protector de prostíbulos. En otra causa se investigó la actividad nocturna en un boliche del barrio porteño de Flores donde también circulaba droga. Uno de sus dueños era Rubén Martins, agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) entre 1974 y 1987. En la investigación de Lanusse fueron involucrados 140 policías y la causa todavía sigue abierta.

El fiscal Chichizola consideró nefasta una frase siempre en boga: “El intendente roba pero hace”. Lo mismo se dice de la policía: “Dejémosle la prostitución, dejémosle el juego, pero no se piensa que de ese modo se llega a la droga y a los piratas del asfalto”. En San Martín comenzó a dirimirse un juicio donde están involucrados los propietarios de tres prostíbulos y una veintena de funcionarios policiales y políticos, entre ellos dos hombres de confianza del intendente de San Miguel, Aldo Rico.

“Los prostíbulos –recordó Chichizola– son un buen lugar para algunas intendencias que obtienen buenos negocios con las habilitaciones”. Vicente Serio, condenado a fines del año pasado a cuatro años de prisión, dijo que pagaba 2.000 pesos semanales sólo por un local en San Miguel. Esta causa determinó la renuncia en 2001 del entonces jefe de la Bonaerense, comisario Amadeo D’Angelo. Uno de los procesados fue el comisario Ricardo Pynzynski, actual segundo jefe del Grupo Especial Antisecuestros de la policía provincial, que sigue en el cargo a pesar de que está acusado de “cohecho” y sospechado de haber cobrado coimas. “Ya no se habla de que el político tal cobraría una suma de dinero en concepto de coima. Eso está casi probado. Lo que hay que determinar es qué se hace con el dinero. La policía misma dice que el dinero ‘sube’. Con ese dinero se financian los partidos. Es la forma más fácil de organizar un acto, de pagarle a los que salen a hacer las pintadas nocturnas. La gran corrupción en algunas de nuestras intendencias hay que seguirla a través de una pluralidad de sociedades. Sociedad por sociedad, tal trama unida a tal trama. Es muy difícil, tanto como investigar una causa por narcolavado”, explicó el fiscal Chichizola.

Peligro de “inseguridad”

Una camarista de la zona norte del conurbano bonaerense, que prefiere guardar el anonimato, dijo estar convencida de que “la única mafia real es la policía”. La jueza, con una larga trayectoria en el fuero penal y activa participación en organismos de Derechos Humanos en plena dictadura, reconoció que resultaba llamativa la disminución de hechos delictivos, en particular los secuestros, a partir de diciembre de 2002, luego de varios meses muy movidos. Aunque también señaló la relación entre política y policía corrupta, aclaró que la fuerza “actúa con una gran autonomía”. Su sospecha es que “cuando llega fin de año hacen buena letra porque piensan en los ascensos. Su carrera está siempre pendiente de los ascensos”. Chichizola sumó un dato inquietante sobre la ola de secuestros: “No sé si todos fueron secuestros. Algunos fueron casos reales, pero otros parecen negocios disfrazados de secuestros. Casos raros que son difíciles de investigar, donde puede haber evasión impositiva o algún otro delito”. El fiscal coincidió en que existe una mano negra que manipula la sensación de inseguridad: “Hay hambre y saqueos, hay muchos secuestros, y de pronto esas noticias desaparecen de los diarios. ¿Ya no hay secuestros o son ocultados deliberadamente?”.

La jueza consideró a la policía “un cuerpo cerrado, con consignas, donde sus integrantes trabajan para ellos. Se obedecen a sí mismos. Cuando quieren expresar descontento, recurren a hechos como los de Villa Ramallo o el caso Andreani12. Provocan una masacre para llamar la atención y para imponer sus reclamos”. La camarista opinó que los distintos gobiernos “han fracasado en su intento por poner a la policía al servicio de la democracia”. En un breve repaso, consideró que en 1983 se perdió una gran oportunidad “porque esa era la policía de Camps y era más fácil atacarla”.

Su crítica apuntó a los vaivenes políticos, comenzando por el hoy presidente Eduardo Duhalde, que primero elogió al ex jefe de la Bonaerense comisario Pedro Klodczyk, “a quien luego tuvo que echar por corrupto”. Después Duhalde comenzó la “reforma policial” para tratar de ponerle fin a la “Maldita Policía”, pero luego se impuso la “mano dura” con la llegada al poder del ex gobernador Carlos Ruckauf. “Todos son parches, remiendos; no hay políticas de Estado en materia de seguridad; por eso se pasa de la reforma policial destinada a terminar con la corrupción policial a fomentar la mano dura con esa misma policía corrupta y hasta hay quienes salen a decir públicamente que hay que sacar al Ejército a la calle como en la dictadura”.

La camarista puso sobre el tapete a cierta prensa que “convierte al tema de la seguridad en cabeza de turco” y a los políticos que “salen a proponer el endurecimiento de las leyes”. Para la jueza, la inseguridad, en todo caso, “es la consecuencia del problema y no la causa. Las causas hay que buscarlas en los políticos desapoderados, porque han perdido todo el poder y la representatividad, y en las políticas económicas que han llevado al país al lugar donde está. Y no estamos peor por la solidaridad que ha surgido a partir de los grupos piqueteros, de las asambleas barriales y de mucha gente que ha salido a poner el hombro. De lo contrario habríamos llegado a niveles de violencia mucho peores frente al fracaso de los dirigentes. Y lo peor es que después se señala a piqueteros o asambleístas como supuestos factores de la inseguridad”.

Chichizola coincidió en el diagnóstico: “Nunca vamos a poder disminuir los delitos en tanto el Estado no recupere todo lo que ha cedido en materia de salud, en materia de ocupación laboral, en materia de educación. El Estado ha claudicado en cuestiones que son básicas”. Los jueces de San Martín “muchas veces tienen que presentar hábeas corpus a favor de pacientes terminales porque los hospitales carecen de las drogas necesarias. Está muy bien que el juez intervenga en favor del enfermo, pero esa no es la función de los jueces, es la función del Estado”. También cuestionó a los políticos y a un sector del periodismo por apoyar el endurecimiento de las penas, como cuando se aumentaron las condenas para el que mate a un policía: “Los ladrones no andan con el Código Penal bajo el brazo. Lo que quieren es no caer presos. Incrementar las penas es una fantasía en la que la sociedad se prende. Nos venden espejitos de colores”.

Ejército mafioso

“Los robos a los bancos y a los blindados no pueden realizarse sin participación de un entregador, que generalmente es policía o custodio”. El juez Fernando Maroto, miembro de la Sala I de la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Isidro, denunció reiteradas veces la corrupción policial en la zona norte del conurbano. Su apreciación, aplicable a los robos de bancos en el año 2000, puede extenderse a otros rubros. Los entrevistados para esta investigación sostuvieron que la policía aplica “una inacción selectiva” que significa “reforzar la custodia de políticos y hombres poderosos, mientras se descuidan los blancos en zonas de clase media y baja”. También se dejan de custodiar comercios o bancos, si no hay acuerdos “en negro” para dar “protección”, un concepto francamente mafioso que significa el ingreso de dinero ilícito a las cajas chicas de los comisarios.

La estadística del año 2000 sobre robos a bancos establecía 162 casos, récord histórico en la materia. También hubo 31 robos o intentos de robo contra camiones transportadores de caudales. El monto del botín recaudado por los delincuentes ese año sumó unos 12 millones de pesos-dólares13. La cifra global de la década llega a los 192 millones de pesos-dólares. Muchas investigaciones comprobaron participación policial en los robos, como ocurre ahora con los secuestros. ¿Cuántos millones provenientes de los secuestros podrían sumarse al dinero sucio que recauda la policía y alimenta a la política? ¿Cuál es el monto que ingresa por la droga?

Las preguntas se repiten, los interrogantes crecen a la par de la corrupción policial. En un país donde los delitos violentos se incrementaron un 400% en los últimos diez años, donde algunos medios de comunicación se encargan de instalar un clima de inseguridad acorde a sus intereses políticos y económicos, la imagen que perdura en la memoria colectiva es la de la comisaría de El Jaguel (Buenos Aires) envuelta en llamas por la furia de los vecinos de Diego Peralta, el joven secuestrado y asesinado por una banda mixta de delincuentes y uniformados. Es que, hoy por hoy, la palabra seguridad no tiene mucho que ver con la figura de la policía argentina.

A partir de estos datos, los interrogantes son: ¿cómo purificar y controlar a un ejército de 44.000 hombres en el caso de la Bonaerense (sólo 15.000 cumplen tareas de prevención); y de 27.000 en el de la Federal (apenas 3.200 agentes en las calles)? ¿Quién puede intentar ponerle límites a una policía descontrolada, cuya predisposición a delinquir viene incluso desde la mismísima escuela de cadetes?14.

Como colofón, cuando un policía es pasado a retiro acusado de algún delito rápidamente vuelve a conseguir trabajo, pero esta vez en el ámbito privado. En los últimos años, miles de ex uniformados pasaron a formar parte de agencias de seguridad que están fuera del control estatal. Estos delincuentes de uniforme, que disfrutan del privilegio de la exoneración en lugar de ir a la cárcel, se reciclan en estructuras que les confieren casi el mismo poder para cometer los mismos hechos.

  1. Raúl Kollman, “Cuando los que protegen son una amenaza”, Página/12, Buenos Aires, 28-8-02.
  2. Andrés Osojnik, “Una máquina de cometer delitos”, Página/12, Buenos Aires, 27-9-02.
  3. Andrés Klipphan, “Los escuadrones de la muerte”, Veintitrés, Buenos Aires, 15-8-02.
  4. Andrés Osojnik, “Más peligroso que policía con poder”, Página/12, Buenos Aires, 29-5-01.
  5. CORREPI, Archivo de casos, 1983-2002, Buenos Aires, diciembre de 2002.
  6. “Policías formados para tirar”, Buenos Aires, Página/12, 2-7-02.
  7. Horacio Verbitsky, “Otra vez”, Página/12, Buenos Aires, 5-1-03.
  8. Gonzalo Alvarez Guerrero, “Operación masacre”, 3 Puntos, Buenos Aires, 4-7-02.
  9. Laura Vales, “Atanasof asoció a los piqueteros con el caos”, Página/12, Buenos Aires, 25-6-02.
  10. Laura Vales, “El plan de Giacomino”, Página/12, Buenos Aires, 22-9-02.
  11. Citado en el libro La Mordida, escrito por el propio juez César Ricardo Melazo, editado por la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional, Buenos Aires, diciembre de 1999.
  12. Las llamadas “masacres” de Villa Ramallo y de Andreani, ocurrida en Avellaneda, fueron hechos cuyo origen se adjudica a bandas policiales. En Ramallo, mediante el asesinato de varios testigos, se intentó ocultar su participación en el robo a un banco. En el Caso Andreani se montó un operativo supuestamente exitoso para mejorar la imagen de la policía.
  13. Informe de la empresa privada Sasetech.
  14. 347 cadetes de la escuela de policía Juan Vucetich fueron procesados en diciembre de 2000 por protagonizar una escandalosa fiesta de fin de curso, en la que no faltaron destrozos ni el robo de vajilla y equipos de audio por un valor de 36.000 pesos. En marzo pasado se confirmó que 287 cadetes de aquella promoción ya están incorporados a la fuerza efectiva y otros 30 están a la espera de la autorización final. Ver Carlos Rodríguez, “Los cadetes de la fiesta bochornosa…”, Página/12, Buenos Aires, 13-3-02.

La eterna reforma

Latorraca, Martín, Montero, Hugo y Rodríguez, Carlos

“La lucha contra la delincuencia desarrollada por la policía ocupa una porción asombrosamente baja del tiempo y del esfuerzo de la institución”, señala Marcelo Sain en su frustrado plan de modernización policial entregado en mano al ministro Juan Pablo Cafiero. Allí también destaca que las prácticas policiales se orientan “hacia la reproducción y preservación de la institución policial, y no hacia la prevención y conjuración del delito” y también hacia la regulación del delito “con participación policial directa e indirecta en las actividades ilícitas desenvueltas por diversas organizaciones o grupos criminales”, lo que genera “un circuito estable de autofinanciamiento policial basado en fuentes ilegales de dinero proveniente de dádivas o de actividades delictivas de diversa índole permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales”1. El polémico informe del ex viceministro de Seguridad duerme hoy en los cajones de la gobernación bonaerense, igual que muchos otros en el pasado reciente.

Un ex alto funcionario bonaerense consultado por el Dipló coincidió en que la reforma policial debió haberse encarado apenas asumió el primer gobierno post-dictadura, en 1983. “Los radicales, en la provincia de Buenos Aires, no hicieron nada”, dijo el ex funcionario, aludiendo a la gestión de Alejandro Armendáriz. El peronista Antonio Cafiero intentó la primera reforma con Luis Brunati como ministro de Gobierno. Brunati estuvo en el cargo un año, desde el 11-12-1987 hasta el mismo día de 1988.

El primer jefe de la Bonaerense en la era Brunati fue el comisario general Alberto Miranda. Para ponerlo al frente hubo que pasar a retiro a muchos altos jefes que estaban salpicados por casos de corrupción. El segundo jefe fue el comisario Walter Jurado. En su primera charla con Brunati reconoció: “Yo no soy la Virgen María, pero voy a cumplir todo lo que me ordene”. El ex funcionario consultado comentó que Jurado “se jugó y le fue mal, porque dentro y fuera de la fuerza le jugaron en contra todo el tiempo”. Durante su corta gestión, Brunati tuvo que enfrentar tres interpelaciones referidas a su polémica reforma policial. “Las interpelaciones las pedía el radicalismo, pero el peronismo apoyaba”, acotó la fuente, testigo de lo ocurrido.

En agosto de 1988 eran 105 los policías bonaerenses exonerados, sin contar los jefes que habían sido pasados a retiro2. La limpieza siguió en los años posteriores, al punto que sumando sólo los anuncios oficiales, fueron 1.672 los policías echados por casos de corrupción entre 1988 y 19923. En julio de 1993, el secretario de Seguridad bonaerense y el ex juez Eduardo Pettigiani anunciaron otras 1.200 bajas por corrupción4. El comisario Miranda fue obligado a renunciar por haber firmado un documento que rechazaba las investigaciones judiciales5. Antes de asumir, Brunati fue invitado a una cena de la que participaron intendentes peronistas y altos jefes policiales de la provincia de Buenos Aires. Los políticos le pidieron, en forma bastante directa, que hiciera la vista gorda. Dos jefes policiales, en nombre de todos, le regalaron un perro adiestrado y una Itaka. El entonces futuro ministro rechazó los obsequios diciendo que esperaba no tener problemas de seguridad que los hicieran necesarios.

La primera gran investigación fue un caso de corrupción en la comisaría primera de Lanús, que fue allanada6 por orden del juez federal de La Plata Jorge Durán. Se acumularon 100 casetes con escuchas telefónicas en las que aparecían, en negocios turbios con la policía, políticos, legisladores y hasta un embajador argentino en un país del continente africano. El único detenido fue el comisario José Ángel Eiriz, quien finalmente recuperó su libertad. La causa fue cerrada sin pena ni gloria, como el breve paso de Brunati por la administración pública provincial. “La policía siempre obedece al poder y trabaja para el poder. En aquellos años, el poder, para la policía, seguían siendo los militares”, aseguró el ex funcionario. De hecho, durante la rebelión carapintada en Magdalena, los tanques salieron a apoyarla y dos patrulleros policiales les iban abriendo paso. El comisario Miranda, por pedido de Brunati, les ordenó a los policías que dejaran de escoltar a los golpistas. No le hicieron caso y, al tercer llamado, apagaron la radio.

  1. Horacio Verbitsky, “Otra vez”, Buenos Aires, Página/12, 5-1-03.
  2. Clarín, Buenos Aires, 12-8-88.
  3. La cifra surge de la suma de las cifras oficiales. Clarín, 12-8-88; Clarín, 24-6-89; El Cronista Comercial, 26-9-90; Clarín, 29-8-92 y La Prensa, 24-9-92 (todos de Buenos Aires).
  4. Clarín, Buenos Aires, 17-7-93. En la misma fecha, Página/12 dijo que los exonerados eran 1.300.
  5. Clarín, Buenos Aires, 18-6-88.
  6. Clarín, Buenos Aires, 29-3-88.


Formados para robar

Latorraca, Martín y Montero, Hugo

“Un curso de alfabetización para su personal fue iniciado en la comisaría primera de la ciudad de Avellaneda. A la inauguración de las clases asistieron el intendente y el párroco de la Catedral”, daba cuenta el diario La Nación el 23 de marzo de 1967, cuando el comisario (y luego represor), Miguel Etchecolás intentaba reducir dentro del personal el número de agentes analfabetos. Este hecho descripto minuciosamente por Rodolfo Walsh en sus investigaciones sobre el accionar policial de aquellos años1, parece ser el espejo de un ciclo de estudio sobre Derechos Humanos ordenado por el jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, luego de los asesinatos ocurridos el 26 de junio en Avellaneda, territorio antes comandado por Etchecolás.

En los puntos principales, dicho curso explicaba que todos los efectivos de la Federal deberían asistir a un ciclo de conferencias sobre Derechos Humanos y Garantías Constitucionales dictado por los mismos docentes de las Academias policiales, ya que “resulta de toda evidencia la necesidad de complementar dichos aspectos de modo de afianzar la internalización de sus conceptos y consecuente aplicación”2. En relación a la educación de los que aspiran a ser policías, resulta casi imposible acceder, por ejemplo, a los planes de estudio y planteles docentes con los cuales se forman los agentes que luego pasan a integrar las fuerzas de seguridad. La socióloga Alejandra Vallespir explica que “la formación de la policía es un horror, con textos totalmente perimidos y con un marco institucional que tiene una estructura de gueto. Pero esto tiene una lógica. Cuando comenzaron las investigaciones por la desaparición de personas y ciertos policías eran llamados a declarar o eran acusados, la institución los ubicaba en las escuelas como profesores y era imposible encontrarlos. ¿Quién se iba a meter ahí? Pasaban a la clandestinidad institucionalmente”.

Desde comienzos de los ’90 los incontables hechos de corrupción y crímenes cometidos por uniformados abarrotan la prensa argentina. En la mayoría de los casos se insiste en que los delincuentes son más violentos, los policías están mal pagos y pésimamente entrenados. Sin embargo, Vallespir despliega una visión diferente cuando analiza el tránsito de un joven que decide ingresar a la Escuela de Policía: “Puede ser que muchos ingresen a la fuerza porque lo ven como una salida laboral, pero el paso en el medio son ambas escuelas. Estos 300 cadetes (los de la “fiesta inolvidable”) no entraron a la Vucetich y cuando terminaron se les ocurrió robarse todo, sino que en el medio hay todo un proceso que tiene que ver con la formación del policía. Con portar el arma, con la impunidad, con el poder. Y la lógica institucional te dice: o te adaptás o te vas”.

  1. Rodolfo Walsh, El violento oficio de escribir, Planeta, Buenos Aires, 1995.
  2. Horacio Verbitsky, “Tiros y tiras”, Buenos Aires, Página/12, 29-9-02.


Autor/es Martín Latorraca, Hugo Montero, Carlos Rodríguez
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 47 - Mayo 2003
Páginas:6,7
Temas Corrupción, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política)
Países Argentina