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Narcotráfico versus democracia

El narcotráfico está minando al sistema democrático. Ya no es posible continuar ignorando este aspecto de la realidad mundial, sencillamente porque ha dejado de permanecer oculto; ha perdido su opacidad. La realidad está compuesta de cosas que son evidentes y otras que no tanto, o en absoluto. Antoine de Saint-Exupery escribió que “lo esencial es invisible a los ojos” y Julio Cortázar construyó con esa percepción de lo que no se ve, pero “se sabe” que existe, toda una obra literaria.

Pero no siempre es así; hay momentos en que un elemento poco o nada visible, pero que influye desde hace tiempo y en forma creciente sobre la realidad tangible, acaba transformándola de tal modo que aparece en primer plano; síntoma y causa expuestos a un tiempo, como un tumor oculto cuando aflora en medio de un pecho.

Es el caso del narcotráfico, que en combinación con otros negocios ilegales (pero no necesariamente desvinculados del poder institucional, como el tráfico de armas), está desnaturalizando a las democracias políticas hasta convertirlas en caricaturas de sí mismas. Los sucesos en San Pablo y Río de Janeiro 1; en varios estados mexicanos 2; en la provincia argentina de Salta 3 o en el porteño barrio Bajo Flores 4 –por no citar más que algunos de los casos regionales o locales recientes– con su secuela de centenares de asesinatos, con su estela de terror sobre sociedades enteras y, sobre todo, con la evidente impunidad para sus autores y la implicación de policías, militares, jueces, funcionarios y dirigentes políticos, hablan por sí mismos.

Los manuales guerrilleros plantean, para un momento determinado de la lucha revolucionaria, el tema del “doble poder”: el control nocturno de una ciudad, obligando a las fuerzas de seguridad enemigas a replegarse por la noche en comisarías y cuarteles; o el control permanente de una región del país, como el que desde hace décadas ejercen los insurgentes colombianos. Sin que esto figure en manual conocido alguno, los “narcos” lo van logrando a su conveniencia en muchos países, incluso en las grandes democracias desarrolladas. Y lo hacen mucho más fácil y rápidamente que los revolucionarios, porque disponen de recursos ilimitados, no los retiene ningún prurito ético, moral o humanitario, ni los frena la necesidad de concientizar a grandes sectores de población: su táctica y su estrategia se funden en el único e inmediato objetivo de sobrevivir y ganar dinero mediante la distribución y venta de substancias tanto más requeridas cuanto que son ilegales. A diferencia de los revolucionarios, no enfrentan a las “clases dominantes”, sino que al contrario inyectan dinero en sus mercados, en sus negocios, en sus partidos políticos, instituciones y organizaciones corporativas. Y a los que resisten, los mandan a matar a bajo precio por cualquier sicario.

En cuanto a los cada vez más numerosos sectores pauperizados del mundo capitalista, no se proponen encuadrarlos para el combate ni liberarlos de yugo alguno, sino simplemente ofrecerles dinerillo fácil y un quitapenas cotidiano. La combinación de negocios perfecta: un producto de inigualable rentabilidad que se transa cash y no paga impuestos ni cargas sociales, un mercado voraz y millares de vendedores y distribuidores dispuestos a cualquier cosa.

Así es que en algunos países o regiones, o en determinados momentos, el narcotráfico controla el poder; o al menos aquellos resortes del poder que le garantizan impunidad. Lo que equivale a decir ciertas leyes, ciertos políticos y funcionarios, ciertos resortes esenciales de los mecanismos de seguridad. Esto es mucho, muchísimo, considerando que se trata de “tapar” un negocio que según los cálculos más conservadores mueve más de 300.000 millones de dólares anuales en el mundo 5 y que de tanto en tanto –pero de manera creciente– necesita dar muestras de poder mediante el terror con hechos como el “levantamiento” en San Pablo, la principal ciudad de América Latina y su mayor centro industrial, que dejó 152 muertos en un solo día. Ya se ha señalado aquí el hecho extraordinario de que el cabecilla de esa escabechina en las calles de San Pablo (repetida luego en Río de Janeiro) llevaba años en una celda de máxima seguridad y organizó todo el asunto desde un teléfono celular que las autoridades de la cárcel no se atrevían a confiscarle.

Impotencia… o complicidad

Es hora de que las sociedades entiendan que esto ha escapado por completo del poder de modificar los hechos –por no hablar del entendimiento– de los dirigentes políticos, jueces, funcionarios y fuerzas de seguridad en muchos países. Algunos, quizá muchos de ellos, son narcotraficantes o están comprados de alguna manera (hay muchas, desde la corrupción personal hasta el chantaje o la amenaza de muerte, pasando por la coartada de “hacer caja” para el partido cerrando los ojos sobre la procedencia), lo que viene a ser lo mismo. Por obvias razones, esto es casi imposible de probar, pero cualquier ciudadano atento puede colegirlo con la simple enumeración y encadenamiento de hechos cotidianos que claman al cielo.

Aquellos dirigentes o funcionarios que ni se dejan corromper ni son narcotraficantes están ajenos al corazón del problema o muy poco pueden hacer, porque la mayor parte de los instrumentos de los que en teoría disponen para el combate están infiltrados, o en manos, o a merced de los narcotraficantes, de su poder de “persuasión”. En una entrevista esclarecedora 6, Mónica Cuñarro, ex titular de la Unidad Argentina de Ayuda para el Combate al Narcotráfico (Ufidro), subrayó que “hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico” y que “es preocupante que se denuncie que posiblemente las fuerzas de seguridad protejan al narcotráfico”.

¿Sólo las fuerzas de seguridad, en un país donde una de las principales líneas aéreas enviaba a Europa maletas repletas de cocaína –que pasaban por todos los controles– sin siquiera tomarse la molestia de que un pasajero las registrase a su nombre? ¿En un país donde la cuñada de un Presidente intentó pasar por la aduana una fortuna cash escondida en una maleta? ¿En un país donde se construyen pistas de aterrizaje de gran calado prácticamente en el desierto y nadie se considera obligado a dar explicaciones más o menos razonables, y además nadie las pide? ¿En un país donde los implicados en el asesinato de José Luis Cabezas ya están libres, incluso los condenados a “cadena perpetua”? (7)

Por supuesto que no toda corrupción se origina en el narcotráfico, pero es posible deducir que éste es la principal fuente de corrupción y que, de un modo u otro, está ligado a la mayor parte de las modalidades de gran corrupción: desde los paraísos fiscales (¿no es ésta una forma alegremente aceptada, como si los negocios ilegales no fuesen su esencia?) y el lavado de dinero, pasando por el financiamiento de los partidos políticos, los “fondos de inversión” dedicados a comprar empresas quebradas o a quebrarlas y los extraordinarios booms de sectores que, como el inmobiliario, se producen en numerosos países. Una de las mayores paradojas de este tiempo es que cada vez hay más pobres y mayor liquidez...

Fracaso absoluto

La enorme experiencia internacional acumulada indica que es imposible resolver el problema del narcotráfico por métodos represivos: esa visión ha fracasado sistemáticamente en todas partes; tanto respecto de la producción como del consumo. Se han gastado miles de millones de dólares y sólo se ha logrado profundizar la corrupción en todos los países, incluyendo a Estados Unidos, sin avanzar un milímetro, al contrario.

Pero en cambio, el método represivo persigue fines políticos, además de hacerle el juego al negocio del narcotráfico... y al de la venta de armamentos, puesto que van de la mano. Hace una década, Estados Unidos negó a Colombia por dos años consecutivos la “certificación” de “país que lucha seriamente contra el narcotráfico”. El entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper, no podía visitar Estados Unidos porque se le negaba la visa a causa de una acusación, nunca probada, de haber sido elegido con la ayuda de seis millones de dólares aportados por el cartel de Cali. En un artículo de septiembre de 1997, el enviado de La Nación, Enrique Comellas, apuntaba al corazón del problema: “En tres años de gestión, el gobierno de Samper llevó adelante una de las luchas más duras posibles contra los carteles de la droga, desarticuló a las bandas más poderosas, remontó una legislación complaciente y encarceló o mató a los principales líderes del narcotráfico. Puso en marcha la extinción del dominio, que permite incautarse de los bienes de los narcotraficantes y despojar de los mismos a sus herederos. Se trata de la acción más eficaz de un gobierno en décadas contra la mafia de los alcaloides, pese a lo cual la propaganda norteamericana y la oposición política lo estigmatizaron con la marca del diablo: la narco-corrupción (...) Samper jamás tuvo tiempo para gobernar, apremiado por una guerrilla con la que siempre quiso dialogar para evitar un baño de sangre y que los militares pretenden exterminar en el campo de combate (...) no pudo dar vida a su plan de reformas sociales, que había constituido la base de su plataforma, un instrumento para dejar sin razones a la guerrilla y el auténtico motivo de las reacciones adversas de una clase política abroquelada en viejas estructuras sociales” 8.

Es que para el gobierno de Estados Unidos, la “lucha contra el narcotráfico” no es más que una manera de extender y concretar sus ambiciones político-militares. Ya en tiempos del atribulado Samper, Eleonora Gossman, corresponsal de Clarín en Brasil, apuntaba que “a nadie se le escapa que es un antiguo anhelo de los EE.UU. hacer pie con estructuras militares en Latinoamérica”, y Anthony Boadle señalaba en The Buenos Aires Herald que ese “anhelo” tenía expresiones muy concretas: “un ejemplo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ofrecido por funcionarios de los EE.UU., sería un puente aéreo sobre los Andes, con estaciones de radar manejadas por personal estadounidense en las regiones selváticas de Perú y Colombia”. Por su parte, Oscar Cardoso concluía lúcidamente en Clarín que “la insistencia de Washington para que las naciones americanas involucren a sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico no es sólo la lucha contra esa forma de crimen organizado; también configura un escenario hemisférico en el que podría haber una delegación de la política de defensa en los Estados Unidos, mientra América Latina apenas conservaría fuerzas policiales más o menos militarizadas” 9.

El problema del narcomilitarismo es de primera importancia para los países latinoamericanos, que sin embargo siguen aceptando la “solución represiva” y acaban por acudir in extremis a los militares –como ahora mismo en México y Brasil– con lo que es muy probable que sólo consigan aumentar el nivel de corrupción militar y policial ya existente 10. Aceptar la lógica represiva es caer en una doble trampa. La primera, introducir o agravar el problema del narcotráfico, las secuelas de la drogadicción y, sobre todo, abrir enormes las puertas a la corrupción. La segunda, ceder irresponsablemente soberanía y violar los propios preceptos constitucionales.

La única manera eficaz que es posible concebir para acotar al máximo el narcotráfico y anular casi todos sus efectos sociales negativos es una liberalización lo más amplia posible y llevada a cabo con consenso internacional. Esta solución es apoyada por personalidades e instituciones de todo el espectro político e ideológico mundial, aunque sugestivamente por poquísimos dirigentes políticos.

Pero hasta que ese consenso se produzca, países como Argentina deben hacer lo posible por involucrar al conjunto de la sociedad y asumir las políticas internacionalmente probadas más realistas y eficaces, evitando los peligros señalados más arriba. Una de las claves es distinguir de una vez por todas el narcotráfico del consumo de drogas –que incluye las de venta legal– y a éste, a su vez, del problema de la drogadicción.

Teniendo todo esto en cuenta, las posiciones que sustenta el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de Argentina, José Ramón Granero (Stancanelli, págs. siguientes), no sólo son absurdas y contrarias a toda la experiencia mundial acumulada, sino que ponen a la política oficial en la materia bajo la sospecha de favorecer –aun involuntariamente– el comercio y consumo ilegal, de acentuar el déficit institucional, la inseguridad y los conflictos sociales y de poner al país en riesgo de ceder soberanía en sectores neurálgicos.

  1. A pesar de la presencia de tropas especiales, en sólo un día aparecieron en Río 13 cadáveres mutilados. El País, Madrid, 26-1-07.
  2. El nuevo presidente, Felipe Calderón, aseguró que “México corría el riesgo de ser dominado por el crimen“ (El País, Madrid, 21-1-07). No es posible saber por qué Calderón usa el tiempo pasado, como si su sola asunción hubiese acabado con el flagelo. En 2006, siete periodistas mexicanos, para citar sólo un ejemplo, fueron asesinados por el narcotráfico. Clarín, Buenos Aires, 26-1-07.
  3. Raúl Kollmann, “Creen que los federales salteños llevaron más de mil kilos de drogas“, Página/12, Buenos Aires, 25-5-07. En esa provincia ocurren numerosos crímenes vinculados con el narcotráfico y desde hace tiempo se acusa a altísimos dirigentes políticos de ser narcotraficantes. Rafael Saralegui, “Según la DEA, el padre de Romero era narco“, Revista TXT, Buenos Aires, 21-3-03. “Romero“ es Juan Carlos Romero, compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem en 2004. “La DEA“ es la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos. El artículo está acompañado de facsímiles de los documentos de la DEA en los que Romero padre aparece implicado. Ver también Horacio Verbitsky, “Droga y política“, Página/12, Buenos Aires, 5-10-06.
  4. Cristian Alarcón, “Nadie está a salvo en la villa“, Página/ 12, Buenos Aires, 22-1-07.
  5. Según la DEA, esta cifra es de 600.000 millones, el doble. Carlos Gabetta, “El peligro del narcomilitarismo“, Revista trespuntos, Buenos Aires, 6-11-97.
  6. Cristian Alarcón, “La policía y la guerra de narcos en la ciudad“, Página /12, Buenos Aires, 8-1-07.
  7. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el 25-1-1997 por ex policías y militares a cargo de la custodia de un turbio “hombre de negocios“, Alfredo Yabrán, quien se suicidó luego en confusas circunstancias. Condenados a prisión perpetua, al igual que un ex comisario que había “liberado“ la zona del crimen, los principales responsables están hoy libres.
  8. Citado en Carlos Gabetta, ibid.
  9. Ibid.
  10. En la provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley “que en el mejor de los casos permitirá la equiparación de los sistemas público y privado de seguridad y en el peor el establecimiento de verdaderos narcoejércitos“. Horacio Verbitsky, “Narcoejércitos“, Página/12, Buenos Aires, 28-12-06.

 

Autor/es Carlos Gabetta
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 92 - Febrero 2007
Páginas:3
Temas Narcotráfico