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Un fallo ejemplificador

A manera de ejemplo y para señalar que existen, tanto en la legislación comparada como en la vigente en Argentina, elementos para controlar el clientelismo y en general la actividad política, se transcriben algunos considerandos de la sentencia de la Cámara Nacional Electoral en la causa: “Hectór T. Polino y otros por la Lista Nº 1 ‘Conducción Socialista’ del Partido Socialista distrito Cap.Fed. s/queja”.

"(....) Se implementaron en México medidas conducentes a erradicar esa clase de transacciones. Así, las normas de asignación de beneficios derivados de programas sociales contemplan una serie de restricciones orientadas a impedir su utilización con fines electorales, creando una suerte de ‘blindaje' de los recursos, que consiste en adelantar su entrega con relación a la celebración de elecciones impidiendo su utilización a los fines de influir en el voto de los destinatarios. En ese orden, se establece, por ejemplo, que ‘la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán (...) incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso con fines distintos al desarrollo social"' (cf. artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social).

Aquellas previsiones se encuentran -además- complementadas, entre otras, por la disposición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece la publicidad de la información referida al ‘diseño, ejecución, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidio. Así como de los padrones de beneficiarios de programas sociales' (cf. Artículo 7º, XI), la que debe hacerse efectiva y actualizarse al menos cada tres meses (cf. artículo 19º de su Reglamento).

13º) Que, sobre esa base y en virtud del efecto extremadamente pernicioso que las prácticas clientelares como las denunciadas en estos autos tienen sobre los principios fundamentales del régimen representativo y en particular sobre la expresión genuina de la voluntad del elector que es su presupuesto, diversos países comenzaron a incorporar en sus legislaciones disposiciones que proveen consecuencias de índole variada.

Así, se establecen previsiones tendientes a prevenirlas impidiendo su concreción o dificultarlas mediante la instauración de mecanismos (por ejemplo el voto secreto) que les reste ocasión de realizarse. A su vez, para el supuesto de que se efectivicen, se prevé su neutralización mediante la anulabilidad de los actos viciados o de sus consecuencias (nulidad de la elección o del título surgido de ella) y se contemplan también sanciones de tipo penal para quienes incurren en actividades de esa especie.

En efecto, las acciones que tienen por fin lesionar de algún modo la sinceridad de los comicios y particularmente del sufragio son hechos ilícitos que constituyen en muchos casos delitos penales, aunque no siempre configurando tipos autónomos y específicos sino que en ocasiones simplemente se trata de prácticas tipificadas independientemente de la órbita electoral -como cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, etc.-.

No obstante ello, la especificidad del ámbito electoral ha dado lugar a la regulación de figuras penales propias, ya sea que se las incluya en los códigos o leyes electorales o en los cuerpos penales propiamente dichos.

14º) (...) Disposiciones similares contienen también, entre otras, la legislación de Brasil. Así, cabe citar el art. 73, inc. IV, de la ley de elecciones Nº 9.504 -complementaria del Código Electoral- que prohíbe a los agentes públicos ‘utilizar o permitir el uso promocional a favor del candidato, partido político o coalición de la distribución gratuita de bienes o servicios de carácter social pagados o subvencionados por el poder público'.

15º) (...) La ley de elecciones Nº 7.812 -modificada por ley 17.113 del año 1999-  de Uruguay establece como delito electoral ‘el ofrecimiento, promesa de lucro personal o dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector' (artículo 191, inc. 7º). La ley electoral y de organizaciones políticas de Honduras -Decreto Nº 44-2004- tipifica, con pena de reclusión, la acción de ‘comprar o vender el voto' (artículo 212, inc. 16). Asimismo, el Código Penal de Ecuador contempla la pena de prisión y suspensión de los derechos políticos para ‘todo el que haya recibido algo a cambio de su voto, o que haya dado o prometido algo por el voto de otro' (artículo 172). La ‘compra de votos' también está prevista como delito en la legislación colombiana bajo la denominación de ‘corrupción del sufragante' (cf. artículo 290 del Código Penal) tanto para el ‘comprador' como para el elector que accede a ella.

16º) Que, en ese sentido y más allá de lo saludable que podría resultar una tipificación más precisa de esta clase de conductas, nuestro Código Electoral Nacional contiene una numerosa serie de previsiones de diversa índole tendientes a preservar la autonomía y libertad del elector.

Puede señalarse, en primer lugar y sin pretender agotar la enumeración, el citado artículo 13 que prevé que ‘el elector tiene derecho a guardar el secreto del voto', constituyendo uno de los mecanismos más eficaces para tutelar la libertad del elector, y consecuentemente, en orden a garantizar la sinceridad de su acto. Es por ello que tal norma se complementa con las cláusulas orientadas a que tal reserva sea efectiva, por ejemplo, el artículo 85 -que prescribe la obligatoriedad de aquel secreto durante el acto electoral-; el artículo 82, inc. 4 -que contempla la necesidad de habilitar un cuarto oscuro ‘para que los electores ensobren sus boletas en absoluto secreto'-; el artículo 141 -que sanciona a quien viole el secreto del sufragio de un tercero-, y el artículo 142 -que sanciona a quien revele su propio voto-.

El mencionado código prevé además determinadas condiciones de desarrollo del acto electoral que promueven la preservación de la libre expresión de voluntad del sufragante contra posibles factores distorsivos. Así, el artículo 68 prohíbe que los miembros de fuerzas armadas lleven a cabo actos orientados a ‘coartar la libertad del sufragio', a la vez que les impone el cumplimiento de las órdenes de las autoridades electorales con ‘objeto de asegurar la libertad y regularidad de (su) emisión' (cf. artículo 69). También se proscriben las reuniones de electores, el depósito de armas o la entrega de boletas de sufragio en el radio de los locales de votaciones; el expendio de bebidas alcohólicas durante los comicios; la celebración de espectáculos públicos o actos deportivos; la portación de armas, el uso de divisas o distintivos, entre otras (cf. artículo 71). Consecuentemente, se tipifican en el Título VI, Capítulo II, delitos electorales que sancionan el incumplimiento de tales prohibiciones (cf. artículos 128, 131, 135 y 136).

Cabe, finalmente, señalar la penalización de las conductas dirigidas directamente a afectar la libertad del votante durante el acto electoral. En tal sentido, el artículo 139 tipifica el comportamiento de quien impidiera el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea con violencia o intimidación (inc. a), o privándolo de su libertad (inc. c).

El mismo artículo reprime además el acto, no ya de impedir la emisión del voto, sino de afectar la sinceridad del mismo, al prescribir que ‘se penará con prisión de uno a tres años a quien (...) compeliere a un elector a votar de manera determinada' (inc. b). En igual sentido, el artículo 140 impone pena de prisión a quien ‘con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo'.

17º) Que, sin embargo, todo lo expuesto no suple -como se dijo- la necesidad de contar con normas especificas que contemplen consecuencias de carácter sancionatorio para los autores de conductas como las denunciadas en estos autos. No es ocioso recordar que previsiones de esa índole no resultaron ajenas a nuestro ordenamiento. En efecto, el artículo 5º del Título Especial de los ‘Delitos contra la soberanía de pueblo' del Código Penal, incorporado por el decreto 11.976/45 -aprobatorio del ‘Estatuto orgánico de los partidos políticos'- establecía la imposición de pena de prisión ‘al que, mediante dádivas, ventajas o promesas, para sí o para otro, indujere a un elector a ejercer su sufragio de una manera determinada o abstenerse de hacerlo, en una elección nacional, provincial, municipal o de un partido político'."

Como puede observarse en este fallo, leyes hay. Lo que ellas no pueden suplir es la eficaz, oportuna y rigurosa aplicación en todos los casos de las normas represivas del clientelismo.

Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 81 - Marzo 2006
Páginas:5
Temas Estado (Política)
Países Argentina