El engaño a los jubilados

¿Quién depositaría su dinero en un banco que sólo acredita 65 de cada 100 pesos y que además no le ofrece garantía alguna de seguridad a futuro? Es lo que ocurre con el sistema privado de jubilaciones, que está fracasando estrepitosamente en todo el mundo y que en Argentina se revela como uno de los más caros e ineficientes. El tiempo transcurrido desde su implementación en el país permite establecer un balance contundente: un negocio financiero colosal, con grandes ganancias privadas y un negro porvenir para el Estado y los jubilados.

La reforma del régimen de jubilaciones es una pieza central del ambicioso proyecto neoliberal de reformas económicas y sociales que se instrumentó en Argentina en los años 1990. En ese momento, casi todos los países aplicaban el sistema de reparto, en el cual los trabajadores activos aportan un porcentaje de su salario para pagar la retribución de los jubilados.

Al mismo tiempo y por diversas razones, en varios países subdesarrollados los sistemas previsionales sufrieron dificultades financieras. Surgió entonces la reforma impulsada por el neoliberalismo, que consistió en implantar un sistema jubilatorio de capitalización individual. Los aportes obligatorios de cada trabajador alimentan una cuenta individual, que administra una institución privada especializada (en Argentina, las AFJP, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones); de allí, al cabo de los años, se tomarán los recursos para pagar las jubilaciones de esa persona. Esto no significa que el Estado se retire completamente, porque queda obligado a asegurar, en ciertas condiciones, una jubilación o pensión mínima, como la prestación básica universal en Argentina. Pero el eje del nuevo sistema es el ahorro obligatorio de los trabajadores en una AFJP.

Esta reforma tuvo entusiastas impulsores -entre los que sobresale el Banco Mundial ¹- que prometieron grandes beneficios. En primer lugar, disminuiría la evasión de pagos previsionales, cuyo control efectuarían los trabajadores mucho mejor que los burócratas (aunque no se sabe cómo), y de ese modo aumentaría el porcentaje de la población cubierta por el sistema jubilatorio. Pero no es todo: como además el dinero acumulado sería "puesto a trabajar" por expertos (las AFJP), los cotizantes obtendrían utilidades financieras y ganancias de capital, con las que cobrarían mucho más que con el antiguo sistema público.

Además, se decía, los beneficios se difundirían a toda la economía: la acumulación de ahorros obligatorios de largo plazo en manos de las AFJP permitiría aumentar el ahorro total de la economía y desarrollar el sistema financiero local y, puesto que es un proceso acumulativo, se incrementarían la inversión interna y el crecimiento económico. Este ambiente de expansión económica procuraría ingresos suplementarios al Estado por la vía de los impuestos. Tales ingresos permitirían compensar el "costo fiscal de la transición", porque a los aportes los captan las AFJP y las jubilaciones del régimen anterior las paga el Estado ². En tales términos, esa "transición" debía durar varias décadas. Se pintaba un panorama idílico, de felicidad universal.

Pero la reforma previsional tenía también un fuerte contenido ideológico, ya que consagraba la supremacía del negocio financiero privado y el individualismo de los cotizantes; quedaban relegados el papel del Estado y el principio de la solidaridad entre las generaciones.

Tan seguros estaban el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial de las bondades de este régimen -o tanto era su compromiso con el sector financiero internacional-, que empezaron a incluirlo en sus condicionalidades, pese a que el sistema de jubilaciones no tiene ninguna relación con los problemas de pagos externos. No obstante, para recibir préstamos u obtener una reducción en la deuda externa, había que implantar el sistema de jubilaciones por capitalización ³.

 La experiencia real

 Ya ha pasado un tiempo suficiente como para poder evaluar los resultados de estas reformas: 25 años en Chile, 20 en Reino Unido (ver recuadro), 12 en Argentina, entre otros países. Los resultados no podrían haberse alejado más de las promesas iniciales. En primer lugar, no mejoró el sistema jubilatorio. En cuanto a la población protegida, se ha demostrado que en 12 países de América Latina, el porcentaje de la fuerza de trabajo cubierta por el sistema jubilatorio era mucho mayor con el sistema estatal de reparto que con el que surgió después de la reforma ⁴.

Pero el sistema privado no sólo beneficia a menos gente, sino que les paga mucho menos. El dinero de los cotizantes sufre desde el principio una quita para pagar las comisiones de la administradora, con independencia de la habilidad que muestren para colocar el dinero. En América Latina, en 2003, esa comisión ascendía en promedio al 26% de los fondos deducidos a los trabajadores; en Argentina llega hoy al 35%. Un nivel de comisiones injustificable. ¿Por qué los futuros jubilados tienen que cargar con la ineficiencia de las AFJP, sus gastos de publicidad, sus elevadas ganancias, los magníficos salarios de sus directivos?

En cuanto a los resultados del sistema, para pronosticarlos no hace falta ser adivino. Ahora hay poca gente incluida, con costos muy altos; pero cuando a la mayoría le llegue el momento de jubilarse, muchos afiliados se quedarán sin jubilación, o la que obtengan los hundirá en la pobreza: volverán entonces a depender de la ayuda estatal. Con un sistema que cobra un 35% de comisiones y al que aporta sólo el 38% de los afiliados pueden hacerse brillantes negocios financieros pero no pagarse jubilaciones. Aun quienes hayan conseguido un trabajo estable y "en blanco" y hayan cotizado con puntualidad, casi con seguridad cobrarán una jubilación inferior a la que hubieran accedido en el sistema de reparto (esto ya se nota en el caso más "maduro", el de Chile, donde el promedio de la jubilación privada es el 31% del salario promedio (ver recuadro).

Esta degradación de las jubilaciones no constituye un accidente, sino la consecuencia natural de un modelo neoliberal que expandió el trabajo precario e informal y rebajó los salarios. Pone en evidencia que el objetivo de las AFJP es ganar dinero y acumular poder; en modo alguno pagar jubilaciones dignas. Queda claro que se trata de un gran negocio financiero, no del cumplimiento de una función del Estado.

En el plano general de la economía, el impacto de las AFJP también fue negativo. El ahorro forzoso de los trabajadores es contrarrestado por la sangría de fondos del sector público, que no cobra los aportes previsionales y sigue pagando las jubilaciones por muchos años. En lo esencial existió una transferencia masiva de recursos desde el fisco hacia el sector financiero.

¿Ha significado esto una mejor asignación de recursos? Rotundamente, no. El Estado debió endeudarse para pagar las jubilaciones. En Argentina, más de la mitad de las colocaciones de las AFJP a fines de 2000 (antes de la crisis final de la convertibilidad) estaba en títulos públicos; esta concentración llegó al 70% en diciembre de 2001, poco antes de que estos títulos quedaran en default.

Los resultados del régimen de capitalización han sido evaluados por varios de los países que lo practicaron, los que comprobaron que han puesto en manos de grupos bancarios oligopólicos, muchas veces extranjeros, masas financieras importantes. Estos fondos -como ya se señaló- fueron luego prestados al propio Estado o a grandes empresas que emiten deuda en la Bolsa. Este movimiento de capitales profundizó la concentración económica dentro de América Latina y permitió a las AFJP ingresar a los directorios de grandes empresas.

Una característica curiosa del actual régimen de capitalización es que hasta ahora ha funcionado prácticamente sin jubilados y sólo se ha dedicado al negocio financiero y al cobro de comisiones. La experiencia acumulada y las proyecciones muestran que es absolutamente incapaz de encauzar un sistema jubilatorio que tenga cobertura y asignaciones aceptables. Más aun, ha generado y seguirá generando costos fiscales desestabilizadores para las finanzas públicas, sin inducir ningún aumento de la inversión productiva. Debe recordarse que en América Latina las tasas de inversión nunca fueron tan bajas como en los primeros años de la década de 2000. En consecuencia, es hora de implantar un nuevo sistema, como ya se está planteando en otros países, entre ellos los precursores de este sistema, que son Reino Unido y Chile.

Orientación productiva

 El régimen de jubilaciones de Argentina constituye un resabio del anterior sistema con hegemonía del sector financiero y contradice al modelo actual orientado hacia la producción. Algunas cifras evidencian que es insostenible. El número de afiliados a las AFJP es de 10,7 millones de personas, de los cuales aportan 4,1 millones, es decir el 38%. De ellos sólo se jubilaron 104.000 personas, que es el 1%; es decir, prácticamente, nadie. A su vez, existen 2 millones de afiliados al sistema de reparto, de los cuales en febrero de 2006 aportaron 0,6 millones; a ellos deben sumarse 0,7 millones de monotributistas que hicieron efectiva su contribución.

En cuanto a la situación financiera, las comisiones cobradas en 2004/2005 llegaron al 35% de los aportes ⁵, lo que representa el 2,6% de los salarios. A su vez, los fondos de jubilaciones y pensiones eran de 73.600 millones de pesos. De estas cifras surgen algunas preguntas obvias: ¿Qué ocurrirá con los 6,6 millones de personas que están afiliadas y no aportan? ¿Y con las que aportan, pero lo hacen ocasionalmente y ven que gran parte de sus cotizaciones se pierde en comisiones? ¿Quién si no el Estado se hará cargo de ellas cuando les llegue la edad de jubilarse? ¿Para qué sirven entonces las AFJP y para qué sirvió esta reforma de altísimo costo fiscal?

La respuesta a estas preguntas es clara: es indispensable cambiar el régimen desde la raíz. No hay lugar para "parches". ¿Cómo hacerlo? Algunos de los puntos a debatir son los siguientes:

1) Es indispensable volver a instalar al régimen de reparto como el eje del sistema. En ese caso, los aportes realizados en las cuentas personales de capitalización serían considerados como contribuciones al sistema de reparto por el período en que se efectuaron y los fondos correspondientes deberían pasar al Estado.

2) No debe haber un sustituto privado a una jubilación pública. No se justifica que el Estado le imponga a su población un monopolio privado que ha demostrado no ser capaz de pagar jubilaciones razonables.

3) El sistema de reparto tiene que recuperar los medios financieros para pagar todas las jubilaciones, dada la incapacidad del sistema de capitalización para hacerlo con las que le corresponden. La provisión de financiamiento de largo plazo de la economía puede ser hecha a través de una banca pública de desarrollo que puede llegar a las empresas que no coticen en bolsa. Si hay quienes deseen mejorar su jubilación mediante su ahorro personal, se les puede dejar la posibilidad de cotizar un porcentaje mayor de su salario, sin tener que financiar una burocracia privada ineficiente como la de las AFJP. Cualquier agregado privado sólo puede ser voluntario.

4) Existen varias modalidades operativas posibles para asegurar un financiamiento viable del sistema de reparto. Por ejemplo, en el proyecto inglés se determina una revisión de la edad jubilatoria, una cobertura universal independiente de los aportes y un sistema de ahorros gerenciado por el gobierno con bajos costos.

En síntesis, no deberían retardarse las soluciones hasta que el sistema actual explote, lo cual ocurrirá de modo inexorable cuando las AFJP tengan que comenzar a pagar jubilaciones. Parece entonces llegada la hora de someter el tema a una amplia discusión pública.

1. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, 1994.
2. Jorge Beinstein y Mario D. Lorenzo, "El saqueo de las jubilaciones", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 1999.
3. Ver, por ejemplo, las condiciones para la reducción de la deuda de Nicaragua en FMI, Nicaragua Decision Point Document for the Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, diciembre de 2000.
4. Carmelo Mesa-Lago, "Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en América Latina", Revista de la CEPAL, diciembre de 2004.
5. En el período 2004/2005, las AFJP recaudaron 4.289 millones de pesos y cobraron comisiones por 1.498 millones.