Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

El engaño a los jubilados

¿Quién depositaría su dinero en un banco que sólo acredita 65 de cada 100 pesos y que además no le ofrece garantía alguna de seguridad a futuro? Es lo que ocurre con el sistema privado de jubilaciones, que está fracasando estrepitosamente en todo el mundo y que en Argentina se revela como uno de los más caros e ineficientes. El tiempo transcurrido desde su implementación en el país permite establecer un balance contundente: un negocio financiero colosal, con grandes ganancias privadas y un negro porvenir para el Estado y los jubilados.

La reforma del régimen de jubilaciones es una pieza central del ambicioso proyecto neoliberal de reformas económicas y sociales que se instrumentó en Argentina en los años 1990. En ese momento, casi todos los países aplicaban el sistema de reparto, en el cual los trabajadores activos aportan un porcentaje de su salario para pagar la retribución de los jubilados.

Al mismo tiempo y por diversas razones, en varios países subdesarrollados los sistemas previsionales sufrieron dificultades financieras. Surgió entonces la reforma impulsada por el neoliberalismo, que consistió en implantar un sistema jubilatorio de capitalización individual. Los aportes obligatorios de cada trabajador alimentan una cuenta individual, que administra una institución privada especializada (en Argentina, las AFJP, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones); de allí, al cabo de los años, se tomarán los recursos para pagar las jubilaciones de esa persona. Esto no significa que el Estado se retire completamente, porque queda obligado a asegurar, en ciertas condiciones, una jubilación o pensión mínima, como la prestación básica universal en Argentina. Pero el eje del nuevo sistema es el ahorro obligatorio de los trabajadores en una AFJP.

Esta reforma tuvo entusiastas impulsores -entre los que sobresale el Banco Mundial 1- que prometieron grandes beneficios. En primer lugar, disminuiría la evasión de pagos previsionales, cuyo control efectuarían los trabajadores mucho mejor que los burócratas (aunque no se sabe cómo), y de ese modo aumentaría el porcentaje de la población cubierta por el sistema jubilatorio. Pero no es todo: como además el dinero acumulado sería "puesto a trabajar" por expertos (las AFJP), los cotizantes obtendrían utilidades financieras y ganancias de capital, con las que cobrarían mucho más que con el antiguo sistema público.

Además, se decía, los beneficios se difundirían a toda la economía: la acumulación de ahorros obligatorios de largo plazo en manos de las AFJP permitiría aumentar el ahorro total de la economía y desarrollar el sistema financiero local y, puesto que es un proceso acumulativo, se incrementarían la inversión interna y el crecimiento económico. Este ambiente de expansión económica procuraría ingresos suplementarios al Estado por la vía de los impuestos. Tales ingresos permitirían compensar el "costo fiscal de la transición", porque a los aportes los captan las AFJP y las jubilaciones del régimen anterior las paga el Estado 2. En tales términos, esa "transición" debía durar varias décadas. Se pintaba un panorama idílico, de felicidad universal.

Pero la reforma previsional tenía también un fuerte contenido ideológico, ya que consagraba la supremacía del negocio financiero privado y el individualismo de los cotizantes; quedaban relegados el papel del Estado y el principio de la solidaridad entre las generaciones.

Tan seguros estaban el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial de las bondades de este régimen -o tanto era su compromiso con el sector financiero internacional-, que empezaron a incluirlo en sus condicionalidades, pese a que el sistema de jubilaciones no tiene ninguna relación con los problemas de pagos externos. No obstante, para recibir préstamos u obtener una reducción en la deuda externa, había que implantar el sistema de jubilaciones por capitalización 3.

 La experiencia real

 Ya ha pasado un tiempo suficiente como para poder evaluar los resultados de estas reformas: 25 años en Chile, 20 en Reino Unido (ver recuadro), 12 en Argentina, entre otros países. Los resultados no podrían haberse alejado más de las promesas iniciales. En primer lugar, no mejoró el sistema jubilatorio. En cuanto a la población protegida, se ha demostrado que en 12 países de América Latina, el porcentaje de la fuerza de trabajo cubierta por el sistema jubilatorio era mucho mayor con el sistema estatal de reparto que con el que surgió después de la reforma 4.

Pero el sistema privado no sólo beneficia a menos gente, sino que les paga mucho menos. El dinero de los cotizantes sufre desde el principio una quita para pagar las comisiones de la administradora, con independencia de la habilidad que muestren para colocar el dinero. En América Latina, en 2003, esa comisión ascendía en promedio al 26% de los fondos deducidos a los trabajadores; en Argentina llega hoy al 35%. Un nivel de comisiones injustificable. ¿Por qué los futuros jubilados tienen que cargar con la ineficiencia de las AFJP, sus gastos de publicidad, sus elevadas ganancias, los magníficos salarios de sus directivos?

En cuanto a los resultados del sistema, para pronosticarlos no hace falta ser adivino. Ahora hay poca gente incluida, con costos muy altos; pero cuando a la mayoría le llegue el momento de jubilarse, muchos afiliados se quedarán sin jubilación, o la que obtengan los hundirá en la pobreza: volverán entonces a depender de la ayuda estatal. Con un sistema que cobra un 35% de comisiones y al que aporta sólo el 38% de los afiliados pueden hacerse brillantes negocios financieros pero no pagarse jubilaciones. Aun quienes hayan conseguido un trabajo estable y "en blanco" y hayan cotizado con puntualidad, casi con seguridad cobrarán una jubilación inferior a la que hubieran accedido en el sistema de reparto (esto ya se nota en el caso más "maduro", el de Chile, donde el promedio de la jubilación privada es el 31% del salario promedio (ver recuadro).

Esta degradación de las jubilaciones no constituye un accidente, sino la consecuencia natural de un modelo neoliberal que expandió el trabajo precario e informal y rebajó los salarios. Pone en evidencia que el objetivo de las AFJP es ganar dinero y acumular poder; en modo alguno pagar jubilaciones dignas. Queda claro que se trata de un gran negocio financiero, no del cumplimiento de una función del Estado.

En el plano general de la economía, el impacto de las AFJP también fue negativo. El ahorro forzoso de los trabajadores es contrarrestado por la sangría de fondos del sector público, que no cobra los aportes previsionales y sigue pagando las jubilaciones por muchos años. En lo esencial existió una transferencia masiva de recursos desde el fisco hacia el sector financiero.

¿Ha significado esto una mejor asignación de recursos? Rotundamente, no. El Estado debió endeudarse para pagar las jubilaciones. En Argentina, más de la mitad de las colocaciones de las AFJP a fines de 2000 (antes de la crisis final de la convertibilidad) estaba en títulos públicos; esta concentración llegó al 70% en diciembre de 2001, poco antes de que estos títulos quedaran en default.

Los resultados del régimen de capitalización han sido evaluados por varios de los países que lo practicaron, los que comprobaron que han puesto en manos de grupos bancarios oligopólicos, muchas veces extranjeros, masas financieras importantes. Estos fondos -como ya se señaló- fueron luego prestados al propio Estado o a grandes empresas que emiten deuda en la Bolsa. Este movimiento de capitales profundizó la concentración económica dentro de América Latina y permitió a las AFJP ingresar a los directorios de grandes empresas.

Una característica curiosa del actual régimen de capitalización es que hasta ahora ha funcionado prácticamente sin jubilados y sólo se ha dedicado al negocio financiero y al cobro de comisiones. La experiencia acumulada y las proyecciones muestran que es absolutamente incapaz de encauzar un sistema jubilatorio que tenga cobertura y asignaciones aceptables. Más aun, ha generado y seguirá generando costos fiscales desestabilizadores para las finanzas públicas, sin inducir ningún aumento de la inversión productiva. Debe recordarse que en América Latina las tasas de inversión nunca fueron tan bajas como en los primeros años de la década de 2000. En consecuencia, es hora de implantar un nuevo sistema, como ya se está planteando en otros países, entre ellos los precursores de este sistema, que son Reino Unido y Chile.

Orientación productiva

 El régimen de jubilaciones de Argentina constituye un resabio del anterior sistema con hegemonía del sector financiero y contradice al modelo actual orientado hacia la producción. Algunas cifras evidencian que es insostenible. El número de afiliados a las AFJP es de 10,7 millones de personas, de los cuales aportan 4,1 millones, es decir el 38%. De ellos sólo se jubilaron 104.000 personas, que es el 1%; es decir, prácticamente, nadie. A su vez, existen 2 millones de afiliados al sistema de reparto, de los cuales en febrero de 2006 aportaron 0,6 millones; a ellos deben sumarse 0,7 millones de monotributistas que hicieron efectiva su contribución.

En cuanto a la situación financiera, las comisiones cobradas en 2004/2005 llegaron al 35% de los aportes 5, lo que representa el 2,6% de los salarios. A su vez, los fondos de jubilaciones y pensiones eran de 73.600 millones de pesos. De estas cifras surgen algunas preguntas obvias: ¿Qué ocurrirá con los 6,6 millones de personas que están afiliadas y no aportan? ¿Y con las que aportan, pero lo hacen ocasionalmente y ven que gran parte de sus cotizaciones se pierde en comisiones? ¿Quién si no el Estado se hará cargo de ellas cuando les llegue la edad de jubilarse? ¿Para qué sirven entonces las AFJP y para qué sirvió esta reforma de altísimo costo fiscal?

La respuesta a estas preguntas es clara: es indispensable cambiar el régimen desde la raíz. No hay lugar para "parches". ¿Cómo hacerlo? Algunos de los puntos a debatir son los siguientes:

1) Es indispensable volver a instalar al régimen de reparto como el eje del sistema. En ese caso, los aportes realizados en las cuentas personales de capitalización serían considerados como contribuciones al sistema de reparto por el período en que se efectuaron y los fondos correspondientes deberían pasar al Estado.

2) No debe haber un sustituto privado a una jubilación pública. No se justifica que el Estado le imponga a su población un monopolio privado que ha demostrado no ser capaz de pagar jubilaciones razonables.

3) El sistema de reparto tiene que recuperar los medios financieros para pagar todas las jubilaciones, dada la incapacidad del sistema de capitalización para hacerlo con las que le corresponden. La provisión de financiamiento de largo plazo de la economía puede ser hecha a través de una banca pública de desarrollo que puede llegar a las empresas que no coticen en bolsa. Si hay quienes deseen mejorar su jubilación mediante su ahorro personal, se les puede dejar la posibilidad de cotizar un porcentaje mayor de su salario, sin tener que financiar una burocracia privada ineficiente como la de las AFJP. Cualquier agregado privado sólo puede ser voluntario.

4) Existen varias modalidades operativas posibles para asegurar un financiamiento viable del sistema de reparto. Por ejemplo, en el proyecto inglés se determina una revisión de la edad jubilatoria, una cobertura universal independiente de los aportes y un sistema de ahorros gerenciado por el gobierno con bajos costos.

En síntesis, no deberían retardarse las soluciones hasta que el sistema actual explote, lo cual ocurrirá de modo inexorable cuando las AFJP tengan que comenzar a pagar jubilaciones. Parece entonces llegada la hora de someter el tema a una amplia discusión pública.

  1. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, 1994.
  2. Jorge Beinstein y Mario D. Lorenzo, "El saqueo de las jubilaciones", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 1999.
  3. Ver, por ejemplo, las condiciones para la reducción de la deuda de Nicaragua en FMI, Nicaragua Decision Point Document for the Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, diciembre de 2000.
  4. Carmelo Mesa-Lago, "Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en América Latina", Revista de la CEPAL, diciembre de 2004.
  5. En el período 2004/2005, las AFJP recaudaron 4.289 millones de pesos y cobraron comisiones por 1.498 millones.

Los “modelos” inglés y chileno

Calcagno, Alfredo Eric

La implantación del sistema privado de jubilaciones es un claro logro de la política económica neoliberal. En el plano de los países su filiación es inconfundible: fue implantado antes que nadie por los regímenes de Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Dos experiencias terriblemente negativas en países considerados “serios”.

Puesto que la situación del sistema privado se hacía insostenible, el gobierno de Reino Unido formó una Comisión para aconsejar acerca de las posible soluciones 1. Se trató de la Comisión Turner, que formuló sus análisis y recomendaciones en dos informes publicados en 2004 y 2005, cuyas propuestas están a consideración del gobierno.
La primera reforma previsional de Reino Unido data del período Thatcher y es de 1979; la segunda reforma tuvo lugar en 1986. Cuando comenzaron a otorgarse, las jubilaciones eran muy bajas, porque las inversiones privadas requerían cargas, comisiones, pagos de administración y muy poco se podía acumular en las cuentas individuales.
La Comisión Turner consideró cuatro posibles soluciones: primero, rebajar las jubilaciones; segundo, aumentar las contribuciones; tercero, incrementar los ahorros personales; y cuarto, retardar los retiros. Como es imposible rebajar las jubilaciones, combinó las restantes soluciones y propone un régimen basado en el aumento paulatino de la edad para jubilarse (68 años en 2050); suba de la jubilación estatal, con incrementos ligados a los ingresos más que a los precios; otorgamiento de jubilaciones por el hecho de residir en Reino Unido y no por los aportes previos, e incorporación obligatoria a un nuevo esquema de ahorros de bajo costo administrado por el Estado. Con este régimen, mediante el aporte estatal y los sistemas de ahorro, se puede llegar al 60% del salario de antes de la jubilación. Además, se permite optar por otro sistema.

La experiencia trasandina


En Chile, se reemplazó el sistema jubilatorio estatal de reparto por un sistema de capitalización privado en 1981. Desde entonces comenzaron a funcionar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que en 25 años acumularon una importante masa de capitales: 78.000 millones de dólares en marzo de 2006 (monto algo “inflado” por la sobrevaluación del peso chileno). Esto fue posible porque en ese período se repitió el esquema general, por el cual las AFP recibían los aportes y el gobierno pagaba las jubilaciones. Aún hoy la mayor parte de las pensiones son pagadas por el Estado, con un costo de administración que es la cuarta parte de las comisiones cobradas por las AFP.
¿Se cumplió la promesa de pagar jubilaciones más elevadas? No. La jubilación promedio que paga el sistema privado es muy inferior a la anunciada. Sólo llega al equivalente de 230 dólares, que es el 31% del salario promedio de los cotizantes entre 50 y 60 años 2. No alcanzan a la mitad de las que se hubieran cobrado en el sistema de reparto. Además, cerca de la mitad de los aportantes se retira con una pensión inferior a la mínima y, peor aun, sin haber cotizado el tiempo suficiente (veinte años) para acceder a la garantía pública de una pensión mínima (cuyo equivalente oscila entre 150 y 170 dólares según la edad del jubilado).
¿Pero al menos podrá mejorar la situación en el futuro? No. La Superintendencia de AFP ha calculado que “existirá un porcentaje importante de los afiliados que obtendrán pensiones de vejez inferiores a la pensión mínima (en torno al 50% en el año 2025, dependiendo de los supuestos que se utilicen) y que no tendrán acceso a la garantía oficial”, situación que será aun peor entre las mujeres 3.
Pero el problema no termina allí, porque cuando se afecta a quienes no tomaron la precaución de morirse dentro del tiempo calculado en el momento de fijar el monto de su jubilación se ingresa en el terreno de la crueldad. En este caso, si se agotan los fondos de su cuenta de capitalización, no cobrarán más nada. Habrán zafado de la muerte física, pero no de la económica.
En definitiva, el Estado chileno está en la disyuntiva de abandonar sin recursos mínimos a la mayoría de los adultos mayores o de hacerse cargo de los pagos que el sistema privado ha demostrado que es incapaz de asegurar. Pero no todos han perdido. Las AFP han obtenido beneficios sobre patrimonio permanentemente superiores a los del resto del sistema financiero: el 19,5% en 2005 y hasta un 40% en 2002.
Esta situación ha llevado a que una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Michelle Bachelet haya sido constituir una Comisión de Reforma Previsional.
  1. Pensions Commission, First Report, Pensions: challenges and choices, Londres, 2004; y Second Report, A new pension settlement for the twenty-first century, Londres, 2005.
  2. Solange Berstein, Guillermo Larraín y Francisco Pino, Cobertura, densidad y pensiones en Chile: proyecciones a 20 años plazo, Superintendencia de AFP, Santiago de Chile, noviembre de 2005.
  3. Solange Berstein et al., op. cit.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 83 - Mayo 2006
Páginas:8,9
Temas Corrupción, Políticas Locales, Economía
Países Argentina