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El Frente Amplio evita una grave fractura

La coalición de centroizquierda que gobierna Uruguay desde hace año y medio evitó a último momento una crisis de imprevisibles consecuencias, al anunciar el presidente Tabaré Vázquez que no habría Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un tema que marca el límite de tolerancia de la izquierda.

La última contribución significativa del general Líber Seregni (1916-2004) para el triunfo electoral del Frente Amplio (FA), un objetivo que persiguió, empecinado, durante 33 años desde que en 1971 fundara "la mayor unidad posible de la izquierda uruguaya", fue propiciar el acercamiento entre las dos personalidades que a su juicio serían su relevo y cargarían con la mochila de los cambios históricos en un país atípicamente latinoamericano y en una sociedad conservadora. El oncólogo Tabaré Vázquez y el economista Danilo Astori polarizaban a la coalición en el arranque de la decisiva campaña electoral a comienzos de 2004; se desconfiaban mutuamente. El triunfo se avizoraba inevitable, tras la crisis económica de 2001-2002 en el Río de la Plata -con sus "corralitos" explícitos o encubiertos- y el desafío consistía ahora en administrar los equilibrios en el FA para impulsar los "cambios graduales". "Recuerden: todo es negociable. Pero la política debe, siempre, dirigir a la economía", fue el consejo de Seregni, a modo de testamento. Al promediar 18 meses de la coalición de izquierdas en el gobierno, un horizonte de crisis y eventuales fracturas sugiere que el consejo quedó en el olvido.

Choque de concepciones

El "general del pueblo" falleció cuatro meses antes de las elecciones de noviembre de 2004. El nuevo mapa político del FA reveló una correlación de fuerzas internas inesperada, que acaso haría dificultoso desplegar aquel pacto entre hombres de tan distinto temperamento y estilo. Vázquez se consagró Presidente con un apoyo popular inédito hasta entonces, pero su partido político, el Socialista, obtuvo una representación menguada, del 14%. El grupo de Astori obtuvo un 18%; mientras que los ex guerrilleros tupamaros, liderados por José Mujica, monopolizaron el 30% y se consagraron como la principal fuerza política. La nueva bancada parlamentaria del flamante gobierno, con mayorías absolutas, depositaba la llave de las futuras medidas -el Presupuesto Nacional y los proyectos de ley que sustentarían una Reforma Impositiva, un Sistema Nacional de Salud y una Reforma del Estado- en manos de socios "incómodos", con un pasado guerrillero, una aureola de "radicales" y un estilo no convencional, irreverente. Fue el carisma de Pepe Mujica, uno de los nueve rehenes de la dictadura militar que soportaron una prisión de 13 años en condiciones extremas 1, el que facilitó el trasvasamiento de votantes de los partidos tradicionales, fundamentalmente del interior del país, hacia el FA, trasvasamiento que consagró el triunfo de una izquierda que ya había alcanzado su techo electoral.

Los meses previos a la asunción del nuevo gobierno marcaron la tónica. Cualquier disonancia epidérmica entre Vázquez y Astori, que en algún momento llegaron a no dirigirse la palabra, quedó pronto desmentida. El Presidente electo aprovechó una gira por Estados Unidos y Europa para anunciar formalmente la designación de Astori como ministro de Economía, un paso que se daba por descontado pero que merecía, en opinión de otros dirigentes, una consulta interna previa en el FA. Astori, ex decano de la Facultad de Economía y ex senador, apresuró en ese viaje un acuerdo primario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación del pago de la deuda externa, que tras la crisis de 2002-2003 se había multiplicado hasta equiparar el PBI y ponía al nuevo gobierno ante el desafio de un abultado y estricto calendario de vencimientos de intereses 2. El compromiso de reservar un superávit primario para el pago de la deuda externa revelaba que la "herencia maldita" del gobierno de Jorge Batlle en ese punto no sería cuestionada; que sería asumida, al menos al principio, para asegurar un hipotético flujo de capitales. Este compromiso tampoco fue previamente consultado, aun cuando condicionaba seriamente el despliegue de políticas sociales, reducía las posibilidad de incrementar el presupuesto para enseñanza -prometido en la campaña electoral- y obligaba a rediseñar el proyecto de "País Productivo", eje de una concepción que marcaría la diferencia profunda entre este gobierno y los anteriores.

La designación del nuevo gabinete, y especialmente la integración del equipo económico, instaló la confrontación. Astori y Mujica se enzarzaron en una sorda pulseada, que se mantiene hasta hoy y que expresa, esquemáticamente, el choque de dos concepciones. Si la elección de los hombres para el gabinete deparó algunas sorpresas -el empresario Jorge Lepra, gerente de la Texaco, fue designado como ministro de Industrias-, la resistencia a conceder la presidencia del Banco de la República al Movimiento de Participación Popular (MPP; el grupo que lidera Mujica), colocó desde el comienzo al antiguo guerrillero en una disyuntiva: reclamar una cuota política relacionada con el peso específico de su sector lo convertiría en el responsable de una fractura, algo que los tupamaros no quieren cargar sobre sus espaldas.

La presidencia del banco estatal de fomento era una pieza fundamental en una concepción de orientación del crédito según criterios de apoyo al mediano productor, a los sectores más castigados de la economía, y de fomento de la inversión del capital nacional. Mujica debió resignar su aspiración de incidir en el equipo económico y contentarse con dos designaciones de primer nivel, la suya propia como ministro de Ganadería y Agricultura y la de su compañero de prisión Eduardo Bonomi como ministro de Trabajo y Seguridad Social.

El control de la política crediticia a través del Banco de la República hubiera aportado a Mujica los resortes necesarios para impulsar una reactivación del sector agropecuario, desarrollar un esquema económico nacional y, a la vez, consolidar su plataforma de apoyo social 3. El temor a un crecimiento desmesurado de la figura del antiguo guerrillero (las encuestas actuales le otorgan los más altos porcentajes como hipotético candidato a la presidencia) y la aplicación de criterios financieros que pudieran encender los resquemores en la banca privada, totalmente extranjera, le cortaron el paso. El ministro Astori certeramente intuyó que la presencia tupamara en el equipo económico podía alterar su política de "pragmatismo", que elude cualquier cambio radical que afecte un "fair play" con los inversores extranjeros y con los sectores clave vinculados a las exportaciones. Se opuso tajantemente a las aspiraciones de Mujica y obtuvo, una vez más, el apoyo del presidente Vázquez. En cierta medida, la política de Astori corre por carriles independientes del FA y a menudo a contrapelo del programa de gobierno que encumbró a la izquierda. "Una cosa es luchar por obtener el gobierno y otra es administrar la gestión", explican sus defensores.

De alguna manera, el candor exultante e inicial de los frenteamplistas "de a pie" se ha ido diluyendo en el año y medio de gobierno, sustituido por el desconcierto. El FA conquistó a más de la mitad del electorado, pero se estima que por lo menos una cuarta parte de los votos corresponden a blancos y colorados decepcionados con los gobiernos de sus partidos, y seducidos por una postura "razonable" de la izquierda. Son esos "votos prestados" de los partidos tradicionales los que se manifiestan más satisfechos con la actual administración, mientras los frenteamplistas de siempre no ocultan su azoramiento y se preguntan en qué medida la herencia de la crisis y la estrategia del "cambio gradual" no desdibujan la identidad de la izquierda y atentan contra principios cuya defensa costó sangre y cárcel. El cheque concedido al nuevo gobierno va en vías de quedarse sin fondos.

Luces rojas

Una advertencia reiterada había atemperado desde el comienzo las expectativas más extremas: no esperen que las diferencias, las injusticias y las desigualdades se resuelvan en unos meses, había alertado Vázquez, con el asentimiento de los dirigentes sectoriales. Las primeras auditorias en las estructuras del Estado habían reforzado esa advertencia: el desastre heredado era mucho más profundo de lo imaginado.

Una administración más sana del gasto 4, un combate frontal a la corrupción administrativa y una coyuntura favorable de los precios internacionales, más una apertura de mercados, explican un modesto pero sostenido crecimiento de la capacidad adquisitiva, que los números expresan en una baja del desempleo, un crecimiento del PBI y la sujeción de la inflación en un dígito.

Por otra parte, el incremento de la conflictividad laboral va revelando que, a diferencia de los gobiernos anteriores, éste se maneja con criterios que descolocan a los gremios empresariales, acostumbrados a la impunidad patronal por la complicidad gubernamental. El saldo es una política que no contenta ni a unos ni a otros, pero que va estableciendo nuevas reglas de juego, con sensibilidad para los derechos de los asalariados.

Pero ciertas medidas e iniciativas del gobierno han encendido luces rojas en la población que lo sustenta y han agitado las aguas internas del FA. Los detonantes fueron los debates parlamentarios sobre la participación en las maniobras militares UNITAS y el incremento de las fuerzas armadas uruguayas en las operaciones de imposición de paz de Naciones Unidas. Tempranamente, la contradicción entre las posturas históricas de la izquierda, opuestas a la participación en maniobras militares que desde siempre fueron calificadas como penetración imperialista de Estados Unidos, y los argumentos de "coyuntura" que, una vez más, las autorizaron, provocó la renuncia a su banca del diputado del socialista Guillermo Chifflet, un periodista y escritor que puso los principios por delante de la "obediencia partidaria". El ejemplo de Chifflet produjo conmoción en el FA; no sólo por su oposición solitaria a las UNITAS, sino por subrayar su postura de principios con la renuncia a su banca, una conducta que tiene muy escasos antecedentes.

Más revulsiva aun resulta la oposición del presidente Vázquez a cualquier intento de aprobar una ley de derechos reproductivos de la mujer. La legalización del aborto integra históricamente las propuestas del FA y, según los sondeos de opinión, cuenta con el apoyo mayoritario de las mujeres uruguayas, cualquiera sea su color político. Pero los vetos anunciados por Vázquez han obligado a las legisladoras frenteamplistas, rehenes de la situación, a demorar la presentación del proyecto de ley para evitar una crisis, mientras buscan coartadas formales que permitan su aprobación salvando la imagen del Presidente. Vázquez había adelantado en la campaña electoral que personalmente se oponía a la legalización del aborto, pero su actitud irreductible ("Yo estoy a favor de la vida; que cada uno asuma su responsabilidad", dijo) ha revelado un estilo que algunos consideran peligroso, en la medida en que estaría dispuesto a hacer uso de mecanismos constitucionales para evitar la aprobación sin el consentimiento de la coalición y aun a despecho de la opinión mayoritaria.

La mecha encendida 

La legalización del aborto no será, probablemente, la chispa que encienda la pradera. Sí lo son, en cambio, dos iniciativas fundamentales de la política económica: la reforma impositiva y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

La propuesta de reforma impositiva incluía un elemento sustancial que, en cierta medida, atentó contra las posibilidades de un triunfo de la izquierda en las anteriores elecciones de 1999. El anuncio, a escasas semanas de los comicios, de que el FA se proponía incorporar el impuesto a la renta de las personas físicas facilitó a la derecha un argumento para asustar a la clase media de profesionales y altos empleados. Cuatro años después, ya en el gobierno, llegó la hora de instrumentar esa reforma, anunciada como elemento esencial de la justicia retributiva y como instrumento vital en la lucha contra la evasión de impuestos.

El proyecto presentado por Danilo Astori a los grupos políticos del FA, con la advertencia de que en la discusión parlamentaria no podrían incorporarse modificaciones sustanciales que alteraran su concepción, materializó la primera gran discrepancia, que corta tangencialmente a todos los grupos. El impuesto a la renta, que en principio debía reducir sustancialmente otros impuestos, en especial el que se aplica al valor agregado en el precio final al consumo, resultó ser un híbrido que no cambia esencialmente la ecuación, no reduce significativamente el aporte de los asalariados (salvo las franjas de ingresos sumergidos) y no aumenta sustancialmente la tributación de los más pudientes. Ostensiblemente la reforma no cumple con el postulado "que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos" y es un ejemplo de cómo el pragmatismo -avanzar por tramos para mantener el volumen de recaudación- diluye la fuerza de los cambios. El proyecto está empantanado, mientras se suceden las negociaciones entre los grupos políticos del FA para que la reforma sea más generosa con los sectores de menores ingresos y más radical con los sectores del otro extremo.

Más polémica aun, si cabe, es la iniciativa de firmar con el gobierno de George W. Bush un Tratado de Libre Comercio (TLC). Desde hace meses, la puja entre el ministro de Economía y los restantes sectores del FA pivotea en torno al nombre: si lo que se negociará es un TLC. Es una discusión entre avestruces: el ministro y el Presidente insisten en que el nombre no es importante, sino el contenido. Pero todo el mundo admite que Estados Unidos negocia un paquete y que el esquema incorpora criterios sobre nación más favorecida, sobre derechos de propiedad intelectual y sobre liberación de las normas para las compras del Estado que enajenan, a cambio de aumentos en las cuotas de importación de carnes y lácteos, las posibilidades de despliegue del Uruguay productivo. Y, por si fuera poco, un TLC de tales características pone a Uruguay afuera del Mercosur.

A las puertas de una crisis 

La principal oposición -pero no la única- proviene del ministro Mujica 5. Hasta ahora, el singular dirigente tupamaro ha explicado gráficamente que, en aras de la preservación de la unidad, "me bajo los pantalones", "duermo con culebras", "como panes podridos", etc. Pero ante el TLC ha dicho basta. No se opone a un acuerdo comercial con Estados Unidos, como parte de una política de apertura de mercados. Pero no está dispuesto a acompañar un TLC con las implicancias de los firmados por Perú y Colombia. El Movimiento de Participación Popular, que lidera, ha señalado ya su oposición al "paquete" del TLC, y esa postura es acompañada, con matices, por otros tres grupos de la coalición, el Partido Socialista, que encabeza el actual canciller Reinaldo Gargano, la Vertiente Artiguista, del ministro de Vivienda Mariano Arana, y el Partido Comunista de la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi.

La perspectiva de una crisis de proporciones está en puerta. Este mes de octubre comienzan las primeras negociaciones de una comisión bipartita, que revelarán formalmente las aspiraciones de Estados Unidos. A diferencia de la reforma impositiva y de la refinanciación del endeudamiento agropecuario, que han dado lugar a interminables negociaciones en el seno del gobierno, el TLC se erige como una cuestión decisoria sobre el relacionamiento de las distintas fuerzas del FA con la presidencia, una divisoria de aguas que puede obligar al presidente Vázquez a modificar su actual estilo de conducción, o bien puede provocar una ruptura. La mesa está servida y el ministro Mujica parece no estar dispuesto a comer más panes podridos. Los restantes dirigentes, ¿lo acompañarán en el ayuno o dejarán que los tupamaros se conviertan en una fuerza opositora dentro del gobierno? Sin sus votos, el FA pierde las mayorías en el Parlamento.

(NDLR: este artículo fue entregado a mediados de septiembre. El día 28, Vázquez anunció que no habría TLC, evitando la fractura al menos por el momento).

  1. María Esther Giglio, Pepe Mujica. De tupamaro a ministro. El loco encanto de la sensatez, Ediciones de Le Monde diplomatique, Buenos Aires, mayo de 2005.
  2. En 2003 la deuda externa global trepaba a 12.500 millones de dólares y el servicio de intereses acumulaba vencimientos por 5.000 millones en los siguientes tres años (fuente: Banco Central del Uruguay).
  3. Informa una Comisión Técnica para el endeudamiento interno, que de los 4.000 productores agropecuarios con deudas vencidas, la mitad mantiene obligaciones con el sector financiero inferiores a US$ 25.000, viven una situación crítica y están expuestos al remate de sus campos.
  4. La administración detectó una práctica generalizada de pagar sobreprecios en las compras del Estado.
  5. El VII Congreso del MPP, realizado a comienzos de junio de este año, señaló las pautas para la negociación de un convenio comercial con EE.UU. y detalló los puntos inaceptables que pondrían en peligro el proyecto de País Productivo.
Autor/es Samuel Blixen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 88 - Octubre 2006
Páginas:10,11
Temas Economía., Mercosur y ALCA, Política internacional
Países Uruguay