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Cómo crear trabajo en ArgentinaEn pocos años, Argentina ha pasado de ser el país más igualitario de América Latina –en algunos períodos incluso de América toda– con tasas históricas de desocupación muy bajas, a tener alrededor del 32% de la población desocupada o subocupada; más de la mitad de sus ciudadanos sumergidos en la pobreza, la miseria y la ignorancia. La solución, aun progresiva, a semejante magnitud de desastre no puede confiarse a la “razonabilidad” del mercado, cuyos fracasos en este terreno son evidentes, sino que debe basarse en políticas activas y creadoras.El trabajo aparece como el primer lazo que integra a las personas a la sociedad, a la vez que es el medio de subsistencia. No siempre ha tenido esa función y es posible que en el futuro cambie su naturaleza, pero por ahora es la base del contrato social y la condición para un modo de vida digno y normal. Por cierto, la situación de Argentina no es brillante. La desocupación abierta afecta a 2,4 millones de personas, el 16,3% de la población económicamente activa 1, y otro tanto está subocupada. Se trata de una anomalía en un país de fuerte inmigración, cuya tasa de desocupación histórica media era menor al 4%. Las cifras de evolución histórica del trabajo en el último tercio del siglo XX (ver cuadro), muestran que la tasa de desempleo aumentó desde el comienzo de la convertibilidad, en 1992. Muchos economistas neoliberales tratan de exculpar a sus propias políticas e incluso le echan la culpa a los mismos desocupados: no supieron adecuarse a los adelantos tecnológicos y por eso quedaron fuera del mercado de trabajo. El argumento afirma la existencia de un "desempleo oculto" en trabajos de baja productividad, antes que el "shock de eficiencia" que habría traído la convertibilidad. Sin embargo, la argumentación acerca de la "desocupación tecnológica" no es pertinente. Más que atribuir el desempleo a las ganancias de productividad de algunas empresas en determinados sectores, debe reconocerse que durante la etapa neoliberal el sector industrial fue devastado. Desde 1950 hasta 1990, el producto manufacturero osciló alrededor del 27% del Producto Bruto Interno (PBI), con un máximo del 32,2% en 1960. Pues bien, en 1996 era del 17,5% y en 2001 del 16,1% (la mitad del de 1960) 2. Este deterioro se refleja en la estructura sectorial del empleo. En mayo de 2003, la población ocupada en la industria era del 12,8%, mientras el servicio doméstico (7,0%) era igual que el empleo en transporte (7,1%) y mayor que en la construcción (6,4%); en el comercio era el 21,7% y en los servicios sociales el 32,9% (ambos de baja productividad). Además, la productividad global del trabajo es mucho menor si se considera la producción por persona activa (sin discriminar si está o no empleada) y no por persona ocupada. La desocupación tira abajo los índices de productividad de la economía, por la fuerte reducción del sector moderno. También es falso el argumento de que los desocupados "no trabajan porque no quieren". Por definición, el INDEC considera como desocupados a quienes buscan trabajo; además, hay 2 millones de subocupados que demandan empleo 3. Otro argumento es que fue la devaluación de 2002 la que provocó la desocupación. Si bien es cierto que la devaluación tal como fue realizada afectó con fuerza al salario real 4, la desocupación masiva fue la consecuencia de la convertibilidad, no de su abandono, como muestra con claridad el cuadro. Frente a esta catástrofe, que llevó a la degradación del sistema productivo y al desempleo masivo, aparecen en principio dos campos de acción: por una parte, el crecimiento de la economía global; por otra, la acción del Estado, como "empleador en última instancia", como constructor de obra pública y como educador. El crecimiento globalEl motor de la ocupación es la actividad económica. Pero ¿qué sucede cuando el desempleo llega a tasas muy altas y provoca la exclusión social de gran parte de la población? Ya no hay tiempo para esperar la creación normal de empleo que va asociada al crecimiento. En la post-convertibilidad, una estimación razonable calcula en cerca de 0,55 la elasticidad-empleo del aumento del PBI (se trata del porcentaje en que crece el empleo por cada punto porcentual de variación del PBI) 5. En esta hipótesis, un incremento del PBI del 6% en 2004 significaría un aumento del empleo de 3,3 puntos (alrededor de 500.000 puestos de trabajo). Pero en un contexto semejante, la absorción de mano de obra por el sector privado puede ser incentivada por el Estado. Un camino posible es una política de salarios que otorgue más poder de compra; otra, la asignación de créditos que estimulen la actividad productiva. Una tercera, más específica, es el Componente Solidario de Inserción Laboral, incorporado al Plan Jefes y Jefas de Hogar, por el cual las empresas podrán contratar por seis meses a beneficiarios del Plan descontando del salario básico del convenio laboral los 150 pesos que ya reciben por el Plan; al cabo de los seis meses podrán optar por incorporarlos a su plantel o rescindir el contrato. En la actualidad, el Estado cumple una importante función de combate al desempleo; de modo directo con los programas de apoyo social, e indirecto con los planes de inversión pública. Para fines sociales vinculados al empleo, el proyecto de Presupuesto para 2004 asigna 7.710 millones de pesos 6. A su vez, el Plan Nacional de Inversiones Públicas prevé 1.500 millones de pesos para las obras a iniciarse en 2004. El remedio social más importante que se aplica actualmente es el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que reconoce el derecho familiar de inclusión social, a través de una ayuda económica (150 pesos mensuales). A fines de 2003, los beneficiarios del Plan eran 2 millones de personas y los costos de alrededor de 3.400 millones de pesos anuales. Cerca de 800.000 personas hacían una contraprestación. El segundo instrumento, la obra pública, constituye la receta tradicional cuando una economía cae en la recesión y el desempleo. La práctica de Franklin D. Roosevelt y la teoría de Keynes no parecen dejar lugar a dudas. Un cálculo de los efectos directos e indirectos de 1.000 millones de pesos de inversión pública en infraestructura (con el 59% del gasto aplicado a vivienda), muestra que esa suma generaría 42.000 puestos de trabajo 7. El tercer procedimiento posible es un Plan de Enseñanza Primaria Completa. Las acciones de desarrollo global y de planes de inversión pública constituyen la solución de fondo, pero requieren tiempo y entretanto no es tolerable que 2,4 millones de personas permanezcan excluidas. Un programa de educación a gran escala para las 960.000 personas sin instrucción y los 3,7 millones con instrucción primaria incompleta 8, sería un invalorable aporte al problema del empleo y la manera de empezar a resolver por la base el atraso educativo. En una primera etapa podría abarcarse a un millón de personas de cualquier edad, que serían incorporadas a la educación formal hasta que completen la educación primaria. Un programa educativo semejante sería un medio de cumplir con la obligación constitucional de asegurar la educación primaria y restaría un millón de personas a la masa de desocupados. El Ministerio de Educación ya ejecuta un plan de becas para estudiantes de entre 13 y 19 años que están en riesgo de abandonar sus estudios por pertenecer a familias pobres o indigentes; en 2002 hubo 327.000 becados. El financiamientoLas políticas de empleo deben basarse entonces en crecimiento global y planes específicos. El problema es cómo financiar esos planes. Con números muy gruesos puede señalarse un orden de magnitud. El año 2004 comienza con 2,4 millones de desocupados. De ellos, el crecimiento previsto de la economía puede absorber cerca de 500.000 personas. Pero si se duplicara la asignación para obra pública, que asciende a 1.500 millones de pesos anuales, sería posible crear 126.000 nuevos puestos. El Plan Enseñanza Primaria Completa sugerido para cubrir a un millón de personas, con una asignación mensual de 200 pesos, implica una erogación en gastos de becas, docencia, administración, construcción y equipamiento cercana a los 3.500 millones de pesos anuales. Los gastos para crear 626.000 nuevos puestos de trabajo y colocar a un millón de personas en el plan educativo (lo que disminuiría la tasa de desempleo abierto a un dígito), serían entonces los 3.500 millones de pesos del Plan Jefes; 3.400 millones para asistencia social; 3.000 millones del Plan de Inversiones Públicas y 3.500 millones en el Plan de Enseñanza. En total, 13.400 millones de pesos. En el Presupuesto Nacional para 2004 se prevén 7.710 millones de pesos para promoción y asistencia social, y 1.500 millones para inversiones públicas; en total, 9.210 millones. Para cubrir el saldo existe la posibilidad de aplicar algunos de los impuestos previstos por el actual Director Nacional de Aduanas, José Sbattella, que llegan a los 9.500 millones de pesos con la restitución de los aportes patronales totales (3.939 millones de pesos); un impuesto a la renta financiera del 30% (3.804 millones); el ahorro por eliminación de las comisiones de las AFJP (870 millones) y un impuesto del 1% a las operaciones bursátiles (868 millones) 9. Con este esquema sólo se intenta demostrar, con rasgos muy gruesos, que es posible un combate "relámpago" contra la desocupación. Integrarse... ¿en qué modelo?El desempleo masivo de los '90 no es el resultado de la maldad intrínseca de algunos decisores, de su aparente demencia o de efectos perversos. Aquello que Albert Hirschmann llamaba la "retórica reaccionaria" 10 no describe a la sociedad, aunque califica a sus enunciadores. Más bien ocurre que la élite empresaria y económica de esos años obtenía tasas de ganancia satisfactorias con la mitad de la población fuera de la sociedad. De allí que el problema de la desocupación masiva tiene una raigambre en la "racionalidad" económica de los grupos dominantes, a la vez que es una cuestión política, pues no será este mercado el que de modo "espontáneo" resuelva un problema que es más bien percibido como un "daño colateral", cuando no una ventaja. El modelo concentrador puede funcionar con poca gente adentro. En su lógica de acción interesan los consumos de los grupos solventes de ingresos altos y medios y la exportación; puede prescindir del mercado interno a gran escala. Es el antifordismo: no necesita que los obreros consuman lo que el sistema produce. Más aun, la existencia de desocupados es funcional al modelo de concentración; así es posible manejar a antojo los salarios y las condiciones de trabajo. Es el mejor ataque contra la legislación protectora de los trabajadores y contra la acción sindical. El excluido siente que progresa cuando consigue un puesto para ser explotado. Decisión política e instrumentación económica son los dos elementos fundamentales en la lucha contra la desocupación. Pero además hay un componente suplementario: cuando la desocupación es baja, se habla de incorporar personas a la estructura existente. Pero cuando la desocupación es el hecho estructurante, la inclusión masiva no deja intacta a la sociedad. Un modelo económico que reintegre a la sociedad a los millones de marginados trae como consecuencia una transformación de esa sociedad. En el modelo de consumo masivo el motor económico es, primero, el aumento de productividad que significa pasar de desocupado o subocupado a ocupado pleno y de una economía de servicios de baja calidad, a un sistema productivo basado en la industria y los servicios de alto valor agregado. Segundo, una demanda sostenida de consumo popular poco intensiva en importaciones, que sustente un proceso de inversión 11. La integración no se realiza entonces en el marco social anterior, sino en uno dinámico, de nuevas o renovadas experiencias sociales, por efecto de la inclusión masiva. En una dimensión más política, la integración implica desarmar el "ejército de reserva" de desocupados, lo que significa pasar de las prácticas clientelistas y la visión asistencialista, cuyo actor social es el asistido, a un funcionamiento económico con eje en el asalariado/consumidor, capaz de sindicarse, participar en partidos políticos y ejercer, ni más ni menos, sus derechos ciudadanos. La cuestión del trabajo en Argentina no es tan sólo un tema técnico, sino que es antes que nada una decisión política en términos de acumulación de poder, es decir de manejo de la economía. Es imposible integrar la mitad de la población (los pobres e indigentes) a la sociedad actual, que no tiene ni la vocación ni las estructuras necesarias para asimilar el regreso de 16 millones de personas a la vida social plena. Los gobernantes actuales tienen la increíble suerte y la terrible responsabilidad de pensar un país nuevo a medida que caminan.
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