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Perspectivas de la deuda externa

La reestructuración actualmente en curso de la deuda externa argentina representa un positivo cambio de criterio respecto a administraciones anteriores. Pero de cualquier modo –y suponiendo que no haya mayores concesiones– honrar los nuevos compromisos supondrá la concreción de una serie de hipótesis previas. Alternativas posibles ante una nueva crisis o un endurecimiento de las condiciones del FMI.

La próxima reestructuración de la deuda en los términos propuestos por Argentina muestra un cambio de lógica. Antes, la posibilidad de acceder a un nuevo endeudamiento externo era vista como la premisa del crecimiento, de modo que la economía era sometida a un mecanismo de ajuste permanente que garantizaba el pago de intereses (ése era el objetivo de la "ley de déficit cero") y que en los hechos llevaba a una explosión de endeudamiento a tasas crecientes. El "megacanje" de 2001 es el ejemplo más notorio.

En cambio, el planteo del gobierno actual es estimar cuánta deuda se puede pagar sin estrangular el desarrollo, a partir de una premisa racional: el restablecimiento de los flujos de capital privado es la consecuencia de una política de crecimiento; no su causa. Con este propósito, el gobierno argentino presentó a los acreedores privados una propuesta que incluye una quita de capital, una reducción de los intereses y un perfil de amortizaciones de acuerdo con una estimación de la capacidad de pagos del país.

Según datos del Ministerio de Economía, la deuda del sector público nacional al 30-6-04 ascendía a 181.202 millones de dólares (cerca del 120% del PIB). De ellos, 78.648 millones (el 43,4%) se pagan con normalidad; 66.339 millones (el 36,6%) están en situación de pago diferido y existen atrasos de capital e intereses por 36.215 millones (el 20,0%).

En la actualidad el gobierno negocia una salida del default con los acreedores privados, que afecta a bonos por 81.800 millones de dólares. A tal efecto, propone una quita del 75%, que implica una disminución de 61.350 millones sobre el capital, que se reduce así a 20.450 millones. A ese monto se agregan 18.200 millones de intereses acumulados hasta diciembre de 2003, todo lo cual configura una deuda nueva de 38.650 millones de dólares, que reemplaza a la anterior.

Se sustituiría así la deuda en default por tres tipos de bonos 1. El monto total a ser emitido equivale a cerca de 43.200 millones de dólares 2. Si bien la reducción nominal del capital de la deuda resulta inferior al 75%, la rebaja efectiva de la deuda debe ser calculada teniendo en cuenta que la tasa de interés promedio debería ser inferior a la que podría tomarse como tasa "normal" para Argentina, y lo es sin duda respecto de la que se pagaba antes, que era usuraria.

De concretarse finalmente en estos términos, ¿sería esta reestructuración suficiente para hacer viable el servicio de la deuda? Lo primero a considerar es que el endeudamiento resultante sigue siendo muy importante: casi 80% del PIB  (una potencia como Brasil pena para honrar su deuda del 60% del PIB). Para enfrentar los pagos de intereses y amortizaciones, el gobierno contará con un superávit presupuestario primario para la Nación del 2,7% como hipótesis de base, en tanto el crecimiento promedio del PIB es proyectado en 3% anual a partir de 2006 3. Por supuesto, si no se cumplieran esas premisas o se enfrentara una crisis nacional o internacional, deberían replantearse las soluciones.

El cuadro muestra la situación de los servicios de la deuda externa hasta 2010. Antes de la renegociación, los compromisos por intereses de la deuda en default entre 2005 y 2008 llegaban a alrededor de 4.000 millones de dólares anuales y las amortizaciones eran de cerca de 7.000 millones anuales (más del 20% del PIB). De no producirse alteraciones de último momento, la deuda reestructurada, en cambio, empezaría a pagar vencimientos de capital dentro de 20 años y los pagos de intereses comenzarían a ser importantes (1,5% del PIB) a partir de 2015.

Sin embargo, la estructura de vencimientos del resto de la deuda pública (la que no está en default) es mucho menos favorable. Es preciso ante todo definir si se trata de un problema de solvencia o de liquidez. Si la deuda pública existente después de la reestructuración resultase aún impagable, sería un problema de solvencia. Pero si fuese posible pagar parte del servicio de la deuda con nuevos financiamientos sin que ello condujese a una nueva espiral de endeudamiento, entonces sería un problema de liquidez.

Un simple ejercicio de simulación permite fijar órdenes de magnitud. Suponiendo que el FMI refinanciara el 90% de los vencimientos de capital en los próximos tres años y que desembolsara unos 2.000 millones de dólares los dos años siguientes; suponiendo también que durante los próximos siete años el gobierno colocara nuevos Boden por montos similares a los que vencen (ver gráfico). Los pagos se escalonarían de manera mucho más manejable, aunque serían todavía elevados (iguales o superiores al 3% del PIB) hasta 2017. Lo importante es que, aun emitiendo nueva deuda (para pagar amortizaciones), en este escenario el peso de la deuda en relación al PIB decrece significativamente: en 2012 cae por debajo de 40%, y en 2015 llega a 30%.

Por consiguiente, se puede concluir que tras la reestructuración la deuda pública sería manejable, siempre y cuando se cumpliesen algunas condiciones: que fuese posible mantener un crecimiento económico sostenido y un superávit primario del orden del 3% del PIB, y que resulte posible refinanciar gran parte de los vencimientos de capital del próximo lustro. En particular, habría que reestructurar los vencimientos de capital con el FMI, que constituyen gran parte de las amortizaciones en los próximos años.

Ninguno de estos supuestos está garantizado. El FMI puede resistirse a refinanciar los pagos. Por otro lado, no es en absoluto seguro que se pueda generar ese excedente fiscal sin que en algún momento la continuidad del crecimiento se vea amenazada. El notable superávit actual tiene algunos componentes que no es verosímil ni deseable mantener. Los salarios públicos y las jubilaciones están en niveles demasiado bajos y la inversión pública debe crecer para impulsar el crecimiento. Es necesario entonces buscar nuevos ingresos que sean justos en lo social y eficientes en lo económico.

Si se analiza el problema en términos históricos, las tasas de crecimiento que resultan no son malas. La Argentina agraria (1880-1945) creció al 1,29% anual por habitante; la industrial (1946-1976), al 2,10%; la rentístico-financiera hasta antes del derrumbe (1976-2000), al 0,24% 4. Ahora, las proyecciones de crecimiento con los pagos de deuda programados se ubican alrededor del 2,0% anual por habitante durante 40 años.

Caminos posibles 

¿Qué podría ocurrir en la realidad? La primera posibilidad es que el FMI refinanciase los vencimientos de capital sin imponer condicionalidades inaceptables. Es la solución de rutina en el negocio bancario; se cubren los intereses y se posterga el pago de las cuotas de capital. Por lo demás, ningún acreedor tiene derecho a dictar el modo de vida o las pautas básicas de la economía del deudor; pero el FMI suele exceder sus facultades si su interlocutor es complaciente o sumiso.

La segunda hipótesis es que el FMI no refinancie los vencimientos de capital o imponga condiciones inadmisibles: la exigencia de privatizar los bancos oficiales; el reclamo de un mayor superávit primario; la pretensión de aumentar las tarifas de los servicios públicos; o presiones para la continuidad de las AFJP. En esa situación el casus belli no correría por cuenta de Argentina, que debería evaluar si vale la pena pagar las amortizaciones a su vencimiento y no aceptar las condiciones del FMI desligándose de él 5, o si se acatan sus exigencias a cambio del refinanciamiento.

En el caso de tomarse la decisión política de pagar, sería posible hacerlo con reservas internacionales, a través de créditos privados, o con nuevos impuestos. El pago con reservas es posible pero duro. Otra posibilidad, la menos deseable, consiste en recurrir a préstamos del mercado financiero internacional. Una tercera solución sería aumentar el excedente primario por encima del 3%, lo que puede lograrse de diferentes maneras; en esta hipótesis, la solución menos mala para el interés nacional es que mediante impuestos específicos, el peso del pago de la deuda recayese sobre los grupos de altos ingresos, en especial el sector financiero y los evasores de capitales. Esto no es una utopía, sino una posibilidad concreta, porque esos grupos especuladores ya no gobiernan, como era el caso durante el menemismo.

Existe otra solución para el caso de que el FMI se negase a refinanciar las amortizaciones de capital. Consiste en declarar el default con esa institución y aplicar una quita. No existen razones jurídicas valederas para que se le asigne al FMI la calidad de acreedor privilegiado, como actualmente ocurre. Con mayor razón cuando esa institución carga con la responsabilidad, compartida con las autoridades nacionales de la época, de haber patrocinado la política económica que llevó al país al desastre. Es necesario recordar que el director gerente Michel Camdessus recibió en triunfo en la Asamblea General del FMI de octubre de 1998 al entonces presidente Carlos Menem y que los acuerdos stand-by de esa época consagraron la política de la convertibilidad.

La mayor acreencia del FMI con Argentina es la derivada del "blindaje" otorgado al tándem Domingo Cavallo-Fernando de la Rúa en septiembre de 2001: un préstamo de 8.000 millones de dólares cuando el sistema estaba en caída libre; era obvio que no servirían para nada y fueron evadidos en su casi totalidad. El FMI cometió una evidente mala praxis económica, que fue reconocida por su propia Oficina de Evaluación Independiente. El eventual default consistiría, por lo tanto, en la negativa a pagar un préstamo (o aplicarle una quita del 75%) que consistió en una estafa al Estado argentino.

Los beneficiarios

Quién pagará es el meollo del asunto. La deuda externa argentina no es un problema contable, un saldo negativo en un balance. Mucho más que eso, es el modo de implantar y reproducir un sistema de exacción que perjudica a la Nación y a la mayoría del pueblo. Corresponde adoptar entonces un criterio político. Un paralelo con la economía privada -tan grato a los neoliberales- mostraría a una empresa que fue vaciada por un pequeño grupo de directores y que dejó en la miseria a casi todos sus obreros y empleados. ¿Qué ocurriría si se tratase de obligar a la mayoría de los estafados a pagar la totalidad de la deuda que los directivos contrajeron y aprovecharon para fines personales?

El detonante de la crisis de 2001 fue la enorme evasión de capitales de ese año, que llegó a los 16.000 millones de dólares. Fueron operaciones legales que contribuyeron a vaciar al país. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que examinó esa evasión masiva tiene los nombres de los evasores y los montos transferidos. En 2002, la evasión fue de 15.000 millones de dólares. Habría que investigar en cada caso si las sumas transferidas al exterior estaban declaradas y justificadas ante la Dirección General Impositiva; de otro modo, son pasibles de las sanciones correspondientes.

En cualquier caso y aunque no haya habido dolo, debe aplicarse un impuesto extraordinario a los argentinos que tienen bienes físicos y financieros en el exterior. Este monto, para junio de 2004, fue calculado en 125.335 millones de dólares e incluía inversiones directas, depósitos y activos con y sin devengamiento de renta 6. La legislación nacional grava a esos activos; el problema es que rara vez se declaran. Podría acordarse con los gobiernos de los países a los que emigraron esos capitales que faciliten el cobro de esos impuestos, lo que está dentro de las leyes y los hábitos de los países desarrollados. Para empezar, los padrones inmobiliarios de Miami y Punta del Este son públicos.

En síntesis, para que paguen los beneficiarios de la deuda es necesario tanto una reforma fiscal (Sbattella, pág. 6) como un impuesto extraordinario a quienes tienen bienes en el exterior, que capte además una parte sustancial de las ganancias extraordinarias que tuvieron con la devaluación. Los tenedores de dólares triplicaron su capital en pesos...

Es hora de que los agentes económicos respondan por sus actos.

La deuda externa no sirvió al interés nacional sino al enriquecimiento de grupos financieros y empresarios, y fue un importante instrumento para que el FMI impusiera una política neoliberal. Ante la grave crisis producida por estas políticas irresponsables (para ser suaves en la calificación), lo justo es que paguen quienes se beneficiaron con el endeudamiento del país.

  1. Se trata de un bono "par", sin descuento de capital pero con vencimientos alejados (empiezan después de 25 años y concluyen en el año 35) y tasas de interés bajas (van subiendo lentamente desde 2,1% hasta 5,25%); un bono con un descuento nominal cercano a 63%, a 30 años y con tasa de interés más alta (8,51%), aunque una parte de los intereses no se paga los primeros años, sino que se suma al capital; y un bono "cuasipar" con un descuento de 30%, en pesos indexados por el CER y una tasa de interés de 6%. Este último, el de más largo plazo (42 años) estaría destinado casi en su totalidad a las AFJP.
  2. Comisión de Valores de Estados Unidos, Informe Anual de la República Argentina         (www.mecon.gov.ar).
  3. Declaraciones del ministro de Economía Roberto Lavagna, Clarín, Buenos Aires, 2-6-04.
  4. Se partió de la hipótesis de un crecimiento real de 8% en 2004, 5% en 2005 y 3% de allí en más; y de que el valor del dólar permanece estable, salvo en los primeros años, en que aumenta menos que la inflación. Las cifras hasta 1992 son de Angus Maddison, L'économie mondiale, 1820, 1992. Analyse et statistique, OCDE, París, 1995. Las cifras posteriores son del Ministerio de Economía.
  5. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, "Hay opciones ante al FMI", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2004.
  6. Ministerio de Economía, INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Estimaciones trimestrales del balance de pagos y de activos y pasivos externos.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 65 - Noviembre 2004
Páginas:4,5
Temas Deuda Externa
Países Argentina