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El agua, una renegociación testigo

Las demoras en la renegociación de los contratos de los servicios públicos privatizados ponen en duda su continuidad y el tipo de concesión que se estructurará en cada sector. En este marco, las definiciones en torno a la concesión de agua y saneamiento ambiental con la empresa Aguas Argentinas SA (cuyo control accionario está en manos del grupo francés Suez) serán claves, ya que pueden constituirse en caso testigo de las políticas futuras en el sector. Asimismo, darán la pauta de las verdaderas intenciones del gobierno.

Según el Acta Acuerdo firmada en mayo de este año, el próximo 31 de diciembre deberá quedar conformado un contrato definitivo, pero todo indica que no están dadas las condiciones para lograrlo. "Es casi imposible" que se termine el año con la firma de un nuevo contrato con el Estado, aventuraron fuentes de Aguas Argentinas SA (AASA).

En un análisis preliminar se pueden delinear tres escenarios posibles: que el Estado tenga una mayor participación en la concesión en materia de inversiones; que se establezca un sistema de gerenciamiento, como sugieren algunos sectores del gobierno 1; que se rescinda el contrato y se plantee un tipo de gestión que incluya una eventual segmentación del servicio. Por lo que surge de diversos documentos oficiales, los incumplimientos empresarios no son producto de la salida de la convertibilidad y la crisis financiera: "a pesar de la flexibilización de las obligaciones contractuales introducidas en la renegociación de 1997, algunos incumplimientos no son recientes y se han reiterado desde ejercicios anteriores" 2.

La privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) se inició con el llamado a licitación pública nacional e internacional. Por haber ofrecido el mayor descuento respecto de la tarifa vigente al momento de la transferencia, AASA ganó la concesión, que abarcaba la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense 3. El contrato de concesión establecía un plan de inversión para la expansión y calidad del servicio -Plan de Mejoras y Expansión del Servicio (PMES)- conformado por seis planes quinquenales.

En su informe sobre el grado de cumplimiento del contrato, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) concluye que AASA no cumplió las metas ni del primer quinquenio (1993-1998) ni de parte del segundo (1999-2003). En los primeros cinco años, ejecutó el 58% de las inversiones. En 2001, el 62% y en 2002, el 19%. En la empresa consideran que el ETOSS "comete errores" de cálculo y aportan datos sustancialmente diferentes: 85% de cumplimiento en el primer quinquenio y 70% en lo que va del segundo.

Más allá de las diferentes interpretaciones, el ETOSS sancionó en diversas oportunidades a la empresa por los perjuicios sanitarios y los desequilibrios hídricos generados, con multas por 40.603.114 pesos. De ese total, el ente advierte que la compañía pagó el 57,85% (23.488.466 pesos). Del lado privado, en cambio, aclaran que se depositó el 64% de lo multado y que el resto de las sanciones están en trámite de impugnación.

Los siguientes son algunos de los incumplimientos señalados en diversos documentos oficiales, como el "Informe sobre el grado de cumplimiento alcanzado por el Contrato de Concesión de Aguas Argentinas SA", elaborado por el ETOSS en respuesta a lo solicitado por Nota UNIREN Nº 73 del 15-8-03; el "Informe del equipo técnico de negociación y análisis, Sector agua y saneamiento sobre el proyecto de acta acuerdo 2004"; el "Informe Final de Fase II" (4/11/02) y Resoluciones de la Auditoría General de la Nación (AGN). También se incluyen las respuestas de la empresa a los estudios mencionados.

Cobertura del servicio

En su informe, el ETOSS calcula un grado de cobertura menor al comprometido. En agua potable: 79% realizado y 88% comprometido. En desagües cloacales: 63% y 74% respectivamente. En los hechos, esto significa que 800.000 personas están sin agua y 1.032.000, sin cloaca. A su vez, la AGN afirma que de los efluentes generados por 5.744.000 habitantes que transporta la red cloacal, sólo el 12% recibe tratamiento final. La deficiencia en la expansión de cloacas incidió en el desequilibrio hídrico de algunas regiones de la concesión y en su contaminación. El déficit de redes cloacales en relación con la cantidad de población provocó inundaciones y contaminación de las napas de superficie 4. La empresa se desliga de esta problemática atribuyendo a cuestiones climatológicas y topográficas (modificación de la costa, cierre de las industrias, deforestación, traza de autopistas) el ascenso de las napas. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una acción de amparo promovida por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica "18 de octubre", de Quilmes. La Justicia probó que el potencial "desastre sanitario" se generó por la importación constante e irracional de agua desde el Río de la Plata 5; la desactivación del sistema de extracción de aguas subterráneas y el sellado de los pozos de explotación locales; el déficit de la red cloacal y del tratamiento de efluentes, lo que provoca que el agua se filtre directamente en las napas y no vuelva al Río de la Plata; la negligencia de la concesionaria y el órgano de control por las pérdidas técnicas de las redes de distribución de agua potable. Por este motivo, ordenó que se restablezca la extracción de agua subterránea a través de los pozos de explotación y la colocación de bombas depresoras para equilibrar el sistema hidráulico. Más problemático aun es que "el agua que actualmente consumen los habitantes de Quilmes no es una garantía para la comunidad, porque el Río de la Plata está contaminado", señala Osvaldo Tondino, de la Federación de Entidades de Fomento del Partido de Quilmes. De hecho, un estudio de la Universidad de La Plata constató altos niveles de PCB  que llegan al río por el colector de la localidad de Berazategui, donde aún no se construyó la planta de tratamiento de efluentes cloacales 6.

Calidad del servicio

Actualmente, en casi el 70% de la red, la presión del agua es menor a la que exige el contrato "desde el día de toma de posesión", afirma el ETOSS 7. La concesionaria asegura por su parte que "la mínima cantidad de reclamos" permite "corroborar" que los riesgos de baja presión se dan sólo en el 4% del área. A causa de este problema, el ente estableció un régimen de compensaciones tarifarias para aquellos usuarios que no recibían una presión satisfactoria (Res. ETOSS 29/99) 8. Paralelamente, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 le ordenó a la empresa cumplir con dicha resolución, por lo que AASA debería devolver a los usuarios más de cuatrocientos millones de pesos.

Micromedición del servicio

Otro aspecto que debería resolver la renegociación es la instalación de medidores. Si no se llega a un acuerdo, la empresa estaría obligada a devolver montos elevadísimos en concepto de refacturación, según una resolución del ETOSS. La empresa debía instalar medidores a los usuarios no residenciales. La obra fue prorrogada por dos años. Como en 1995 los usuarios seguían sin medición, el ETOSS estableció un régimen de opción por parte de tales usuarios. "Uno podría interpretar que esto estaba fuera del marco regulatorio", estima Américo García, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. En el año 2001, se determinó que AASA comprobara que había hecho optar a los usuarios (Res. ETOSS 18/01). Y se dispuso la devolución del 50% de la tarifa básica a los que no habían sido notificados. "Se notificó a todos los usuarios, pero no todos respondieron", se defiende la empresa. Tiempo después, el ente calculó el monto que debía devolverse a los usuarios si se cumplía la Res. 18/01: 221.650.998 pesos por refacturación, 714.202.606 pesos por intereses compensatorios y 55.412.749 pesos por compensación según Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (Nota ETOSS N° 18930 del 09/02/04).

Los incumplimientos y las multas impuestas a la empresa ponen en evidencia que el sistema regulatorio actual es insuficiente, ya que el control ex-post no permite encarar acciones correctivas cuando se detectan desvíos en la ejecución de inversiones, argumenta la AGN.

Acuerdo preliminar

El gobierno y AASA suscribieron el 11 de mayo pasado un Acta Acuerdo transitoria que fija las reglas de la discusión sobre el contrato de concesión. El acuerdo establece compromisos de inversión por 242 millones de pesos en obras de expansión -recursos que según el contrato provendrían de la recaudación tarifaria y no de aportes de la empresa-, el congelamiento de las tarifas y la suspensión de las multas impuestas por el ETOSS durante el año 2004.

La empresa se comprometió a suspender la demanda que formuló ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la cuestión de fondo 9, pero continúa el trámite administrativo, confirma Adriana Lauro, directora de Comunicación y Marketing de la firma. Sin embargo, en el Ministerio de Economía sostienen que la firma del Acta Acuerdo suspende el trámite en su totalidad.

Por otra parte, el gobierno argentino asumió la deuda que AASA tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un crédito que Obras Sanitarias de la Nacion había solicitado y traspasado a la empresa cuando se privatizó el servicio.

Ciertas cláusulas del Acta muestran claramente una mayor injerencia del Estado, encargado del plan y las condiciones de las obras a realizar. Esto podría interpretarse como antecedente de un eventual modelo de gerenciamiento. A su vez, la existencia de un Fondo Fiduciario 10 destinado a financiar parte de las obras quita discrecionalidad a la empresa en el manejo de los recursos. "El Estado empieza a tener mayor presencia en las concesiones", afirma a el Dipló un funcionario del Ministerio de Economía.

A pesar de las críticas al Poder Ejecutivo por los "errores de procedimiento" 11, los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas dieron un dictamen favorable al Acta Acuerdo y habilitaron su tratamiento parlamentario. Dentro de la Comisión, las opiniones estuvieron divididas: los oficialistas se ampararon en la "prudencia política" para dar su consentimiento; las diputadas duhaldistas Mabel Müller y Graciela Camaño firmaron en disidencia; Silvina Leonelli, de la Unión Cívica Radical, y Maria América González, del ARI, rechazaron el acta suscripta. González interpuso una acción de amparo, junto a los diputados José Pérez y Marta Maffei, "a fin de que se declare la nulidad del Decreto 735/2004 (...) por resultar violatorio de la Constitución Nacional".

El acuerdo provisorio deja entrever que Argentina y Francia (una de cuyas principales empresas tiene el control de AASA) están discutiendo temas que exceden el marco de este servicio. El apoyo francés a Argentina en la renegociación de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) es considerado como fundamental por la actual gestión. El presidente Néstor Kirchner no sólo reivindicó la negociación, sino que agradeció a Francia por apoyar a Argentina frente al FMI: "En los momentos más difíciles, más álgidos de la discusión con el FMI, siempre Argentina contó con la actitud solidaria del gobierno francés; sabemos que la vamos a seguir teniendo y eso para nosotros tiene un valor muy importante" 12.

Evolución tarifaria

Además de modificar los planes de inversión del contrato original, los sucesivos decretos y resoluciones también incidieron en la evolución tarifaria. Aunque el contrato de concesión prohibía aumentar la tarifa durante los primeros diez años de la prestación, el ETOSS estima que la factura media de los usuarios residenciales creció un 88% durante el período de la concesión, mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó el 7,3%.

Por su parte, la empresa critica los criterios de referencia utilizados por el ente y explica los motivos del "reconocido" aumento. Sostiene que los valores de referencia fueron actualizados por el ETOSS por "no reflejar los verdaderos costos del mercado". Por el contrario, los pedidos de reestructuración tarifaria surgieron de la compañía. AASA agrega que "los valores de la oferta (agosto 1992) sufrieron un ajuste por mayores costos". Cabe preguntarse entonces por qué el descuento ofrecido por el concesionario en la licitación fue tan bajo, puesto que no "reflejaba" los costos "necesarios" para operar el servicio. "Se trató, como quedó demostrado (...) de ofertas oportunistas, estructuradas a partir de propuestas de precios ‘predatorios', que luego serían renegociadas en sucesivas ocasiones con el poder concedente", según especialistas 13.

Los diversos análisis realizados en torno a la evolución tarifaria presentan contradicciones. Más allá del reconocimiento de los ajustes por parte de la firma, un documento 14 elaborado por el Grupo Suez, operador y accionista mayoritario de Aguas Argentinas SA, muestra que la factura se redujo entre octubre de 1992 (ocho meses antes de la transferencia) y enero de 2001 y que la tarifa base (factor "K") tuvo una evolución inferior al IPC. Pero el Grupo Suez omite tres aspectos fundamentales: 1) entre octubre de 1992 y abril de 1993 -el mes anterior a la transferencia de la empresa- el IPC se incrementó un 4,2%. Por su parte, entre mayo de 1993 -cuando Aguas Argentinas se hizo cargo del servicio- y diciembre de 2001, el IPC sólo se incrementó el 2,4%; 2) la empresa finaliza su análisis en diciembre de 2001, dejando afuera el incremento del 4,4%, efectuado en el factor "K", el 1º de enero de 2002 y; 3) al tomar sólo el factor "K" para avalar su argumento, pasa por alto los cargos fijos sumados a la factura, que elevaron considerablemente el costo real del servicio.

Por otro lado, un informe de la ex Comisión Renegociadora (actual UNIREN) expone que los aumentos afectaron la configuración de la tarifa básica convenida en el contrato original e incrementaron en forma desproporcionada la tarifa de los que menos pagan. En el escrito oficial consta que los usuarios afrontaron un aumento promedio de entre 54 y 65% por cargos adicionales sobre los consumos, aumentos netos en la tarifa básica y cargos no previstos propuestos con el argumento de invertir en obras que luego no se realizaron (UNIREN: Informe final-Fase II de la renegociación).

Desde un análisis más agregado, los relevamientos realizados por el INDEC -Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares del período 1985-1986 y la del período 1996-1997- permiten ver que no sólo se incrementó la tarifa sino que los más perjudicados fueron los hogares de menores recursos 15. En el servicio de aguas y cloacas, esto se debió básicamente a la incorporación de cargos fijos, que inciden más fuertemente en el gasto de los que menos consumen. Traducido en números: mientras el promedio de los hogares destina el 1,9% de sus gastos al pago de este servicio, el 10% de la población de mayores ingresos del Gran Buenos Aires usa el 1,3%; pero el 10% más pobre, el 9%...

En términos más generales, puede decirse que la acción de las empresas de servicios públicos privatizadas (AASA es un ejemplo) no favoreció precisamente a los sectores más pobres. Por el contrario, fue funcional al modelo económico de los años noventa: concentrador en lo económico y excluyente en lo social 16.

Escenarios futuros

A las intenciones oficiales -aún no admitidas abiertamente- de ir hacia un modelo de gerenciamiento, se agregó en los últimos días una propuesta del ETOSS para sentar las "Bases para una nueva estrategia de los servicios de agua, cloacas y saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos de la provincia de Buenos Aires concesionados a Aguas Argentinas S.A.". La nota, número 020278, fue elevada a la UNIREN el 22 de septiembre pasado.

El documento del ETOSS propone una "redefinición de los roles actuales de las instancias de decisión política, los organismos de regulación y control y los proveedores de los servicios". Plantea como objetivos de la concesión en el futuro "el equilibrio social de la prestación"; "procurar la competencia"; "potenciar el rol del Fideicomiso" para la financiación de obras; "priorizar la micromedición", la colocación de medidores a los usuarios, e "institucionalizar y reglamentar la presencia de operadores desvinculados". En lo que hace a "regulación y control", destaca que un solo operador hace más sencillo el control, pero dificulta la comparación, mientras que varios operadores hacen más compleja la verificación, pero se puede contrastar uno con otro. El texto también recorre rubros como "descontaminación", "financiamiento", "riesgo financiero", "incentivos a la eficiencia", entre otros. Y en todos encuentra ventajas en la división de la concesión en partes más pequeñas.

La propuesta de que otros operadores privados ingresen a gestionar áreas menores de la concesión se topó con el rechazo de AASA y del gremio que agrupa a sus trabajadores, liderado por José Luis Lingieri 17.

El director ejecutivo de la empresa, Jean Bernard Lemire, señaló que "la inversión del futuro no es una cuestión de número de operadores, es un problema de confianza y, en tanto no haya un marco jurídico, económico-financiero sustentable, no puede haber un flujo sostenido de capitales" 18. Lemire advirtió sobre el riesgo de "fragmentar la empresa con el argumento de que con más operadores habrá mayor eficiencia y más inversiones" y reclamó "seguridad jurídica".

Entre tanto, AASA debía presentar a la UNIREN su propio proyecto de un nuevo contrato de concesión. La firma pidió una prórroga para que una misión llegada de Francia revisara la propuesta que había elaborado. El punto principal en debate es el aumento de ingresos del 60% reclamado por la empresa.

A dos meses de la firma definitiva del contrato, la evolución de las negociaciones genera incertidumbre sobre el destino de la concesión. Por un lado, porque -tal como figuran en los informes oficiales- hay suficientes argumentos para rescindir el contrato e incluso aplicar multas u otras sanciones a la empresa. Por otro, porque la empresa está en una dificultosa situación financiera: si bien reestructuró parte de su deuda con el exterior, sus obligaciones son más de veinte veces superiores a su patrimonio. Además, los retrasos en la cobertura y el deterioro medio-ambiental requieren inversiones en expansión y planes de saneamiento mayores a los previstos originalmente. Por último, porque las últimas declaraciones de las autoridades de la empresa, muestran que AASA no está dispuesta a admitir las propuestas del Gobierno: "Nosotros sostenemos el modelo de concesión actual", concluye Adriana Lauro.

  1. En un sistema de gerenciamiento, el Estado tiene a cargo el mantenimiento de las instalaciones y la planificación y ejecución de los programas de expansión. Sin embargo, desde el aspecto legal, tal propuesta no podría encararse como una readecuación del contrato vigente, sino que demandaría un nuevo concurso de ofertas.
  2. La primera revisión quinquenal del PMES debía concluir el 1º de mayo de 1998. Pero a partir de lo acordado en el Acta Acuerdo de 1997 -Dec. PEN Nº 1167/97- se trasladó la finalización del quinquenio al 31-12-1998. De esta forma se amplió en ocho meses el plazo para el cumplimiento de las metas de inversión.
  3. El 16-2-96 se incorporó el partido de Quilmes como área nueva de la Concesión de AASA. Hasta ese momento, el distrito recibía agua potable y descargas cloacales en bloque. (Decreto Nº 152/96, Boletín Oficial 22/02/96).
  4. Según el contrato de concesión, el riesgo de inundaciones medido durante cada año de la concesión por causa de desbordes de conductos cloacales se debía eliminar gradualmente dentro de los primeros cinco años.
  5. El sistema debe ser un elemento variable, en función del equilibrio hidráulico y los niveles probados de contaminación y nunca un elemento constante. Si se comprueba que el régimen se encuentra en fase de desborde de las napas subterráneas, (muy cerca de la superficie), debe suspenderse la importación del agua al sistema, ya que este factor se transforma de equilibrante en desequilibrante.
  6. El Día, La Plata, 27-12-04.
  7. El Contrato de Concesión establece que "el suministro de agua potable debe realizarse manteniendo una presión disponible de diez metros de columna de agua medida sobre la cota del nivel de vereda". (Numeral 4.5)
  8. La Resolución 29/99 declara que "debe negarse el derecho de la Concesionaria a facturar por las prestaciones no cumplidas".
  9. La empresa le inició un juicio al Estado argentino en el CIADI (tribunal arbitral en el que tiene fuerte injerencia el Banco Mundial). A su juicio, el Estado debe resarcirla por haber "violado" la "seguridad jurídica" con el abandono del Plan de Convertibilidad a fines del año 2001.
  10. El Fondo Fiduciario fue creado mediante el Acta Acuerdo de fecha 9-1-01. Este fondo está conformado por los aumentos tarifarios de enero de 2001.
  11. El cuestionamiento al Gobierno se produjo porque el Poder Ejecutivo debía solicitar autorización al Parlamento antes de firmar ningún documento.
  12. Discurso del presidente Néstor Kirchner en la celebración de la firma del Acta Acuerdo.
  13. Daniel Azpiazu y Karina Forcinito, "Historia de un fracaso. La privatización del sistema de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires", en Daniel Azpiazu, Andrea Catenazzi y Karina Forcinito, Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2004. También Manuel Abdala y Pablo Spiller, Instituciones, contratos y regulación en Argentina, Editorial Temas, 1999 y Emilio Lentini, "Diagnóstico y soluciones para la regulación del servicio de agua del Gran Buenos Aires. Perspectivas argentina y latinoamericana. Cómo pensar el problema", enero 2000, mimeo.
  14. Alex Loftus y David A. McDonald, "Lessons from Argentina: The Buenos Aires water concession"
    (www.labournet.net/world/0105/arwater2.html).
  15. Camila Arza, "La privatización de los servicios públicos y sus impactos distributivos", en Daniel Azpiazu (comp), Privatizaciones y poder económico, UNQ-FLACSO-IDEP, 2002.
  16. Natalia Aruguete, "A usuarios pobres, servicios más caros", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, noviembre de 2002.
  17. En una entrevista a Radio 10, el 14-07-04, Lingieri se asumió como representante de la empresa: "Nosotros la experiencia la hemos vivido en la empresa a la que yo represento, en este caso Aguas Argentinas. Ha sido una negociación muy dura con el Gobierno. Hubo incumplimientos de un lado y del otro, pero hemos llegado a un acuerdo".
  18. La Nación, Buenos Aires, 1-10-04

Estado de la revisión de los contratos

Isaía, Walter

Con la gestión del presidente Kirchner comenzó una nueva etapa de la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas, y se logró avanzar en algunos aspectos: se firmaron dos acuerdos provisorios, se rescindieron algunos de los contratos más cuestionados y se cambió el diseño de ciertas concesiones. Sin embargo, aún persisten muchas indefiniciones en torno al destino final de algunos servicios públicos estratégicos, en gran medida a causa de la presión ejercida por las firmas prestatarias.
Desde la crisis de 2001, éstas vienen desplegando estrategias tendientes a dilatar los tiempos de renegociación, para conseguir –con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito y de los gobiernos de sus países de origen– una correlación de fuerzas favorable en las negociaciones con el Estado y una mayor legitimación ante la sociedad. Por su parte, la iniciativa oficial se caracteriza por una concentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo y señala a la gestión de Kirchner como un período de transición en la relación Estado-privatizadas-sociedad.
El siguiente es el estado de la negociación de los principales contratos de empresas privatizadas (al 20-10-04).

Telecomunicaciones
Se firmó una Carta de Entendimiento entre las dos compañías (Telefónica de Argentina SA, accionista mayoritario Grupo Telefónica de España; y Telecom Argentina SA, accionista mayoritario Nortel Inversora S.A., sociedad perteneciente a los grupos europeos Telecom Italia y France Telecom) y la UNIREN, el 20 de mayo de 2004. Los respectivos contratos están en proceso de renegociación.

Concesiones Viales
Rutas Nacionales
En octubre de 2003 se relicitaron las concesiones que habían finalizado su gestión. A partir de noviembre de 2003 se unificaron en seis corredores viales. No hay información oficial sobre el desempeño de las concesiones actuales pero, atento a la cláusula “gatillo” incluida en los contratos (aumentos tarifarios ante alzas acumuladas del 5% en el Índice de Costo de la Construcción y el CVS), es probable que se termine por reducir el monto del canon que tributan algunos de los concesionarios o se incrementen los subsidios que perciben.
Red de Accesos a Buenos Aires
El pre-acuerdo entre la UNIREN y las cuatro prestatarias del sector quedó anulado por decisión presidencial. Se dispuso reiniciar las renegociaciones.
Autopistas del Sol S.A.: accionistas mayoritarios Abertis Infraestructuras S.A. (España) e Impregilo International Infraestructures.
Grupo Concesionario del Oeste S.A. (Autopista del Oeste): accionista mayoritario Grupo Roggio. Además, tiene accionistas de capital mexicano y brasileño.
Coviares (Autopista La Plata-Buenos Aires): accionistas mayoritarios Grupo Roggio y Aragón.
Autopista Ezeiza-Cañuelas (Autopista al Sur): accionistas mayoritarios Huarte (España) y Aragón.

Puente Rosario-Victoria: accionista mayoritario Grupo Techint. No existe información oficial sobre si dicho contrato es actualmente objeto de renegociación.

Ferrocarriles
Ferrocarriles de pasajeros
Líneas Belgrano, Roca Sur y San Martín: concesionario Transporte Metropolitano S.A. El empresario local Sergio Taselli es accionista mayoritario del consorcio. El Gobierno rescindió este año la concesión de la ex Línea San Martín. La medida estuvo paralizada por una disposición judicial hasta que la Cámara Contencioso Administrativa dio el visto bueno a la decisión oficial de anular dicho contrato. Los otros contratos de Transporte Metropolitano (Belgrano y Roca), así como las concesiones de los otros ramales, siguen en proceso de renegociación. No existe información oficial sobre su avance.
Ramal Urquiza y Subterráneos: concesionario Metrovías, accionista mayoritario Grupo Roggio.
Belgrano Norte: concesionario Ferrovías, accionista mayoritario Devi Construcciones S.A.
Líneas Mitre y Sarmiento: concesionario Trenes de Buenos Aires (TBA), accionista mayoritario Grupo Roggio.
Ferrocarriles de carga
En proceso de renegociación.
Ferroexpreso Pampeano (corredor Rosario-Bahía Blanca): accionista mayoritario Grupo Techint.
Ferrosur Roca (Línea General Roca): accionista mayoritario Loma Negra (Amalia Lacroze de Fortabat).
Nuevo Central Argentino (Ex Línea Mitre): accionistas mayoritarios Aceitera General Deheza (AGD), de la familia Urquía, Bunge, Arcor y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
América Latina Logística Central: en su composición accionaria prevalecen capitales brasileños.
América Latina Logístico Mesopotámica (Línea General Urquiza): en su composición accionaria prevalecen capitales brasileros.
Línea General Belgrano de cargas: bajo la gestión de la Unión Ferroviaria, en proceso de transferencia al capital privado.

Terminales portuarias
Las 4 terminales se encuentran en proceso de renegociación.
Terminal Río de la Plata (TRP): accionistas mayoritarios P&O Australia Ports PTY LTD. (Australia), Laif Vi Ltd.
Terminales Portuarias Argentinas SA (TPA): accionistas mayoritarios QUATRO INVEST, TRP SA.
Terminal 4: accionistas mayoritarios Maersk Argentina Holding SA., Maersk South American.
BACTSSA: accionista mayoritario IIHC Ltd. (Estados Unidos)

Sistema Nacional de Aeropuertos
Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000): Tiene a su cargo la concesión de 32 aeropuertos de Argentina, accionista mayoritario Eduardo Eurnekian. En proceso de renegociación.

Hidrovía SA: consorcio integrado por el grupo Jan de Nul (Bélgica) y Emepa S.A. (esta firma fue adquirida y reactivada en 1986 por el empresario Gabriel Romero, coterráneo y amigo personal de Raúl Alfonsín). No existe información oficial que indique si es objeto de renegociación o si quedará vigente la renegociación hecha durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Gas Natural
Los segmentos regulados son Transporte y Distribución.
Transporte de gas natural
Las empresas no aceptaron la propuesta de renegociación del gobierno.
Transportadora de Gas del Norte S.A.: accionista mayoritario CMS (Estados Unidos).
Transportadora de Gas del Sur S.A.: accionistas mayoritarios Petrobras (Brasil), ENRON (Estados Unidos) y varios bancos.
Distribución de gas natural
Las empresas no aceptaron la propuesta de renegociación del gobierno.
Camuzzi Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A.: accionista mayoritario Camuzzi (Italia).
Distribuidora de Gas Cuyana S.A.: accionista mayoritario Societá Italiana per il Gas per Azioni (Italia).
Distribuidora de Gas del Centro S.A.: accionista mayoritario Societá Italiana per il Gas per Azioni (Italia).
Gas Natural Ban S.A.: accionista mayoritario Gas Natural Internacional SDG S.A. (España).  
Gas Nea S.A.: accionistas mayoritarios Bridas SAPIC; Servicios del Centro S.A. y Gas del Sur S.A. En esta empresa, el accionista mayoritario era francés y se vendió a la Federación de Luz y Fuerza (FATLYF).
Gasnor S.A.: accionistas mayoritarios Compañía de Consumidores de Gas de Santiago S.A. (GASCO) de Chile y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. de Argentina.
Litoral Gas S.A.: accionista mayoritario Tractebel (Bélgica).
Metrogas S.A.: accionista mayoritario Gas Argentino S.A. (propiedad de British Gas en un 54,67% y de Repsol-YPF en un 45,33%).

Energía Eléctrica
Los segmentos regulados son Transporte y Distribución.
Transporte de Energía Eléctrica
En proceso de renegociación.
Distrocuyo S.A.: accionista mayoritario Electrigal S.A., empresa operadora Electricité de France. También participan con una porción accionaria los gobiernos de las Provincias de Mendoza y de San Juan.
Transener S.A.: accionistas mayoritarios Petrobras Energía (Brasil) y Dophin.
Transba S.A.: accionista único Transener.
Transcomahue S.A.: empresa estatal de la Provincia de Río Negro.
EPEN: empresa estatal de la Provincia de Neuquén.
Transnea S.A.: accionista mayoritario FATLYF.
Transnoa S.A.: accionista mayoritario FATLYF.
Transpa S.A.: accionistas mayoritarios Provincia de Chubut, Camuzzi y ALUAR.
Distribución de Energía Eléctrica
Actualmente se encuentra en proceso de renegociación EDELAP; las otras dos distribuidoras no aceptaron la propuesta de renegociación del gobierno.
Edelap S.A.: accionista mayoritario AES Corporation (Estados Unidos).
Edenor S.A.: accionista mayoritario Electricité de France.
Edesur S.A.: accionistas mayoritarios Endesa (capitales españoles) y Petrobras (Brasil).

Servicios Postales
Correo Argentino S.A.: la concesión, que estaba en manos del Grupo Macri, operó el servicio postal desde 1997 hasta 2003. El contrato fue rescindido por el gobierno de Néstor Kirchner. El Decreto Nº 725/04 creó la empresa estatal CORASA.


Autor/es Natalia Aruguete
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 65 - Noviembre 2004
Páginas:7,8,9
Temas Privatizaciones, Estado (Política)
Países Argentina