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Riesgos de una continuidad del esquema de los ’90

El autor sostiene que cabía esperar del nuevo gobierno argentino, elegido en 2003 luego de la crisis de diciembre de 2001, mayor aptitud y actitud innovadora, basándose en valores conceptuales contenidos en la Constitución de 1949. Tanto en lo político formal como en lo socioeconómico y estructural, y sobre todo en el núcleo de infraestructura, que condiciona todo el resto. Las formas políticas, la realidad institucional, la vida cívica pudieron haber tenido otra intensidad y una riqueza creativa y restauradora que hasta ahora no han exhibido.

La extinción del gobierno radical-frepasista de Fernando de la Rúa fue un acontecimiento que terminó con una época. Debió haber terminado también con una clase política y una forma de hacer política. Esa quiebra, esa cesura histórica, debió ser subrayada con el nacimiento de una nueva República, y acaso con formas constitucionales nuevas que reverdecieran lo mejor del pasado argentino.

El movimiento justicialista, al que el gobierno presente se adscribe, tuvo su mejor momento cuando en 1949 plasmó su ideario en la Convención Constituyente. De la mano de uno de los grandes juristas argentinos del siglo XX, Arturo Enrique Sampay, la mayoría constituyente propugnó un orden político en el cual la propiedad privada debía tener una función social sujeta a las exigencias del bien común. El capital debía estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social, sin contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. La organización de la riqueza y su explotación debían dirigirse al bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado podía intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales. La libre iniciativa abarcaba todos los ámbitos, excepto el de la importación y exportación, siempre que no tuviera por fin encubierto o manifiesto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, debían ser propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación de las provincias en su producto. Los servicios públicos pertenecían originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrían ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaban en poder de particulares debían ser transferidos al Estado, mediante compra o expropiación, cuyo precio sería el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable.

Ese es el contenido de los artículos 38, 39 y 40 de aquella Constitución. Justicia social y dominio soberano sobre los recursos básicos son dos aspiraciones complementarias y convergentes. Como se ve hoy, no se puede profundizar la primera si, con avaricia y usura, los oligopolios pugnan por aplicar al pueblo propietario de los hidrocarburos unos precios internacionales que sólo son admisibles para el excedente exportable de los mismos, o se expanden y hacen obras sólo allí donde conviene a su mero y arbitrario afán de lucro.

Pero entre los años 1990 y 1993, el entonces presidente peronista Carlos Menem consiguió imponer sólidamente un paradigma perverso de estructura socioeconómica que, con rigor, es el preciso reverso, la exacta contracara, la negación explícita de aquellos ideales y objetivos. Todo se enajenó o se dio en concesión por precios viles y mediante acciones no menos viles. Los argentinos fueron privados hasta del correo, servicio público mencionado en la propia Constitución de 1853. La alienación de los bienes comunes colectivos fue la regla inexorable de ese esquema exterminador.

En 2003, por lo tanto, era común expectativa un cambio raigal, que fuera el vehículo de esa nueva República que todavía, sin embargo, persiste en status nascens, puesto que no ocurrió así.

Débil es la carne

Es una de las curiosidades y paradojas de la historia del peronismo el que nunca amara y respetara suficientemente su propia Constitución, derogada en mayo de 1956 por un decreto del general Pedro Eugenio Aramburu, que había jurado el cargo de gobernante de facto por su texto. Tal el muy exiguo título de legitimidad formal con que se volvió al texto de 1853, y sobre los cuales se practicaron las reformas de 1957 y 1994. Los sustentáculos de la reimplantación de la Constitución de 1853 y de la implícita anulación de la de 1949 son en consecuencia bien endebles y debatibles.

Vuelto el peronismo al poder en mayo de 1973 en una de sus versiones más hiperactivas, a nadie pareció ocurrírsele la vuelta a la Constitución de 1949. Mucho menos al Juan Perón que llegó del brazo de José López Rega, un breve tiempo después. Tampoco diez años más tarde, en la campaña electoral de 1983, nadie pareció recordarla. Al contrario: en 1989 el acceso de Menem a la presidencia expresó el oprobio total de los valores originales de justicia y soberanía. Explicablemente, en 1993, el Pacto de Olivos y su discutible producto constitucional de 1994, para nada quiso recordarlos. Ahora, desde 2003, un gobierno formalmente opuesto al de Menem tampoco evidencia voluntad para que rebroten en la realidad concreta y en las perspectivas del horizonte visible.

En realidad, la Constitución peronista de 1949 fue maltratada desde su origen. Entre 1953 y 1954, el propio Perón intentó contrariarla, nada menos que en el ejemplar artículo 40, otorgando una concesión en la Patagonia a un brazo de la Standard Oil. En todas esas circunstancias (1973, 1989, 2003), su potencial electoral hubiera permitido al peronismo, de haberlo querido, imponer la derogación del decreto de Aramburu y restablecer el texto de 1949, tanto por la vía de una convención reformadora, como a través de un referendum ad hoc que no dejara dudas sobre el asentimiento colectivo a la decisión restauradora.

Cuarenta años después, fue otro gobierno peronista -el de Menem, un régimen depredador del Estado nacional y de la vida cívica- el que sepultó definitivamente las aspiraciones de la Constitución de 1949. En alguna medida y en ciertos planos, esa mentalidad perdura sin suficientes atenuaciones en nuestros días, en la medida en que no hay signos de una voluntad política drásticamente reparadora y restablecedora de aquellos conculcados elementos del bien común. Y así ocurre no sólo por el personal gubernamental que incluye, por ejemplo, al actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, y a subsecretarios y asesores del ex ministro de Interor menemista Carlos Corach en posiciones clave del poder.

Pero no sería esto lo peor. Débil es la carne, y de la carne partidocrática es piadoso callar. Lo grave es que a los efectos de los servicios públicos y de las fuentes naturales de energía aquel gobierno se prolonga en el presente como si nada hubiera cambiado. Vivimos un menemismo residual y solapado, oculto por las acusaciones y peleas en el plano superficial de la lucha por el poder y por un estilo diferente en su ejercicio. Pero no alcanzan ni una cosa ni la otra, ni los retoques corticales ni los gestos bien intencionados, que sin duda los hay. Tampoco los fuegos de artificio y las transgresiones adolescentes, destinadas a épater le bourgeois. Porque esos gestos luego no condicen con los actos que enseguida se firman y concretan, cuando la crispación oratoria se ha enfriado y reaparece la funesta real Politik de la dependencia neocolonial. Como ha ocurrido con el envío de tropas a Haití, cohonestando la maniobra con la que el Departamento de Estado ha destituido y expatriado al presidente Aristide 1. Como ha ocurrido con la legislación requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) destinada a compensar al sistema financiero por los efectos de la devaluación. Como ocurre con la resistencia tenaz a hacerse cargo de la sentencia dictada en el juicio iniciado por Alejandro Olmos, que comprobó cientos de ilícitos penales en la gestión y negociación de la deuda externa 2. Como ocurre con un tratamiento de dicha deuda que premia al FMI y a otros organismos análogos con el pago del 100% de las acreencias que invocan 3.

Tal vez faltó atrevimiento e imaginación políticos en el primer momento, cuando una consulta popular hubiera tenido efectos plebiscitarios. Este acto hubiera constituido la forma perceptible de esa nueva República, hubiera certificado la extinción de la anterior, hubiera arrancado todo vestigio de continuidad, de prolongaciones subterráneas y de abotonamientos equívocos 4.

De aquellos polvos, estos barros 

Nada parece resucitar hoy aquellos ideales constitucionales de 1949. Sin embargo, la regulación constitucional, o la falta de ella en materia de energía y de sus fuentes naturales, es un dato esencial de la política profunda, de su consistencia real. En la primera mitad de 2003 era perfectamente posible afirmar las premisas de justicia social y decisión soberana de los tres artículos mencionados de la Constitución de 1949, allanando los caminos del presente.

En vez de discutir hoy sobre una curiosa "sociedad anónima" a la que se atribuirán todos los recursos petroleros remanentes, salvados del dominio de Repsol y de los otros oligopolios energéticos, el artículo 40 estaría mostrando el camino fácil y directo para recuperar YPF, la empresa nacional emblemática de un país independiente, que nunca debió ser privatizada y enajenada. El proyecto de Enarsa es no sólo un peligroso vehículo potencial para ulteriores privatizaciones (cuando la nave política se escore más a estribor, como es su costumbre), sino también un mero remedo de presencia estatal en el campo de la energía y acaso un pretexto para declarar implícitamente irreversible la enajenación de YPF.

Es verdad también que todas estas debilidades y concupiscencias en materia petrolera no son sorprendentes y sería exagerado escandalizarse ahora: en septiembre de 1992, el actual Presidente de la República, en representación de las provincias petroleras, arengó con ardor para la aprobación de la ley que privatizó YPF 5. De aquellos polvos, estos barros.

Entre estos últimos el silencio y la falta de reacción del gobierno federal ante la ley provincial requerida y obtenida por el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, uno de los arquitectos de la nueva derecha en Argentina. Sancionada el 26 de marzo último sin que mediara ninguna objeción ni crítica desde Buenos Aires -lo cual no deja de ser inquietante- esta legislación insinúa el riesgo de un feudalismo energético que agravaría mucho las cosas. Esa ley aprovecha el agregado al artículo 124 de la Constitución, introducido perversamente en la reforma de 1994, emergente del Pacto de Olivos: "Corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio". El artículo 1º de la ley neuquina reitera que los hidrocarburos líquidos y gaseosos pertenecen a la provincia. Enseguida avanza hacia un territorio crítico. El artículo 2 proclama: "Las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y derivados estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta Ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Provincial". Con esta norma se produce un salto de extraordinarias consecuencias. "Industrialización, transporte y comercialización" implican la fijación de precios que el gobierno neuquino dispondrá oyendo a las empresas privadas que menciona la disposición. Esos precios serán seguramente los internacionales, que en un país que se autoabastece, como es normal en el mundo, deben estar reservados sólo para los saldos exportables, como ocurre en Colombia, Venezuela, México, Emiratos Árabes.

Estos precios internacionales afectarán a todo el país, es decir a todas las otras provincias, las más de ellas sin hidrocarburos. Y de aquí surge la dudosa constitucionalidad de la ley neuquina. Porque si bien el artículo 124 de la reforma del '94 reconoce a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, esa reforma no derogó ni cambió en nada el histórico inciso 12 del art. 67, la "cláusula comercial" procedente de la Constitución estadounidense, ahora inciso 13 del artículo 75: "Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí", que sigue siendo facultad inalterada del Congreso Nacional, en cuya virtud desde antiguo se ha entendido que todo lo que concierne a hidrocarburos es resorte exclusivo del órgano legislativo federal. Aunque el dominio o propiedad de los hidrocarburos sea de las provincias, todo lo que fuere su industrialización, transporte y comercialización debe seguir siendo rigurosamente nacional por virtud de la referida "cláusula comercial", ya que ésta no se refiere al comercio en sentido restringido, ni al mero cruce de las fronteras: como enseñó definitivamente John Marshall respecto de la norma de la Constitución estadounidense de la que procede la argentina, comercio inter-estadual quiere decir toda actividad que de cualquier modo afecte a las poblaciones de las otras provincias. Lo cual se da de modo eminente e inequívoco con el petróleo y sus derivados, elementos esenciales de la vida cotidiana de toda la población de la República, que no puede tolerar que el azar geológico ponga a una provincia en posición de doblegar y aniquilar el bienestar de las otras. A ello se opone la aplicación de la referida "cláusula comercial".

Por otro lado, también en la Convención de 1949, Sampay recordó la doctrina según la cual las minas, como bienes privados de las provincias, eran una mera concesión del gobierno federal en el Código Civil "aunque las minas pertenecieran originaria y constitucionalmente a la Nación, como lo sostuvo -decía- el sector radical de la Cámara de Diputados en 1928, y especialmente, en forma magistral, Diego Luis Molinari". Dos años después, pocos meses antes de su derrocamiento, Hipólito Yrigoyen decía: "El subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma", como recordó también Sampay en esa ocasión. En mayo de 2003, cuando asumió el actual gobierno, la opción por la parte del texto de 1949 arriba señalada hubiera tenido un efecto clarificador sobre estos peligros y sobre otros puntos no menos decisivos.

La aspiración colectiva hacia la justicia social y la decisión soberana del Estado nacional no ha desaparecido. Muy por el contrario, se ha generalizado, está extendida más allá de los corrales partidarios, se ha hecho patrimonio común de los vastos sectores que no se desinteresan de la política aunque abjuran de los manejos partidocráticos y de sus rutinas depresivas. Ha inundado las convicciones colectivas de la mayoría de los ciudadanos, ha encontrado otros cauces y a veces irrumpe por los caminos ásperos pero veraces de la democracia directa.

Es muy probable que a partir de estos valores y de estas emociones justicieras y nacionales se pueda construir en un futuro próximo un consenso político superador. Esto supondrá una actitud muy directa y muy clara sobre la recuperación de la decisión soberana en materia de petróleo y gas, y la recuperación de las históricas empresas públicas que esforzadamente hicieron el patrimonio que hoy explotan con lucros exorbitantes unos oligopolios audaces y abusivos. Las medias tintas que dejan el tronco del negocio en manos de esas empresas no harán sino apañar y agudizar a la larga esa alienación. Y no podrán ocultar las continuidades del esquema de los '90, ni atenuarlo con "alianzas estratégicas", "marcos regulatorios" y otros lugares comunes al gusto del vacío mediático y de las complicidades del Partido Único del Poder.

  1. Como recuerda el Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) en un comunicado reciente, se trató de una maniobra desarrollada por Estados Unidos para lograr el envío de un contingente militar para "Mantener la Paz" en la isla luego de derrocar al gobierno constitucional de Jean-Bertrand Aristide, en abierto desafío a la Resolución 1080 de la OEA, del 5-6-1991, que consagra el mantenimiento de los sistemas democráticos continentales. Ver Maurice Lemoine, "Aristide, víctima y verdugo", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2004.
  2. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  Nº 2, del día 13 de julio de 2000, dictada en la causa "Olmos, Alejandro s/ denuncia", publicada en Jurisprudencia Argentina,  del 31 de enero de 2001, con nota de Salvador María Lozada, titulada "La Deuda Externa y el Derecho".
  3. Salvador María Lozada, "Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2004.
  4. En el sentido, claro está, de estar prendidos botones del gobierno anterior en ojales del presente, como ocurre con la continuidad del ministro de Economía, Roberto Lavagna, estribado entre dos gobiernos, el del senador y ex vicepresidente Duhalde y el de hoy.
  5. Clarín, Buenos Aires, 23-09-1992.
Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 65 - Noviembre 2004
Páginas:10,11
Temas Estado (Política)
Países Argentina