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Asuntos de familia

Las actuales negociaciones del gobierno colombiano con los paramilitares, que tienen lugar en el poblado de Ralito, y se pretenden de paz, constituyen un momento crucial en la historia colombiana, no porque de ellas se derive un mejor futuro para el país, sino porque en esencia son la mampara tras la cual se quiere legitimar la readecuación de fuerzas de la ultraderecha colombiana.

El paramilitarismo, como señala acertadamente el ex comisionado para la paz Daniel García Peña, "forma parte de una vieja tradición de las elites nacionales de acallar a sus opositores con el uso de la fuerza, como ocurrió con los ‘pájaros' de los años de la violencia, para no ir más atrás" 1.

Precisamente, a consecuencia de la barbarie de la década de los '50 y la subsiguiente represión a todo anhelo popular, se originó un abigarrado movimiento insurgente en el que, entre otros, se destacaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; 1964), el Ejército de Liberación Nacional (ELN; 1965) y el Movimiento 19 de Abril (M-19; 1972); este último ya desmovilizado.

Con fuertes basamentos campesinos, esas organizaciones dirigieron su accionar no sólo contra los órganos armados del Estado, sino también contra los grandes terratenientes, ganaderos, comerciantes y "caciques" políticos de ambos partidos. Ante la aparición de una violencia guerrillera que amenazaba sus intereses, privilegios y vidas, la respuesta de quienes siempre habían detentado el monopolio de la fuerza y el poder político-económico no se hizo esperar. Hacia finales de los '70 comenzó a coligarse en Puerto Boyacá (población perteneciente a la vasta región conocida como Magdalena Medio), toda una serie de factores que darían origen, hacia 1982, a la actual versión del paramilitarismo.

Entre esos factores se destacan, en primer lugar, la belicosidad de las amenazadas oligarquías locales y regionales; en segundo lugar, el descontento de parte de la población campesina, agotada ante los no pocos abusos cometidos por la insurgencia que decía defenderla, y por último, el acoplamiento de ese hastío con los dictámenes, políticas y estrategias contrainsurgentes enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, que encontró un defensor incondicional en el gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Así, el paramilitarismo "contemporáneo" nació en el seno de los grandes propietarios y políticos del Magdalena Medio y encontró eco y apoyo inmediato en la derecha colombiana.

En un momento de gran efervescencia social, de lucha por el derecho a la tierra y las garantías democráticas, de un clamor generalizado por pan, trabajo, salud, educación y futuro, el paramilitarismo fue el instrumento idóneo del establishment para acallar las luchas sociales enarboladas tanto por la insurgencia como por todos aquellos que buscaban un espacio de participación política en medio del monolítico y excluyente sistema bipartidista (liberal-conservador). De un modo natural, puesto que es una maquinaria para defender los privilegios de una minoría y, paralelamente, contener el descontento social, el paramilitarismo gozó desde su comienzo con la anuencia, apoyo logístico y humano de las fuerzas militares.

El secuestro de Marta Ochoa en 1982 por el M-19 propició la fundación de Muerte a Secuestradores (MAS; una alianza de narcotraficantes), y marca la fecha de acople del paramilitarismo con el narcotráfico, su soporte económico.

La XIV Brigada del Ejército colombiano, encargada del orden público en el Magdalena Medio y territorios circunvecinos, desencadenó desde 1983, junto a los paramilitares, una ola de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, etc. Campesinos, profesores, líderes comunales y obreros fueron sus principales víctimas.

Encabezados por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano", los narcotraficantes vieron en el Magdalena Medio el lugar perfecto para reinvertir las ganancias dejadas por el negocio de la droga. La asociación con el narcotráfico no implicó un dilema moral para quienes ya amparaban el paramilitarismo. De hecho, de no ser por aquél, la extrema derecha armada no tendría el poder destructor que la caracteriza.

Los grandes propietarios tradicionales (muy ligados al funcionamiento político del sistema) y los narcotraficantes compartían una necesidad táctica inmediata: defenderse del peligro revolucionario. De ahí la connivencia entre estos dos sectores. Con el Estado les unía la necesidad estratégica de aferrar el poder político y económico, frente a los crecientes movimientos populares y una insurgencia cuyo horizonte era precisamente acceder al poder. Por tal motivo el Estado, representado por los militares, respaldó la colusión narcotráfico-paramilitares 2 en el esfuerzo mutuo de arrasar con cualquier proyecto democrático alternativo. Un caso emblemático de esto último, que es necesario recordar, fue la Unión Patriótica (UP), formada a mediados de la década de los '80,  luego de conversaciones con el presidente Belisario Betancourt, de cuyos miembros se calcula que 3.500 cayeron asesinados durante la guerra sucia. Más tarde, desarmado y desmovilizado el M-19, muchos militantes fueron muertos, comenzando por su líder Carlos Pizarro; el actual senador de lo que fuera el M-19, Antonio Navarro Wolf, sufrió un grave atentado. Muchos otros de unas y otras agrupaciones fueron torturados o desaparecidos.

En la segunda mitad de la década de los '80, esas fuerzas oscuras decidieron tomar una actitud más ofensiva frente a todo lo que consideraban su Némesis. Para su fortalecimiento cualitativo se hicieron con los servicios de mercenarios provenientes, entre otros países, del Reino Unido, Sudáfrica e Israel; el más célebre de ellos fue el ex teniente coronel del Ejército israelí, Yair Klein 3.

No obstante, la cruenta guerra que declarara el Cartel de Medellín contra la nación colombiana haría que al interior del narco-paramilitarismo surgieran profundas divisiones, muchas producto de las desavenencias entre los propios mafiosos. Carlos Castaño, quien con el tiempo se convertiría en el líder máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), integró la cúpula de un grupo denominado los "PEPES" (Perseguidos por Pablo Escobar) que jugó un papel fundamental en la caza y caída del capo de capos narcos en 1993 4.

Cuando las AUC se constituyeron en abril de 1997, ya habían transcurrido casi dos décadas de terror paramilitar. Bajo la égida de Carlos Castaño, dicha organización consolidó su expansión a todo el territorio nacional, desplazando de muchos lugares a la guerrilla. La expansión del narco-paramilitarismo siguió contando con el concurso jurídico del Estado, en la medida que éste legitimó (1994-1995) las Cooperativas de Seguridad Rural -CONVIVIR-; organizaciones creadas para que en algunas zonas del país la población civil "(realizara) labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea antiguerrillera" 5. Las CONVIVIR, nacidas gracias a los esfuerzos del por entonces (1995) ministro de Defensa Fernando Botero Zea 6, tuvieron el irrestricto respaldo del actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

La década de los '90 culminó con un evidente esfuerzo político-militar de parte del Estado para derrotar a algunos sectores del narcotráfico, pero esto no hizo más que poner en evidencia que no existió el propósito de hacer lo mismo con el paramilitarismo.

El presente

Las negociaciones de paz entre el narco-paramilitarismo y el gobierno sólo podrían producirse en un mandato como el de Álvaro Uribe Vélez, quien accedió al poder gracias a tres factores decisivos: el desencanto causado por los fracasados diálogos de paz entre el Estado y la guerrilla (1998-2002) durante la presidencia de Andrés Pastrana; el apoyo con que contó para su elección por parte del narcoparamilitarismo; y la fabulosa apisonadora orwelliana que son los medios de "comunicación" colombianos, que hicieron del oscuro Uribe Vélez una caricatura de Cristo redivivo.

A diferencia de las anteriores negociaciones con la guerrilla, la actual con los paramilitares se caracteriza por el secreto. De hecho, el mundo desconoce qué se está tratando allí, al tiempo que el Estado afirma que la nación está representada por miembros de una "sociedad civil" completamente ajena a la voluntad popular.

Sin embargo, lo más aberrante en estas negociaciones es la legitimación política de la más feroz de las organizaciones armadas, responsable de la mayoría de las 1.969 masacres ocurridas en los últimos 10 años y de casi todo el desplazamiento forzado (3,5 millones de personas) entre 1985 y 2003.

Esto es vergonzoso desde cualquier punto de vista, puesto que a pesar del enmascaramiento, se sabe que las AUC son, en realidad, no sólo el brazo armado de la ultraderecha, sino también la organización militar de los señores de la droga. Se colige que la impunidad que siempre ha rodeado el accionar de estos grupos y sus patrocinadores alcanzará dimensiones colosales: de hecho, en la última semana de septiembre se dieron a conocer unas grabaciones secretas de las conversaciones sostenidas entre el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y la cúpula paramilitar, en las cuales los colombianos escucharon estupefactos cómo, en nombre del Presidente, Restrepo deja entrever a la comandancia de las AUC que Uribe usaría su "facultad discrecional" para evitar la extradición hacia Estados Unidos de algunos de los dirigentes narcoparamilitares y, lo que es peor, que en Colombia se adelantaría un simulacro de justicia que impediría que los genocidas fueran juzgados por la Corte Penal Internacional. Estas revelaciones se suman a pronunciamientos similares hechos con anterioridad por el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega 7.

Los comandantes de las AUC que se reunieron el pasado mes de julio con el gobierno en Santa Fe de Ralito fueron Salvatore Mancuso (comandante general, tras el supuesto asesinato de Carlos Castaño, a principios de 2004) 8; Diego Murillo Bejarano, amigo de Castaño y otrora subalterno del "narco" Fernando Galeano, quien fuera descuartizado por Pablo Escobar en la prisión "La Catedral" en julio de 1992 9; Rodrigo Tovar Pupo; Ramón María Isaza; Víctor Rafael Triana, quien perteneciera a la estructura del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha; Julián Bolívar; Ramiro Vanoy; Iván Roberto Duque; Víctor Manuel Mejía Múnera y Francisco Zuluaga Lindo, entre otros. Miguel Arroyabe, uno de los comandantes negociadores, cayó asesinado el pasado 19 de septiembre en un contexto de disputas al interior del paramilitarismo. Todos estos personajes son reconocidos narcotraficantes, cuya extradición ha sido solicitada por el gobierno de Estados Unidos.

Mejía Múnera y Zuluaga Lindo son dos de los más importantes jefes del Cartel del Norte del Valle, el cual busca represalia contra narcotraficantes rivales en la ciudad de Cali. Mejía Múnera, además, le pagó unos 800.000 dólares a Vicente Castaño (hermano de Carlos Castaño, también requerido por Estados Unidos) para hacerse del control paramilitar de la región del Arauca, limítrofe con Venezuela, y sus cultivos de coca 10.

Los vínculos de los paramilitares con el Cartel del Norte del Valle son tan estrechos, que el coronel Óscar Naranjo, director de la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía (DIJIN), denunció que en febrero de 2003 Carlos Castaño se reunió en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca) con Luis Hernando Gómez Bustamante (otro extraditable) 11, quien fuera capturado en Cuba tratando de ingresar ilegalmente a la isla el pasado 8-9 de julio. Bustamante había logrado burlar a las autoridades colombianas, a pesar de que su jefe de seguridad y también narcotraficante, Mauricio Ríos Quintero, ya había sido apresado no hacía mucho... Ríos Quintero es hermano del mayor de la Policía Francisco Ríos Quintero, quien hasta hace poco actuara como jefe de seguridad del controvertido fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio. El mayor Ríos Quintero, al parecer a raíz de todos estos sucesos, fue llamado a curso de ascenso para teniente coronel 12.

El futuro

Todo apunta a que la Colombia del gobierno Uribe acabará ofreciendo al mundo uno de los espectáculos de impunidad más vergonzosos de la historia. En efecto, urge inventar para el narco-paramilitarismo una legitimación y salida política, pues el establishment le debe mucho. Con ese objetivo, algunos narco-paramilitares llegan incluso a hacerse eco de las motivaciones de la guerrilla 13.

La legitimación política traería como valor agregado atenuar los castigos -si es que los hay- para los responsables de numerosos crímenes. También habría, de hecho, una legitimación del botín de guerra 14.

Para Uribe los réditos serían altísimos. Por una parte, devolvería favores al narco-paramilitarismo, pues cuando fue candidato a la presidencia recibió el respaldo público y operativo de Castaño y del por entonces segundo al mando de las AUC, Salvatore Mancuso 15. No obstante, el premio mayor sería indudablemente la publicidad favorable (y la manipulación de la opinión pública) generada por una eventual firma de paz; justo en el momento en que la maquinaria uribista desata una inmoral batalla para desvirtuar la Carta Constitucional de 1991 e imponer la reelección del Presidente para el período 2006-2010 (Gutiérrez, pág. 12).

Desde la perspectiva de Estados Unidos, el fin positivo de las negociaciones lo beneficia, en la medida en que podrá consolidar inversiones en zonas de explotación de recursos naturales altamente estratégicos 16 limpias ya de cualquier foco de resistencia social gracias a la acción de los narcoparamilitares y del Plan Colombia.

Sólo desde este punto de vista puede comprenderse, por ejemplo, el asesinato de seis militares y una ingeniera venezolanos en territorio limítrofe de Venezuela con el departamento colombiano de Arauca, el 17 de septiembre pasado. En efecto, la masacre cometida por los paramilitares -que el gobierno trata aún de imputar a las FARC- forma parte de un complejo plan de movilización conjunta de tropas estatales y paraestatales, con asesoría estadounidense, hacia los más de 2.000 kilómetros de línea fronteriza con Venezuela. El propósito de tal posicionamiento paramilitar es doble: por un lado, resguardar los intereses estadounidenses del lado colombiano de la frontera de cara a los proyectos de prospección petrolera que el gobierno del presidente Hugo Chávez adelanta en su zona limítrofe 17 y, por otro, concentrar estratégicamente en la zona un número importante de tropas regulares e irregulares que, del mismo modo que la "contra" nicaragüense asentada en territorio hondureño y costarricense en los '80, pudiese ser ser utilizada para hostigar, llegado el caso, a la Revolución Bolivariana.

Por otra parte, hay que recordar que para Estados Unidos la extrema derecha armada ha sido un aliado utilísimo en términos geopolíticos y que su gobierno no abandonará a quienes han actuado a su servicio 18. No debería extrañar, entonces, que se revocaran selectivamente algunas órdenes de extradición que pesan sobre varios de los líderes del paramilitarismo por temor a que su cúpula, tan asociada en su momento con Pablo Escobar y las agencias de inteligencia estadounidenses, filtrase valiosos datos respecto a la guerra sucia en Centroamérica.

Hasta el momento nada se dice de resarcir a las víctimas y sus familias, de responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo colombiano. Esto no cuenta en las negociaciones de paz; apenas los intereses oscuros del gobierno Uribe, las necesidades estratégicas de Estados Unidos y el cínico propósito de los narco-paramilitares y sus gestores de que todo siga igual.

  1. "Los 22 años del ‘hijo de Herman Monster'", El Tiempo, Bogotá, 4-7-04."Los Pájaros" y "la Chulavita" son dos nombres con los que se conocieron algunos de los grupos de filiación conservadora que, con asesoría o apoyo del aparato militar, desataron una cruenta represión contra las clases más humildes luego de la "insurrección" popular por el asesinato (9-4-1948) del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El enfrentamiento entre los partidos conservador y liberal, en el contexto del magnicidio, dio origen a lo que se conoce como "la violencia" (1948-1958), que costó la vida a 300.000 colombianos.
  2. Medina Gallego, Carlos, Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia, Editorial Documentos Periodísticos, Bogotá, 1990.
  3. Uno de los alumnos avezados de Klein cuando impartía clases en las "escuelas de sicarios" del Magdalena Medio, fue Carlos Castaño Gil, quien hasta hace poco fue jefe nominal de las paramilitares AUC.
  4. Fidel Castaño, hermano de Carlos Castaño y jefe de los poderosos paramilitares de los departamentos de Antioquia y Córdoba (asesinado por la guerrilla en 1994), era amigo, socio y colaborador de Pablo Escobar.
  5. Rueda, María Isabel, "Convivir en blanco y negro", Semana, Bogotá, 1-9-1997.       
  6. Botero Zea, hijo del famoso pintor y escultor colombiano Fernando Botero, siendo jefe de campaña del ex presidente Ernesto Samper, fue uno de los encargados de "aceitar" la entrada de miles de millones de pesos a dicho esfuerzo provenientes del Cartel de Cali.
  7. "Todos los grupos ilegales han sido tocados por el narcotráfico", El Tiempo, Bogotá, 11-8-04.
  8. La "muerte" de Castaño, supuestamente a manos de paramilitares enemigos, parece ser un elaborado montaje que pretende salvaguardar de la extradición y de los tribunales internacionales a uno de los mayores asesinos de la historia contemporánea.
  9. Aranguren Molina, Mauricio, Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001.
  10. "Dos gallos tapados en Ralito", El Tiempo, Bogotá.
    4-7-04; y de la edición digital del mismo diario (1-7-04) "¿Quiénes son los 20 jefes paramilitares que se concentran en Santa Fe de Ralito?".
  11. Entrevista concedida por Naranjo al programa periodístico Primera Línea, RCN T.V., 12-7-04, Colombia.
  12. "Carta comprometedora", Semana, Bogotá, 3 al 10-5-04.
  13. Durante la comparecencia de paramilitares ante el Congreso (28-7-04), invitados por el gobierno, uno de esos criminales, Iván Roberto Duque, manifestó que las AUC estaban en contra del neoliberalismo, de la exclusión social, del desplazamiento de campesinos, de la concentración de tierras, etc.
  14. En poder de los paramilitares se encuentran 6 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables del país y 4.000 millones de dólares en cuentas internacionales.
  15. Elecciones signadas por las denuncias (negadas por el Estado) que señalaban la "presencia" de casi 4 millones de muertos "listos" para el fraude electoral. BBC Radio, Londres, emisión en castellano del 5-3-02; 22:00 horas de Colombia.
  16. Durante la campaña, los medios hicieron lo imposible para que la opinión pública desconociera una entrevista hecha a Uribe por el prestigioso semanario estadounidense Newsweek, que revelaba tanto los nexos con el narcotráfico de allegados al por entonces candidato, como sus relaciones con Pablo Escobar. "I Have Been Honorable"; An Interview with Colombian Presidential Candidate Álvaro Uribe Vélez, edición internacional, Nueva York, 25-3-02. Además de la frontera con Venezuela, las zonas de: Chocó, en límites con Panamá; el Putumayo, fronteriza con Ecuador y Perú; y el Amazonas, colindante con Brasil y Perú. Todas, con incalculables riquezas bióticas y energéticas.
  17. La Occidental Petroleum Company, una de las principales compañías gestoras y patrocinadoras del Plan Colombia cuando se debatía en el Congreso estadounidense, explota el pozo petrolero de "Caño Limón" (en Arauca, justo sobre la línea limítrofe con Venezuela) y controla el oleoducto que transporta el crudo hasta la costa caribe colombiana. La compañía Harken Energy, uno de cuyos principales accionistas es el presidente George W. Bush, tiene también intereses petrolíferos en la región oriental de Colombia.
  18. Carlos Castaño colaboró personalmente con la DEA y la CIA durante la persecución de Pablo Escobar.
Autor/es Fermín Espinoza
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 65 - Noviembre 2004
Páginas:14,15
Temas Militares, Ultraderecha, Estado (Política)
Países Colombia