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Recuadros:

Presos por las dudas

El pasado 8 de marzo la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 13.449, que modifica como tantas otras veces en el pasado, el Código de Procedimiento Penal provincial. Sin embargo, esta reforma tuvo un espíritu contrario al de las reformas penales que siguieron a cada nueva "ola de inseguridad", en particular las promovidas por el ex-gobernador Carlos Ruckauf y las que más tarde supo conseguir Juan Carlos Blumberg (ver "La excepción...", pág. 5). En esta oportunidad, la reforma modificó los requisitos a cumplir para que los jueces concedan la excarcelación a quienes se encuentran bajo proceso penal en la provincia, permitiendo que muchas más personas permanezcan en libertad mientras la Justicia investiga y hasta tanto les llegue el turno de ser sometidas a juicio oral y público. No está de más recordar que este proceso, que en una de cada cuatro oportunidades termina en el sobreseimiento o la absolución del imputado, difícilmente concluye en menos de cuatro años.

La sanción de la Ley 13.449 no fue un reconocimiento espontáneo de la gravísima situación que atraviesa el sistema penitenciario bonaerense ni de las inhumanas condiciones que prevalecen en las cárceles y comisarías de la provincia. Por el contrario, fue una consecuencia de las obligaciones que impuso a los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el fallo dictado diez meses antes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado "caso Verbitsky".

El 3 de mayo de 2005, el más alto tribunal del sistema judicial argentino resolvió un planteo promovido en noviembre de 2001 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había presentado una acción de habeas corpus correctiva colectiva ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a causa del hacinamiento de más de 6.000 personas, entre ellas menores de edad, en las comisarías de la provincia. En su resolución, la Corte consideró que la legislación en materia de prisión preventiva y excarcelaciones que rige en la provincia no se ajusta a principios constitucionales e internacionales y declaró que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional (que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias), considerándolas las pautas elementales a las que debe adecuarse toda detención. Pero el fallo va más allá del establecimiento de estándares básicos de las condiciones de detención y del pronunciamiento acerca del uso abusivo de la prisión preventiva, ya que avanza también sobre cuestiones de igual relevancia: el acceso a la Justicia en casos de incidencia colectiva; la articulación de instancias federales y provinciales en temas de derechos humanos; la aplicación de estándares internacionales en el ámbito interno y el margen de control judicial de políticas públicas, cuando éstas afectan el ejercicio de derechos.

Más presos por más tiempo 

La cantidad de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires se incrementó drásticamente en los últimos años. Este aumento fue propiciado por las mencionadas reformas de los mecanismos de excarcelación y, en cierta medida, por los aumentos de las penas. Aunque la tendencia fue constante al menos desde mediados de los años 1980, el año 2000 marcó un punto de inflexión. La población penal de ese año (20.305 personas) tuvo un incremento del 22% en relación con la del año anterior (16.598 personas). En sólo seis años -entre 1999 y 2006- la población penal aumentó casi el 80%.

El incremento de los niveles de privación de la libertad y el agravamiento de las condiciones de detención en dependencias policiales y penitenciarías bonaerenses obedeció fundamentalmente a las modificaciones introducidas en la normativa procesal penal provincial. Estas reformas implicaron: a) restringir al máximo los supuestos en los que se concede la libertad durante la sustanciación del proceso, invirtiendo el principio de excepcionalidad de la privación de libertad cautelar, y b) limitar el acceso a regímenes de ejecución de penas alternativos al encierro carcelario, retomando la concepción de que los institutos pre-liberatorios constituyen "beneficios penitenciarios" en lugar de modalidades de cumplimiento de condenas (ver "Alternativas...", pág. 5). La consecuencia lógica del proceso iniciado en marzo de 2000 con la sanción de la Ley provincial 12.405 fue que las cárceles y comisarías bonaerenses alojan cada vez más presos, que permanecen detenidos por lapsos cada vez más prolongados y en peores condiciones.

Las restricciones en materia excarcelatoria fueron presentadas por el gobierno provincial como un medio adecuado para contener la delincuencia. Una de las expresiones de la creciente conflictividad social era el aumento en la cantidad de delitos registrados. Este incremento fue acompañado por una creciente sensación de inseguridad, reflejada por los medios masivos de comunicación y recogida por numerosas encuestas de opinión. La sanción de la Ley 12.405 estuvo destinada, precisamente, a morigerar esa "sensación" antes que a prevenir el delito.

El uso indiscriminado de una medida de excepción como la prisión cautelar hizo que el sistema carcelario de la provincia colapsara, sin que los impulsores de estas modificaciones procesales hubieran previsto las consecuencias. Paralelamente al marcado incremento de la población encarcelada se registró un aumento en el porcentaje de los presos sin condena. En la actualidad, ocho de cada diez personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires no tienen una sentencia firme.

Un mal nacional 

Aunque grave, la situación de las cárceles y comisarías bonaerenses no es excepcional. Parte importante de las unidades carcelarias de Argentina alojan una cantidad superior de personas a lo que el cupo declarado permite. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en diciembre de 2004 la Unidad Penal Nº 1 de Santiago del Estero tenía un nivel de ocupación del 211%: con una capacidad declarada de 200 plazas, alojaba a 422 personas. El nivel de ocupación de la Cárcel de Encausados de General Roca (Río Negro), era de 194,5%: 200 plazas, 389 presos. En la Unidad Penitenciaria II de Oberá (Misiones), era del 429,6%: 54 plazas, 232 presos, y en la Unidad Nº1 de Corrientes se hacinaban 374 personas donde sólo cabían 62 (nivel de ocupación: 603,2%).

En cuanto al Servicio Penitenciario Federal, la unidad más sobrepoblada era la Nº 20, el Servicio Psiquiátrico Central de Varones, donde 158 personas con necesidades especiales de atención sobrevivían en condiciones infrahumanas en el espacio asignado a 87 (nivel de ocupación: 181,6%). En diciembre de 2004, el 60% de los detenidos en cárceles argentinas no tenía condena.

El uso limitado de institutos o modalidades alternativos al cumplimiento de penas de encierro previstos en la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad agrava la sobrepoblación carcelaria. Según datos del SNEEP, el 89% de las personas condenadas y privadas de libertad en unidades carcelarias de todo el país no goza de salidas transitorias; el 90% de régimen de semilibertad; el 98,3% de régimen de semidetención; el 91% de programas de prelibertad  y el 97% no está  incorporado al de prisión discontinua (ver "Alternativas", en esta página).

Sobrepoblación y violencia 

El alojamiento de personas en cárceles sobrepobladas es un indicador de la violación al derecho de los reclusos a  recibir un trato digno y condiciones de detención adecuadas. Esta violación acarrea consecuencias concretas de suma gravedad para las personas privadas de su libertad y tiene repercusiones especialmente negativas en la ejecución de las penas. Es innegable que el hacinamiento genera un constante incremento de la tensión entre los internos, que deriva en problemas de convivencia en un espacio insuficiente e inadecuado. Fomenta la propagación de enfermedades de todo tipo, producto de la falta de higiene de los establecimientos y de una adecuada atención médica. Es evidente la inobservancia por parte del Estado de la exigencia de salubridad y limpieza contenida en el texto constitucional. En cuanto a los regímenes de ejecución de penas, el exceso de población carcelaria imposibilita la asignación de tareas laborales a todos los internos y la participación en actividades educativas y recreativas, obstaculizando su reinserción social. En definitiva, la sobrepoblación carcelaria implica la violación de los derechos constitucionales de las personas privadas de su libertad. Resolverla es una exigencia ineludible en un Estado de Derecho, como consecuencia necesaria de la obligación de brindar condiciones carcelarias dignas y evitar que el encierro se convierta en una pena inhumana o degradante. Así lo entendió en su fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El exceso de personas alojadas en establecimientos carcelarios refleja la ausencia de un diagrama serio de política criminal, coherente y acorde con las herramientas disponibles para sustentarlo. Argentina ha optado por la utilización del derecho penal como principal método de solución de conflictos y, sobre la base de este modelo, la utilización de la prisión como pilar del sistema punitivo. El retroceso sufrido por las normas procesales durante los últimos años en el reconocimiento de garantías básicas de las personas sometidas a proceso penal y el endurecimiento intenso de la regulación legal penal en general contribuyeron a la construcción de un sistema que pretende que ningún culpable resulte impune, pero habilita la posibilidad cierta de que un inocente sea castigado.

Neutralizar la sobrepoblación en las cárceles exige un proceso más o menos prolongado que incluye un giro en la política criminal y penitenciaria, reformas en materia legislativa y la reacción de un Poder Judicial que, tradicionalmente, no ha prestado atención al problema de la cárcel. La participación de la sociedad civil es crucial para determinar la duración de este proceso y tendrá especial influencia para lograr que las instituciones del Estado garanticen el marco de legalidad mínimo que la Constitución Nacional exige para poder privar a una persona de la libertad. En mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló el camino que es necesario recorrer para recuperar la legalidad perdida. La sanción de la  Ley 13.449 ha sido el primer avance significativo en esa dirección.

Alternativas a la prisión

Alderete Lobo, Rubén, Ales, Cecilia y Borda, Rodrigo

Actualmente la tendencia es ubicar a la pena casi como única respuesta frente al delito, cualquiera haya sido la gravedad del daño ocasionado. La prisión desempeña un papel protagónico y es defendida como herramienta útil para mantener el orden y la paz social. Sin embargo, la cárcel aporta sólo una aparente solución a los conflictos sociales, pues excluye a la víctima del modelo y la priva de obtener una reparación por el daño sufrido.
Para alcanzar una solución que no sea ficticia, siempre resultará más adecuada la utilización de vías conciliatorias que saquen al conflicto del ámbito penal y permitan un acercamiento entre las partes para lograr una reparación que satisfaga a la víctima. Esta reparación puede consistir tanto en una prestación económica como en la realización de alguna actividad a favor del damnificado, entre otras medidas que pueden proponerse y surgir del mecanismo de mediación que se utilice. Las vías conciliatorias alternativas a la pena pueden ser instrumentadas en aquellos delitos en los que el daño es exclusivamente patrimonial, y reservar el uso de la prisión para los delitos más graves.
Sin embargo, en los casos en que la utilización del derecho penal sea inevitable, el Estado debe disponer lo necesario para garantizar condiciones carcelarias dignas y limitar el uso de la cárcel evitando así su saturación. La prisión preventiva en un establecimiento carcelario puede ser sustituida por otros medios igualmente eficaces para garantizar la presencia del imputado en el juicio o evitar que éste entorpezca o dificulte la investigación. En la legislación se encuentra contemplado el uso de técnicas o sistemas electrónicos que permitan controlar que el imputado respete los límites a la libertad ambulatoria impuestos judicialmente. También existe la posibilidad de disponer el encierro domiciliario del imputado, aunque se trata de un supuesto reservado para personas de avanzada edad o casos de enfermedad grave en período terminal.
El uso más frecuente de estas posibilidades, ya contempladas en la legislación, y su ampliación a una mayor cantidad de casos puede contribuir de manera importante a reducir la población carcelaria, sin afectar los fines del proceso penal.
En cuanto a las personas condenadas, la legislación nacional también prevé modalidades atenuadas de cumplimiento de las penas de prisión, aunque se hallan limitadas a supuestos muy específicos relacionados con penas de corta duración. Además de la prisión domiciliaria, existe la posibilidad de autorizar el cumplimiento en modalidades como la semidetención (prisión diurna o nocturna), prisión discontinua (por fracciones no menores de 36 horas), o su conversión en trabajos para la comunidad.
La ampliación de la posibilidad de acceder a estas modalidades a un número mayor de casos y su uso por parte de las autoridades judiciales constituye una medida que sirve mejor a la reinserción social de las personas condenadas y permitiría, al mismo tiempo, el descongestionamiento del sistema carcelario.


La excepción y la norma

Alderete Lobo, Rubén, Ales, Cecilia y Borda, Rodrigo

La Ley provincial 12.405, sancionada el 22 de marzo de 2000, convirtió en excepciones los casos en que podía concederse la libertad a un imputado durante el proceso. Desde la sanción de la ley y hasta el pasado mes de marzo, la excarcelación se otorgaba solamente cuando al delito imputado correspondiera una pena cuyo máximo no superara los seis años de prisión o reclusión, siempre que resultara probable que se aplicara una condena de ejecución condicional (art. 169, inc. 1); no se concedía en cambio cuando los delitos imputados hubieran sido cometidos: a) por varias personas y en forma organizada; b) con intervención de uno o más menores de 18 años; c) cuando las circunstancias de los hechos y las características y los antecedentes personales del procesado obstaran a la aplicación de una pena de ejecución condicional; d) por alguien que estuviera gozando de libertad provisoria anterior; e) con uso de armas de fuego, sin necesidad de probar que se tratara de armas que realmente pudieran disparar; f) con violencia en las personas en el caso de robo simple, y g) con vehículos automotores (art. 171). También podía denegarse la excarcelación cuando se considerara que existían razones fundadas para interpretar que el detenido representaba un peligro cierto para bienes jurídicos o fuera probable que reincidiera en el delito (art. 171). Unos meses más tarde, en diciembre de 2000, la Ley 12.543 modificó la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, limitando el acceso al régimen de salidas transitorias a los condenados por ciertos delitos específicos, entre ellos el homicidio en ocasión de robo, los delitos contra la integridad sexual en sus formas agravadas y la privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte.

Las leyes Blumberg.  El 1 de abril de 2004, Juan Carlos Blumberg –padre de un joven secuestrado y asesinado en el Conurbano Bonaerense el 23 de marzo de 2004– convocó a una manifestación frente al Congreso Nacional, de la que participaron unas 150.000 personas. En esa oportunidad, Blumberg entregó un petitorio a los legisladores en el que exigía la adopción de una serie de reformas legislativas en materia penal. La sanción de la Ley 25.882, sólo una semana más tarde, fue la primera consecuencia a nivel legislativo de la presión popular ante una supuesta “ola de inseguridad”. Esta ley modificó el artículo 166 del Código Penal, elevó las penas mínima y máxima aplicables para los robos cuando el arma empleada sea de fuego, y penó el robo aun cuando el arma utilizada sea de utilería o no pueda acreditarse su aptitud para el disparo. Una semana más tarde se sancionó la Ley 25.886, que introdujo modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en relación con los delitos de tenencia y portación de armas de fuego y amplió la competencia de la Justicia Federal. Esta norma sustituyó el artículo 189 bis del Código Penal e introdujo las figuras de simple tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal y la portación de arma de guerra. Si el portador del arma fuera su tenedor legalmente autorizado, la escala penal correspondiente se reduce en un tercio del mínimo y del máximo. También en los casos en que sea evidente que la portación no conlleva ningún fin ilícito. Por otra parte, aumentó la pena –que pasó a ser de entre cuatro y diez años– para la portación de cualquier arma para la persona que registre antecedentes o ya se haya beneficiado de una excarcelación. En mayo se aprobaron las leyes 25.892 y 25.893. La primera modificó los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal endureciendo el régimen para solicitar y otorgar la libertad condicional. La segunda modificó el artículo 124 del Código Penal, estableciendo que se impondrá reclusión o prisión perpetua en los casos en los que la víctima de delitos contra la integridad sexual resulte muerta. Finalmente, el 18 de agosto fue sancionada la Ley 25.928, que modifica el artículo 55 del Código Penal y permite la imposición de penas de hasta 50 años de prisión o reclusión.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el “caso Blumberg” tuvo consecuencias similares. Básicamente, la restricción de derechos y la masividad del encierro preventivo. Pero en esta jurisdicción la “cruzada contra el delito” tuvo un condimento adicional: llevó a la Legislatura a cometer un “descuido” y sancionar, con diferencia de días, dos leyes que reformaron en distinto sentido el artículo 171 del Código Procesal Penal. Una de ellas fue la 13.183 que modificó numerosos artículos del Código, además del 171. En su nueva redacción, éste definió la portación de un arma de fuego no declarada y sin la debida autorización como una de las situaciones que obliga a denegar la excarcelación, así como también aquellos casos en que el portador contara con antecedentes por delitos dolosos. Unas semanas antes, además de modificar en otros términos al referido artículo 171, la Ley 13.177 había modificado el artículo 100 del Código de Ejecución Penal, impidiendo el otorgamiento de una serie de beneficios a los condenados por cualquier delito contra la integridad sexual (Título III del Código Penal). Antes de la reforma, sólo las condenas por delitos contra la integridad sexual en sus formas agravadas –por ejemplo, cuando el hecho fuera cometido por dos o más personas– impedían la concesión de estos beneficios. Finalmente, la ley 13.186 estableció que, en los casos en que corresponda la aplicación del “2x1”, no se computará el tiempo que insuma la tramitación de los recursos extraordinarios y de casación deducidos contra sentencia condenatoria.
La Ley 13.449 volvió a reformar el art. 171 del Código Procesal, restringiendo los supuestos en los que el juez deberá denegar la excarcelación a sólo dos: la existencia de indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o de entorpecer la investigación. De este modo, se anularon tanto los perniciosos cambios introducidos en la norma seis años antes, a instancias del entonces gobernador Ruckauf, como aquellos que trajo consigo el “efecto Blumberg”.


Autor/es Rubén Alderete Lobo, Cecilia Ales, Rodrigo Borda
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 84 - Junio 2006
Páginas:4,5
Temas Estado (Justicia)
Países Argentina