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Una difícil transición

"Acá lo único que uno aprende es a pelearse, menos en este pabellón, que es una burbuja"; "En vez de resocializar a la gente la institucionalizan"; "Ven primero la seguridad, después al ser humano". Los internos del Pabellón Universitario de la Unidad 9 de La Plata (34 sobre una población de 1.273, en una instalación con capacidad para 929), ponen voz a la experiencia de otros cientos de presos, desde una posición en la que, habiendo participado de esas experiencias comunes, pueden tomar cierta distancia y aspirar a una superación. Paradójicamente, la apertura hacia esa superación nació en la cárcel. El programa pionero fue UBA XXII, Universidad en Cárceles, que se inició en la cárcel de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, hace 20 años. En la Unidad 9 de La Plata hay estudiantes de Derecho, Historia, Filosofía, Informática, Periodismo, en el marco de convenios con la Universidad Nacional de La Plata.

Los universitarios de la Unidad 24 (13 en total), en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, estudian mayoritariamente derecho, una carrera libre en la Universidad de La Plata, pero buscan multiplicar las opciones; por ahora tienen talleres cuatrimestrales de periodismo y de radio coordinados por profesores de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Uno de los presos, graduado en Derecho, se enorgullece de haber elaborado los escritos jurídicos correspondientes a los 80 internos liberados a partir de la ley del 8 de marzo (ver "Presos...", pág. 4).

Tienen sus pabellones en el sector de mediana seguridad, lo que implica mayor libertad de movimientos. Sus celdas están abiertas. Preparan sus propios platos en la cocina y han convertido un espacio del tamaño de una celda en un estudio, donde han acomodado una computadora y una biblioteca.

En la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Federal, el Instituto correccional de Mujeres en Ezeiza, la carrera universitaria es Sociología. Dado que el promedio de las condenas de las internas es de cuatro años, el director prioriza la organización de carreras breves, como hotelería o computación.

Tanto el Ministerio de Justicia de la Nación como el de la provincia de Buenos Aires alientan un vuelco, de una política represiva, ineficaz y además muy cara, a una preventiva: "Cuanto más feroz es la respuesta del Estado, más feroz es el delito", evalúa el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, Federico Ramos.

A nivel federal, donde la cantidad de detenidos de 2000 a 2006 se incrementó en un 40% (mientras la de los empleados penitenciarios sólo creció un 4%), la restitución del carácter excepcional de la prisión preventiva se ha visto favorecida por las resoluciones del camarista Gustavo Bruzzoni, de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, que decidieron la excarcelación de acusados de distintos delitos en tanto no hubiera sentencia. El más sonado de esos fallos, revocado ulteriormente por el Tribunal de Casación (que llegó a provocar una demanda de remoción del juez Bruzzoni y su colega María Laura Garrigós de Rébori, que no prosperó), fue su resolución de mayo de 2005 por la que se concedía la excarcelación a Omar Chabán, detenido en relación con la muerte de casi 200 jóvenes en la discoteca Cromagnon en diciembre de 2004. Los criterios estrictamente jurídicos que sigue Bruzzoni implican que "excarcelación no significa absolución" y que "cuando el procesado no muestra indicios de fugarse ni entorpecer la acción de la Justicia, y mientras no haya condena firme, debe permanecer en libertad".

Federico Ramos apunta que "el fallo Bruzzoni ha generado cierta conciencia en los jueces en cuanto al recurso a la prisión preventiva, abrió una brecha que permitió generalizar esa lógica..." y admite que falta control judicial sobre los jueces que la aplican, un recurso que les permite alargar los procesos, al desaparecer la urgencia de que el delito se resuelva.

Una de las manifestaciones del proyectado cambio de política penitenciaria es la voluntad de introducción de cambios de criterios en la capacitación del personal penitenciario, de modo que dejen de centralizarse en la obsesión por los motines y fugas y pongan en cambio el acento en el tratamiento de los internos. Objetivos difíciles de cumplir si sólo 10 guardias tienen a su cargo 1.000 presos, como ocurría en la Unidad 28 de Magdalena al tiempo de las 33 muertes, en octubre de 2005.

Pero el problema del servicio penitenciario no se reduce a una cuestión de cantidad; es fundamentalmente el de una arraigada cultura carcelaria en la que el guardia manda afuera de la reja, mientras dentro del pabellón manda un preso, apodado "el limpieza", que en general se ha impuesto a fuerza de "facas" (las armas que los presos fabrican con los más diversos materiales) y que puede ejercer extorsiones extremas sobre los otros. El servicio penitenciario legitima esos liderazgos. Esta lógica, en la que se somete o se es sometido, implica un alto grado de violencia entre los presos.

Ramos proyecta reglamentaciones de la Ley orgánica del SPF (que se remonta a la Ley 20.416, de la dictadura del general Alejandro Lanusse, 1966/1973), que centren la función primordial de la pena en la reinserción social de los detenidos y no exclusivamente en su custodia y guarda.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue intervenido en abril de 2004 y removidos 300 efectivos, acusados de corrupción y malos tratos. El régimen disciplinario de la escuela de cadetes dejó de ser militar para adoptar el de la Dirección Nacional de Escuelas; se realizan cambios en los planes de estudio, con la introducción de materias humanísticas en las tecnicaturas de Recursos Humanos y Ejecución Penal. Se trata de lograr, a través de la desmilitarización, "un equilibrio entre trato humano y seguridad", en palabras de Juan Scatolini, director de población carcelaria en la provincia.

Además de la deficiente atención médica, de los "buzones" (celdas de castigo, o simplemente "depósitos" donde se guardan detenidos cuyo destino no está resuelto), de las duchas y de los golpes, otra penuria evocada por los internos son los traslados. Hay quien recuerda 56 traslados en 8 años. Uno de los estudiantes universitarios refiere que antes de recalar en el Pabellón Universitario de la 9 fue sancionado con varios traslados a pabellones donde no había estudiantes. Su delito: querer organizar Centros de Estudio.

La reinserción como objetivo

Educación y trabajo son los pilares de toda perspectiva de rehabilitación. En unidades penitenciarias superpobladas esas actividades están muy lejos de abarcar a la totalidad de los internos con sentencia.

 "Educación, trabajo y buen trato" es la consigna del prefecto Julio Cepeda, director desde enero de 2006 de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Federal, el Instituto Correccional de Mujeres en Ezeiza. Cepeda insiste en la línea de "apertura total de la cárcel a la sociedad", una de cuyas formas es la salida al exterior de los productos de los talleres de trabajo, que ocupan a 310 de las 723 internas (en un establecimiento cuya capacidad es de 360 y donde sólo 176 tienen condena): costura, repostería, emblemas, tarjetería, informática, bolsas, carpetas. Las participantes del taller de Serigrafía "La Estampa" estuvieron presentes en la inauguración de ArteBA, el pasado 18 de mayo, con sus obras. En el pabellón 15 las internas siguen cuidando el jardín de Claudia Sobrero 1, que salió en libertad en enero de este año, después de 22 años de cárcel.

En la Unidad 24 de Florencio Varela fue inaugurado el ciclo lectivo con un acto en que el gobernador Felipe Solá presentó el programa "La educación: una herramienta de cambio", que se propone incorporar en dos años al sistema educativo carcelario al 70% de las personas privadas de libertad en la provincia. En esa Unidad, con una población total de 756 internos, de los cuales sólo 177 tienen sentencia, hay 185 personas en el nivel primario, 98 en el Polimodal de Administración y Gestión, además del Centro Universitario. Se contabilizan 346 trabajadores.

Los internos del pabellón Universitario destacan su función de alfabetizadores de internos más jóvenes dentro de la cárcel. Se refieren a las dificultades de convivencia con nuevas generaciones juveniles, violentas y sin códigos.

Es que el sistema penitenciario, aparte de sus problemas intrínsecos,  acusa recibo de una situación social que lo desborda. Situación que hace que el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, prefiera hablar "de inserción como objetivo y no de reinserción", en los múltiples casos en que "el primer contacto que el Estado tuvo con estos chicos fue la cárcel. Llegan sin educación, muchos sin documentos, sin condiciones sanitarias...". Juan Scatolini lo formula a su manera: "Están encerrados los parias que acechan la ciudadela". El incremento de esa población carcelaria muy joven caracteriza a las unidades penitenciarias de varones. En la Unidad 3 del SPF sólo hay 28 chicas de 18 a 21 años. El 70% de las internas están detenidas por tráfico y comercialización de drogas en pequeña escala, una actividad que suele involucrar a mujeres mayores de 35 años.

Un área donde las posibilidades del sistema carcelario se muestran penosamente insuficientes es el de las adicciones, que afectan, según los miembros del servicio penitenciario, a un 80% de los detenidos. La Unidad 18 Joaquín Gorina, en la provincia de Buenos Aires, inaugurada en noviembre de 2003, es la única unidad terapéutica, exclusivamente dedicada al tratamiento de drogadependientes: hay 286 internos (sólo 78 condenados), seleccionados de distintas unidades penitenciarias entre quienes se postulan voluntariamente para someterse al tratamiento; pasan por un estricto período de admisión y su terapia, que incluye tratamiento psicológico individual y actividades grupales con operadores, no se prolonga más allá de 4 años.

El SPF tiene Centros de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD) en sus unidades penitenciarias. En la Unidad 3, por ejemplo, hay 22 internas en el CRD, inaugurado hace 11 años, que se postularon voluntariamente o han dado consentimiento a una orden del juzgado para ser admitidas en tratamientos cuya duración mínima es de 2 años.

  1. Claudia Sobrero fue detenida en 1984, a los 21 años, por el asesinato del dibujante Lino Palacio y su esposa. Condenada a reclusión por tiempo indeterminado, la máxima condena contemplada en el Código Penal, salió en libertad en enero de 2006.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 84 - Junio 2006
Páginas:6
Temas Estado (Justicia), Seguridad
Países Argentina