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Una herramienta innovadora

La tortura constituye la más grave de las violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos. Su prohibición está estipulada en un sinnúmero de convenciones internacionales de carácter universal así como regional; sin embargo, no ha podido ser desterrada; uno de los factores que hacen a su institucionalización es la vigencia de una impotencia fatalista sobre su persecución.

Al establecer que "resulta notorio que en la sociedad carcelaria, entendiéndose como tal aquellas que integran los reclusos y el personal que cumple funciones en los establecimientos penales, existen circunstancias susceptibles de provocar situaciones en las cuales los derechos de los internos pueden resultar menoscabados", el decreto 1.598/9, que creó la figura del Procurador Penitenciario, cuya misión es la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, admite en sus considerandos como presupuesto cierto la violencia y los malos tratos en los centros de detención.

Durante años, expertos, organizaciones sociales y gobiernos han sumado esfuerzos para combatir la tortura, reprimir a los perpetradores y adoptar programas que ayuden a las victimas y sus familiares. Sin embargo, en el mundo se sigue torturando con o sin el consentimiento oficial.

¿Por qué hay tanta violencia en la cárcel y por qué no se corrige? Porque existe impunidad, que puede darse por la inacción o ineficiencia judicial o porque la autoridad política la legitima y consiente las prácticas violentas como parte de una doctrina carcelaria violatoria de la dignidad de las personas sujetas a la privación de la libertad. O por ambas razones a la vez.

Control social sobre la cárcel

¿Qué puede hacerse, sobre todo preventivamente, para suprimir los hechos violentos, o al menos reducirlos a su mínima expresión? Debe subrayarse la importancia del control sobre el sistema. Desde el ámbito institucional, los órganos de control, como los jueces de ejecución y la Procuración Penitenciaria, deben ampliar su presencia en los establecimientos penitenciarios con el propósito de limitar la discrecionalidad con la que actúan las instituciones que administran los centros de detención. Pero también debe abrirse la cárcel al escrutinio de la sociedad civil.

Una estrategia efectiva sobre reformas en materia punitiva -que no puede ser exitosa sin la participación de la sociedad- debe involucrar a todos los actores del sistema para participar en el control externo de la cárcel. Es decir, que sea la sociedad en su conjunto la que opere como control social de la cárcel, como potenciadora de la tarea estatal.

Hay que abrir la cárcel a la sociedad para comprometerla con su destino; articular nuevas y sustentables redes de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en la privación de la libertad y mejorar las relaciones de cooperación entre las oficinas gubernamentales y las ONG.

Una oportunidad para ello la brinda el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General en diciembre de 2002. Inspirado en la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en visitas a lugares de detención durante los conflictos armados, Jean Jacques Gautier, fundador de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), desarrolló la propuesta de un sistema de visitas regulares a lugares de detención en todo el mundo, dando así inicio a un proceso que culminaría con la adopción del Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Se funda en la idea de que cuanto más abiertos y trasparentes sean los lugares de detención, más difícil se volverá en ellos la perpetración de abusos.

El Protocolo es un texto adicional, complementario de un tratado internacional. Su carácter de facultativo significa que su ratificación no es obligatoria para los Estados que hayan ratificado el tratado original, sino que queda sujeta a su libre decisión.

Comparado con los mecanismos de Derechos Humanos ya existentes, el Protocolo Facultativo aporta un enfoque innovador desde una doble perspectiva. Por un lado, el sistema que se instituye está concebido para prevenir las torturas en vez de reaccionar cuando ya se han aplicado. Por otro, busca establecer con el Estado parte un mecanismo que fomente una verdadera colaboración en aras de prevenir la tortura, en vez de proceder a una condena pública del Estado parte debido a las violaciones de derechos humanos ocurridas.

Para su funcionamiento, el Protocolo establece un sistema dual de prevención que se articula a partir de un mecanismo internacional, el Subcomité para la Prevención, integrado por expertos independientes, cuya labor complementará la del mecanismo nacional de prevención que el Estado parte deberá constituir dentro del año siguiente a su entrada en vigor -prevista para este año-, lo que ocurrirá cuando al menos veinte Estados lo ratifiquen.

Visitas sin aviso previo

La República Argentina ratificó el protocolo el 15 de noviembre de 2004, convirtiéndose en el primer Estado parte de América Latina y el primer Estado parte federal en el ámbito mundial.

El Protocolo establece por primera vez en la historia de los procedimientos internacionales la combinación entre un procedimiento internacional de supervisión y uno nacional, a crear por decreto, consistente en un Comité nacional de prevención de la tortura. Con el objeto de garantizar su independencia de actuación, se fijan los criterios y garantías especificas que deben ser respetadas por los Estados a la hora de crearlo.

La idea fuerza del Protocolo Facultativo de complementar los esfuerzos desplegados en el plano internacional con la labor a nivel nacional abre sin lugar a dudas nuevas perspectivas en materia de implementación de estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional.

Un aspecto central del mecanismo lo constituye el mandato para los miembros, tanto del órgano internacional como del nacional, de realizar visitas periódicas a los lugares de detención, lo que están facultados a hacer sin tener que solicitar consentimiento previo, con facultades de ingreso irrestricto a cualquier lugar del centro de detención, realizar entrevistas de manera privada y sin testigos con cualquier persona, acceso a documentación de detenidos, derecho también a revisar reglamentos, es decir a una amplísima gama de facultades para el monitoreo de los lugares de detención.

Otro aspecto relevante de este instrumento lo constituye la amplia definición de la expresión "lugares de detención". Con el objeto de dar la más amplia garantía de protección a toda persona que se encuentre privada de la libertad, debe entenderse que se encuentran bajo su jurisdicción no sólo las comisarías, alcaldías o cárceles, sino también otros centros, como las instituciones para menores de edad, de las fuerzas armadas, dependencias de los establecimientos médicos y psiquiátricos.

Al finalizar las visitas, los órganos de prevención internacional deben emitir un informe con recomendaciones a las autoridades centrales con responsabilidad sobre los lugares de detención visitados, y el Protocolo establece la obligación para el Estado de entablar un diálogo con los mismos.

Con el objeto de promover un mejor clima de diálogo y cooperación se estableció que este informe sea confidencial, dando al país la oportunidad de implementar las recomendaciones sin verse sometido a una condena pública.

No obstante, el informe como tal, elaborado a raíz de la visita, puede ser público si el Estado parte así lo autoriza. En caso de que sea el propio Estado el que lo publique parcialmente, el Subcomité internacional podrá decidir si lo publica en su totalidad. La negativa a cooperar ya sea en la visita o las recomendaciones dará la posibilidad de solicitar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que haga una declaración pública al respecto.

Por otra parte, los informes anuales elaborados por los mecanismos nacionales de prevención no están sometidos al principio de confidencialidad y el Estado parte está obligado a publicarlos y divulgarlos.

Finalmente hay que destacar que, a diferencia de otros tratados y órganos de tratados que cuestionan a los Estados sin ofrecerles una guía sobre cómo proceder para ir superando paulatinamente los escollos, el Protocolo Facultativo ofrece recursos técnicos y financieros para lograr cambios en el ámbito nacional, al crear un Fondo Voluntario Especial. Este Fondo está destinado a financiar la asistencia técnica a los Estados partes en la implementación de las recomendaciones del Subcomité y en la capacitación especializada a los mecanismos nacionales de prevención, lo que sólo puede redundar en beneficios para el Estado y en el mejoramiento de la confianza de la población hacia sus propias autoridades y el sistema de administración de Justicia.

Autor/es Francisco Mugnolo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 84 - Junio 2006
Páginas:7
Temas Derechos Humanos
Países Argentina