Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Del desastre social a las mafias

A pesar de los programas sociales que le aseguraron a Lula el apoyo de los desheredados, Brasil sigue enfrentando enormes dificultades. La sobrepoblación y las condiciones vejatorias en las cárceles del país dan prestigio a la organización criminal Primer Comando Capital (PCC), que domina la mayor parte de las cárceles y a través del tráfico de estupefacientes tiende sus redes en la sociedad civil.

Tres olas de ataques nocturnos a mano armada. Cócteles Molotov y bombas artesanales lanzados contra comisarías y edificios públicos, agencias bancarias, supermercados. Más de cien ómnibus de transporte urbano incendiados... Los 1.004 ataques que en mayo, julio y agosto de este año llevó a cabo, en San Pablo, la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) fueron de tal magnitud que esta ciudad, núcleo económico y financiero de Brasil y una de las megalópolis más pobladas del mundo (20 millones de habitantes), llegó a paralizarse por unos días. Los comercios cerraron, la circulación se detuvo y los cines, teatros, restaurantes o bares clausuraron sus puertas. En julio, dos millones de personas se encontraron de la noche a la mañana desprovistas de transporte público 1 y la gente, aterrorizada, se encerraba en su casa.

El balance oficial de los tres episodios arroja el saldo de treinta y cuatro policías y once guardias penitenciarios asesinados, así como ciento veintitrés civiles ejecutados en represalia por grupos supuestamente vinculados con la policía de San Pablo 2.

Éste ha sido, al día de hoy, el episodio más sangriento de la guerra abierta que en la última década vienen librando los poderes públicos del Estado de San Pablo y esta organización criminal, conocida como "el partido", que domina actualmente 130 de las 144 unidades carcelarias de ese Estado.

El PCC nació en agosto de 1993, en un establecimiento penitenciario de Taubaté, en el interior del Estado de San Pablo. Las condiciones de reclusión son allí extremadamente rigurosas: celdas individuales, apenas dos horas de salida al aire libre por día, prohibición de las radios, televisores, diarios, revistas, libros, así como de las visitas íntimas; baño de agua fría, vaciamiento de los gabinetes higiénicos accionado desde el exterior, por guardias que lo hacen cuando el aire es ya irrespirable; comidas que no merecen ser llamadas tales, dado que incluyen cucarachas vivas... Y si un preso se atreve a hacer oír su protesta, lo golpean con caños de hierro.

El director de esta mazmorra, José Ismael Pedrosa, hacía la vista gorda a los malos tratos infligidos por los carceleros. Este hombre, que trece años después, en octubre de 2005, sería asesinado en una emboscada atribuida al PCC, se había dado a conocer en 1992 porque tenía a su cargo la dirección del centro penitenciario de Carandiru cuando se produjo la famosa matanza de ciento once detenidos por un cuerpo de choque de la Policía Militar.

Pero ese 31 de agosto de 1993 en Taubaté, tras rechazar peticiones durante todo un año, Pedrosa finalmente autorizó un campeonato de fútbol entre los detenidos. Así y todo, el partido que debían disputar el Comando Caipira -equipo de presos del interior del Estado- y el PCC -nombre adoptado en oposición al del adversario- no tuvo lugar. Cuando ambos equipos se encontraron en la entrada del patio donde iba a tener lugar la contienda deportiva, el detenido José Márcio Felicio "Geleiao" (el Gelatinoso), de un metro noventa de estatura y ciento treinta kilos de peso, tomó con ambas manos la cabeza de un rival y le torció el cuello hasta rompérselo, matándolo instantáneamente. La consecuente batalla campal concluyó con la muerte de otro detenido, también a manos de "Geleiao".

A sabiendas de que las represalias no iban a hacerse esperar, "Geleiao" y otros siete detenidos sellaron entonces un pacto: "Cualquiera que ataque a uno solo de nosotros, nos atacará a todos: somos el equipo del PCC, los fundadores del Primer Comando de la Capital". Esta "ideología de los hermanos" no tardará en expandirse por todas las penitenciarías.

"Geleiao", "Cesinha" (César Augusto Roriz de Silva) y "Mizael" (Mizael Aparecido da Silva) dirigieron las primeras acciones del PCC, principalmente "Cesinha", de temperamento muy violento, y "Mizael", cuyo nivel intelectual es superior al del grupo. A él se atribuye la redacción de un estatuto de 16 artículos que el "afiliado" debe respetar. El primer artículo estipula: "Lealtad, respeto y solidaridad con el partido, por encima de todas las cosas". Los siguientes hablan de "unión contra las injusticias en las cárceles", de la contribución de los de afuera con los "hermanos" presos, del respeto y la solidaridad entre los detenidos, de la condena del robo, la violación y la extorsión ejercidos entre los mismos presos, y estipulan que el castigo por no respetar los principios establecidos puede llegar hasta la muerte. El documento se cierra con la siguiente exhortación: "Conocemos nuestra fuerza y la de nuestros enemigos. Ellos son poderosos, pero nosotros estamos preparados y unidos; y un pueblo unido jamás será vencido. ¡Libertad, justicia y paz!".

Inmediatamente después de ser bautizados por uno de los fundadores del partido, los nuevos integrantes deben obedecer sus directivas. La organización se desarrolló con gran rapidez. En menos de tres años, ya disponía de un ejército de "generales" que difundían el estatuto, organizaban a la masa de los prisioneros en torno a la cofradía y castigaban con la muerte a los opositores. A partir de su bautismo, los novicios eran promovidos al puesto de "pilotos de sectores" (alas de los pabellones que albergan las celdas de la cárcel). A su vez, los "pilotos" bautizaban a otros presos, calificados de "hermanos". No se obligaba a nadie a formar parte de la organización. A los meros simpatizantes se los llamaba "primos".

La sublevación

Como consecuencia de la política represiva de los diez últimos años -aumento de las penas largas, criminalización de los delitos menores, restricción de la garantía de defensa- sólo en el Estado de San Pablo hay más de 141.000 presos: 124.000 en las unidades carcelarias, de los cuales unos 40.000 a la espera de ser juzgados, y 17.000 en las celdas de los distritos policiales de la capital y el interior del Estado. Representan el doble de la capacidad de los establecimientos 3.

Casi toda esta población ha pasado a integrar o a estar vinculada de algún modo con el PCC. Para dirigir a distancia este crecimiento, "Cesinha" y "Geleiao" crearon las primeras "centrales" telefónicas de la organización criminal, sacando partido de los teléfonos celulares. En poco tiempo las centrales del Estado llegaron a sumar 1.500 en total, que funcionan las 24 horas y tienen equipamiento para organizar teleconferencias entre "militantes" presos y los de afuera 4.

Sólo en 2001 el gobierno de San Pablo percibió la importancia del teléfono celular. A raíz del traslado de algunos presos hacia la temible mazmorra de Tabauté, estalló una rebelión gigantesca que dejó estupefacta a la población. Esta transferencia rompía uno de los pactos "firmados" entre los líderes del PCC y las autoridades del Estado. Para evitar sublevaciones que acabarían por poner en evidencia las condiciones medievales imperantes en las cárceles, el gobierno había concedido a los detenidos ciertas prerrogativas, reconocimiento implícito del control por el partido de todas las unidades carcelarias.

El desplazamiento de este grupo de presos rompía el pacto, y a través de los celulares se transmitió a los "pilotos" de las cárceles la orden de "virar" (sublevarse). En muy poco tiempo, en veintinueve cárceles de diecinueve ciudades distintas, en su mayoría de la capital, se producía el amotinamiento de 30.000 detenidos. La sublevación, difundida en directo y con sensacionalismo por la televisión, consagró finalmente la celebridad del PCC y puso al desnudo el estado de descomposición del sistema carcelario. El partido logró así su propósito: ocupar la primera plana de los medios de Brasil y el extranjero.

Las medidas que el gobierno tomó para evitar nuevas sublevaciones resultaron desastrosas. En lugar de debilitarlos, la distribución de los jefes en diversas cárceles los convirtió en propagandistas de las "prerrogativas" obtenidas por los presos pertenecientes al partido. Los adeptos se multiplicaron. Hoy se estima que sólo los "afiliados" ascienden a 50.000.

Pero la lucha legítima contra la opresión dentro del sistema penal paulista sirve asimismo -y aquí se mezclan los géneros- de pantalla de un negocio más lucrativo: el tráfico de estupefacientes que, sólo para el mercado de San Pablo, se estima en 300 millones de dólares anuales. Para administrar su parte de la torta desde la cárcel, el PCC dividió al Estado en regiones que fueron confiadas a los "pilotos de calle". Éstos negocian con traficantes que actúan como intermediarios, al servicio de los "agentes" de los amos del negocio, los "patrones" 5.

Según constata el comisario Cosmos Stikovitz Filho, del Departamento de Investigación sobre Estupefacientes: "Esos patrones actúan como los jefes mafiosos de las películas. No se involucran directamente, sino que se limitan a dar órdenes. Son personas de elevada posición social, que circulan en BMW y en Mercedes Benz, personalidades por encima de toda sospecha. Si yo le diera los nombres de algunos de ellos, usted se caería sentado..."

Puesto que devolvió la calma a algunos barrios, donde puso fin a innumerables guerras entre múltiples bandas, al PCC no le resulta difícil seducir muchos jóvenes que luchan por sobrevivir en medio de la pobreza como dealers temporarios. Les encanta pertenecer a una organización de semejante peso, así sea dentro de su nivel más bajo.

El comercio de drogas se realiza también dentro de las cárceles. Un detenido contactado en la cárcel de Hortolandia explica: "Todo director sabe que la macoña (marihuana) es el gran sedante del prisionero, que le permite ‘viajar' y construir castillos en el aire. Cuando escasea, la violencia aumenta. Por eso se tolera su uso".

Otro detenido hace su propio elogio del PCC: "La cantidad de muertos disminuyó porque el partido controla a los presos. Nadie mata sin autorización. Los celulares y la droga entran gracias a la corrupción y las visitas. Y el PCC ayuda a los de menos recursos: satisface sus necesidades, paga el ómnibus a los visitantes que vienen de lejos, organiza rifas de pelotas y bicicletas para el día del niño. ¿Quién más lo hace? ¡Sólo el partido!".

Nuestro informante olvida precisar sin embargo que todo "afiliado" debe pagar una mensualidad. Tanto el liberado como la familia del preso. Quien no cumple la obligación recibe un castigo que puede ir hasta la muerte. Poco importa que no haya tenido suerte en las agresiones perpetradas o en los tráficos de que se ocupa, y que no haya conseguido reunir la suma suficiente. Como constata el fiscal Márcio Christino: "El PCC es omnipresente. Reina en las cárceles. Organiza las fugas, mata a sus enemigos o los obliga a suicidarse. Comete atentados con bombas. Corrompe a los representantes del poder público. Desafía a las autoridades".

"Marcola" 

En el mundo del crimen, así como en los ámbitos policiales y los medios de comunicación, un nombre se ha vuelto mítico: "Marcola", alias de Marco Williams Herbas Camacho, ladrón de bancos, condenado a treinta y nueve años de cárcel -ya purgó diecinueve- y sospechado de la planificación de la muerte de un juez corregidor 6, en 2003. Hombre de perfil bajo y con fama de cultivado -dice la leyenda que leyó más de 2.000 libros- nunca hizo declaraciones a la prensa. Existen pocas fotos suyas en los archivos de los diarios y lo único que se sabe de él es lo que se digna decir cuando, llevado a los interrogatorios, acepta responder preguntas.

Tanto la policía como la magistratura consideran que "Marcola" es el cerebro de la organización. Él declara sistemáticamente: "No hay pruebas de mi pertenencia al PCC. Los que me señalan son la prensa y los propios presos. Pero yo no soy jefe de nada. Yo peleo por mis derechos. Qué puedo hacer si la masa de los detenidos se identifica con mi lucha".

Con o sin pruebas, "Marcola" vive bajo régimen disciplinario especial (RDD): celda individual de seis metros cuadrados, con una pequeña banderola de ventilación. Cama de cemento, letrina y ducha de agua fría. En verano, la temperatura supera los 40 grados. Dos horas diarias de sol y otras dos para las visitas semanales de dos personas, sin contacto físico, separado por barrotes, cortinas o vidrios. Ni radio, ni televisión, lo único permitido es la lectura.

Interrogado por los diputados federales miembros de la comisión parlamentaria de investigación (CPI), que se ocupa del tráfico de armas, "Marcola" respondió, según uno de ellos: "¿Ustedes quieren combatir el crimen aquí adentro? ¡Pero está afuera! Vayan a combatir el crimen de cuello blanco. No quiero faltarles el respeto, pero yo estoy pagando por lo que hice, y por lo que dicen que hice. ¿Pero y los diputados, chupasangres remunerados y absueltos...? Los políticos nunca son responsables de sus errores, sus carencias, mientras que yo sí debo responder por ellos".

La repercusión de los sucesos de San Pablo llevó al gobierno federal de Brasilia a ofrecer ayuda 7, incluso a pensar en enviar a las fuerzas armadas. El gobernador del Estado, Cláudio Lembo, del Partido del Frente Liberal (PFL), opositor de Lula, rechazó la propuesta, declarando que la situación estaba bajo control. Meses antes de la primera ronda electoral del 1 de octubre de 2006, aceptarlo hubiese sido una prueba del fracaso de su policía que, con 150.000 hombres, se presenta muchas veces como la mejor entrenada del país. Más aun cuando el adversario del presidente Lula no era otro que Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo...

Lembo no modificó su actitud después del secuestro, el 12 de agosto de 2006, de un periodista (Guilherme Poetanova) y un técnico (Alexandre Calado) de Rede Globo, el canal de televisión más poderoso del país. A cambio de su liberación, el PCC exigía que el canal presentara un video en el que uno de sus miembros, debidamente encapuchado, leería un manifiesto donde se reclama "un trato digno a los presos, conforme a la ley de cumplimiento de las penas".

Pese a la opinión contraria de la policía, Globo aceptó, el video se difundió y horas después reaparecieron el técnico y el periodista. Pero la pregunta ¿cuándo y cómo terminará esta guerra? sigue en suspenso. Nadie se atreve a aventurar una respuesta.

Las violaciones de los derechos humanos, las humillaciones y los múltiples abusos regularmente denunciados por las familias de los detenidos permiten que las bandas se presenten como defensoras de los presos. A este respecto opina, indignada, la socióloga Vera Malaguti: "Si no discutimos las cuestiones de fondo, el problema podrá arreglarse con un baño de sangre, pero resurgirá en un año, o en un mes. La policía tiene miedo, la gente tiene miedo, y tiene razón de tener miedo. Pero si seguimos encarando el problema estúpidamente, la situación empeorará. La violencia, la rabia, el rencor serán aun mayores. (...) La gente tiene que saber quién es y cómo vive la población carcelaria" 8.

Presente en Viena durante la Cumbre Unión Europea-América Latina de mayo de 2006, al momento de los tumultos, el presidente Lula declaró que la raíz de lo sucedido estaba en la insuficiencia del gasto social, y agregó: "Es menos costoso educar a un niño, desde la escuela hasta la universidad, que tener a un joven en la cárcel" 9. ¿Será la aplicación de ese sabio precepto uno de los objetivos de su segundo mandato?

  1. Las pérdidas de las doce compañías locales ascienden a cerca de cuatro millones de euros.
  2. "Brésil. Nouvelles attaques criminelles à São Paulo", Amnesty International, AMR, EFAI, París, 14-7-06.
  3. Mario Osava, "La situation explosive des prisons du Brésil", InfoSud, Ginebra, 17-7-06 ; www.infosud.org/
  4. A partir de los últimos levantamientos, se abandonó este sistema de comunicación, dado que la policía utilizó equipos de escucha. Las órdenes fueron transmitidas a través de allegados de los detenidos e incluso, según sostienen algunos, de los abogados.
  5. Además de su enfrentamiento con las autoridades, el PCC libra una guerra contra un grupo rival, el Comando Rojo. Las dos organizaciones se disputan tanto el control de las cárceles como el de las actividades delictivas, principalmente el tráfico de droga en San Pablo.
  6. Autoridad judicial de control de las fallas de la justicia.
  7. Lula desbloqueó 40 millones de euros destinados en parte a la reconstrucción de las cárceles destruidas durante los alzamientos.
  8. Página/12, Buenos Aires, 16-5-06. 
  9. El País, Madrid, 15-5-06.
Autor/es João De Barros
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 90 - Diciembre 2006
Páginas:5,6
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Corrupción, Estado (Política), Sociedad
Países Brasil