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Recuadros:

Justicia o paz, el dilema ugandés

África tiene el triste privilegio de ser objeto de las primeras investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), activa desde 2002: República Democrática del Congo, Darfur, África Central, Uganda. Este último país, herido por el más antiguo conflicto del continente, es un desafío para la CPI. En efecto, las acciones judiciales que ordenó interfieren con las delicadas negociaciones entre el gobierno y los rebeldes iniciadas en 2003. Ahora bien, la paz sigue siendo precaria: la tregua de agosto de 2006 llegó a su fin el 1 de marzo sin que se haya logrado un nuevo acuerdo.

Incrédulo, Jan Egeland, subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, discute con refugiados en el norte de Uganda, a mediados de septiembre de 2006. "No queremos a la Corte Penal Internacional (CPI). Queremos la paz", se empeña en hacerle saber el jefe de un campo de refugiados donde se encuentran hacinadas veinticinco mil personas que fueron desplazadas. "Pero es necesario que se les haga justicia", se atreve a decir Egeland... "Sin duda, responde su interlocutor, pero ¿el juzgamiento de cinco personas nos devolverá a los que perdimos? ¿La CPI puede traernos la paz o está favoreciendo la continuación de la guerra?"

La rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) alimenta el conflicto en curso más antiguo del continente africano (ver recuadro). Unas cuarenta mediaciones no pudieron, hasta ahora, acabar con él. Invitada a fines de 2003 por las autoridades ugandesas a investigar sobre las atrocidades cometidas por el ERS en el norte del país, la CPI acusó a cinco jefes militares de crímenes de guerra y lesa humanidad 1. A pesar de las decenas de miles de muertos en veinte años, esta intervención judicial suscita allí una viva controversia. Para algunos -incluso entre las víctimas-, estas acusaciones constituirían un freno al proceso de paz iniciado en julio de 2006 entre los rebeldes y Kampala.

Para la CPI, Uganda constituye una experiencia piloto. En funcionamiento desde 2002, debe dar muestras de su credibilidad. En La Haya, donde tiene su sede, comenzó el primer proceso internacional: involucra a un congoleño, Thomas Lubanga. La causa ugandesa se inició antes, pero su instrucción es lenta, debido especialmente a la incomprensión encontrada en el terreno 2.

La CPI abrió su oficina en el centro de Kampala, la capital, de manera muy discreta. Los locales que ocupa su pequeño equipo parecen un escondite y nada indica al visitante dónde se encuentra; piden a los periodistas que envíen sus preguntas por correo electrónico, y prometen respondérselas días más tarde... Comprometida en una difícil campaña de explicación de su trabajo ante las asociaciones locales e internacionales que trabajan en el norte del país, la CPI enfrenta en todas partes las mismas dudas y críticas.

Polémica y chantaje

Desde hace varios meses, la polémica crece en Kampala, pero también en el vecino Sudán, que apadrinó las primeras discusiones de paz durante el verano boreal de 2006 3. El siguiente mes de octubre, Vincent Otti, número dos del ERS, anunció que a pesar de los avances logrados durante las negociaciones de Juba (sur de Sudán) 4, no se firmaría ningún acuerdo global mientras la CPI no abandonara las acciones 5. Los rebeldes prefieren -hizo saber- que sus procesos se lleven a cabo en Uganda... si alguna vez se llevan a cabo. La amenaza parece tanto más seria cuanto que, por primera vez desde el comienzo del conflicto en 1986, nunca se estuvo tan cerca de la firma de un acuerdo de paz.

Frente a la extorsión ejercida por los rebeldes, Kampala parece dudar entre dos extremos. En el entorno del presidente Yoweri Museveni, se elevaron algunas voces para pedir el retiro de los investigadores de la CPI. Esta posición se suma a la de diversas asociaciones del norte de Uganda, como la Acholi Religious Leaders' Peace Initiative (ARLPI) o Save the Children in Uganda (SCIU). Parece coincidir con el deseo de una parte de la población cuya prioridad es el cese definitivo de las hostilidades. A pesar de todo, la CPI mantiene su intención de juzgar a los rebeldes, obligando a Kampala a tomar partido públicamente.

A comienzos de octubre de 2006, las autoridades ugandesas informaban por escrito al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, su compromiso de llevar a término los procedimientos en curso. Más allá del cruce de rumores y comunicados oficiales, los actores del conflicto ugandés tratan de servirse de la jurisdicción internacional como de una palanca en la lucha que libran. Del lado gubernamental, esta utilización es anterior a las negociaciones de paz. Fue Kampala la que, tras haber solicitado la intervención de la CPI en diciembre de 2003, hizo pública en 2004 la acusación a los cinco jefes rebeldes. La prensa local fue informada de ello aun cuando el accionar judicial debía mantenerse en secreto. Esa "filtración" transformó el acta de procesamiento de la CPI en un arma de presión contra los rebeldes.

En diciembre de 2004, durante una conferencia de prensa en Londres, el fiscal de la CPI y el presidente de Uganda brindaron detalles de los procedimientos. En efecto, a falta de una victoria militar, Kampala deseaba mostrarse en compañía de un nuevo aliado. Para las autoridades ugandesas, el peso de este socio judicial sería decisivo en eventuales negociaciones con el ERS.

Por otra parte, en 2005, luego de los primeros contactos prometedores con los rebeldes, la negociadora gubernamental, Betty Bigombe, una ex ministra del presidente Museveni, anunció que si el ERS deponía las armas, las autoridades se comprometían a solicitar a la CPI la suspensión de las acciones 6. Desde entonces, el jefe de Estado ugandés no se priva, según su humor, de blandir la amenaza judicial o seducir con el cese de las acciones de la CPI. En Kampala, una persona cercana al presidente confirma este juego: "Si el ERS acepta firmar el acuerdo de paz global, nos pondremos de acuerdo con la CPI. Tendremos buenas razones para lograr que abandone sus acciones judiciales y lo conseguiremos".

Imagen en juego

La Corte parece estar padeciendo la actitud ugandesa. En el mejor de los casos, parece haber caído en una trampa; en el peor, haber sido utilizada. Todo sucede como si se hubiera puesto al servicio de las autoridades de Kampala y los rebeldes la consideran responsable de la interrupción de las negociaciones. Proclamando su intención de llevar a término los procedimientos, trata de afirmar su independencia pero, a su pesar, se convirtió en un objetivo político para el gobierno y la rebelión. Poco sorprendería que, en las próximas semanas, se firme un acuerdo a cambio de un pedido oficial de cese de los procedimientos penales. Sería entonces difícil para la Corte no acatarlo en la medida en que no puede abstraerse de la situación política local.

Si se empecinara en una lógica exclusivamente judicial, correría el riesgo de alentar la continuación del conflicto. Kampala, que asumió el compromiso de colaborar con ella ratificando su tratado fundacional, se ubicaría en una posición incómoda respecto de la legalidad internacional al solicitar el cese de las acciones judiciales, pero a los ojos de las instancias de la ONU y de las grandes potencias prevalecerían seguramente los imperativos políticos y humanitarios.

Además, el estatuto de la Corte podría brindar a Uganda un argumento jurídico que le permita justificar su actitud. A diferencia de los demás tribunales internacionales (Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia o Tribunal Penal para Ruanda) 7, la CPI otorga prioridad a la justicia de los Estados involucrados. Si éstos iniciaran acciones judiciales creíbles contra los criminales -aunque los criterios de tal credibilidad aún no hayan sido definidos- la acción internacional ya no sería posible. La Corte sólo puede intervenir en caso de inacción -voluntaria o involuntaria- de los Estados, y los 104 países que ratificaron su estatuto deben prestarle asistencia brindándole información o entregándole sospechosos.

La causa ugandesa pone en juego la imagen de la muy joven jurisdicción internacional y podría orientar sus futuras acciones. Concebida para superarlas, la CPI tropieza al parecer con dificultades similares a las de sus predecesoras: en su deseo de impartir justicia, no puede permanecer ciega a los objetivos diplomáticos y políticos. Por lo menos en los campos de refugiados del norte de Uganda, son muchos los que no comprenderían la prolongación de sus duras condiciones de vida.

  1. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo y Dominic Ogwen fueron procesados, y Michelyne C. Saint-Laurent nombrada asesora de la defensa el 1 de marzo de 2007.
  2. www.icc-cpi.int/cases.html
  3. El 10 de enero pasado, en Juba, al sur de Sudán, el presidente Omar Al-Bachir señaló que "el ERS ya no era bienvenido en Uganda". Desde entonces, los rebeldes consideran que ya no es posible continuar las negociaciones de paz en Sudán. Se ausentaron de las discusiones, actualmente suspendidas, y exigen la reanudación de las negociaciones en otra parte.
  4. El 26 de agosto de 2006, se firmó un acuerdo de cese de las hostilidades entre los rebeldes y el poder, que preveía la concentración de los rebeldes en el sur de Sudán. Renovado a comienzos de diciembre, venció a fines de febrero de 2007.
  5. "Kony rebels refuse to sign peace deal", Daily Monitor, Kampala, 10-10-06.
  6. Tim Allen, Trial Justice, The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army, Zed Books, Londres, Nueva York, 2006.
  7. Xavier Bougarel, "Aporías de la justicia universal", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2002.

El más antiguo conflicto africano

Essoungou, André-Michel

¿Cinco, veinte o cien mil muertos? En más de veinte años, la guerra en el norte de Uganda ni siquiera gozó del privilegio de una estimación confiable de su número de víctimas. Desde 1986 y el comienzo de la rebelión milenarista encabezada por Alice Lakwena, el norte de Uganda nunca más conoció la paz. Derrotado en las puertas de Kampala en noviembre de 1987, su Movimiento del Espíritu Santo (Holy Spirit Movement) fue rápidamente reemplazado por el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) de su sobrino Joseph Kony. Tanto uno como otro pretenden estar guiados por espíritus santos e imponer un poder basado en los Diez Mandamientos 1. Pero el conflicto refleja también una profunda rivalidad entre el sur del país, que detenta el poder, y el norte que se considera excluido. Estas tensiones se remontan a la colonización británica que, en el marco de un juego de poder regional, las había exacerbado. Así, el ERS tiene el apoyo del pueblo acholi (norte de Uganda). Los acholi se oponen al presidente Yoweri Museveni oriundo de la tribu bayankole (sudoeste del país). El jefe de Estado tomó el poder en 1986 derrocando a un consejo militar acholi. Hasta hace poco tiempo, el ERS gozó de los favores del vecino Sudán. Jartum se sirvió de éste como milicia en su propio conflicto contra sus rebeldes sudistas. En 1996, frente al terror provocado por el ERS en el norte de Uganda, el gobierno decidió crear “campos protegidos” para las poblaciones. Al hacerlo, buscaba también privar a los rebeldes de sus fuentes de abastecimiento. De nada sirvió. Las masacres de civiles continúan y algunos actos de mutilación recuerdan la guerra en Sierra Leona. Entre veinticinco y sesenta mil niños fueron secuestrados, y convertidos para muchos en soldados del ERS. Otros miles fueron obligados durante años a abandonar los campos al caer la noche, para esconderse de los “reclutadores” en las calles de Gulu y otras ciudades del norte del país. Habría 1,5 millones de personas desplazadas en el país acholi, la región más afectada por el conflicto. Es una zona devastada. Michael Odongior, asesor jurídico ugandés de una asociación local, constata desilusionado: “Aquí la gente sobrevive gracias a la ayuda humanitaria internacional. La presencia del gobierno se reduce a la de su ejército y unas pocas rutas construidas hace ya muchísimo tiempo”.

  1. Michel Arseneault, “La folle guerre de l’Armée de résistance du Seigneur”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1998.


Autor/es André-Michel Essoungou
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 94 - Abril 2007
Páginas:24,25
Traducción Gustavo Recalde
Temas Conflictos Armados, Estado (Política), Políticas Locales
Países Uganda