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El mar de fondo social

El asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos de la policía de Neuquén, en abril pasado, fue el momento más dramático de las variadas movilizaciones sociales que tienen lugar en casi todo el país. Este incidente mostró a qué extremos puede conducir la política de “mano dura” que pregonan ciertos sectores y también hasta qué punto la protesta social se radicaliza y tiende a escapar al control de la dirigencia.

Diez años exactos separan el asesinato del docente Carlos Fuentealba, a manos de la policía provincial, del de Teresa Rodríguez. Ambos ocurrieron en Neuquén, durante movilizaciones encabezadas por reclamos docentes; en ambos aparecieron involucradas fuerzas de seguridad. Aunque en las últimas semanas hubo intentos por asimilar esos dos momentos, las similitudes no van más allá del final trágico que compartieron. Mientras la pueblada de Cutral-Có, a comienzos de los '90, prologó el protagonismo del movimiento piquetero -producto de la devastación de las economías regionales y de un Estado ausente- el conflicto registrado en Neuquén en abril pasado tiene lugar en el marco de una sociedad que comienza a alzar su voz ante un Estado al que ahora no se puede acusar por ausencia, pero sí por falta de políticas redistributivas en un contexto de fuerte y sostenido crecimiento económico.

En uno de sus trabajos sobre la protesta social, el sociólogo Javier Auyero señala tres factores condicionantes en la formación de los movimientos populares: una oportunidad política que los haga viables, recursos que los faciliten y la presencia de redes asociativas previas 1. Podría afirmarse que en el reciente caso de Neuquén fue un error político del propio gobernador, Jorge Sobisch, el que aportó los dos primeros. A la oportunidad que significa todo momento electoral, se sumó un recurso simbólico fundamental: las amenazas del gobierno provincial de reprimir las protestas sirvieron para unir a todo un pueblo bajo una misma consigna 2. A esto debe agregarse la existencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), un gremio que desde sus orígenes evita limitarse a las reivindicaciones salariales (actualmente está a la cabeza de la coalición opositora), y la particular situación económica de una de las provincias que gozan de un alto ingreso petrolero. La ostentación de los edificios de gobierno, como el futuro palacio legislativo, y un visible crecimiento en la obra pública conforman un escenario similar a los de Salta y Santa Cruz, provincias en las que se reiteran serios conflictos sociales.

La situación nacional

Es público y notorio que el país vive un momento de crecimiento inédito en su historia económica. A comienzos de abril pasado, el Ministerio de Economía anunció un nivel de recaudación impositiva récord: 13.943,9 millones de pesos. Hay superávit fiscal y comercial y las reservas del Estado en divisas alcanzan un nivel histórico récord. Los datos oficiales indican que la pobreza bajó 30 puntos entre octubre de 2002 y el segundo semestre de 2006 y que la tasa de desempleo se colocó en un 8,7% durante el último trimestre del año pasado 3, después de años por encima de los dos dígitos.

En este marco, la protesta social parece concentrarse ahora en los sectores medios. Un estudio realizado por la consultora Nueva Mayoría indica que el año pasado los cortes en la vía pública fueron encabezados por vecinos, estudiantes y comerciantes. El relevamiento, realizado en todo el país en base a publicaciones periodísticas, muestra no sólo un importante descenso en los cortes de calles y rutas (2.336 en 2002; 1.199 en 2005 y 817 el año pasado), sino también la retirada del espacio público de las organizaciones piqueteras, que sólo realizaron un 9,1% de los cortes, en contraste con el 29,4% llevados a cabo por distintos grupos de clase media; el 24,6% de los sindicatos y el 20,8% los agroindustriales 4.

Hubo también, por supuesto, un cambio en la naturaleza de las demandas. Desde el año pasado y durante los últimos meses, dos de los sectores más movilizados han sido los médicos y los docentes. Su reclamo, que no sólo incluye pedidos de aumento, sino también cambios en la composición salarial, deja al descubierto un grave problema estructural. El anuncio realizado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, de un piso salarial de 1.040 pesos para los docentes de todo el país omite un dato de suma importancia: una elevada porción está compuesta por cifras que no se incorporaron al básico sobre el que se calcula la antigüedad, lo cual terminó afectando las escalas salariales además de generar una gran incertidumbre respecto al futuro jubilatorio de los trabajadores. Esta es la base del reclamo de los maestros en Neuquén y en varias provincias, donde existen salarios que ascienden a 1.700 pesos, pero el básico no llega a los 400.

Según datos difundidos por el INDEC, si bien el trabajo informal volvió a bajar en el cuarto trimestre del año pasado, la cifra se mantiene por encima del valor que promediaba antes de la última crisis, ubicándose en un 42,9%. Esto significa que aun hay 4,7 millones de trabajadores que no cuentan con aportes jubilatorios ni protección médica 5.

Un informe realizado por la Confederación de Trabajadores de Argentina (CTA) advierte sobre las características del actual mercado laboral y plantea esencialmente dos cuestiones: a) que la tasa de desocupación oficial del 8,7% incorpora como ocupados a los beneficiarios de los planes sociales, y b) que la tasa de subocupación sigue en los dos dígitos (10,8%); o sea que hay 1.795.372 "ocupados" que trabajan menos de seis horas semanales 6.

En este sentido, si bien el documento destaca el descenso en la tasa de desempleo, alerta sobre la precarización de un mercado en el que un importante porcentaje de trabajadores percibe haberes por debajo del salario mínimo, está en negro o cuenta con empleos inestables. En palabras del diputado Claudio Lozano, "estamos ante un sistema que no resulta universal y donde reglas poco claras terminan traduciéndose en el beneficio de unos pocos. Tomemos como ejemplo lo que ocurre con el salario mínimo. Se trata de un índice que no alcanza ni a los empleados que dependen de los gobiernos provinciales ni a los que están en negro, con lo cual refleja una realidad que excluye al amplio número de trabajadores que hoy se encuentra completamente desprotegido" 7.

No debe extrañar pues el tenor de los pedidos que vienen engrosando las listas de los sindicatos en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Mayor protección social, mejoras en las condiciones de trabajo, reformulación de las categorías, son algunos de los puntos que hoy tensan el diálogo gobierno-sindicatos en las paritarias. Los cálculos oficiales estiman tener cerradas las negociaciones a mitad de año, lo que le daría aire al oficialismo para llegar con la cuestión salarial resuelta a las elecciones generales de octubre próximo. Pero, más allá de la satisfacción que enmarcó los últimos anuncios de aumento 8, lo cierto es que este año el panorama se vislumbra caldeado por las pujas en el movimiento gremial. Sectores como la metalurgia y la construcción, olvidados durante la década del '90, se aúpan ahora para sus reclamos en el crecimiento económico y los amplios márgenes de ganancia empresaria y recuperan un protagonismo que buscan traducir en el esquema sindical.

Un dato servirá a modo de ilustración: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró el año pasado con los empresarios un acuerdo por sólo ocho meses; es decir, se pautó que las negociaciones debían reanudarse en marzo de 2007. El cálculo le permitió al gremio de Antonio Caló aparecer este año como caso testigo, un lugar apetecible a la hora de acumular capital dentro del mapa sindical. El escenario de "pesos pesados" lo completan los gastronómicos de Luis Barrionuevo; los ferroviarios, tradicionalmente duros en las negociaciones, y el sindicato de neumáticos, que responde a la CTA.

Reclamos del agro

La situación en el campo aparece aun más compleja. Allí el gobierno se enfrenta con el reclamo de los pequeños productores y obreros rurales. Para Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), el principal problema es que las demandas no responden sólo a necesidades actuales, sino que tienen que ver con el problema estructural que amenaza el futuro de los pequeños propietarios. La concentración gestada durante la década del '90, se ha fortalecido durante los últimos años. Precios internacionales que rozan las nubes y el mantenimiento de un tipo de cambio alto determinan el período excepcional que vive el campo, pero -según Buzzi- también favorecen un pronóstico de dramáticas consecuencias sociales.

En 1991, el decreto de desregulación de la actividad económica sancionado por el gobierno de Carlos Menem significó la desaparición de las entidades reguladoras como la Junta Nacional de Granos, encargada de fijar los precios en el sector, dejando al campo sujeto a los vaivenes de la economía internacional. La medida desprotegió a los productores más pequeños y a los sectores más vulnerables del agro, sin recursos para competir contra los gigantes internacionales 9. En cuanto a los peones, es frecuente que deban cumplir jornadas de 12 horas, en una suerte de regreso a la primera mitad del siglo XX.

Según la FAA, las provincias donde la inequidad en el sector es mayor son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Allí vienen actuando los movimientos de campesinos sin tierra, generalmente en conjunto con otras organizaciones que persiguen reclamos similares 10. Sus demandas cubren un amplio abanico: desde el problema en torno a la tenencia de tierras hasta la necesidad de subsidios y de una promoción para la agricultura familiar, así como la solución de conflictos ecológicos que amenazan los recursos a corto y mediano plazo. Este conjunto de acciones persigue las reivindicaciones formuladas hace tres años, durante un Plenario Nacional en el que 2.000 campesinos, pequeños y medianos productores expusieron públicamente las demandas de 250.000 familias rurales 11. Para el próximo mes está prevista una movilización similar: la Marcha Nacional de la Producción Agraria, en la que miles de agricultores de todo el país se concentrarán en Buenos Aires para pedir un cambio en el modelo de desarrollo agrario.

La estrategia oficial

Hasta ahora el gobierno nacional ha sido fiel a su política de no reprimir las protestas. Muertes como las de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, Buenos Aires, tienen un altísimo costo político. El gobernador neuquino Jorge Sobisch, en su afán por posicionarse en la carrera presidencial, subestimó ese capítulo. El oficialismo, en cambio, ha decidido no poner su capital político en manos de las fuerzas de seguridad.

En realidad, dicha medida forma parte de un repertorio más amplio que define al conjunto de políticas activas adoptadas por el presidente Néstor Kirchner para hacer frente a la convulsión social que marcó los umbrales de su  gobierno.

Las tensiones entre el Estado y las demandas sociales no son necesariamente un síntoma de malestar, sino que forman parte del funcionamiento del sistema político. En esta dinámica el gobierno actual optó por la vía de la negociación con las agrupaciones de desocupados. El énfasis puesto en el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo, a cargo de Alicia Kirchner, muestra que el Presidente ha decidido ampliar el capital político que significaron los planes de ayuda otorgados al movimiento piquetero.

El diálogo, sin embargo, no excluyó los intentos por desacreditar ciertos aspectos de la protesta social, en particular los cortes de ruta. Para el constitucionalista Roberto Gargarella, en el intento de desgastar la legitimidad de la protesta lo que se pone en juego en realidad es la propia definición de las demandas sociales. "El gobierno, astutamente, ha respondido a estas demandas por derechos como si fueran demandas por privilegios, con lo que ha evitado ofrecer respuestas universales. Este hecho, por supuesto, no se debe a un accionar conspirativo. Simplemente ocurre que este tipo de respuestas conservadoras son las que más le convienen, por una multiplicidad de razones. Por un lado, porque así obliga a las organizaciones a acercarse al poder de un modo estratégico, pero finalmente sumiso o amigable. De lo contrario -las organizaciones lo saben bien- pueden convertirse en la ‘oveja negra' y no recibir subsidios, lo que termina llevando a muchos de sus miembros a acercarse a los movimientos que perciben los beneficios que se derivan del poder. En segundo lugar, evita tensar la cuerda con los grupos más poderosos, siempre temerosos de la potencia disruptiva y redistributiva de las organizaciones populares. Y, finalmente, se presenta frente a la sociedad de un modo paralelo como el mediador y referente, capaz de gestionar y finalmente dosificar el conflicto en cuotas socialmente aceptables. De este modo, el gobierno fragmenta al movimiento popular y alienta el enfrentamiento entre facciones que se ven movidas a disputar entre ellas las respuestas del poder político" 12. No obstante, la dinámica del movimiento social está empezando a escapar del marco de cualquier estrategia de contención: por ejemplo, durante las dos primeras semanas de este mes de mayo, la CTA y el MTL realizarán la cuarta marcha bajo el título "El hambre es un crimen. Ni un pibe menos", para dar testimonio de la población infantil que vive bajo la línea de pobreza.

La creciente fragmentación de los movimientos de desocupados (ver página siguiente) y un consenso popular cada vez más fuerte respecto a la necesidad de recuperar la institucionalidad perdida, van en el sentido de la estrategia oficial. Kirchner asumió en la cresta de la ola de una opinión pública que exigía normalidad y en la que ciertas formas de actuar comenzaban a ser estigmatizadas. Este proceso se vio favorecido por un contexto de crecimiento económico que influyó en la reaparición de otros actores, más cercanos a los espacios de representación tradicional.

La respuesta que puedan asumir estos y otros sectores malheridos por la ofensiva neoliberal definirá el panorama social en los próximos meses. La inédita coincidencia entre la CTA y la Confederación General del Trabajo (CGT) en la movilización posterior al asesinato de Fuentealba 13, es un dato a considerar. Un contexto de debilidad o transformación de los marcos tradicionales de acción es propicio para la generación de espacios alternativos, proclives a ser ocupados y liderados por aquel actor que cuente con los recursos materiales y simbólicos necesarios. Así ocurrió el año pasado en el referéndum electoral en Misiones, en el que triunfó una coalición socio-política armada a último momento, opuesta al gobierno y liderada por un recienvenido, el obispo Joaquín Piña. Situaciones similares se han dado o se esbozan en otras provincias. Y aunque sería erróneo proyectar el fenómeno de manera automática a nivel nacional, no se puede descartar que el descontento social, expresado en movilizaciones como las docentes y otras, no acabe cuajando, como en Misiones, en alianzas que dejen al desnudo las falencias de la política oficial y afecten sus proyectos electorales. 

  1. Javier Auyero, "Fuego y barricadas. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática", en Nueva Sociedad, Caracas, 2002.
  2. Días previos a los incidentes del 4 de abril, que terminaron con la muerte del docente Carlos Fuentealba, el gobierno provincial había advertido que "no permitiría los cortes de ruta", Página/12, Buenos Aires, 05-04-07. El subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, elegido por el gobernador para hablar con la prensa luego de la tragedia aseguró: "Desgraciadamente no había otra salida que la represión", Clarín, Buenos Aires, 05-04-07.
  3. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Ministerio de Economía y Producción de la Nación, www.mecon.gov.ar.
  4. Análisis cuantificado de los cortes de rutas y vías públicas, realizado durante el 2006 por la consultora Nueva Mayoría, que dirige Rosendo Fraga.
  5. Página/12, Buenos Aires, 21-03-07.
  6. Claudio Lozano y Tomás Raffo, "¿Desocupación de un dígito?", informe publicado por la CTA, Buenos Aires, 2006.
  7. Entrevista con la autora.
  8. El Gobierno Nacional anunció un aumento del 16,5%, acordado con seis sectores: camioneros, trabajadores textiles, los estatales de UPCN, los obreros de la construcción, los porteros y los taxistas, Clarín, 20-04-07.
  9. Norma Giarracca y Miguel Teubal, "Democracia yneoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil" en La construcción de la democracia en el campo latinoamericano, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, marzo de 2006.
  10. Camilo Ratti y Guillermo Posada, "La tierra es nuestra", y Walter Pengue, "Aún nos quedan las manos y la tierra", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2000 y agosto de 2002, respectivamente.
  11. Walter Pengue, "Cuando tenga la tierra...", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2007.
  12. Entrevista con la autora.
  13. "Después de años de disputa, los secretarios generales de las dos centrales sindicales de la Argentina -Hugo Moyano, de la CGT, y Hugo Yasky, de la CTA- sejuntaron ayer para producir un documento conjunto de repudio a la represión a los docentes neuquinos", Clarín, Buenos Aires, 07-4-07.
Autor/es Carolina Keve
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 95 - Mayo 2007
Páginas:4,5,6
Temas Conflictos Armados, Estado (Política)
Países Argentina