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Recuadros:

Tan peligrosa como los desechos nucleares

Todas las actividades humanas e industriales generan algún tipo de contaminación; el debate no debe plantearse entonces como desarrollo versus contaminación. Es necesario más bien analizar cómo se pueden minimizar las consecuencias negativas del desarrollo industrial, que en el caso de la minería presenta graves peligros e inconvenientes. Para ello, la ciudadanía debe poder participar del monitoreo.

Esta situación es especialmente relevante para la gran industria minera, ya que por sus características es única. En Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector, la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del gobierno, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria generadora de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial 1. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que "la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región" y agrega que "el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32.000 millones de dólares o más" 2.

Cianuro, residuos y agua

Una mina a cielo abierto remueve cientos de millones de toneladas de tierra y roca, que es pulverizada para extraer los minerales. En el caso de sustancias de alto valor como el oro y la plata, se ha vuelto rentable extraerlo volando montañas, mesetas y suelos con explosivos en extensiones kilométricas, haciendo cráteres en la tierra de hasta dos kilómetros de ancho por uno de profundidad que bien podrían contener un pueblo. A medida que las mejores reservas se van agotando, la búsqueda de metales preciosos se intensifica, tanto hacia nuevos países como hacia la explotación de minas con menos porcentaje del mineral buscado. El metal obtenido es sólo una ínfima cantidad del total de tierra removida; en el caso del oro, se estima que fácilmente se pueden generar hasta dos toneladas de desechos por cada gramo de oro.

En la minería moderna a cielo abierto se utiliza, predominantemente para la extracción del oro, el proceso de lixiviación. La roca dinamitada se tritura y muele, se junta en pilas y se riega con millones de litros de agua mezclada con varias toneladas de cianuro de sodio. Esta solución se amalgama con el oro en una solución oro-cianuro soluble en agua que se colecta al pie de las pilas; una vez que estas pilas llegan a medir 100 metros de altura -lo que equivale a un edificio de 30 pisos- el proceso comienza de nuevo. La efectividad del cianuro 3 para extraer oro es tanta -supera el 95%- que ha permitido que desde 1973, cuando se lo utilizó por primera vez, la explotación se tornara rentable allí donde hubiera sido imposible o económicamente inviable. Así, la minería moderna se asemeja más que cualquier otra a la industria química, pero sin embargo no es regulada como tal.

El resultado del proceso de lixiviación es una solución viscosa que se destina a una suerte de grandes lagos llamados "dique de cola". Éstos contienen millones de toneladas de tierra y minerales mezclados con el cianuro, utilizado además en la extracción de los metales pesados presentes en las rocas removidas. Pero en este caso "dique" no hace referencia a las represas convencionales; los "diques de cola" se construyen a medida que va creciendo el cráter de la mina con la tierra removida, por lo que su integridad estructural queda comprometida. Es así que los accidentes por rotura de los diques de cola explican más de un tercio de todos los accidentes mineros ocurridos en las últimas dos décadas.

Para comprender la magnitud del potencial contaminante de estos procesos, dos cifras son más que ilustrativas: en Canadá la minería genera más de dos millones de toneladas diarias de desechos sólidos; más de 650 millones de toneladas al año. En Estados Unidos, genera 1.700 millones de toneladas anuales; diez veces los desechos producidos en el mismo lapso por todos los hogares, industrias y comercios del país combinados.

Como la legislación argentina actual no prevé la participación pública en la aprobación de los emprendimientos, crecen los temores y los conflictos en las comunidades cercanas, relacionados con el acceso al agua y las probabilidades de un serio deterioro en su calidad y disponibilidad, especialmente en las zonas áridas. En efecto, las minas a cielo abierto requieren miles de litros de agua dulce por minuto, por lo que los emprendimientos se abastecen de todas la fuentes cercanas a disposición.

Así, se desvían ríos o se extrae el agua subterránea en las zonas áridas. Si al abrir grandes tajos en la tierra se llega hasta las napas subterráneas, es preciso bombear el agua constantemente; de lo contrario se crean lagos artificiales que podrían contaminarse con facilidad, ya que en las paredes expuestas de la excavación comenzará el proceso de drenaje ácido, lo que a su vez facilita el arrastre de los metales pesados presentes... Si en el proceso se llegara a filtrar el agua ya expuesta a los compuestos químicos, la integridad del sistema de aguas y napas subterráneas, la fuente para consumo humano y la agricultura, podría terminar gravemente contaminada.

Este riesgo es muy alto, y por lo tanto el monitoreo de la calidad del agua es una herramienta imprescindible, aunque el diagnóstico suele resultar tardío debido a la baja dinámica del agua subterránea. Cuando los primeros síntomas de contaminación aparecen, el grado de deterioro generalmente es muy severo y por ende muy difícil de remediar. Los procesos de contaminación del agua subterránea son muy lentos y pueden durar decenas de años, al igual que los de limpieza.

Comunidades afectadas

Argentina todavía está en los comienzos de la "revolución minera" a cielo abierto. Sin embargo, los problemas con las comunidades ya comenzaron. Los vecinos de Concepción, en la provincia de Tucumán, solicitan que se inicie una investigación penal señalando a la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca como la responsable de la contaminación del agua destinada al consumo humano.

Los ciudadanos afectados se encuentran excluidos de la toma de decisiones, ya que la legislación federal no contempla un mecanismo efectivo para su participación real y ni siquiera incorpora los mecanismos básicos -previstos por la mayoría de las agencias internacionales de desarrollo en los proyectos de gran escala- de "consentimiento previo e informado" de las comunidades cercanas. Ante esta indefensión, los ciudadanos han creado nuevos conceptos, como el de "licencia social", para llevar adelante una movilización política en defensa del medio ambiente de una dimensión inédita en el país. Frente a esta situación, que abarca también a otros sectores industriales, la legislación nacional debería incorporar mecanismos y procesos participativos en la toma de decisiones, aplicables a proyectos de alta potencialidad en la afectación al medio ambiente y a la calidad y medios de vida de las comunidades cercanas.

Los temores no son infundados, más aún cuando los organismos de control nacionales y provinciales son pequeños, técnica y financieramente, para una tarea de control efectiva. Los vecinos de Catamarca y Tucumán denuncian las constantes roturas del mineraloducto que lleva las tierras a ser procesadas desde la mina Bajo la Alumbrera, en Catamarca, hasta Tucumán. De allí es transportada en tren hacia los puertos para ser enviada al extranjero, donde se realiza el proceso del que se obtienen los metales. Si bien el mineraloducto debía estar enterrado a ocho metros bajo tierra, en varios tramos se encuentra a sólo un metro de profundidad bajo el lecho del río.

Esta situación repercutió en los principales diarios del país pero es sistemáticamente minimizada por la empresa. Los vecinos de Tucumán, a través de la Federación de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales (FOANG), recurrieron a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para hacer los estudios del agua. El resultado señala que la muestra contenía cobre, plata, arsénico, vanadio, cromo, plomo, níquel, mercurio, selenio, molibdeno y oro; y que los valores para el cromo y el plomo son muy críticos y superan los límites tolerables establecidos por la OMS para el consumo humano. Se confirmaban así estudios previos realizados en el Embalse de Río Hondo.

Los vecinos del sur de Tucumán tienen fuertes sospechas de que la contaminación del agua está relacionada con los desechos contaminantes generados por la rotura del mineraloducto de Minera Alumbrera, que se enterraron años atrás en las inmediaciones del dique de Villa Lola, en Alpachiri. Afirman también que los desechos -barros contaminados con cianuro y metales pesados- diseminados por roturas ocurridas en otras oportunidades son enterrados impunemente, por lo que las napas freáticas de las que se abastecen de agua quedan afectadas.

Vía rápida de integración

A diferencia de los vaivenes del Mercosur, una integración menos conocida funciona ya perfectamente y sin contratiempos entre dos países con una muy disímil estructura arancelaria. Gracias al Convenio Binacional Argentino-Chileno sobre integración y complementación minera, firmado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei el 29 de diciembre de 1997, para las empresas mineras entre Chile y la Argentina no hay frontera ni aduanas.

Los vehículos de las empresas mineras pueden transitar libremente de un país a otro, por lo que es necesario confiar en que los gigantescos camiones que transitan la cordillera lo hagan cargados solamente con los metales preciosos que se llevan por migajas y no aprovechen la oportunidad para transportar otro tipo de cargamentos tanto o más lucrativos que el oro. Pero no sólo es preocupante que un convenio haya eliminado una de las más extensas fronteras internacionales del planeta para un exclusivo grupo de corporaciones internacionales. En el tratado no existe cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas -tanto provinciales como nacionales- ni de las áreas turísticas que se encuentren en su ámbito de aplicación 4. En San Juan, las minas de Veladero y Pascua Lama se encuentran literalmente sobre la Reserva de Biosfera San Guillermo, declarada tal por la UNESCO en 1981. Con casi un millón de hectáreas de extensión, forma desde 1998 el Parque Nacional San Guillermo.

Según Radio Universidad de Chile, en 2000 la empresa canadiense Barrick Gold presentó a las autoridades de ese país el informe de impacto ambiental del proyecto binacional de Pascua Lama, en el que la empresa olvidó mencionar que parte de las riquezas a extraer se encontraban bajo los glaciares Toro I, Toro II y Glaciar Esperanza. Un estudio más profundo e independiente señaló que la destrucción de los glaciares no sólo sería irreversible sino que afectaría gravemente a agricultores y ecosistemas a ambos lados de la cordillera.

En este estudio, un concejal de la comuna chilena de Alto del Carmen aseguró que "van a utilizar más de 16.000 toneladas diarias de cianuro y 80.000 kilos diarios de explosivos, que van a producir un daño estructural de hasta 900 metros fuera del área de la mina. El material particulado es inmenso y eso nos hace pensar que va a ser todo contaminado, todo destruido". Y agrega: "En lo que respecta a nuestros vecinos argentinos, las autoridades tienen poca información sobre este tema puntual" 5. De hecho, en Argentina la empresa no encontró ningún obstáculo para iniciar las operaciones, mientras que Chile ha tomado con más seriedad la preservación de los glaciares.

A la espera del temblor

Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza. Empresas que en sus países de origen se comportan como agentes sociales comprometidos, invirtiendo en las comunidades en donde están presentes, en otros contextos y latitudes son acusadas de graves hechos de corrupción y hasta de violencia.

Mientras los congresistas argentinos se apresuraban a legislar cómo se repartiría la riqueza minera nacional, las grandes multinacionales, ya varios pasos adelante, depuraban las mejores técnicas legales y financieras para disponer de una rápida vía de escape para cuando las cosas no salieran bien. Es que los costos asociados a la reparación de accidentes y a la posible contaminación de las minas después de que dejan de operar son siempre altos y en algunos casos multimillonarios.

Porque si bien los accidentes son infrecuentes, cuando suceden son devastadores. En el año 2000 una rotura del dique de cola de una mina en Baia Mare, Rumania, contaminó con millones de metros cúbicos de barros con cianuro el río Danubio hasta el Mar Negro, pasando por Hungría y Yugoslavia: el cianuro de sodio y los metales pesados que eliminaron toda vida acuática kilómetros río abajo. Según las autoridades húngaras, se vio afectada el agua potable que consumen más de dos millones de personas. Las consecuencias ecológicas y sanitarias persistirán por cientos de años 6. En 1995 falló el dique de la mina a cielo abierto Omai Gold Mine, en Guyana, liberando 3.000 millones de litros cúbicos de escombreras con cianuro y metales pesados al río Omai y eliminando toda vida acuática y silvestre. El presidente de Guyana declaró el lugar afectado, residencia de 30.000 personas, como "zona nacional de desastre ambiental" y a más de 80 kilómetros de río como zona ecológicamente muerta.

Sin embargo, el poder político y económico de las multinacionales mineras logra trabar herramientas efectivas para que los daños y los costos millonarios de reparación de estos desastres, cuando ocurren, sean afrontados por las propias empresas. Es el caso del dique de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, cerca de Sevilla, España, que se rompió en 1998 y liberó abruptamente 5 millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, contaminando a los ríos Agrio y Guadiamar, a 4.500 hectáreas de tierras agrícolas y al parque natural de Doñana, declarado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. El gobierno de España sancionó a la empresa Boliden Apirsa con 45 millones de euros, pero según declaraciones de la compañía al diario español ABC la empresa "explicó que no piensa pagar un solo céntimo de multa" 7. Hasta el momento, el gobierno español lleva gastados 276 millones de euros en limpiar el desastre. Si para España, con el respaldo de la Unión Europea, resulta difícil lograr que una empresa de origen sueco pague los costos del mayor desastre ambiental de la península en los últimos tiempos, poca esperanza queda de que el Estado argentino pueda intervenir con éxito ante un caso similar.

Según un artículo de The New York Times, las grandes corporaciones mineras se aprovechan de agujeros legales, crean subsidiarias que protegen sus activos, están desligadas penalmente de la verdadera empresa madre y se aprovechan de un débil control federal para pasar a los contribuyentes el costo de limpiar la contaminación resultante. Según diversas fuentes, el costo de limpiar la contaminación de las minas en Estados Unidos, incluyendo las que cerraron y siguen contaminando y las que están hoy en operación, fluctúa entre los 12.000 y los 54.000 millones de dólares 8. El mismo informe, resultado de una profunda investigación sobre minas de oro en América Latina, Estados Unidos, África y Europa, concluye que la minería actual equivale, por su capacidad de afectación ambiental y riesgo a la población, a los basureros nucleares, ya que en ambos casos la contaminación debe ser tratada a perpetuidad.

En un reporte presentado al Congreso en 2005, el Tribunal de Cuentas del gobierno de Estados Unidos concluye que la contaminación producida por las minas a cielo abierto es generalmente grande, compleja y muy costosa de limpiar, promediando los 50 millones de dólares para cada uno de los casos estudiados. El reporte estima que el costo de los 63 casos prioritarios -entre los cientos de minas que hoy deberían estar sujetas a limpieza- sería de 7.800 millones de dólares; de los cuales 2.400 millones deberían ser afrontados por el Estado. El reporte concluye que la limpieza precisaría desde 40 años hasta perpetuidad, según el caso 9.

La mayor parte de los ciudadanos, excepto aquellos que resultan directamente afectados, no está familiarizada con los peligros que implica la gran explotación minera. Hasta para los reguladores gubernamentales es en muchos casos difícil saber a ciencia cierta quiénes son los verdaderos accionistas de las empresas. Lo cierto es que muchos de los altos dirigentes del Partido Republicano estadounidense, al que pertenece el actual presidente George W. Bush, tienen debilidad por invertir en las pocas y altamente concentradas corporaciones mineras. En la página de internet de la corporación Barrick Gold 10, propietaria de las minas de Veladero y Pascua Lama en San Juan, se lee que el ex presidente de los Estados Unidos y padre del actual mandatario formaba parte de su consejo asesor internacional, aunque no aclara que era amigo y frecuente partenaire golfístico del ex presidente Carlos Menem.

Entregar la riqueza del subsuelo del país a estas empresas es abrir las puertas a un grupo que incluye desde empresas serias hasta aventureros del momento, pasando por fuertes lobbies políticos y gigantescas corporaciones, cuyo punto en común es que todos pueden causar una catástrofe ambiental. Por esta razón, las mejores legislaciones se adelantan a los hechos y ante los proyectos de minas a cielo abierto plantean estrictos requerimientos financieros y penalidades: desde fideicomisos manejados por el gobierno; requisitos de seguros para el cierre de operaciones adquiridos en el mercado y en relación a los costos estimados (no sólo de ganancias sino también de la potencial afectación ambiental), hasta el cierre efectivo de la mina, entre otros muchos complejos mecanismos. Aun así, estas sofisticadas baterías jurídicas han demostrado no ser totalmente eficaces. 

  1. Robert Repetto, Disclosure of material environmental information in the hard rock mining industry, julio de 2004.
  2. Liquid Assets 2000: America's Water Resources at a Turning Point, U.S. Environmental Protection Agency, 2000, p. 10.
  3. El cianuro es utilizado en minería por su gran poder de combinación con los metales ya que extrae entre el 96 y el 99% del oro contenido en la roca molida. Éste era el agente utilizado en las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Una cantidad de cianuro equivalente a un grano de arroz es suficiente, por contacto, ingesta o por respiración cuando está en estado gaseoso, para matar a un hombre adulto; en menor cantidad provoca trastornos cardiovasculares, neurológicos, respiratorios, intestinales y reproductivos; un microgramo o millonésima de gramo por litro es mortal para toda vida acuática.
  4. Se ven afectados por el tratado de integración minera: Parque Provincial y Reserva Nacional de Ischigualasto y Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan); Parque Provincial de Talampaya (La Rioja); Parques Nacionales de Laguna Blanca y Lanín (Neuquén), Nahuel Huapi (Río Negro), Lago Puelo y Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Santa Cruz), Las Termas de Fiambalá (Catamarca), Pismanta (San Juan), El Sosneado (Mendoza), Copahue y Caviavue (Neuquén); y los Embalses los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante y Agua del Toro (Mendoza).
  5. Grace Albornoz, Diario electrónico, Radio Universidad de Chile, 29-4-2005.
  6. Report, United Nations Environment Programme (UNEP), Assesment Mission, Ginebra, marzo de 2000.
  7. Carmen Villar Mir, "Cinco años después del vertido de la mina de Aznalcóllar no hay responsables por la catástrofe", ABC, Madrid, 4-08-02.
  8. Jane Perlez y Kirk Johnson, "The Cost of Gold. Behind Gold's Glitter", The New York Times, 24-10-05.
  9. Informe ante el Congreso del United States Government Accountability Office (GAO-05-658), Environmental Liabilities. EPA should do more to ensure that liable parties meet their cleanup obligations, agosto de 2005.
  10. "Corporate responsibility"

Drenaje ácido

Gutman, Nicolás

El drenaje ácido ocurre cuando al extraer el oro, la plata o el cobre que se encuentran en rocas ricas en minerales sulfúricos como la pirita, éstos son expuestos al aire y el agua por primera vez desde que se formaron hace millones de años, generando una reacción química que produce ácido sulfúrico; lo que a su vez crea un medio propicio para microbios que aceleran el proceso, perpetuando así una reacción en cadena. El drenaje ácido de las minas se puede ver como una capa de color naranja en el fondo y bordes de los ríos; dentro de muchas minas el agua contaminada es tan ácida que puede disolver herramientas de hierro con facilidad y llegar a un pH de -3,6, lo que representa 10.000 veces más ácido que el contenido en la batería de un automóvil. Si bien existen formas de atenuar la contaminación del drenaje ácido, en la práctica este proceso es irreversible. En Andalucía, España, se detectó drenaje ácido en el Río Tinto… residuo de minas explotadas en tiempos del Imperio Romano. El ácido sulfúrico tiene la cualidad de facilitar la disolución en el agua de otros metales pesados presentes naturalmente en las rocas como el plomo, arsénico, mercurio, cadmio y selenio, facilitando así su introducción en ríos, aguas subterráneas y de deshielo.


Autor/es Nicolás Gutman
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 95 - Mayo 2007
Páginas:14,15,16
Temas Nueva Economía, Sociedad, Medioambiente
Países Argentina