Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Pandillas violentas en El Salvador

El “Plan Mano Dura” implementado por la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene en la mira a los “mareros”, jóvenes integrantes de pandillas rivales que se enseñorean en las principales ciudades de América Central. Su auge se debe en parte a las deportaciones masivas de salvadoreños desde Los Ángeles, ciudad a la que emigraron hace alrededor de dos décadas y de donde son originarias esas pandillas. Pero sería inexplicable sin la falta de horizontes y el abandono al que están librados adolescentes y jóvenes. Elecciones este mes de marzo.

Soyapango es un suburbio popular de San Salvador. La única calle en pendiente, en torno de la cual se alinea la urbanización La Campanera, termina en un terreno baldío, donde cinco o seis jóvenes arrastran su aburrimiento. Pantalones excesivamente anchos, gorras de béisbol, gestos de raperos. Sobre los brazos, el torso, la frente o las mejillas llevan tatuado el número "18", que también se ve pintado con aerosol en las paredes del barrio, delimitando así el territorio de la mara (la pandilla). "La Eighteen -la dieciocho- es mi familia, este tatuaje me une a ella para toda la vida", declara Bad Boy 1. "Y estos tres puntos en triángulo -continúa- representan la vida loca: sexo, droga y rock...". El muchacho acaba de sufrir la paliza iniciática que marca su aceptación en el seno de la pandilla y predica con el entusiasmo de los conversos: "Nosotros protegemos al barrio de las Mierdas Secas...".

Las Mierdas Secas es el enemigo, la llamada Mara Salvatrucha (MS), cuyo nombre no puede ser pronunciado por los miembros de la pandilla y que constituye el blanco principal de los ataques de la Mara 18. Entre ambas pandillas existe una guerra a muerte. "La violencia de las maras -explica la socióloga María Santacruz Giralt 2- está fundamentalmente dirigida a destruir a los que consideran sus enemigos: jóvenes de condición social y económica muy parecida a la de ellos, de los que sólo se diferencian por pertenecer a un grupo adverso". El conflicto es totalmente irracional, desprovisto del menor argumento racial, religioso o ideológico, pero totalmente irreductible, ya que cada miembro siente que allí reside la legitimidad de su pandilla.

Ostensiblemente presentes en los barrios y suburbios populares de San Salvador, cuyos muros están cubiertos con sus graffiti, la MS y la M18 operan también en las principales ciudades del país y -en menor medida- en las zonas rurales. ¿Son 15.000? ¿Quizá 20.000? Las cifras difieren sobre el número de mareros pertenecientes a una u otra de las 309 clicas (pandillas de barrio) contabilizadas en el país, 170 de las cuales son fieles a la Salvatrucha y 102 a la Eighteen 3, dado que cada banda de barrio goza de una autonomía casi total. Esas clicas cuentan en general entre treinta y sesenta miembros, el 63,7% de los cuales tienen entre 16 y 21 años y el 17,3% son mujeres, según un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).

La venta minorista de droga, el despojo bajo amenaza de choferes de autobuses o de taxis, comerciantes y a veces de los habitantes del barrio que controlan, son las principales fuentes de ingresos de las maras. Pero más que esos delitos es la guerra que libran ambas pandillas dominantes lo que contribuye a generar en la población un fuerte sentimiento de inseguridad: sobre cerca de 2.000 homicidios cometidos anualmente en El Salvador, el 40% se debe a enfrentamientos entre maras, según la policía. Y a pesar de que la violencia se ejerce fundamentalmente contra los grupos rivales, actualmente las maras son consideradas como uno de los principales flagelos que afectan a la región, especialmente en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Productos de exportación

La existencia de las maras 18 y Salvatrucha 4 no constituye un fenómeno nuevo en América Central, pero la cantidad de jóvenes implicados, así como el nivel de violencia y la posición hegemónica que alcanzaron en menos de una década, hacen de su expansión uno de los fenómenos más notorios de la realidad centroamericana. Sin embargo, ninguna de las dos pandillas es originaria de la región. Ambas pueden considerarse como productos de exportación de la cultura pandillera estadounidense, particularmente viva en Los Ángeles.

En esa ciudad, las oficinas de la asociación Homies Unidos 5 están situadas muy cerca de la calle Alvarado y Rampart Street, en el corazón del Little San Salvador, lugar de cita de los inmigrantes ilegales recién llegados de América Central y cuna de la Mara Salvatrucha. "Llegué a Los Ángeles en 1979 -explica Alex Sánchez, ex miembro de la MS y actual responsable de Homies Unidos-. Por entonces miles de salvadoreños que escapaban de la guerra civil comenzaron a emigrar a Estados Unidos 6. Entonces eran frecuentes en la escuela y en la calle los conflictos con los jóvenes de otras comunidades, principalmente mexicanos y chicanos. Entre Salvatruchas (como se denominaba familiarmente a los salvadoreños) nos ayudábamos mutuamente. La tutela parental prácticamente no existía y la calle, el alcohol y la droga ejercían sobre nosotros una atracción irresistible. Los robos de autos, de pequeñas sumas y los drive-by 7 eran tan frecuentes como los períodos pasados en la cárcel, períodos de los que volvíamos tatuados y envueltos en el aura de un nuevo prestigio...".

En esos años, la pandilla de la Eighteenth Street -la calle 18- ya poseía un gran poder en el barrio. Había sido creada a comienzos de la década de 1960 por jóvenes inmigrantes mexicanos, furiosos por no haber sido admitidos en una de las más antiguas pandillas de Los Ángeles, la Clanton Street. Circunscripto en un comienzo a unas pocas manzanas aledañas a la esquina de Rampart Street y Eighteenth Street (que da nombre al grupo), el territorio de la pandilla se extendió rápidamente. Cuando la nueva Mara Salvatrucha comienza a invadir el territorio de la Eighteen, se desata la guerra.

En la segunda mitad de la década de 1980, la expansión del tráfico de drogas refuerza la actividad de las pandillas 8 y -explica Al Valdéz, encargado de la investigación por el fiscal de distrito del condado de Orange- "las continuas intervenciones de la justicia contra las pandillas tienen consecuencias inesperadas. Los jefes de pandillas, que mantenían vigentes las reglas de conducta en el seno de las mismas, van a parar a la cárcel, (...) pierden el liderazgo de los jóvenes, (...) que quedan librados a sí mismos. (...) Las pandillas hispanas comienzan a cometer crímenes en sus propios vecindarios. Personas exteriores se convierten en sus nuevas presas, en particular los inmigrantes sin papeles, que a su vez comienzan a crear sus propias bandas para defenderse de las ya existentes" 9.

Así es como la MS y la M18 rompen la tradición y abren sus puertas a otras comunidades latinas, negras y asiáticas. Ambas pandillas reclutan miembros cada vez más jóvenes, a menudo en los colegios, lo que le valió a la M18 el nombre de "banda de los chicos". Hoy en día ambos grupos contarían con varias decenas de miles de miembros sólo en Los Ángeles. Sus actividades irían desde el tráfico de drogas y autos robados hasta secuestros, extorsión, proxenetismo y ataques a mano armada. Al Valdéz afirma incluso que la MS negocia directamente con los narcotraficantes mexicanos y colombianos. Además, dada la existencia de ambas pandillas en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, Canadá, México y América Central, deduce que se trata de organizaciones criminales de alcance internacional.

Por su parte, William Bratton, el nuevo jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), comparó a las pandillas de jóvenes delincuentes con las mafias y las organizaciones terroristas, aunque posteriormente rectificó esas declaraciones 10. Ese diagnóstico abrumador permite justificar los métodos violentos del LAPD y todo un arsenal de medidas liberticidas: pertenecer a una pandilla es una circunstancia agravante; sus miembros tienen prohibido viajar de a dos en auto o en autobús, reunirse en lugares públicos, estacionarse en la calle, utilizar teléfonos celulares... Todas estas medidas -en opinión de los enviados especiales de Prensa Gráfica, uno de los principales diarios de El Salvador- convierten a Los Ángeles en un laboratorio de la guerra anti-maras, que podría servir de ejemplo para los gobiernos centroamericanos 11.

Contradiciendo la tesis del "crimen organizado", el padre Greg Boyle prefiere hablar del "crimen desorganizado". Para este jesuita que desde hace años vive en contacto diario con los jóvenes delincuentes de Los Ángeles, entre los cuales se ganó el apodo de Big G. Dog 12, "se trata de jóvenes totalmente incapaces de imaginar cualquier tipo de futuro como para alcanzar semejante nivel de organización. Son muchachos desorientados que lo único que tienen para compartir es su desesperación y que en su inmensa mayoría estarían dispuestos a dejar la pandilla a cambio de un empleo estable". Pero mientras que el presupuesto del LAPD superó los mil millones de dólares en 2003, los recursos para programas sociales se van contrayendo como piel de zapa...

"En California -se indigna Alex Sánchez- se construyen más cárceles que escuelas. Y cuando Homies Unidos denuncia que todo lo que se hace es puramente represivo y trata de ayudar a los pandilleros a encontrar alternativas a sus actividades delictivas, nuestros dirigentes se convierten en objeto de hostigamiento y persecuciones policiales". Así fue como en 1999 Alex Sánchez fue expulsado a El Salvador en virtud de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IRIR) y sólo fue autorizado a regresar a Estados Unidos a raíz de la movilización organizada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. La IRIR, adoptada por el Congreso de Estados Unidos en 1996, al mismo tiempo que otras leyes "antiterroristas", implicó, además de la expulsión de miles de salvadoreños sin papeles, la de cientos de pandilleros, lo que provocó la fulgurante expansión de la Mara Salvatrucha y de la Mara 18 en América Central.

Terreno fértil

En el aeropuerto de San Salvador, como todas las semanas, un vuelo proveniente alternativamente de Houston y de Los Ángeles trae un nuevo contingente de salvadoreños expulsados. A su llegada, los deportados, como se los denomina aquí, son controlados por la policía, que busca atentamente la existencia de tatuajes que pudieran revelar la pertenencia a alguna pandilla. Según la Policía Nacional Civil (PNC), 2.812 personas fueron expulsadas de Estados Unidos en los ocho primeros meses de 2003, de las cuales 1.061 tenían prontuario y 175 eran miembros de alguna pandilla. "Algunos de los pandilleros deportados se habían ido de El Salvador hace quince o veinte años", explica don Miguel, director de la Casa del Emigrante de San Salvador, que los recibe apenas bajan del avión. Y añade: "Hablan mal el español y no conocen a nadie en este país, que ya no es más suyo. Sus tatuajes les impiden conseguir trabajo 13 y los identifican como presas a atacar por parte de las pandillas enemigas o de grupos de exterminio como el llamado Sombra Negra. En tal contexto, la mara se convierte en el último refugio, más aun teniendo en cuenta que los deportados son de mayor edad que el promedio de los pandilleros y que por venir de Estados Unidos gozan de un gran prestigio en el grupo."

Las deportaciones masivas contribuyen de forma decisiva a desarrollar la MS y la M18 en América Central, pero no alcanzan a explicar la dimensión del fenómeno. "No hay una sola causa, sino un conjunto de factores que, combinados, hacen del tema de las maras un problema social complejo", insiste María Santacruz Giralt. Producto importado, la cultura de las pandillas arraiga fácilmente en terreno fértil. Los años de guerra civil dejaron profundas huellas en El Salvador y la violencia sigue siendo un problema endémico: miles de armas que aún circulan se venden a precios irrisorios; el consumo de droga aumenta y "sobre todo, la frenética liberalización de la economía regional desestabiliza todo el tejido social", afirma Julio Buendía, de la ONG Caritas Salvador.

El café, los cultivos para la alimentación y toda la producción agrícola son sacrificados en el altar del librecambio. El Salvador se convierte en un terreno arrasado, librado a las empresas subcontratistas -las maquilas- que a su vez están instaladas en zonas francas, donde no existen los derechos sindicales y donde la mayoría de la mano de obra está compuesta por jovencitas. El desempleo no deja de aumentar, al tiempo que un proceso de pauperización acelerada afecta a la mayoría de las clases sociales. En la población, y particularmente entre los más jóvenes, prevalece un sentimiento de impotencia y de falta de alternativa política, lo que contribuye a hacer de la emigración la única escapatoria.

A pesar de que no lo reconoce oficialmente, el gobierno favorece esa emigración, pues permite aflojar la tensión social y garantiza las remesas de dinero de la diáspora, que hoy en día constituyen la primera fuente de divisas del país: 14% del PBI salvadoreño en 2003. "Pero los 70.000 salvadoreños que emigran cada año (¡200 por día!) -concluye Julio Buendía- tienen un dramático impacto sobre la célula familiar, al dejar a los jóvenes sin futuro y librados a sí mismos..." Subproductos del sistema, las maras se nutren de esos "restos".

Pero esas pandillas no amenazan los barrios ricos, protegidos por un ejército de custodios privados 14. Los miles de jóvenes pandilleros no presentan ninguna reivindicación social o política y su visibilidad (a causa de los tatuajes) permite "reciclarlos" como chivos expiatorios. Según el IUDOP, el 42,7% de los salvadoreños considera la violencia y la delincuencia de las maras como el principal problema del país 15. Una visión ampliamente compartida en la región, donde de manera casi simultánea (entre julio y agosto de 2003), tres países anunciaron medidas similares. Guatemala presentó el "Plan Escoba", Honduras la "Operación Libertad" y El Salvador el "Plan Mano Dura", tres paquetes de medidas represivas que en ningún caso apuntan a las raíces sociales del problema.

Mauricio Sandoval, director de la Policía Nacional Civil (PNC) desde 1999 hasta mediados de 2003, es el instigador de la estrategia aplicada por el gobierno salvadoreño para luchar contra las maras. Se trata de un hombre de los medios, propietario de varias empresas de comunicación y dirigente de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido de extrema derecha vinculado con los escuadrones de la muerte durante la guerra civil. Esa formación, que luego adoptó un perfil de partido de derecha "dura", está actualmente en el poder. El 16 de noviembre de 1989, cuando se produjo el asesinato de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por parte del ejército salvadoreño, Sandoval era el responsable de prensa de la Presidencia y había autorizado la difusión por Radio Cuscatlán de entrevistas callejeras anónimas donde se llamaba a matar a los religiosos cómplices de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) 16.

Sin embargo, en febrero pasado, Sandoval nos dijo sin ruborizarse que "desde la firma de los acuerdos de paz (en 1992) las instituciones del Estado fueron depuradas de los elementos de extrema derecha, mientras que el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN convertido en partido político) no renunció a sus métodos terroristas de extrema izquierda". Respecto de las medidas a adoptar para luchar contra la delincuencia, Sandoval se manifiesta partidario de denunciar la Convención de los Derechos del Niño, "seguramente válida en países con una democracia estable, pero no en El Salvador". Y señala que "incluso Francia y Estados Unidos endurecieron su legislación sobre los menores delincuentes...". Sandoval renunció a la jefatura de la PNC en junio de 2003 para presentarse como precandidato a la investidura de Arena en las elecciones presidenciales de este 21 de marzo de 2004 17. Por lo tanto, es su sucesor, Ricardo Meneses, quien debió aplicar el "Plan Mano Dura" anunciado el 23 de julio de 2003 por el propio presidente, Francisco Flores.

Reacción represiva

La "guerra contra las maras", caballito de batalla de la campaña de Arena, cuenta con el apoyo incondicional de la mayoría de los medios, que todos los días muestran en sus portadas terribles crímenes, violaciones y otros delitos que les son sistemáticamente atribuidos. En octubre de 2003, luego de múltiples negociaciones tras bambalinas, el gobierno hizo adoptar una "ley anti maras", según la cual esas pandillas son consideradas como organizaciones criminales. Pertenecer a una de ellas ya constituye un delito, a la vez que los menores implicados en asesinatos pueden ser juzgados y condenados como si fueran adultos. El 30 de octubre, en su sección especial titulada "Guerra a las maras", el diario Prensa Gráfica denunció que desde la aplicación del "Plan Mano Dura" se había capturado a 320 pandilleros y que el 35% de los mismos fueron inmediatamente dejados en libertad por los jueces encargados de la instrucción. En efecto, muchos magistrados rechazan esa ley por considerarla inconstitucional. Esa fronda provoca la ira del presidente Flores: "Vamos a luchar hasta superar los obstáculos que nos ponen los políticos (el FMLN, se sobreentiende) y los jueces que defienden a esos criminales", declaró.

"La ley anti maras -refuta Mirna Perla, jueza del tribunal de menores de Santa Tecla- es contraria a varios artículos de la Constitución y a cartas y tratados internacionales firmados por El Salvador. Se trata de una operación político-electoral. La policía se limita a detener a los jóvenes que tiene a su alcance; las acusaciones se hacen a partir de investigaciones deficientes o de meras denuncias, sin ningún rigor y sólo para mostrar que la policía hace algo". En diciembre de 2002, el asesinato de una adolescente, violada y decapitada, había indignado a la opinión pública. Inmediatamente se acusó a las maras, pero, señala Mirna Perla, "nada permite sostener tal cosa, además, uno de los principales acusados ¡estaba en la cárcel cuando se produjo el crimen! Los acuerdos de paz habían dado una cierta independencia a la justicia. Hoy en día el gobierno utiliza un problema real para eliminar esos logros, halagando las reacciones reflejas de la población ante la inseguridad. Por otra parte, los magistrados no son los únicos que están en la mira, y con la excusa de una depuración, muchos policías íntegros fueron víctimas de la recuperación del control de la PNC por parte de los sectores más reaccionarios... Al respecto, el caso de Héctor B. es particularmente revelador", concluye la jueza.

Serio, impecable, con su camisa beige bien abotonada y su corbata, Héctor B. no corresponde para nada a la imagen clásica del guerrillero. Sin embargo, en 1992, cuando la guerrilla y el gobierno firmaron los acuerdos de paz, era miembro de los grupos estudiantiles del FMLN. Militante disciplinado, aceptó ingresar a la nueva PNC, a la que debían integrarse los guerrilleros desmovilizados. "Nunca me hubiera imaginado que un día sería policía -reconoce Héctor- pero la dimensión social de este trabajo me gustó". Así es que la policía se convirtió para él en un sacerdocio, pero "el nombramiento de Mauricio Sandoval, en 1999, significó un cambio enorme en la PNC. Se agravó la corrupción, las detenciones abusivas de los jóvenes de los barrios populares aumentaron, los policías íntegros se vieron hostigados". Sin hacer caso a los consejos de prudencia que recibía, Héctor B. denunció esa situación. Primero fue desafectado de la actividad policial y luego dejado cesante durante la ola de depuraciones de 2001, sin siquiera ser informado del motivo de su despido.

Jefe del Departamento de prevención de la violencia y de la delincuencia juvenil, el ex comandante guerrillero Hugo Ramírez también ingresó a la PNC luego de la firma de los acuerdos de paz. En la época en que dirigía el Departamento de policía de Soyapango tuvo ocasión de frecuentar las maras, con las que trató de establecer un diálogo. "Eso disgustaba a mis colegas -señala- que me preguntaban por qué perdía el tiempo hablando con delincuentes". Ramírez reconoce que algunos se dedican al tráfico de drogas -el 12,2% según el IUDOP- o negocian zonas de venta, y a veces "contratos" con bandas ligadas al crimen organizado.

Inquietantes consecuencias

Puede ocurrir que ciertos jefes de maras se pasen a esas otras bandas, pero a pesar de que varias decenas de líderes están identificados, no existe una coordinación a nivel nacional de la M18 o de la Salvatrucha. "Por lo tanto -estima Ramírez- hay que evitar meter en la misma bolsa a todos los jóvenes que gravitan en torno de las maras. Una política únicamente represiva, que no toma en cuenta la dimensión social del problema, está condenada al fracaso".

En efecto, lejos de dar los resultados prometidos por el gobierno, la estrategia puramente represiva produce inquietantes consecuencias. Por ejemplo, aparecieron grupos de exterminio social, como Sombra Negra, reminiscencia de los siniestros escuadrones de la muerte. Según testimonios dignos de fe, entre los miembros notorios de esa organización figuran el jefe de la PNC de la región occidental, Valdemar Flores Murillo, y el alcalde de San Miguel, Will Salgado. Ante la ofensiva policial, las maras se adaptan, se vuelven más discretas, reclutan miembros cada vez más jóvenes, mientras que los jefes se ocultan y establecen lazos más estrechos con el crimen organizado.

"La MS controla actualmente la distribución del crack en San Salvador y sus grupos de choque reciben un entrenamiento de tipo militar en las montañas", afirma el padre Pepe Morataya, que desde hace años se ocupa de la reinserción de jóvenes delincuentes. Por su parte, José Cornero, que trabaja con los jóvenes mareros de La Campanera (Soyapango) en el marco de la Pastoral de las maras de la Iglesia católica, afirma que "las permanentes razzias de la policía disuaden a los jóvenes de participar en las actividades educativas o culturales, por temor a ser detenidos al salir de una reunión o de un taller".

Pero según un estudio del IUDOP, el 87% de los mareros desearía "tranquilizarse" y tomar distancia de la pandilla, particularmente cuando se casan o tienen hijos. "Algunas clicas de Soyapango, añade Cornero, estarían dispuestas a entregar sus armas a la policía a cambio de ropa y de alimentos". En el suburbio denominado Mejicanos, otro barrio popular de la capital, más de mil pandilleros acudieron al centro de salud San Judas Tadeo para hacerse borrar los tatuajes, a pesar de que ello implica un tratamiento doloroso y el riesgo de ser considerados traidores. "Sin embargo -estima el padre Tonio, director del programa Adiós Tatuajes- más que las amenazas, que no hay que tomar a la ligera, lo que retiene a esos jóvenes que desearían salir de ese ambiente, es la imposibilidad de hallar un trabajo".

En octubre de 2003, el alcalde de Soyapango (del FMLN) fue a conversar con los mareros de La Campanera. ¿Lo motivaban acaso preocupaciones electoralistas? No está claro, dado que son pocos los que están inscriptos en los padrones. Pero los miles de jóvenes cuyo malestar se canaliza hacia la violencia estéril de las maras constituyen hoy en día todo un desafío social.

  1. Se trata de un seudónimo.
  2. María Santacruz Giralt dirigió una investigación realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) sobre las maras, documento publicado con el título Barrio adentro, Ed. UCA, San Salvador, 2001.
  3. Hay que agregar cinco clicas de la Mau Mau y otras treinta y dos pandillas de menor importancia. Documento de la Policía Nacional Civil, Foro "Propuestas y soluciones al problema de la violencia juvenil", 27-8-02.
  4. La M18 y la MS, que eran desconocidas en Guatemala a fines de la década de 1980, son actualmente omnipresentes en ese país.
  5. Homies Unidos es una asociación fundada por ex pandilleros que trabaja en la reinserción de jóvenes delincuentes, sin imponerles como condición previa abandonar su pandilla. Está instalada en Los Ángeles y en San Salvador.
  6. El Salvador cuenta actualmente con 6 millones de habitantes, pero 2,5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos (800.000 de ellos en Los Ángeles), cuando a comienzos de la década de 1970 eran apenas unos miles en tal situación.
  7. Carreras desenfrenadas en auto que suelen incluir ataques a tiros contra los barrios controlados por la banda rival.
  8. Por entonces, para financiar a la "contra" nicaragüense, la CIA organizó redes de transporte de drogas a través de América Central.
  9. www.nagia.org/Hispanic_Gangs.htm
  10. LA Weekly, Los Ángeles, 5-12-03.
  11. La Prensa Gráfica, San Salvador, 28/29-10-03.
  12. El padre Greg Boyle es el fundador de Homeboys Industries, un centro de formación profesional abierto a los jóvenes delincuentes que desean cambiar de vida.
  13. El 88% de los pandilleros deportados no tiene trabajo. Barrio adentro, op. cit.
  14. Unos 20.000 agentes de seguridad privados trabajan en las 114 empresas de vigilancia autorizadas.
  15. Barrio adentro, op. cit.
  16. Entre ellos figuraba el padre español Ignacio Ellacuria, prestigioso intelectual, ferviente partidario del diálogo entre el FMLN y el gobierno salvadoreño. Ese asesinato fue perpetrado durante una violenta ofensiva de la guerrilla contra las principales ciudades del país, en particular contra la capital, San Salvador.
  17. Véase Karim Bourtel, "La izquierda es favorita en El Salvador", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2002.
Autor/es Philippe Revelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 57 - Marzo 2004
Páginas:10,11,12
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales, Migraciones
Países El Salvador