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España y el legado franquista

A tres años de la victoria electoral de los socialistas, liderados por José Luis Rodríguez Zapatero, y en vísperas de las importantes elecciones municipales del próximo mes de mayo, España vive en un clima de fuerte crispación política. Pese a la buena situación económica –el crecimiento es alto y el índice oficial de desempleo está en su nivel más bajo desde 1979– la derecha ha adoptado una actitud muy agresiva ante las reformas emprendidas por Zapatero, quien intenta liberar finalmente a la democracia española de las huellas del franquismo.

Cuando va a cumplirse el tercer aniversario de la llegada al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la imagen que ofrece el panorama político español es desconcertante: más de tres años sin asesinatos por parte de ETA (hasta el pasado 30 de diciembre con la explosión de la bomba del aeropuerto de Barajas), una eficaz lucha contra la corrupción, un fuerte crecimiento económico y la tasa de paro más baja desde 1979, en vez de conducir a la calma, el sosiego y el entendimiento se han visto acompañados por un griterío político apocalíptico por parte del PP (Partido Popular, la derecha en la oposición), que presenta a España como un país al borde de la desaparición, acusa al gobierno de fortalecer a los terroristas y traicionar a las víctimas, y sugiere que los socialistas formaron parte de una conspiración para impedir el triunfo de la derecha en las elecciones de 2004, en connivencia con ETA y con el terrorismo islámico.

¿Cómo es posible que cuando se ha vivido el período más largo de la historia reciente de España sin atentados terroristas y se ha reiniciado el diálogo con ETA para intentar poner fin a la violencia, tal y como hicieron los anteriores presidentes Aznar y Felipe González, la oposición de derechas se haya lanzado a tan disparatada cruzada contra el gobierno? Hay sin duda elementos de oportunismo político y de incapacidad para asumir la derrota de 2004, pero la descalificación radical de un líder político como Zapatero, tan proclive al diálogo, y la carga de agresividad con que el PP ejerce la oposición hacen pensar que lo que se está jugando hoy en España rebasa con mucho las maniobras tácticas de la vida política cotidiana. Hay sin duda un movimiento de fondo en la vida política española que conviene analizar, para escapar de la cacofonía de las declaraciones coyunturales, los insultos y el escándalo mediático.

Una democracia sin memoria

Como siempre, los problemas de hoy son el resultado de un proceso histórico. La democracia española nació del pacto entre fuerzas que venían de la dictadura franquista y las fuerzas que se opusieron a esa dictadura. Para evitar violencias y venganzas, se acordó en 1977 un marco constitucional democrático que permitiera la convivencia de las distintas sensibilidades políticas, pero se descartó la exigencia de responsabilidades a quienes habían participado en la dictadura. Después de casi 40 años de opresión, en los que fueron ejecutados decenas de miles de presos políticos, hubo millares de encarcelados y torturados, y cientos de miles de exiliados, nadie, absolutamente nadie hubo de responder por tanto abuso, tanto dolor y tanta muerte. La memoria histórica quedó en el congelador, a la espera de que las cicatrices se cerraran, y siempre bajo la sombra ominosa de las fuerzas represivas que habían actuado bajo el franquismo y que seguían formando parte del ejército y de la policía de la naciente democracia. Bien podría decirse que la Transición consistió, básicamente, en que los vencedores de la guerra civil aceptaron dejar de perseguir a los perdedores de la guerra a cambio de que éstos no les pidieran cuentas ni sobrepasaran ciertos límites. Es ahí, en ese momento histórico, donde está el origen de la crisis política que hoy atraviesa España.

El resultado de aquel pacto fue que la democracia se asentó por fin en territorio español, tras siglos de frustrados intentos, pero sin llegar a resolver el que ha sido el conflicto básico del país desde la pérdida del imperio en 1898: su definitiva configuración como Estado. Durante la Segunda República española (1931-1939) se dieron los primeros pasos para la construcción de un Estado moderno mediante la aprobación de estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco, pero la guerra civil y la victoria del fascismo hicieron que aquellos estatutos quedaran en papel mojado. Y la larga dictadura, obesionada por una unidad de España basada en la represión de las culturas catalana y vasca, no hizo sino enconar el problema.

La Constitución de 1978 contó a su vez con el rechazo de los nacionalistas vascos, y los nuevos estatutos elaborados a partir de ella fueron percibidos de manera muy diferente por las distintas fuerzas políticas. Para la derecha, representaban el máximo de autogobierno que estaba dispuesta a aceptar para las regiones. Para los nacionalistas, eran tan sólo un primer paso en una perspectiva más ambiciosa de autogobierno que, para los más radicales, debería concluir en la independencia de Cataluña y del País Vasco. La permanente sombra de un posible golpe de Estado militar (que se hizo realidad en 1981, pero fracasó) terminó por imponer la versión más reduccionista del Estado autonómico.

La pervivencia del terrorismo

Como suma de las circunstancias ya citadas (ausencia de responsabilidades por la dictadura, continuidad de antiguos represores en la policía y el ejército, y nacimiento de estatutos sobre cuya amplitud había abiertas discrepancias), una parte minoritaria pero numerosa de la sociedad vasca percibió la democracia como una prolongación dulcificada de la dictadura, alentando así la continuidad de la organización terrorista ETA, que había nacido bajo el franquismo pero la mayoría de cuyos crímenes se ejecutaron ya en democracia. Percepción a la que no fue ajena la existencia de una guerra sucia contra el terrorismo (con torturas, secuestros y asesinatos) perpetrada, entre 1976 y 1987,  por la extrema derecha y por algunos agentes del Estado ante la impotencia, la tolerancia y en ocasiones incluso el auspicio (por ello fue condenado a prisión un ex ministro del Interior del gobierno de Felipe González) de los primeros gobiernos democráticos, tanto de la derecha como de la izquierda.

De ese modo, la violencia terrorista, la polémica sobre el definitivo papel de las autonomías en la estructura del Estado y la valoración histórica de la dictadura han permanecido como los grandes problemas políticos heredados del franquismo. Problemas que han marcado la vida política española durante los últimos treinta años y a los que ahora, desaparecida ya casi por completo la generación que hizo la guerra civil, acorralada la organización ETA por años de eficaz persecución policial y legal, y tras veinte años sin guerra sucia, ha intentado dar respuesta Zapatero en sus tres años de gobierno. Es ese intento de respuesta, precisamente, el que genera la reacción desaforada de la derecha española, la cual, en boca de su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, lo ha calificado como "segunda transición, una revisión histórica de la Transición, del modelo constitucional, del Estado de las Autonomías y de la política antiterrorista" a la que el PP se opone radicalmente.

En realidad, la tarea emprendida por Zapatero no es otra que la de librar a la democracia española de los últimos condicionamientos del franquismo. La oposición del PP en este caso muestra el vínculo sentimental e ideológico que todavía ata a la derecha española con el pasado dictatorial, cuya condena explícita se ha negado a suscribir. Sin embargo, para una ideología auténticamente centrista nada debiera parecer más lógico que tratar de reconducir la situación política española hacia una normalidad democrática en la que el Estado permita el máximo despliegue de la capacidad de autogobierno de las regiones y nacionalidades que lo integran, la violencia política desaparezca (aunque sea gracias a la gestión de la izquierda, con los réditos que ello pueda proporcionar al gobierno) y la memoria y dignidad de las víctimas de la dictadura no sea algo a defender en Chile o en Argentina y a olvidar en España.

Iniciativas del centroizquierda

Las tres grandes iniciativas de la política emprendida por Zapatero en su gobierno (además de romper con el monopolio católico de la moral pública, heredado también del franquismo, al reconocer la igualdad de derechos de los homosexuales) han ido en esa dirección. De un lado, un proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía que busca ampliar los límites del autogobierno, dentro del marco del Estado español, de modo que la satisfacción de buena parte de las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos ayude a consolidar una unidad nacional fundada en la adhesión política más que en la imposición legal. De otra parte, la apertura de un proceso de paz, aprovechando la declaración de una tregua permanente por parte de ETA, que permitiera poner fin a la violencia. Y, por fin, la elaboración de una ley de la Memoria Histórica que no pretende el enjuiciamiento legal de los antiguos represores del franquismo sino la dignificación de sus víctimas, mediante iniciativas como la declaración de nulidad de los juicios franquistas y la recuperación de cadáveres de las anónimas fosas comunes en que fueron enterrados los represaliados.

Para esas iniciativas -y a pesar de puntuales desencuentros- Zapatero ha contado con el respaldo del partido socialista, la izquierda alternativa (Izquierda Unida) y la izquierda republicana independentista de Cataluña (Ezquerra Republicana de Catalunya), pero también con los puntuales apoyos del centro-derecha nacionalista tanto catalán (Convergencia i Unió) como vasco (Partido Nacionalista Vasco). Un amplio arco parlamentario que representa al 57 por ciento del electorado, frente al 37 por ciento que respalda a la derecha del Partido Popular, un partido que no sólo se ha negado a participar en dichas iniciativas sino que las ha bloqueado o boicoteado allí donde ha podido, aprovechando el sistema electoral español, que le otorga un número de escaños parlamentarios que es un cinco por ciento mayor que el porcentaje de votos obtenidos, y la existencia de mayoría conservadora en algunos órganos del Estado, originada durante el mandato del presidente Aznar, como el Consejo General del Poder Judicial.

El balance provisional de esas tres iniciativas es muy desigual. La ley de Memoria Histórica no termina de concretarse, rechazada frontalmente por la derecha y criticada por timorata por Izquierda Unida y Ezquerra Republicana. La reforma del Estatuto de Cataluña ha salido adelante, pese al escándalo de la derecha, elevando sustancialmente su capacidad de autogobierno y proporcionando una referencia básica para los estatutos de otras regiones. Y la reforma del Estatuto Vasco está bloqueada por el colapso del proceso de paz tras el atentado de ETA. Un colapso que ha disparado la agresividad de la derecha y debilitado al gobierno.

El discurso de la extrema derecha

No faltan observadores políticos que señalan que en la incapacidad de acuerdo entre el Partido Popular y el gobierno de Zapatero hay también una falta de voluntad por parte de éste, pues la desaforada oposición del PP refuerza las posibilidades electorales de los socialistas. El debate parlamentario del pasado 15 de enero ha sido un buen ejemplo de ese efecto. Por primera vez en la democracia española el partido mayoritario de la oposición ha utilizado la lucha antiterrorista para atacar parlamentariamente al gobierno y el líder del PP, Mariano Rajoy, mostró una agresividad inusitada contra Zapatero. El resultado, según todas las encuestas, ha sido el aumento en la intención de voto de los socialistas, evidenciando el recelo de la ciudadanía española hacia las actitudes extremistas.

No cabe descartar que en los ámbitos gubernamentales sea vista la actitud del PP como un regalo electoral y que ello haya llevado a descuidar gestos de aproximación que pudieran haber favorecido una actitud menos agresiva por parte de la derecha. Pero lo cierto es que la dirección del PP se ha instalado en un discurso radical e intransigente desde el momento mismo de la victoria electoral de los socialistas en marzo de 2004. Sus intentos de deslegitimar dicha victoria y su rechazo a pactar iniciativa gubernamental alguna, mediante la estrategia de anticipar condiciones maximalistas que imposibiliten al gobierno gobernar según su propio criterio, hacen prever que la única manera de lograr un acuerdo con el PP pasa hoy por la simple aceptación de sus postulados, es decir, por una acción de gobierno propia de la derecha.

¿Por qué tanta intransigencia? Por un cálculo electoral seguramente erróneo: que el fracaso del gobierno en el proceso de paz y la difusión de una imagen de Zapatero como un líder incapaz, peligroso para la seguridad de España, pueden volcar el voto hacia los conservadores. Pero tras esa actitud de los dirigentes del PP lo que late es un discurso político más propio de la extrema derecha que de una derecha moderada y democrática. Y es ese alejamiento del centro político, propiciado por su intransigencia, el que arruina sus expectativas electorales. Las razones para semejante suicidio político hay que buscarlas en la incapacidad de la actual dirección -la misma que no supo percibir el peligro islamista, que se concretó en los atentados del 11 de marzo de 2004, tras haber implicado a España en la guerra de Irak 1-, pero también en un problema de identidad política que la derecha arrastra desde el descalabro en 1982 de la UCD (Unión de Centro Democrático, partido centrista fundado por Adolfo Suárez y ganador de las primeras elecciones democráticas de 1977).

La refundación del Partido Popular, en 1989, supuso el encuentro en un solo partido de los sectores centristas provenientes de la UCD y de la derecha post-franquista de Alianza Popular, capitaneada por Manuel Fraga, ex ministro de Franco en los años '60 y actual presidente de honor del PP. Una de las virtudes de ese encuentro fue precisamente vehicular la presencia de la extrema derecha a través de una organización conservadora escorada al centro, una manera de desactivar políticamente a los sectores ultras del antiguo régimen, una amenaza constante durante los primeros años de la democracia. Sin embargo, el regreso de la derecha española al gobierno en 1996 y, en particular, la mayoría absoluta obtenida por Aznar en las elecciones de 2000, en un contexto internacional en el que la extrema derecha imponía su visión del mundo a través del gobierno de George W. Bush y su guerra mundial contra el terrorismo, han hecho que haya sido a la postre el discurso de la extrema derecha (unido a la injerencia de la Iglesia Católica española en el debate político y a la militancia ultracatólica de señalados políticos del PP, como Ángel Acebes, vinculado a los Legionarios de Cristo) el que haya prevalecido en el Partido Popular durante los tres años de gobierno de Zapatero. Al extremo que no se puede descartar que, si el PP pierde las próximas elecciones, la derecha se vea obligada a librarse de forma más o menos traumática de ese componente ultra para recuperar una posición de centro que le abra la posibilidad de volver al gobierno.

Las actuales actitudes hacen muy difícil que el clima político español se tranquilice y el atentado de Barajas imposibilita hoy cualquier negociación con el mundo de la violencia. Y, sin embargo, el proceso de paz resulta imprescindible para poder abordar sin amenazas la reforma del Estatuto Vasco, sin la cual no hay manera de poder encontrar una fórmula que acomode a todas las sensibilidades de la sociedad vasca dentro del marco del Estado español. Su colapso supone una grave limitación al intento de Zapatero de liquidar la herencia franquista en la democracia española, y se convierte en arma de desestabilización permanente por parte del PP. La capacidad de Zapatero para concretar un pacto de amplio espectro, que le respalde en sus iniciativas para poner fin a la herencia franquista y buscar el final de la violencia, y la voluntad o no del Partido Popular de librarse del peso de la extrema derecha en su seno van a influir decisivamente en los resultados de las elecciones de 2008, cuyo primer test serán las municipales del próximo mes de mayo.

Todas las víctimas

En todo caso, la cuestión vasca, que a estas alturas es ya indudablemente la cuestión española, seguirá siendo la piedra de toque de la democracia en España, algo de lo que ETA es muy consciente: ahí radica precisamente su única baza y por ello debilitar desde la oposición la política antiterrorista del gobierno (que es el máximo representante del Estado que los terroristas combaten) refuerza de hecho la posición de la banda.

En la lucha política de estos tres años han estado presentes, siempre citadas y muchas veces manipuladas, las víctimas de la violencia. Las de la violencia etarra, algunas de cuyas asociaciones han hecho causa con el PP para oponerse al diálogo con ETA, y las de la represión franquista, cuya reivindicación de dignidad no ha encontrado amparo alguno en el PP. Pero han faltado otras víctimas, las de la guerra sucia contra el terrorismo (algunas de ellas supuestos terroristas y muchas otras simples ciudadanos que sufrieron ataques del Batallón Vasco-Español o de los GAL), cuya incómoda presencia tan sólo es invocada, muy interesadamente, por el mundo proetarra para negarse a condenar la violencia de ETA. Probablemente, el día en que todas las víctimas de todas las violencias en España, cada cual en su contexto y sin intentar contraponer unas a otras, sean tratadas con la dignidad que merecen, será posible empezar a desactivar la maquinaria de odio que la violencia alimenta. Para ello hace falta una clase de valor infrecuente: el de reconocer los propios errores y horrores. Un ejercicio de memoria histórica que no debe limitarse al franquismo sino que debe abarcar también la reciente historia de España.

Zapatero ha intentado dar los primeros pasos en el camino hacia la normalidad, que no otra cosa es la sustitución de la violencia por el diálogo. Desgraciadamente ni la intransigencia criminal de ETA (cuya ideología totalitaria le lleva a tratar de obtener inaceptables beneficios políticos a cambio del abandono de la violencia) ni el resentimiento del Partido Popular (que antepone la lucha antigubernamental a la unidad en la lucha antiterrorista) han permitido que la iniciativa termine de cuajar, pero las cartas siguen sobre la mesa. El proceso de paz está bloqueado, Zapatero trata de asentar un nuevo pacto para llevar adelante su política de normalización democrática, en el que es de prever que el PP se niegue a participar, y ETA deshoja la sangrienta margarita de retomar la cadena de crímenes o hacer verdad esa tregua permanente que decía mantener mientras la violaba. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la siguiente mano de la partida, antes de que suene la hora de votar.

  1. Por añadidura, la prensa denunció que el gobierno de José María Aznar, al margen de la legalidad internacional, había enviado en julio de 2002 a policías españoles para interrogar a una veintena de prisioneros marroquíes en la cárcel estadounidense de Guantánamo. Véase El País, Madrid, 13-2-07.
Autor/es José Manuel Fajardo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 93 - Marzo 2007
Páginas:10,11
Temas Ultraderecha, Estado (Política)
Países España