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Claroscuros bolivarianos

La autora pasa revista a los importantes logros de la Revolución Bolivariana, sobre todo la participación política de sectores excluidos, la recuperación de las riquezas nacionales y una mejor distribución del ingreso. Pero también se detiene en la persistencia de la corrupción, deficiencias, dificultades y peligros que amenazan al proceso de inclusión y democratización venezolano. La construcción del partido chavista.

Hasta fines de la década de los '80, Venezuela era considerada, en el contexto de inestabilidad política regional, un país de grandes certezas, sólidas instituciones y pocos sobresaltos. La clave de la estabilidad y "excepcionalidad" venezolana estuvo en una alta renta petrolera y un sistema bipartidista con participación regulada, que durante dos décadas (1958-1978) administró con relativa eficiencia las mediaciones políticas e incluso los excedentes económicos en un marco formalmente democrático. Apartar a los militares de la vida política se logró otorgándoles amplia independencia del poder civil, prebendas y concesiones económicas.

Pero a partir de los '80 la "latinoamericanización" de Venezuela acabó con su "ilusión de armonía". La crisis de la deuda externa en 1983 1, generó una recesión económica sin precedentes en el país, a la que se le sumó el colapso de los precios petroleros en 1986. La caída del PBI y la crisis social resultante arrastró consigo parte de las instituciones políticas y estatales del país, ya que la democracia venezolana era un "sistema populista de conciliación de elites", consistente en una redistribución -desigual- de los recursos petroleros a través de una participación regulada por los partidos políticos. Una vez que el Estado venezolano perdió la capacidad de redistribución que tenía en décadas anteriores, especialmente hacia los sectores de más bajos recursos, el esquema político comenzó a tambalear.

El desarrollo de la crisis fue tremendo: revueltas populares masivas reprimidas de manera feroz e indiscriminada: en 1989 el "Caracazo", la más importante, se saldó con 598 víctimas en 48 horas. En 1992, dos intentos de golpes de Estado, en el primero de los cuales el protagonista fue un coronel de nombre Hugo Chávez Frías. En 1993, destitución del presidente socialdemócrata (Partido Acción Democrática), Carlos Andrés Pérez, acusado de graves actos de corrupción. En las elecciones que siguieron el mismo año, triunfo de un candidato del establishment con los votos del antiestablishment: Rafael Caldera, fundador del partido demócrata cristiano COPEI, ganó con los votos de Convergencia, del Movimiento al Socialismo (MAS) y demás partidos de izquierda, contra los candidatos de Acción Democrática y COPEI... Estos episodios dejaron al desnudo la ruptura estructural de la legitimidad del modelo democrático desarrollado desde 1958.

El triunfo de Hugo Chávez Frías en las elecciones de 1998, con una propuesta radical de refundación institucional y anticorrupción, significó el fin de una era política y el comienzo de otra, actualmente en pleno desarrollo. Algunas de las causas del colapso político venezolano fueron la baja calidad de la democracia (escasos niveles de participación); la crisis de un pacto partidocrático excluyente; el desplome de los partidos tradicionales, incapaces de responder a una sociedad devenida mucho más compleja y diversa en sus demandas políticas y sociales y en la que venían aumentando la pobreza y la desigualdad 2, así como la evidencia de la desviación corrupta de los recursos económicos del Estado.

"Socialismo del siglo XXI"

En varios sentidos, la Venezuela de hoy es radicalmente distinta a la de hace 8 años. El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 constituyó un cambio paradigmático en la política venezolana. Fue una respuesta popular a una crisis profunda del Estado (ineficiencia, clientelismo, altos niveles de corrupción); a la deslegitimación de unas elites que dejaron de entender las nuevas realidades del país, y al colapso del sistema de partidos y de cualquier forma de mediación política.

Se abrió paso así un proyecto de poder que combina de manera sincrética, según la etapa, actores y circunstancias, elementos militaristas, nacionalistas, cristianos, populistas y diversas tradiciones de izquierda, marcados por un fuerte personalismo político. Este proyecto se fundamenta, en lo esencial, en una recuperación del papel estratégico del Estado en la economía, con visos desarrollistas y soberanistas, y la reivindicación de los excluidos mediante la transferencia de poder político: el "chavismo" significa, tanto para los partidarios como para la oposición, el pueblo gobernando, el reconocimiento de los olvidados, el rescate del tema social como central en la política. Es por eso que cuenta desde sus inicios con una importante mayoría social, política y cultural, proveniente fundamentalmente de los sectores tradicionalmente relegados de la sociedad, que mantienen una cercana y constante vinculación emotiva con el Presidente de la República, en torno a cuyo liderazgo se ha centrado el proceso político venezolano.

El nuevo proyecto supuso un profundo recambio de las elites políticas y administrativas venezolanas y reconfiguró la agenda política, dándole un marcado contenido social. En este sentido, la nueva dirigencia nacional promueve la democracia más allá de la representativa y liberal, concibiéndola no sólo como un marco político institucional de ordenamiento de la representación mediante elecciones libres y competitivas y división de poderes, sino como un modelo de promoción de la igualdad social, mediante la democracia participativa.

La democratización del poder y la riqueza, en una sociedad profundamente desigual, se convirtió en una propuesta política legitimada en cuatro elecciones por la mayoría de la población, la última de ellas en diciembre del 2006 con el 62,9% de los votos, lo que representa, en números absolutos y relativos, la más alta votación del "chavismo" y la más alta que haya obtenido ningún Presidente en el último medio siglo venezolano. La oposición, mientras tanto, mantuvo la participación, ligeramente disminuida, de los últimos ocho años, en los alrededores del 40%, indicador de un país que, para ciertos e importantes efectos políticos, se encuentra virtualmente polarizado social y políticamente.

Así, la lectura que hizo el Presidente del último resultado electoral fue que su ofrecimiento de un "socialismo del siglo XXI", y todos los demás de tipo político que hizo durante su campaña, tienen respaldo político. La propuesta, que exacerba el debate en la sociedad venezolana, se basa en la consideración de que el capitalismo es inviable para el logro de la democracia social; que a su vez ésta es imposible sin una sólida democracia participativa o directa, y que el socialismo del siglo XXI será cristiano, mariateguista, indigenista y no repetirá las experiencias autoritarias de los socialismos realmente existentes en el siglo XX.

El "socialismo del siglo XXI" comenzó a instrumentalizarse a inicios de este año 2007, mediante "5 motores" de arranque: a) la "Ley Madre" o Habilitante, que dará poderes especiales para elaborar las leyes que permitan el avance de una economía socialista; b) la Reforma Constitucional para impulsar el nuevo socialismo; c) la reforma educativa en función de la educación popular, para generar nuevos valores y transformar el "carácter y las costumbres" individualistas y capitalistas; d) una nueva geometría del poder nacional para la reorganización simétrica del poder territorial y e) la afirmación del poder comunal para desmontar progresivamente el Estado burgués.

Esta iniciativa de reorganización del contrato social ha sido más adelantada en el ámbito económico, mediante la re-nacionalización de empresas consideradas de carácter estratégico (petróleo, electricidad y telecomunicaciones), así como en un conjunto de propuestas, cuya naturaleza y alcances se desconocen, ya que hasta ahora el proyecto "socialista" está contenido en la Ley Habilitante y en la Reforma Constitucional, ninguna de las cuales es pública todavía. La Habilitante otorga al Ejecutivo capacidad para legislar sobre amplios temas, que van desde lo económico hasta el área de seguridad, por un período de 18 meses. El proyecto de Reforma Constitucional que será sometido a la Asamblea Nacional propone cambiar la arquitectura territorial del país y el regimen económico e incluye un nuevo poder del Estado (el Comunal), la reelección presidencial consecutiva y reformas fiscales y del código de comercio; regulación de las ganancias empresarias; el cambio de primacía de distintas formas de propiedad colectiva y distintas formas de empresa -por ejemplo, de "beneficio social"- además de esquemas de cogestión.

Sin embargo, desde diversos sectores, incluyendo algunos comprometidos con el chavismo, se ha alertado sobre la creciente concentración de poder en el Ejecutivo nacional, así como de crecientes rasgos personalistas y autoritarios en el gobierno. La propuesta de Reforma Constitucional, por ejemplo, que se presume incluirá la reelección presidencial consecutiva y la reforma del revocatorio presidencial, entre otros temas de interés nacional, está siendo realizada con discreción por un grupo ad hoc seleccionado por el Presidente y hasta ahora no se ha abierto una discusión pública amplia, considerando el carácter de pacto político que tiene la Constitución.

Por otra parte, la forma en que se impuso la creación de un partido unido de la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV; se han inscrito ya como aspirantes 5.800.000 ciudadanos) tiene cierto déjà vu militar: sus células serán "batallones socialistas", y los organizadores se proponen crear 22.000 en todo el país. Más allá de las formas que asuma, la creación del PSUV ha dado lugar a una abierta confrontación y división de las bases chavistas, lo cual a la larga podría, según cómo evolucione, debilitar políticamente al propio presidente Chávez.

Distribución de la renta

Entre los avances más importantes logrados por la revolución bolivariana se encuentran la inclusión política, la recuperación de la dignidad y visibilidad de los excluidos, la política petrolera para viabilizar la democracia económica y social, la recuperación del Estado como eje central de la vida nacional y la política exterior.

La visibilidad de los excluidos explica el énfasis de diversas políticas sociales (gracias a una redistribución de la riqueza petrolera conforme a un patrón muy distinto al del pasado) y los procesos, algunos importantes y exitosos, de transferencia de poder hacia los sectores populares, mediante nuevos mecanismos de participación: Comités de Tierras Urbanas; Mesas Técnicas de Agua; Consejos y Bancos Comunales; Comités de Salud y Alimentación, etc., en un contexto de promoción de la democracia participativa y radical y gran movilización política. Una suerte de democracia continua que, dicho sea de paso, alimenta el caudillismo y pone en riesgo, a término, la pertinencia y la eficacia de las organizaciones políticas de mediación.

Ha habido, por otro lado, transformaciones muy importantes en el plano de la simbología política, que explican en cierta medida el hecho de que el respaldo al Presidente se mantenga muy alto, no obstante errores e insuficiencias de la gestión gubernamental.

A comienzos del período del presidente Chávez tuvo lugar una reorientación de la política petrolera nacional para maximizar su renta. Aprovechando un contexto internacional favorable y gracias a un activismo especial con los países de la OPEP, Venezuela recuperó su ingreso y ello permitió al gobierno desarrollar una política de distribución de la renta petrolera con un profundo acento social, que a la postre ha permitido mejorar algunos indicadores sociales. Sólo en el área de educación el gasto gubernamental ha dado un salto del 3 al 9% del PBI durante los últimos 8 años. En 2007, 47% del presupuesto está orientado al gasto social. Por otra parte, el aumento del consumo del sector E (el más pobre de la población) ha sido de 159% en los últimos 3 años. En 2006 los venezolanos consumieron 54% más alimentos que en 2003 y 32% más que en 1998 3 y la confianza del consumidor (también denominada "espíritu territorial bruto"), alcanzó, a fines de 2006, el nivel más alto desde 1982.

Es importante subrayar que éstas y otras medidas de parecida naturaleza han logrado disminuir la pobreza, más no la desigualdad en la distribución de los ingresos. Adicionalmente, esta redistribución, si bien es notoriamente más democrática, oscila entre la promoción de la organización social y el asistencialismo, lo que en ocasiones limita la participación. La nueva ley de los Consejos Comunales y la conformación de su institucionalidad (en la que la Presidencia de la República es un actor definitorio y permanente), guarda las mismas limitaciones y tensiones entre verticalidad y democracia directa.

En cuanto al papel del Estado, el gobierno se ha propuesto aumentar su capacidad de intervención y su protagonismo en la definición de un nuevo modelo de desarrollo, alternativo al neoliberal. Este proceso, que ha requerido importantes cambios institucionales para el fortalecimiento de la intervención estatal en la economía, coincide con una coyuntura de altos precios del petróleo, que propicia a su vez un mayor nacionalismo económico. En términos de avance de una mayor democracia económica, la actuación del Estado en los últimos 8 años se dirigió a ampliar masivamente el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas y cooperativas, buscando incorporar nuevos actores económicos. Igualmente, gran parte del esfuerzo productivo se ha centrado en la búsqueda de un desarrollo endógeno y de la promoción de cooperativas de producción de bienes y servicios.

Proceso contradictorio

En Venezuela se está viviendo un proceso político con cambios permanentes, a veces ambiguos o contradictorios. Varios de ellos apuntan en una dirección favorable a la democratización del poder y la riqueza. Pero en paralelo ocurren acciones o políticas que apuntan en sentido contrario: la corrupción, por ejemplo, no logra ser frenada. Si bien es cierto que en Venezuela la corrupción es histórica y estructural (debido en gran parte al tipo de Estado, conformado alrededor de la renta petrolera), una de las causas del ascenso de Chávez fue la percepción de que el desplazamiento de elites politicas lograría contenerla. Esto no ha ocurrido, pese a que es instrumentalizada políticamente por la oposición, lo que evita que se conozca bien la magnitud del problema. Hay muchas denuncias consistentes (realizadas incluso por el propio Presidente), indicadoras de que el problema persiste e incluso se extiende.

El personalismo del proceso político, que lo hace descansar exageradamente sobre la figura de Chávez (a la que muchos ensalzan empalagosamente sin percatarse de que se trata de una debilidad del proceso de cambios); la intolerancia y el sectarismo ante los adversarios del proyecto de gobierno y, más recientemente, en el trato a quienes, aun estando alineados con el proceso de cambios, han puesto de manifiesto algunas críticas con relación a aspectos de la gestión oficial o la estrategia general del presente gobierno; la ausencia de evaluación y fortalecimiento de las nuevas instituciones creadas en 1999; la ineficiencia; el clientelismo; el desarrollo de proyectos industrialistas en territorios indígenas y de alta fragilidad ecológica; el surgimiento de nuevas elites económicas al amparo del Estado; la ineficacia de las políticas de control del delito -las principales víctimas de la delincuencia son los jóvenes de los sectores populares 4- siguen expresando a una sociedad profundamente clasista.

Entre los aspectos negativos conviene resaltar la peligrosa debilidad estatal (que aumenta la ineficiencia gubernamental y la corrupción); la preeminencia de una revolución simbólica o la sobreideologización del proceso y la vida cotidiana; el permanente ejercicio de la política por otros medios (desde los medios y a través de los medios); el personalismo político con pulsiones cada vez más autoritarias; la profundización del petroestado y la carencia de un modelo de desarrollo alternativo sustentable.

Aspectos críticos de la agenda

Dadas estas contradicciones y la multidireccionalidad del proceso, resulta relativamente fácil alimentar discursos que defienden que en Venezuela la democracia está más que enferma, "herida de muerte"; junto a otros que sustentan que hay avances relevantes en materia de inclusión social, que significan una real democratización de la sociedad. Por lo general, estos discursos dependen de las muy legítimas opciones político-ideológicas y, por supuesto, del enfrentamiento de intereses muy concretos.

Vale la pena mencionar brevemente ciertos aspectos críticos de la agenda política venezolana:

a) No ha habido recomposición del sistema político. Por varias razones, entre las que se cuentan la dificultad para reconfigurar grandes narrativas nacionales en una sociedad tan fragmentada y con visiones estratégicas tan diferentes; el cierre de los espacios políticos, tanto para la oposición como para la disidencia dentro del propio gobierno, que se expresa más que nada en la falta de consulta sobre los cambios fundamentales que se proponen para el país. Persiste por otra parte la falta de acuerdos sobre temas centrales: modos de hacer política; déficit democrático; incapacidad de gestión del disenso tanto del lado del gobierno como de la oposición (los principales partidos se han vuelto a dividir tras las elecciones). En este escenario se facilita aun más el personalismo presidencial y su propensión autoritaria. Chávez guarda constantemente la iniciativa política, marcando tanto las acciones del gobierno como las de la oposición.

b) Existe una crisis de mediación en general, lo cual vale tanto para el gobierno como para la oposición. A estas vulnerabilidades políticas se suma la convivencia casi independiente o con lazos muy frágiles de comunicación de tres países a la vez: el de los excluidos, el de los incluidos y el de los burócratas ideologizados, responsables de la revolución simbólica y del aparato del Estado.

c) Es fácil observar ciertos rasgos autoritarios en el actual gobierno y la amenaza de que puedan acentuarse, generando, entre otros efectos, una competencia política desigual.

d) El Estado venezolano, desmantelado durante largos años, como consecuencia de las reformas de mercado de la década pasada, no ha mejorado y ni siquiera parece que hubiese una estrategia para hacerlo por parte del actual gobierno. Después de ocho años, es éste uno de los problemas más graves del país, ya que dicho Estado sigue en coma, cada vez más discapacitado para sus funciones fundamentales, preso de una improvisación permanente, crecientemente ineficiente, clientelar, corrupto, expresado actualmente en 27 ministerios, 15 de ellos creados en los últimos cuatro años.

Para superar estas deficiencias, el gobierno recurrió al bypass redistributivo: la creación de las llamadas "misiones" (hay hoy en día 21 de ellas), un dispositivo institucional casi ad hoc mediante el cual el gobierno pretende incidir en forma de shock en áreas relacionadas con la educación, la alimentación, la salud, funciones básicas de redistribución en las que las instituciones regulares del Estado se han mostrado impotentes, incluso con la inyección de recursos a inicios del primer gobierno de Chávez. Las misiones, que debían tener un carácter temporal, se están convirtiendo en mecanismos cada vez más extendidos y permanentes, sin que se formalicen y sustituyan a la institucionalidad regular, y con déficit de controles públicos (sociales y estatales). Con ello se debilita aun más al Estado, ya que no se logra aún redistribuir con la eficiencia requerida para disminuir sustancialmente la desigualdad.

Ante estas dificultades, ahora se propone un nuevo mecanismo de organización de la sociedad, los denominados "consejos comunales", un mecanismo de organización socialista destinado a desplazar las viejas estructuras del Estado burgués consistente en una total transferencia de poderes al pueblo organizado en dichos consejos. Disponen de un altísimo presupuesto y se espera que se conformen más de 300.000 en todo el país. No sustituyen a las misiones, pero una de sus atribuciones fundamentales es hacer contraloría social de la acción pública: mediante la organización y participación comunitaria, se busca primero controlar y en determinados casos sustituir al Estado en algunas de sus funciones. Al menos en un primer momento, esto ha generado desconcierto acerca de las formas institucionales; se ha considerado incluso la posibilidad de que los consejos comunales tengan capacidades legislativas.

e) Persistencia de la falla teutónica económica, ya que no hay modelo de desarrollo alternativo, ni capitalismo mejorado, ni socialismo. La economía venezolana sigue siendo una economía petrolera, cuyos ingresos son manejados ahora por el Estado. Tal es el rasgo que le define de manera determinante, aunque con ciertas variaciones de intensidad, desde hace tres cuartos de siglo. Ello impide atender de manera estructural la resolución del problema del desempleo, de la desigualdad en la apropiación de rentas, del mantenimiento de una economía saludable y sustentable y resolver la enorme vulnerabilidad del país, ya que es crecientemente dependiente de la comercialización de la energía y sus agregados.

No obstante su empeño en lograr la transformación productiva de Venezuela, el gobierno todavía no ha alcanzado establecer un nuevo paradigma económico. El país sigue dentro del modelo capitalista, de tipo rentista (con acento social, debería decirse), mientras ensaya algunas fórmulas bajo la idea del desarrollo endógeno (cooperativas, empresas de desarrollo social...), aunque asoma un socialismo de ideas aún muy ambiguas que, entre otras cosas, no alcanzan a señalar cómo podría ser la transición desde el capitalismo rentista hacia un socialismo que, en todo caso, también dependerá de la renta petrolera. Algunos han comenzado ya a llamarlo "socialismo rentista"...

A pesar de estas dificultades y contradicciones, es preciso indicar que Venezuela lleva tres años creciendo y su PBI se encuentra entre los más altos de la región. Se prevé que el mercado petrolero seguirá siendo favorable para los países exportadores, y los pronósticos sobre la economía venezolana dicen que seguirá creciendo, aunque quizá los anuncios de nacionalizaciones y declaraciones confusas y/o conflictivas sobre la relación del gobierno con la empresa privada podrían frenar el ritmo.

f) Por último, existe el peligro de la preeminencia de la revolución simbólica sobre la real, o la sobreideologización del proceso y de la vida cotidiana. Uno de los ámbitos en los cuales el gobierno bolivariano ha realizado una avanzada en la búsqueda de un monopolio es en el simbólico, consecuente con la afirmación de que la ideología es el contexto de confrontación por excelencia en los procesos de cambio político. Así, la Revolución Bolivariana ha cambiado el nombre de la República, el escudo y la bandera nacional; se han revigorizado personajes históricos independentistas y se construye una nueva narrativa sobre el papel de Venezuela en la región.

Esta búsqueda del monopolio simbólico se lleva a cabo también en las instituciones del Estado, el PSUV y la Fuerza Armada Nacional; en la reforma educativa y en los medios de comunicación alternativos. Así, se confunden cada vez más el Estado, el partido y el gobierno, siempre con preeminencia del gobierno, lo cual no es un fenómeno nuevo en Venezuela. La voluntad hegemónica del chavismo se refleja en la multiplicidad de mensajes públicos y en presencia publicitaria, mientras lo ideológico se convierte en un objetivo central de cambio político, pero también de riesgo de uniformidad y control.

El reforzamiento ideológico de los elementos simbólicos vinculados al mundo político-militar de la izquierda adquiere también los códigos y conductas propias de ésta, vale decir, ciertas formas de sectarismo e intolerancia, que se expresan en elevados grados de autocomplacencia, la repetición de consignas y el riesgo de uniformización del país. Esta sobreideologización entraña, paradójicamente, una profunda banalización ideológica, que suele ahuyentar los debates y confrontaciones reales, toda vez que se confunden los medios con los fines políticos, siendo ya en algunos casos más importante colocar vallas gigantes con la imagen del Presidente en las principales calles y avenidas, o vestirse de rojo, que atender los problemas más acuciantes de los sectores populares o exponer por qué una determinada política es mejor que otra.

Los principales desafíos

Junto a los importantes logros obtenidos, es necesario señalar la persistencia de notables deficiencias y disfunciones, pues en el proceso de apertura y democratización del Estado venezolano sobreviven todavía numerosas pulsiones autoritarias.

Uno de los principales desafíos es que la consolidación de la revolución y del proceso de cambios políticos y sociales siga siendo democrático, pluralista e incluyente y no se desvíe hacia un sistema autoritario, vertical y excluyente de la disidencia política. Sólo así podrá lograrse una real democratización del Estado venezolano y no su nueva cooptación por nuevos grupos de interés.

Aumentar la cohesión social mediante una efectiva reducción de la desigualdad y de la injusticia social sigue siendo igualmente un desafío trascendental, ante el que hay mucho aún por hacer, a pesar de los avances logrados.

El reto fundamental es el desmantelamiento de prácticas corporativas y estilos clientelares que expresan verticalidad en el ejercicio de la política, que van radicalmente en contra del empoderamiento de los sectores populares, minimizando sus capacidades de conducir el proceso hacia una mayor democracia política, económica y social. Se trata del reto del fortalecimiento de las capacidades del Estado para cumplir efectivamente sus funciones, junto al fortalecimiento del Poder Popular para que éste ejerza control efectivo del Estado, garantizando así su actuación en beneficio de los derechos de toda la población.

  1. En 1983, la deuda total venezolana ascendió a 38.500 millones de dólares (casi el 50% del PBI), mientras la de Argentina era de 45.920 millones y la de Brasil, de 81.319 millones. Esto se debió a un programa de endeudamiento masivo llevado adelante por el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuyo fin era aprovechar los altos ingresos del petróleo y las amplias facilidades de endeudamiento internacional como palanca para el desarrollo del país. Este proyecto, conocido como "La Gran Venezuela", acabó con la primera crisis de precios de crudo en el mercado internacional y entre sus consecuencias, además de la devaluación de 1983, estuvo ese mismo año una caída de 6% en el PBI y la del ingreso per cápita de los venezolanos a niveles de 1960. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, consultada en línea, 12-07-07.
  2. En 1978, la pobreza total en el país era del 5%; en 1988 alcanzó el 12% (y la extrema el 5%), mientras que en 1998 un 42% de la población venezolana era pobre; un 20% bajo pobreza extrema. Banco Central de Venezuela, Información Estadística.
  3. Cámara Venezolana-Americana, Venamcham, Perspectivas de Consumo 2007, en Perspectivas Económicas 2007.
  4. Antonio González Plessman, "Venezuela: democratización y políticas públicas". Documento presentado en Washington DC, en el evento "Venezuela después de la reelección de Hugo Chávez: dinámica política y desafíos", 14-2-07.
Autor/es Ana María Sanjuan
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 98 - Agosto 2007
Páginas:16,17,18,19
Temas Estado (Política), Movimientos Sociales, Sociedad
Países Venezuela