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Recuadros:

Las privatizaciones, ilegales en Uruguay

El 31 de octubre, al elegir un presidente de izquierdas –Tabaré Vázquez, del Frente Amplio– los ciudadanos uruguayos no sólo pusieron término a 170 años de poder repartido entre el Partido Colorado y el Partido Nacional: por vía de referéndum y con una mayoría del 64,5% también decidieron inscribir en la Constitución que el agua pertenece al dominio público y no puede ser privatizada.

No todos los días se ve un referéndum popular que decreta que el agua es un bien público nacional. Sin embargo, en Uruguay no constituye un estreno. En ese pequeño país el movimiento social logró frenar considerablemente el neoliberalismo y las privatizaciones antes de votar mayoritariamente a una coalición de izquierdas (el Frente Amplio-Encuentro Progresista) que reagrupa unas treinta organizaciones (de la extrema izquierda al centroderecha), para regir los destinos de la nación.

El recurso al voto, sea por medio de referéndum de "iniciativa popular" o por plebiscito, es parte integrante de la democracia uruguaya. En 1980, la dictadura militar de entonces elaboró una Constitución y la sometió a plebiscito: fue rechazada por el 57,9% de los electores. Nueve años más tarde, ya en democracia y en un aparente movimiento pendular, la ley llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que aseguraba una casi total inmunidad a los responsables de las torturas y los crímenes cometidos durante la dictadura, fue avalada por el 52,7% de la ciudadanía, lo que pudo entenderse como "pasar la esponja" sobre las responsabilidades de la "guerra sucia" 1. En realidad, y aún bajo el impacto del terror, ese voto apuntaba a evitar el regreso de los militares y a salvaguardar la democracia. Como reacción, el episodio dio origen a un fuerte movimiento social y permitió consolidar la identidad de la izquierda alrededor del Frente Amplio.

Desde entonces, caso único en América Latina, cada vez que su patrimonio fue objeto de intentos de privatización y que se pudo organizar un escrutinio al reunir los cientos de miles de firmas requeridas, los uruguayos no vacilaron. Así, en 1992 con una mayoría del 72% de los votos (cuando la izquierda apenas obtenía el 30% en las elecciones) hicieron anular 5 de los 32 artículos de la ley de privatización, que los diputados habían aprobado con dificultad después de 16 meses de debate. En la misma ocasión salvaron a la empresa nacional de telecomunicaciones Antel, que había sido prometida al capital extranjero. En la actualidad esta compañía es una de las tres más importantes de América del Sur, cuando la mayoría de los otros países del continente vendieron sus redes a transnacionales europeas y estadounidenses que imponen sus tarifas con total libertad y, gracias a su posición de fuerza, obtienen año tras año jugosos beneficios.

Decididamente insolente, el 28 de agosto de 1994 ese pueblo rechazó (con el 63% de los votos) una reforma constitucional propuesta por las fuerzas políticas mayoritarias -incluso por el Frente Amplio- que preveía, entre otras cosas, la revisión del sistema electoral y el de las prestaciones sociales 2.

Es cierto que el intento de juntar las firmas necesarias para organizar una consulta no siempre llega a buen término, incluso cuando parece que el éxito es seguro. En febrero de 2001 la privatización del ferrocarril (prácticamente abandonado durante más de veinte años), así como la de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, no logró ser objeto de un referéndum porque en los plazos establecidos apenas se movilizaron poco más de 500.000 ciudadanos.

Sin embargo, confirmando la progresión de la izquierda, en diciembre de 2003 los uruguayos se pronunciaron a través de una mayoría del 62,2% contra la "asociación", aunque mínima, de la empresa nacional Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; una sociedad de producción, distribución y refinado de productos petroleros, alcoholes y cemento) con empresas y capitales extranjeros. Y eso a pesar de que esta fórmula de "asociación", imaginada como medio para revertir la resistencia a la privatización de las empresas públicas, había recibido el apoyo de algunos de los dirigentes del Frente Amplio.

La apuesta era importante: con 2.400 trabajadores y empleados, Ancap es la empresa industrial más grande del país. Para reunir en el espacio de un año las 620.000 adhesiones exigidas (es decir el 25% de los ciudadanos con derecho a voto), los 1.200 afiliados del sindicato de la empresa, a los cuales se le agregaron 800 sindicalistas jubilados, recorrieron todo el país: "Convencimos a 685.000 personas de que la ley promulgada por el gobierno el 28-12-01 iba a implicar, a mediano plazo, un empobrecimiento de todo el país. Fue una formidable experiencia, una campaña de toma de conciencia durante la cual miles de ciudadanos y ciudadanas, fieles durante generaciones a los partidos tradicionales, estamparon su firma y su impresión digital en el formulario requerido", recuerda Juan Gómez, presidente del sindicato.

A menos de un año del escrutinio presidencial y legislativo que daría la victoria a la izquierda, esta movilización social acentuó el aislamiento del presidente Jorge Battle y, al adquirir el valor de test electoral, prefiguró los resultados de octubre de 2004.

Con una mayoría parlamentaria absoluta -17 escaños sobre 31 en el Senado, 52 sobre 99 en la Cámara de Diputados- el nuevo poder muestra un perfil equilibrado entre sus diversas tendencias, lo que según sus dirigentes es prueba de una estabilidad interna que debería repercutir hasta en sus contactos con la oposición. "Nuestro deber consiste en promover el diálogo en pos del interés general", declaró José Mujica. Por su parte, el futuro ministro de Economía, Danilo Astori, se muestra partidario de una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la enorme deuda de 13.000 millones de dólares, heredada del gobierno saliente. Dado que el índice de desocupación descendió al 13,3% en un contexto de lenta recuperación, los representantes del futuro gobierno anuncian como prioridad absoluta que la primera tarea será entregar una ayuda y hacer un seguimiento a las 100.000 personas que sobreviven en estado de indigencia.

Adriana Marquisio, vicepresidenta del sindicato de Obras Sanitarias del Estado (OSE), empresa nacional de distribución y saneamiento del agua, nos confía: "Tengo confianza, la izquierda no se venderá. Uruguay está muy politizado, todo el mundo participa, aun en las zonas rurales, escucha las radios alternativas, se compromete en campañas como la que acabamos de ganar para preservar nuestros recursos en agua. El pueblo no se deja manipular...".

Avalado por dos de cada tres ciudadanos, el plebiscito contra la privatización del agua llevó a la dirección de la empresa Uragua, constituida mayoritariamente por capitales españoles y presente en la zona turística de Punta del Este desde el año 2000, a anunciar que abandonaría Uruguay lo más pronto posible. No sin reivindicar una indemnización que parece poco probable. "Esta empresa no sólo no cumplió con sus compromisos en el plano sanitario, obligando a los habitantes a beber agua embotellada al permitir que bacilos coliforme infectaran la red, sino que en cuatro años habrá costado a los contribuyentes más de 100 millones de dólares", resume Adriana Marquisio. Efectivamente, esta deplorable experiencia, realizada por presión del FMI, registra cifras en rojo: 70 millones de dólares de inversiones anticipadas que el Estado deberá reembolsar hasta 2009, a los que se agregan unos 20 millones en concepto de intereses; 24 millones de dólares de contribuciones de reserva, deducidos los costos; sin contar alrededor de 10 millones de dólares que habrá que reinyectar para reparar la red.

La elección de Tabaré Vázquez no se produce únicamente en un contexto favorable en el plano interno. A escala del Cono Sur se refuerza y beneficia con el color "progresista" dado por el presidente de Brasil Luiz Inacio da Silva, el de Argentina Néstor Kirchner y el de Chile Ricardo Lagos. "Sin olvidar a la Venezuela de Chávez", destaca el actual intendente de Montevideo. Pero más que el radicalismo venezolano, parece indudable que el nuevo poder se prepara a aplicar en Uruguay el modelo brasileño de Lula. 

  1. Esta ley no impidió que estos últimos años se iniciaran acciones judiciales contra los ex responsables de la dictadura. El ex presidente Juan María Bordaberry es uno de ellos, acusado de haber violado la Constitución por haberse sometido a los militares en ocasión del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
  2. Raul Zibechi, "Uruguay, une gauche pour la stabilité", Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), América Latina en movimiento, Quito, agosto de 2004.

Artículos publicados

“Un fenómeno llamado Mujica”, por María Urruzola, Informe-Dipló, 18-10-04.
Dossier “¿Un gobierno de izquierdas en Uruguay?”, por Luis Bilbao, Lilián Abracinskas, Reinaldo Gargano y Eduardo Bonomi, julio de 2004.
Referéndum preelectoral en Uruguay, por María Urruzola, noviembre de 2003.
Dossier “Crisis política y económica en Uruguay”, por María Urruzola y Luis Porto, diciembre de 2002.
“Temblores políticos en Uruguay”, por Luis Bilbao, mayo de 2002.
“Uruguay vira a la izquierda”, por Luis Bilbao, noviembre de 2001.
“El Frente Amplio debate su futuro”, por Luis Bilbao, agosto de 2001.
“Uruguay se distancia de sus socios”, por Julio A. Louis, abril de 2001.
“La izquierda discute actualizarse”, por Rodrigo Arocena, noviembre de 2000.
“Uruguay en el Mercosur”, por Alberto Couriel, septiembre de 2000.
“Nuevas reglas y nuevo paisaje político en Uruguay”, por María Elena Laurnaga y Lilián Celiberti, octubre de 1999.
“Uruguay, la tradición innovada”, por Gerardo Caetano, julio de 1999.

N. de la r.: La mayoría de estos artículos, en su versión integral, pueden consultarse en el CD que incluye todos los números de el Dipló, entre julio de 1999 y diciembre de 2003, en venta en kioscos.


Autor/es Jacques Secretan
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 66 - Diciembre 2004
Páginas:11
Traducción Teresa Garufi
Temas Privatizaciones, Estado (Política)
Países Uruguay