Profunda reforma militar

El 6 de marzo de 1994, la muerte del soldado Omar Octavio Carrasco, asesinado a golpes mientras cumplía con la conscripción en un cuartel de la ciudad patagónica de Zapala, despertó el repudio de todo el país y abrió una polémica que terminó con la defunción de una institución centenaria ¹. Poco después, el decreto 1.537 firmado por Carlos Menem dio fin al servicio militar obligatorio. Ahora, trece años después, las Fuerzas Armadas enfrentan una de las reformas más profundas de su historia, ante la necesidad de recuperar una legitimidad y un prestigio perdidos tras años de tradición golpista y ante la urgencia republicana de una definición sobre el papel que deben asumir.

El "caso Carrasco", como se lo conoció, demostró que cualquier pronóstico político, hasta el más preciso, puede girar bruscamente ante una muerte inocente. Pero la reforma ahora en curso no está enmarcada por una tragedia ni por el grito de la sociedad. Se trata, en realidad, de una asignatura ampliamente postergada. Ya en 1983, frente al inminente fin de la dictadura, habían comenzado las discusiones públicas sobre el rol que le cabría a las Fuerzas Armadas ante un gobierno constitucional. Antes de llegar a la presidencia, Raúl Alfonsín incluyó en su plataforma electoral un "Plan General de la Reforma Militar" ². El proyecto contemplaba cambios tanto en una dimensión jurídico-legal como estratégica. También en esa época se mostró interés en reformular los planes de estudio. Varias veces se planteó públicamente la necesidad de revisar "la educación, los reglamentos y la disciplina castrense para construir unas fuerzas acordes con una república democrática" ³. Dicho espíritu quedó plasmado en una serie de medidas legislativas que apuntaron a poner límites al accionar militar en los asuntos de seguridad interior. La ley de Defensa Nacional (23.554), sancionada en 1988, reafirmó el carácter de las Fuerzas Armadas como "instrumento de la defensa nacional, empleadas ante agresiones de origen externo" ⁴. La ley de Seguridad Interior (24.059), sancionada en 1992, limitó la seguridad interna como órbita exclusiva de la Policía, Gendarmería y Prefectura Naval ⁵.

Todas estas iniciativas significaban un paso fundamental en el camino hacia una reforma. Sin embargo, ante la presión ejercida por los sucesivos levantamientos militares, varios de los proyectos terminaron en un cajón y la ley de Defensa nunca llegó a ser reglamentada. Hubieron de pasar veinte años para que la implementación de la norma adquiriese protagonismo nuevamente y el tema, aún hoy, sigue cargado de tensiones. Restringir la función de las Fuerzas Armadas al campo de la defensa nacional supone erradicar su vieja costumbre de intervenir en tareas de ejecución policial y conducción política. Asimismo, reafirmar su lugar como instrumento al servicio de la conducción civil, significa perder la autonomía de la que gozaron durante mucho tiempo.

Estos cambios ya se pueden ver con algunas de las medidas adoptadas durante este año para la implementación del nuevo edificio jurídico:

• El emplazamiento del Estado Mayor como máxima autoridad dentro de las Fuerzas. Con esto se espera una mayor integración entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ya que de ahora en más deberán responder a una instancia superior encargada de coordinar sus acciones.
• La reafirmación del Ministerio de Defensa como órgano encargado del diseño de las políticas de defensa.
• La puesta en funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), integrado por los Jefes de los Estados Mayores y presidentes de las Comisiones de Defensa de ambas cámaras del Congreso. El organismo formaliza una instancia de acción conjunta entre la conducción militar y la conducción civil.
• La modificación del sistema de aprobación de presupuesto. Antes, los jefes de cada fuerza contaban con la atribución para elevarlo al Ministerio de Economía. Ahora debe ser aprobado primero en el Ministerio de Defensa.

Un sistema jurídico anacrónico

Todo intento por democratizar las Fuerzas Armadas también debe traducirse en mejoras institucionales puertas adentro. En este punto, la permanencia del viejo régimen de justicia militar es una de las deudas más grandes. ¿Cómo hablar de una reinstitucionalización democrática entre las filas militares si el sistema vigente erosiona los derechos de sus integrantes?

El Código castrense que funciona en la actualidad se aprobó en 1951 sobre la base del modelo español del siglo XVIII. Desde entonces, prácticamente no sufrió ningún cambio, a pesar de que especialistas en el campo del derecho señalaron que sus normas son anacrónicas y se contradicen con los derechos constitucionales y el Código Penal. La pena de muerte, el castigo a la homosexualidad dentro de las fuerzas y la imposibilidad de sancionar faltas como la discriminación y el acoso sexual sirven como botón de muestra.

Una de las cuestiones sobre la que pesan más reclamos es la existencia de los tribunales especiales militares. Hasta el momento, el único cambio fue introducido por Alfonsín para poder realizar el juicio a los ex comandantes de la dictadura. En 1984, el entonces mandatario dispuso como excepcionalidad que las cámaras federales fueran el tribunal de alzada de la justicia castrense, medida que permite que los militares acusados por violaciones a los derechos humanos hoy sean juzgados. Lo que se pretende ahora con la derogación del Código es que los militares implicados en delitos comunes también sean juzgados por la Justicia civil y que el fuero militar se limite a cuestiones puramente disciplinarias.

Esta modificación parte del reconocimiento de los derechos que cualquier militar tiene, ante todo, como ciudadano. Esto supone un avance en dos direcciones: replantear el estado de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas como institución con un sistema propio para administrar Justicia, y reafirmar las garantías judiciales y procesales, muchas veces violadas por los tribunales castrenses. Un caso que trascendió y puso al descubierto esta situación fue el del oficial del Ejército, Rodolfo Correa Belisle, citado a declarar en 1994 como testigo en el proceso penal abierto por la muerte de Carrasco. Tras reconocer en su testimonio que se habían alterado pruebas para encubrir el crimen, fue detenido arbitrariamente y dado de baja por "irrespetuosidad" ⁶. Su causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2004. Dos años más tarde, el Estado argentino terminó disculpándose en un acuerdo de solución amistosa y comprometiéndose ante la corte internacional a modificar el sistema jurídico castrense ⁷. Esto sirvió como puntapié para que luego de varios intentos frustrados, el debate finalmente llegara al Congreso ⁸.

El proyecto que actualmente se discute fue impulsado por el oficialismo. Para su elaboración se convocó a una comisión integrada, entre otros académicos, por el actual ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Además de ser patrocinante en la causa de Correa Belisle, el CELS fue una de las organizaciones que más pujó por esta reforma. Según los cálculos de algunos legisladores, la aprobación se producirá antes de fin de año. Para Chillier éste sería un paso fundamental, ya que "sólo se impulsa una reforma democrática hacia adentro de las fuerzas si sus miembros pueden ver y sentir la importancia de un principio democrático fundamental, que es el respeto de los derechos" ⁹.

¿Una institución católica?

Un tema en el que se esperan nuevas definiciones oficiales es el Obispado castrense. Se trata de un área sumamente sensible, puesto que involucra a un actor con el que el actual gobierno ha mantenido graves tensiones: la Iglesia.

Si bien la cuestión alcanzó su punto de ebullición durante este último período, lo cierto es que viene generando un fuerte debate social desde hace tiempo. Creado en 1957 por un acuerdo entre el Vaticano y la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, los titulares del Vicariato castrense acumularon un historial bastante negro, caracterizado por una activa participación en los regímenes golpistas y vínculos poco disimulados con la dictadura de 1976. Su primer titular fue Fermín Emilio Lafitte, quien desde el Arzobispado de Córdoba tuvo un involucramiento activo en el golpe militar de 1955. Sus sucesores entre 1959 y 1981 fueron Antonio Caggiano y Adolfo Tortolo. Este último hoy es recordado por sus expresiones reivindicatorias de las acciones del terrorismo de Estado ¹⁰. Su secretario, monseñor Emilio Graselli, aparece en varios de los testimonios que familiares de secuestrados-desaparecidos realizaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) ¹¹.

La relación del Obispado castrense con el gobierno de Néstor Kirchner se tensó a principios de 2005, cuando su entonces titular, Antonio Baseotto, apeló a una parábola bíblica para sugerir que habría que tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por su discurso a favor de la despenalización del aborto. El Presidente desconoció desde entonces la autoridad del obispo castrense como tal y le quitó por decreto el rango de subsecretario de Estado y su consiguiente asignación mensual de 5.000 pesos. La embestida oficial incluyó un intento por separarlo de su cargo, pero no pudo con la negativa del Vaticano y Baseotto se quedó en la catedral Stella Maris, sede del Obispado castrense, hasta que este año presentó su renuncia por haber cumplido 75 años. El nuncio Adriano Bernardini propuso entonces para el cargo al obispo de Chascomús, Carlos Malfa, pero el Gobierno respondió que necesitaba tiempo para decidir si le daría el acuerdo.

El silencio oficial no es bien acogido por la Iglesia, mientras se siguen acumulando rumores en torno a una posible reforma de la estructura actual de ese Obispado. Una opción que se llegó a mencionar públicamente es su disolución, pero se trata de la menos viable dado que significaría tensar demasiado las relaciones. Por ahora, existe un proyecto presentado por la senadora por el Frente para la Victoria, Adriana Bortolozzi de Bogado, que propone eliminar la figura y los demás rangos religiosos que desempeñan funciones en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la propuesta no fue tratada y no figura en la agenda de temas urgentes del Parlamento.

Como contrapartida, hay otras opciones que suponen menos fricciones y que, no obstante, allanarían el camino hacia una reforma de la institución, como es la inclusión de vicarios de otras confesiones. Aunque desde el oficialismo se hace saber que posiblemente no haya definiciones sobre el tema hasta pasadas las elecciones presidenciales de octubre, no faltaron gestos que muestran una fuerte voluntad de acción. En julio, la ministra de Defensa Nilda Garré resolvió rever la ley de Protección de Datos Personales, de modo tal que el personal militar y quienes aspiren a integrar las Fuerzas Armadas ya no tengan que declarar su religión. Lo hizo tan sólo dos semanas después de pasar a retiro a capellanes militares que cumplieron tareas durante la dictadura.

Nuevos aires

En agosto pasado las escuelas militares incorporaron nuevas materias a sus planes de estudios. La medida alcanzó a las tres armas: Colegio Militar, Escuela Naval y Escuela de Aviación Militar. El objetivo es acompañar los cambios estructurales con una formación humanística que permita al militar asumir una percepción más crítica sobre su rol como miembro de la sociedad (ver recuadro).

Uno de los puntos que entraría en el paquete, pero que aún se está evaluando, es la redefinición del sistema de ingreso. El Ministerio de Defensa muestra cierta preocupación por la caída de aspirantes, que de 1.800 en 2001 bajó a 800 en 2006 ¹². En realidad el fenómeno data de hace tiempo y ya ha tenido consecuencias directas en la composición de las fuerzas. Thomas Scheetz, profesor de Economía en la Escuela de Defensa Nacional, es autor de uno de los pocos trabajos realizados sobre la población militar actual. Basándose en los presupuestos oficiales, su informe revela que el número de militares de más rango es desproporcionadamente mayor al de los escalafones más bajos y que la edad promedio entre los oficiales y suboficiales, en conjunto, es actualmente de unos 40 años ¹³.

Respecto a los motivos de la caída de la matrícula, las explicaciones son tan divergentes como inciertas. Son pocos los datos que hay sobre la población estudiantil actual y la mayoría de los trabajos de campo realizados sobre las escuelas castrenses muestran un universo heterogéneo, tanto en su ideología como en su composición social. Sobre este punto resulta interesante citar las observaciones hechas por el antropólogo Máximo Badaró, investigador de la Universidad de San Martín, quien destaca la gran ambigüedad en los mecanismos de disciplinamiento y los métodos de enseñanza a partir del caso Carrasco. Después de casi dos años de investigación, Badaró sacó sus propias conclusiones sobre las percepciones y los nuevos aires que se respiran en el Colegio Militar, el primer instituto de formación castrense que tuvo el país. Para subrayar los cambios, se refiere a casos en los que "militares con distinto rango almuerzan juntos; u oficiales que se resisten a aplicar los ejercicios corporales como formas de castigo" ¹⁴.

Estos cambios configuran un escenario de transición, en el que jugó un papel importante el aumento de la presencia femenina. Incorporadas en 1976 con la creación del Liceo Femenino Naval, el número de mujeres fue creciendo gradualmente, en especial a partir de 1994, cuando se duplicó el número de graduadas. Si bien aún hoy la tasa de retención es muy baja (alrededor del 5% en el Ejército y la Armada, y un 11% en la Fuerza Aérea), la población femenina significó un cambio cultural en las filas ¹⁵. Así, no es casual que por primera vez el Ministerio de Defensa esté a cargo de una mujer.

La implementación de nuevas políticas en este contexto resulta compleja. La mayoría de los postulantes que en la actualidad ingresan a las fuerzas provienen de sectores medios bajos del interior del país, marcados por una fuerte fragmentación social que acarreó el desmantelamiento del Estado en la década del '90.

La sanción del nuevo marco normativo y las reformas de estructura interna deben ir, entonces, acompañadas por un debate intenso, que despierte entre los sectores militares una memoria crítica y promueva colectivamente una autoconciencia sobre su rol en un orden democrático. Sólo así las Fuerzas Armadas lograrán la tan ansiada reconciliación con una sociedad de la que permanecieron históricamente divorciadas.

1. El soldado Omar Carrasco, de 19 años, fue asesinado de una golpiza el 6 de marzo. Su cuerpo apareció un mes más tarde. Las autoridades del Ejército aseguraron que había muerto de frío al querer escapar, por no estar de acuerdo con el rigor y la disciplina que imponía la institución. La investigación judicial reveló luego que Carrasco murió en uno de los tan conocidos "bailes", en los que los conscriptos recién llegados a los cuarteles sufrían todo tipo de maltratos. Por el crimen fueron condenados el teniente Ignacio Canevaro, como autor del hecho, y otros dos conscriptos, acusados de complicidad. Hoy los tres están libres.
2. Thomas Scheetz, "El conflicto del Atlántico Sur y su impacto en las políticas de defensa nacional en la democracia", Cuadernos Argentina Reciente, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2007.
3. "Las Fuerzas Armadas hoy: ¿Constitución o concertación?", La Voz, Córdoba, 28-08-02.
4. Artículo 1, Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, decreto 727/2006.
5. El Artículo 7 de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 establece: "Forman parte del sistema de seguridad interior: el Presidente de la Nación; los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; el Congreso Nacional; los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; la Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente; Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
6. En su testimonio, Correa Belisle afirmó que el personal de inteligencia del Ejército había realizado tareas vinculadas con el caso Carrasco y que se habían alterado pruebas para encubrir el crimen. Durante el juicio, Correa Belisle declaró: "...lo he escuchado mentir sobre el caso hasta al mismo General Balza. De ahí para abajo puedo esperar cualquier cosa...". El Jefe del Estado Mayor inició un proceso en la justicia militar por conducta de irrespetuosidad. El artículo 663 del Código de Justicia castrense estipula que la falta de respeto a un superior puede ser penada con prisión y hasta pena de muerte en tiempo de guerra. "Derechos Humanos y control civil sobre las Fuerzas Armadas", CELS, Buenos Aires, 2006.
7. "El Estado pidió disculpas a un oficial", La Nación, Buenos Aires, 15-08-06.
8. Durante la gestión del ex ministro de Defensa, José Pampuro, fueron presentados tres proyectos de ley para reformar el Código de Justicia militar. En la Cámara de Diputados ingresó uno de la radical Margarita Stolbizer, en el Senado, uno elaborado por el Poder Ejecutivo y otro por la senadora kirchnerista Marita Perceval, que preside la Comisión de Defensa.
9. Entrevista con la autora.
10. Horacio Verbitsky, "La estrategia del agua", Página/12, Buenos Aires, 24-04-05.
11. Según varios testimonios, Monseñor Grasselli recibía a las personas con familiares secuestrados y les informaba sobre su situación. De acuerdo a algunas denuncias, Grasselli aseguró que "Videla ha sido un alma caritativa" y que los jóvenes desaparecidos se encontraban "en un operativo de rehabilitación, en casas y bien tratados". "Nunca Más", CONADEP, Buenos Aires, 1985.
12. "Avanza una reforma educativa humanística en las Fuerzas Armadas", Clarín, Buenos Aires, 6-8-07.
13. El 33% de los militares tiene rango de coronel, teniente coronel, capitán de navío o comodoro. Datos publicados en la ley de Presupuesto. Thomas Scheetz, "El conflicto del Atlántico Sur y su impacto en las políticas de defensa nacional en la democracia", Cuadernos Argentina Reciente, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2007.
14. Entrevista con la autora.
15. Datos proporcionados por una encuesta realizada en diciembre de 2006, por el Observatorio sobre Integración de la Mujer en las FF.AA., Ministerio de Defensa.