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Presos con voto

Millares de detenidos sin condena firme volverán a disfrutar del derecho constitucional de elegir autoridades. Un fallo de la Corte Suprema y un posterior decreto del Poder Ejecutivo otorgaron esta prerrogativa ciudadana a los presos. Un requisito nada simbólico, esencial para la reinserción social.

El debilitamiento de la vida republicana suele alcanzar su más alta expresión en los confines de las instituciones penitenciarias, donde rige un estado de excepción permanente, que traduce una fisura de las formas democráticas y de las prácticas que su ejercicio trae aparejadas. Bien sabido es que la cárcel y la cultura que se consolida a su alrededor constituyen un espacio social abandonado por la sociedad, esquivo a los ojos de las clases dirigentes, tanto política como jurisdiccional. Un segmento de terra incognita capaz de permitir las más inaceptables formas de suministro asimétrico de dolor 1. Inaceptables, al menos en otros ámbitos de la vida del Estado y de la sociedad.

Una muestra de la voluntad de introducir en el ámbito carcelario prácticas y hábitos que traduzcan la lógica libertaria del Estado de derecho ha sido el decreto que autoriza el voto de los detenidos sin condena firme, iniciativa impulsada por la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia con el auspicio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El decreto prevé la confección de un registro de electores privados de su libertad, que se presume superará el número de 30.000.

En 2002, ante un amparo colectivo presentado por el CELS, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la exclusión del padrón nacional de los detenidos sin condena firme. En 2004 se aprobó una reforma del Código Nacional Electoral, disponiéndose que los presos sin condena tuvieran acceso a las urnas. Finalmente, fue el propio gobierno nacional quien reglamentó la ley, devolviendo a la población carcelaria un derecho que nunca debió haberle sido sustraído.

De modo que este 28 de octubre los detenidos con prisión preventiva y sin condena firme tendrán frente a sí una única boleta con varias opciones y un espacio disponible para marcar la fórmula elegida. Las autoridades carcelarias vigilarán la elección, aunque la presidencia y las fiscalías de mesa podrán corresponder a cualquier ciudadano. Si alguno no concurriese, un funcionario judicial podrá reemplazarlo. Y si un preso no deseara votar, no podrá ser obligado.

Politizar un ámbito cerrado

Según el principio de inocencia, toda persona reviste tal calidad hasta tanto no se pruebe lo contrario. El instrumento procesal que deconstruye ese estado constitucional de inocencia es la sentencia condenatoria. En función de ello existen en nuestras cárceles dos categorías muy diferenciadas de presos.

La primera, cuantitativamente más importante, es la de los presos sin condena. Se trata de detenidos respecto de los cuales se sustancia un proceso penal sin que medie aún el dictado de una sentencia. Por diversos motivos teóricos y prácticos -casi todos ellos en crisis o al menos intensamente discutidos- se considera conveniente que transcurran ese período de tiempo privados de su libertad 2.

El resto de la población penitenciaria es aquella que ya ha sido objeto de sentencia condenatoria. La reforma del Código Nacional Electoral devuelve el derecho a voto a aquellos presos sobre los cuales no se ha dictado aún sentencia y que se encuentran detenidos preventivamente. Pero también a los condenados sin sentencia firme, es decir, pasible de ser apelada. Por lo tanto, quienes ahora gozan del derecho a votar constituyen tan sólo un segmento de la población penitenciaria. Pero un segmento mayoritario, de alrededor del 62% del total de los presos del país 3.

Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, destacó la importancia de "politizar" el cerrado ámbito carcelario, acercándolo así a las formas democráticas y a los partidos políticos. En su opinión, estos últimos se verán en lo sucesivo tentados a discutir cuestiones de naturaleza penitenciaria, a la vez que a atender a los intereses que expresen los presos desde el interior de las cárceles 4.

En Brasil, la Constitución Federal prevé en su artículo 15 que la persona condenada por sentencia firme tiene sus derechos políticos en suspenso mientras duren los efectos de la pena impuesta. De modo que el derecho a voto también se encuentra garantizado al preso con prisión preventiva o condenado sin sentencia firme. El tema se trató en el Foro Social Mundial llevado a cabo en Porto Alegre en enero de 2005. El representante del Departamento Penitenciario Nacional defendió entonces el derecho a voto de los castigados, afirmando que se trata de una forma de promover su reinserción social, puesto que "el ejercicio de sus derechos los aproxima a la comunidad de una manera muy positiva".

Meses más tarde, en el mes de mayo de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró que el tratamiento de los prisioneros debe apuntar a su reintegración a la sociedad y a la asunción de todas las obligaciones y derechos inherentes a la vida en libertad 5. La Asamblea Parlamentaria estimó que un acercamiento más moderno a la problemática debería limitar la prohibición del derecho a voto tan sólo a personas acusadas por la comisión de delitos contra el proceso democrático, tales como los actos de terrorismo, el fraude electoral y el ejercicio de presión ilegítima sobre los votantes o los candidatos

Con voto... ¿pero con voz?

La reforma del Código Nacional Electoral que devuelve a los detenidos sin condena firme la posibilidad de ejercer su derecho supone su revalorización como ciudadanos miembros de una comunidad, a la vez que revigoriza un vínculo de pertenencia social roto, o al menos debilitado.

Pero tal cual sucede en el ejercicio de la democracia en situaciones de libertad ambulatoria, su práctica corre el riesgo de quedar reducida a la ritualización electoral, a la mera emisión periódica de un sufragio. Y por supuesto que también acechan los peligros del clientelismo, sobre todo tratándose de una población de votantes efectivamente cautivos.

Para que ese derecho trascienda su condición de hito simbólico, de mera formalidad, es necesario pues su complemento con otros ejercicios propios de la sociedad democrática. Fundamentalmente, el de la libre expresión de ideas, que incluye la transmisión de emociones y expectativas.

El derecho a la libre expresión posee raigambre constitucional y su goce atañe también a la población penitenciaria, puesto que los efectos de la pena privativa de libertad ambulatoria de modo alguno pueden amparar su restricción o menoscabo. Su concreción y ejercicio deben ser saludados, pues conllevan el deseo, por parte de quien lo ejerce, de vincularse con la comunidad de la cual ha sido coactivamente separado.

Entre las tareas al alcance de los internos se encuentran la elaboración de notas y artículos destinados a difundir su problemática existencial. Los destinatarios son los mismos compañeros de establecimiento, aunque también sus familiares, amistades y allegados. E inclusive, desde luego, las propias comunidades, que poco saben de sus presos y de los esfuerzos que muchos de ellos realizan para volver a sus comunidades de origen. Las opiniones no siempre serán del agrado de las autoridades penitenciarias, judiciales y/o políticas. Pero en la medida que no resulten agraviantes, ni difamatorias o calumniosas, deberían ser toleradas.

La vida republicana comprende mucho más que el ejercicio episódico de volcar un voto en la urna. Transcurre en minúsculas secuencias cotidianas, protagonizadas por hombres y mujeres que viven al amparo de un Estado de derecho, con su consiguiente lógica inclusiva, basada en la tolerancia recíproca y la aceptación del diferente. La cárcel no debería ser una excepción a la regla.

  1. Nils Christie, Una sensata cantidad de delito, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004.
  2. Sobre los límites al extendido uso de la prisión preventiva vale considerar la clara y contundente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, Lila García: "Una herida en los derechos humanos, la persona en la persecución penal", Jurisprudencia Argentina, 4-7-07.
  3. Raúl Salinas, El problema carcelario, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
  4. Irina Hauser, "El derecho a voto pasó las rejas", Página/12, Buenos Aires, 31-7-07.
  5. Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, doc.10553, 18-5-05.
Autor/es Martín Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 100 - Octubre 2007
Páginas:5
Temas Estado (Justicia), Estado (Política), Sociedad
Países Argentina