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Río Tercero aún espera justicia

Desde la explosión de la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba, Argentina), la investigación judicial se apoyó en la hipótesis de un accidente, a pesar de que todo indica que el atentado estuvo relacionado con el tráfico de armas a Croacia, por el que se encuentra procesado el ex presidente Carlos Menem. A punto de prescribir, la causa judicial no lograría probar quiénes han sido los autores intelectuales del hecho.

"Mi marido murió de un infarto el día de la explosión, cuando evacuaba la escuela secundaria donde era docente. Cuando estalló la fábrica todos salieron corriendo, pero él pensó que no podía salir de la ciudad lo suficientemente rápido. Por eso dejó a los chicos con unas compañeras docentes, caminando, y volvió a la escuela a buscar el auto. Lo encontraron muerto, a unas cuadras del colegio, dentro del auto. Se ve que la explosión lo alteró tanto que le produjo un paro cardíaco", cuenta Ana Gritti, única querellante particular en la causa de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3-11-1995. Su marido, Hoder Francisco Dalmasso, era técnico químico y daba clases en una de las escuelas de la ciudad.

A un mes de que prescriba la causa para quienes aún no han sido imputados, Gritti continúa luchando para conocer la verdad que la justicia federal no ha logrado establecer, luego de una de las investigaciones más escandalosas que se recuerden. La inacción del Juzgado Federal de Río Cuarto, donde recayó la causa, ha sido tan evidente que no resiste el menor análisis. El entorpecimiento por parte de jueces, el fiscal y los peritos, las acusaciones cruzadas, los pedidos de apartamiento y las fundamentaciones de fallos alejadas de todo criterio judicial han marcado el expediente. "Todo el proceso estuvo contaminado", afirma el jubilado ex empleado de Fabricaciones Militares Omar Gaviglio, entonces responsable del área donde se inició la deflagración. Gaviglio fue imputado por el juez Luis Rodolfo Martínez durante cinco años y después sobreseído; es uno de los principales testigos de la causa de la venta ilegal de armas.

"Accidente"

Al mediodía del 3 de noviembre de 1995, cuando todo el país estaba convulsionado por el estallido de la fábrica militar, el entonces presidente Carlos Saúl Menem se presentó en Río Tercero para afirmar que la explosión era producto de un lamentable accidente y que los cien periodistas presentes en el lugar tenían "la obligación de repetir esa versión en los medios de información".

La hipótesis era insostenible técnicamente sin un peritaje, sin testimonios de quienes trabajaban en la fábrica y, sobre todo, sin saber qué actividades concretas se realizaban en el establecimiento. Pero el argumento fue armado en Buenos Aires para tapar la conexión de la explosión -que dejó un saldo de siete muertos, aunque ninguno en la propia fábrica- con el tráfico de armas que orquestó el entonces gobierno argentino 1.

Sin embargo, ésa sería la línea investigativa que sostendría Martínez, contra viento y marea, en la instrucción de la causa. El juez siempre fue reacio a incluir testimonios que apuntaran a otra línea de investigación que no fuera la del accidente. Sólo preguntaba sobre las condiciones de seguridad del establecimiento. "Incluso un testigo dijo que el juez lo llamaba antes de hacer su declaración para alertarlo de que no debía hacer ninguna observación referida a un atentado", dijo Gritti al dipló.

Llamativamente, el magistrado se negó a relacionar la causa con el tráfico ilegal de armas, a pesar de que el director de la fábrica, el coronel Jorge Cornejo Torino, es uno de los imputados en la causa que involucra a Menem. El entonces imputado Gaviglio llevó este reclamo hasta el Consejo de la Magistratura y acusó al juez de mal desempeño, sin resultados positivos. Posteriormente el propio Martínez utilizaría esta acusación como argumento para apartarse de la causa, a principios de 2004, como parte de la estrategia para retrasar aun más la investigación. "Siempre trabajaron tratando de encontrar un ‘perejil' entre los operarios de la fábrica a quien achacarle la responsabilidad de la explosión", asegura Gaviglio.

El juego de las pericias

En 1997 Martínez ordenó hacer una primera pericia para comprobar si el TNT que explotó en Río Tercero se había encendido con un cigarrillo arrojado sobre uno de los tambores de 200 litros (que se encontraban abiertos y con el trotil al aire libre); si un montacargas había arrojado en los tambores chispas del caño de escape o si se había producido el "efecto lupa", por el cual los rayos del sol, atravesando una gota de agua, podían haber desencadenado el estallido.

Pero el material enviado por Fabricaciones Militares para el peritaje estaba mezclado con aluminio, cosa que no ocurría con el TNT que se encontraba en el lugar el día de la explosión. Al agregar el metal se incrementa el valor calométrico del explosivo y hace falta menos calor para que estalle. Esta manipulación generó un escándalo -evidentemente se trataba de abonar la hipótesis del accidente- y motivó la apertura de una causa paralela que el fiscal del caso, Roberto Massuet, archivaría sin imputados ni conclusiones. Finalmente, motivó la salida del perito oficial de gendarmería que asesoraba al juez.

Un nuevo perito, Marcos Sales, fue convocado tras declarar en una entrevista a la revista Humor que conocía tanto de explosivos que se animaba a "dormir arriba de un tambor de trotil" 2. Sales concluyó, en abril de 1999, que el origen del fuego que desataría la explosión se había generado por la fricción del roce del montacargas -que conducía el operario de la fábrica Elio Acosta- con uno de los tanques de trotil. El perito oficial descartó una a una las alternativas que hicieran pensar en otras causas accidentales, pero fue  más enfático al desechar cualquier posibilidad de fuego por un atentado o sabotaje. Posteriormente saldría a la luz el pasado de Sales: un abogado de Santa Fe denunció que el perito había asesorado a la policía santafesina durante la dictadura sobre cómo armar bombas para atentar contra viviendas de los perseguidos políticos de entonces.

En 1999, el juez removió al perito oficial y designó a Denny Kline, "un experto en explosivos de Estados Unidos, quien en su foja de servicios reportaba antecedentes docentes en el FBI" 3. Con honorarios de 200 dólares diarios, el estadounidense realizó un informe después de reprender a la gendarmería por haber borrado las huellas de la explosión en el predio de la fábrica. "Cuando a mediados de agosto de 1999 en el juzgado de Río Cuarto se difundió el trabajo final de Kline, el perito estadounidense hacía una semana que se había marchado de Argentina. La hipótesis planteada por él era la misma que se había escuchado al día siguiente de las explosiones: las chispas del escape del montacargas. Tras cuatro años de investigaciones retornaba al punto de partida" 4.

Simultáneamente, una pericia contable ya había establecido un faltante entre las municiones que ingresaban a la fábrica y las que salían. Ése fue uno de los puntos determinantes para establecer el desmanejo de armas que realizó el gobierno menemista, y así lo testimonió Gaviglio en la causa que entonces llevaba el juez federal Jorge Urso.

En 1999, Martínez concluyó que no tenía más nada que investigar y elevó la causa a juicio oral y público, basándose en la teoría del accidente, e imputando a Cornejo Torino y a varios militares más bajo la carátula de estrago culposo agravado. Pero el tribunal oral Nº 2 de la Cámara Federal de Córdoba aseguró que la causa no podía ser llevada a juicio porque no estaba claro en la instrucción cómo se había producido la explosión. Los jueces pidieron una investigación suplementaria que duraría dos años más y que, tras nuevos peritajes realizados por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, concluyó que la explosión había sido intencional. Así se desechó definitivamente la teoría del accidente.

El vago del rincón

A principios de 2005 se apartó de la causa el juez Martínez y fue designado en su reemplazo el conjuez Diego Estévez, abogado del fuero de Río Cuarto. Estévez no tenía antecedentes ni experiencia en derecho penal, pero aceptó hacerse cargo. Sí contaba entre sus antecedentes el haber sido candidato a senador de la Ucedé.

Al asumir declaró que iba a investigar hasta las últimas consecuencias y se abocó a profundizar la hipótesis del atentado, pero basándose en la idea de que había sido producido por un sabotaje de los operarios de la fábrica, en el marco de un conflicto laboral. Allanó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), buscando los libros de actas de la institución. El gremio, junto a la delegación local de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reaccionó protestando en las calles de Río Tercero y Río Cuarto.

Ante la imposibilidad procesal de relacionar el atentado con los operarios de la fábrica, Estévez apuntó todos sus cañones a descalificar lo que ya estaba en el expediente realizado por el juez Martínez: apuntó a los peritajes contables, allanando regimientos donde supuestamente se encontraban las municiones y explosivos que faltaban en la fábrica militar. Fue el caso del regimiento militar de Holberg, situado al sur de Río Cuarto. Así determinó que no había tal faltante y por lo tanto conexión alguna con la causa de tráfico de armas. Por otro lado, imputó por falso testimonio a varios testigos clave, vecinos de la ciudad que habían visto movimientos extraños en la fábrica la noche anterior a la explosión.

A fines del año pasado dictó sentencia, exculpando a todos los imputados que arrastraba la causa: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva, quienes ocupaban puestos de conducción en Fabricaciones Militares 5.

En la sentencia Estévez 6 llegó incluso a cuestionar la pericia química realizada por los especialistas de la universidad -que había sido convalidada por el tribunal oral-, apelando como fuente a una monografía estudiantil que encontró en el sitio internet "El rincón del vago".

El fiscal Carlos Stornelli, que reemplazó al inmóvil Massuet, denunció a Estévez ante el Consejo de la Magistratura y posteriormente la Cámara Federal de Córdoba lo apartó de la causa "por desconocimiento del derecho". La causa se encuentra ahora en manos del juez Oscar Valentinuzzi. La Cámara Federal anuló el sobreseimiento otorgado por Estévez a los imputados y el nuevo juez declaró que les realizará una nueva indagatoria y no descartó "citar a declarar a Menem en caso de creerlo conveniente" 7. Mientras, miles de ciudadanos de la ciudad de Río Tercero demandan al Estado argentino por daños morales y psicológicos.

  1. La Mañana, Córdoba, 5-11-05.
  2. Humor, N° 492, Buenos Aires, 11-12-96.
  3. Fernando Colautti y Carlos Pailet, El tercer atentado.
  4. La trama política y judicial de un caso aún impune, Ediciones del Boulevar, Córdoba, octubre de 2004. 4 Op. cit.
  5. Clarín, Buenos Aires, 18-12-06.
  6. Actualmente asesora a la familia Dalmasso en la causa en que se investiga la muerte de Nora Dalmasso.
  7. La Voz del Interior, Córdoba, 13-9-07.
Autor/es Guillermo Posada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 100 - Octubre 2007
Páginas:10
Temas Militares, Corrupción, Estado (Justicia)
Países Argentina, Croacia (ex Yugoslavia)